La comisión de expertos se prepara para declarar tránsfugas a los diputados de Cs que salvaron a López Miras

La comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo se inclina por determinar que en Murcia se produjo un claro caso de transfuguismo en el que incurrieron los tres diputados regionales de Ciudadanos que incumplieron el acuerdo alcanzado por su partido con el PSOE para sacar adelante la moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras. Todo ello a pesar de las trabas que ha intentado poner el PP en este proceso, tanto en la comisión de seguimiento del Pacto, donde votó en contra de la declaración oficial, como con la recusación que ha presentado el partido conservador contra el designado ponente del informe que hará la comisión de expertos, formada por juristas de reconocida trayectoria a los que todos los partidos pertenecientes al Pacto dieron su aval.

En la última reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, celebrada el 25 de marzo, todos los partidos que la conforman, salvo el PP, apoyaron la declaración de transfuguismo tanto en la moción de Murcia como en la destitución el pasado año de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, que fue sustituida por el candidato de Coalición Canaria gracias a una edil que se desmarcó también de Ciudadanos. El partido conservador se escudó en cuestiones formales para no respaldar la resolución con respecto a Murcia.

Fue en esa misma reunión donde se acordó por consenso de todos los grupos políticos la constitución de la comisión de expertos con el mandato de resolver aquellos casos en que la comisión de seguimiento no lograra las tres quintas partes de los votos necesarios para alcanzar un acuerdo. Murcia y Santa Cruz de Tenerife serán, por tanto, los primeros casos sobre los que se pronuncien los cinco juristas que fueron nombrados por unanimidad y propuestos por PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.

Se trata de Pilar Navarro Rodríguez, Dolors Canals, Silvia del Sanz, Rafael Ibáñez y Mariano Pérez-Hickman. Cada caso de posible transfuguismo sobre el que no haya habido acuerdo de la comisión de seguimiento se asignará a uno de los juristas por orden alfabético. Así, fuentes del Pacto consultadas por infoLibre han explicado que el de Santa Cruz de Tenerife fue otorgado a Dolors Canals, mientras que el de Murcia recayó en Rafael Ibáñez. Los ponentes dan aproximadamente siete días a las partes implicadas en el conflicto para hacer alegaciones o presentar la documentación necesaria para defender su postura, es decir, por qué creen que ha habido un caso de transfuguismo o no. A partir de ahí, los juristas tienen unos veinte días para hacer su informe, que después remitirán al resto de miembros de la comisión de expertos.

Si ha habido transfuguismo y qué partido se ha beneficiado

Según las fuentes consultadas, la comisión aún no ha recibido ninguna alegación en el caso de Murcia, aunque la coincidencia de la Semana Santa hará que el plazo de siete días pueda alargarse un poco más. Una vez que el ponente tenga su propuesta, la compartirá con el resto de expertos, que deberán refrendarla o rechazarla. Para sacarla adelante hacen falta tres votos de los cinco totales. El borrador debe incluir argumentos suficientes para concluir si ha habido o no transfuguismo y en caso afirmativo, qué cargos públicos y qué partido político se han visto beneficiados del mismo. Todos los casos van nutriendo la doctrina del Pacto para que haya "reglas y criterios claros" sobre lo que es transfuguismo, por lo que el informe de los juristas se basará en los distintos acuerdos que han ido adoptando las fuerzas políticas en los últimos veinte años con respecto a esta materia.

Según ha podido saber infoLibre, a falta de ponerlo en negro sobre blanco, el caso de Murcia fue un ejemplo claro de transfuguismo –aparte de que incumple la doctrina reciente del Tribunal Supremo–, con tres diputados anteriormente de Ciudadanos habiéndose comprometido a respaldar la moción de censura pactada entre la dirección de su partido y el PSOE, pero finalmente desdiciéndose, votando en contra de la moción y obteniendo a los pocos días cargos en el Gobierno regional. La votación en el comité de expertos confirmando el transfuguismo de los tres diputados la tendría perdida el PP, ya que dos de los juristas fueron propuestos por el PSOE, uno por Podemos, otro por Ciudadanos y un último por el partido conservador.

El pacto contra los tránsfugas fue firmado por primera vez el 7 de julio de 1998, con el PP en el Gobierno y Mariano Rajoy en la cartera de Administraciones Públicas, y nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno. Ha sido renovado en varias ocasiones, en dos de ellas incluyendo adendas, la última hace apenas unos meses, en noviembre de 2020, en la que se confirmó la voluntad de los partidos firmantes, también el PP, de extender el acuerdo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico.

