La Comunidad de Madrid deja la Educación Infantil en manos de grandes empresas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, ambos en manos del PP, sacarán en las próximas semanas unas 30 escuelas infantiles a concurso y premiarán las ofertas económicas a la baja frente a otros criterios, como el modelo educativo o la calidad de la atención a los menores. Es la denuncia de los sindicatos UGT y CCOO, la FAPA Giner de los Ríos. la Junta de Portavoces de Escuelas infantiles y la asociación Ameigi.

De acuerdo con el relato de estos colectivos, la rebaja en el precio de la concesión que se impondrá en el concurso –aproximadamente un 13%– hará imposible a las cooperativas sin ánimo de lucro competir, puesto que las grandes empresas de servicios emplean a trabajadores en condiciones de precariedad y recortan gastos en capítulos como la atención a los alumnos, el personal adicional y la alimentación de los menores, logrando así presentar ofertas más ajustadas.

Sin embargo, sindicatos y profesionales han llamado la atención sobre los efectos que la entrada en la Educación Infantil de sociedades sin experiencia en la gestión educativa puede acarrear. La pérdida de empleo, un peor servicio a las familias y la destrucción del modelo educativo y pedagógico basado en una escuela abierta, inclusiva y donde se escucha a las familias son algunos de los riesgos que han mencionado.

Un concurso a medida

En declaraciones a infoLibre, Carmen Ferrero, de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles ha explicado que actualmente hay unos 480 centros en la Comunidad de Madrid. De ellos un centenar se gestionan directamente por parte de Ayuntamientos o del Gobierno regional, mientras que las restantes se reparten entre cooperativas sin ánimo de lucro y grandes empresas, que van ganando terreno y controlan ya unas 280 escuelas.

Por su parte, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, ha asegurado que el nuevo concurso es una "nueva vuelta de tuerca" del modelo iniciado ya en 2008, cuando por primera vez se hicieron concesiones administrativas a grandes empresas en detrimento de las cooperativas sin ánimo de lucro. "Vamos hacia la precarización de los profesionales y la atención", ha asegurado.

En esta misma línea, Ferrero ha destacado que se está acelerando el proceso que comenzó hace seis años, puesto que las escuelas que ahora saldrán a concurso ni siquiera habían agotado las prórrogas de la concesión que recibieron, una práctica que califica de "habitual" salvo en casos de mala gestión, algo que no ocurre: "Si las sacan ahora está claro que es con la intención de que las gestionen grandes empresas", ha zanjado.

A concurso saldrán 30 escuelas, 18 del Ayunatamiento de Madrid y 12 de la Comunidad de Madrid. Aunque aún no se conocen los pliegos de la concesión, en julio el proceso tendrá que estar resuelto. Actualmente, más del 75% de esas escuelas son gestionadas por pequeñas cooperativas sin ánimo de lucro. Entre las empresas que ya gestionan escuelas en Madrid figuran las compañías de servicios Clece y Eulen, y el Grupo Kidsco.

Favorecer a la privada

Otro de los efectos que podría tener la entrada de grandes empresas en la gestión de la red pública, según Antonio Chazarra, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT es la progresiva desescolarización de los alumnos en edad preescolar y el favorecimiento de los centros privados, con medidas como el cheque guardería y a consecuencia del empeoramiento de la atención en los centros públicos.

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"La manera de funcionar de estar empresas está destrozando el sector", afirma. "Es muy perverso que esta gente esté entrando y las condiciones de los pliegos, exclusivamente económicas y que no contemplan aspectos educativos, están haciendo que la Educación Infantil en la Comunidad se desmorone", agrega.

Blanca Azanza, de la Asociacón Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (Ameigi), añade que en las grandes empresas que optan a la gestión de centros públicos hay maestros cobrando salarios que no superan los 700 euros y alumnos que reciben un atención y una alimentación deficiente en las escuelas. "Los niños no están atendidos en las condiciones que merecen, y los profesionales, con salarios indignos, quieren salir de ahí cuanto antes", lamenta.

Finalmente, estos colectivos denuncian que se precarice el sector para lograr un ahorro que cifran en el entorno de un millón de euros anuales, cuando al mismo tiempo la Comundiad de Madrid va a dedicar 34 millones de euros en cheques guardería para el pago de guarderías privadas. "Eso demuestra que el objetivo no es económico, sino destruir un modelo de escuela cooperativa", zanja Azanza.