Pero esta voluntad ya había sido firmada muchos años antes, concretamente en la adenda de 2006, en la que los partidos declararon su "voluntad de extender los principios y contenidos del presente pacto, en lo que sea de aplicación, a las comunidades autónomas, sus asambleas legislativas y al Estado, fundamentalmente en el ámbito parlamentario". La de 2020 reafirmó este compromiso y elevó el rigor ético equiparando el transfuguismo con la corrupción: "Aumentado significativamente el número y tipología de fuerzas políticas, ratificamos y ampliamos sus efectos al ámbito estatal y autonómico mediante el presente Acuerdo por la estabilidad institucional, manifestando nuestro firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas". Todo esto también lo firmó el PP.

Esta ampliación fue más allá, pues los partidos se comprometieron a "impulsar a la mayor brevedad una iniciativa legal en la que se modifiquen las distintas normas cuyo contenido queda afectado por los acuerdos" del Pacto, lo que incluye a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Régimen Electoral o la Ley Orgánica de Partidos Políticos, "a fin de transponer el contenido del pacto al ordenamiento positivo". Se trata de que el Pacto no quede en papel mojado cuando se incumple, esto es, que las consecuencias puedan ir más allá de un mero reproche moral.

"Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Esta es la definición de tránsfuga que los acuerdos del Pacto establece y que, para las fuentes consultadas, encaja perfectamente en lo que ocurrió en Murcia el pasado marzo. La adenda aprobada hace 14 años establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”, en este caso el PP.

Estrategia del PP

A pesar de lo firmado, el partido que lidera Pablo Casado bendijo el acuerdo de su formación en Murcia con los tres tránsfugas de Ciudadanos así como la incorporación de éstos al Gobierno autonómico de López Miras. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, llegó a decir que "los verdaderos tránsfugas son los promotores de la moción, que se apartan de un pacto firmado hace dos años". Una postura radicalmente en contra de lo que estimó el pasado 25 de marzo el resto de partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo. De ahí que los conservadores votaran 'no' a la resolución de la comisión de seguimiento y que hayan presentado un escrito pidiendo que el ponente de la comisión de expertos que debe elaborar el informe sobre Murcia se abstenga, al considerar que carece de la neutralidad y la imparcialidad necesaria para la evacuación del dictamen, según informó El Mundo.

Tal y como consta en la página web del Ministerio de Política Territorial, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, el ponente, Rafael Ibáñez, es licenciado en Derecho, con especialidad Derecho Público, y "ha dirigido legalmente múltiples procedimientos ante el orden jurisdiccional civil y social sobre funcionamiento democrático de partidos políticos y organizaciones sindicales", como impugnación de acuerdos, expulsiones y legalidad de estatutos. También fue diputado de IU por Córdoba en el Parlamento de Andalucía entre 1989 y 1990 y ocupó el cargo de subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía entre 2012 y 2015, además de haber sido miembro de la Comisión de Garantías y Derechos Democráticos de Izquierda Unida y de la Comisión de Garantía Federal de IU.

A Ibáñez se le asignó el caso de Murcia por orden alfabético de entre los miembros de la comisión de expertos. Lo que pone en duda el PP es que pertenezca a la comisión pese a tener vínculos con la política. No es el único de la comisión de expertos que ha tenido estos vínculos. Así, por ejemplo, Pilar Navarro, aparte de doctora cum laude en Derecho y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), ocupó entre 2017 y 2019 la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Junta de Andalucía, y con anterioridad fue secretaria general adjunta y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía (2008-2012). Mariano Pérez-Hickman es letrado del Colegio de Abogados de Madrid y asesor jurídico del PP, partido en el que ha ocupado distintos puestos dentro de su estructura y en representación del cual ha ocupado distintos cargos públicos, incluido el de diputado en el Congreso.

La petición sobre Ibáñez se abordará en la próxima reunión de la comisión de seguimiento, que aún no ha sido convocada. Fuentes consultadas por infoLibre consideran que la petición del PP para que se aparte quedará en nada, ya que apuntan que en el Pacto Antitransfuguismo no está reglado un supuesto de estas características y recuerdan que los cinco miembros de la comisión de expertos fueron nombrados con el aval de todos los partidos presentes en la comisión de seguimiento del Pacto, también por el PP, de tal modo que el partido conservador se estaría enmendando a sí mismo apenas unos días después de dar su aval a Ibáñez.

Los partidos firmantes del Pacto, que suponen aproximadamente un 80% de representación del Congreso y el Senado, son PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera. Quienes no forman parte de esta adenda son Vox y otras fuerzas minoritarias.