El Congreso da el primer paso para evitar unas posibles elecciones en Navidad

El Pleno del Congreso ha aceptado este martes por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley registrada por el PP para acortar a ocho días la campaña electoral con el fin de que, en caso de tener que repetir los comicios por falta de investidura, la jornada de votación no coincida con el Día de Navidad sino que sea el 18 de diciembre, según ha informado Europa Press.

La fecha del 25 de diciembre vino determinada por la decisión de convocar el debate de investidura de Mariano Rajoy los pasados 30 y 31 de agosto, ya que es la Constitución la que establece que, pasados dos meses desde la primera votación fallida y si nadie logra superar la investidura, las Cortes quedaran disueltas para celebrar nuevas elecciones.

Según figura en la iniciativa, las elecciones generales que se convoquen en cumplimiento del precepto constitucional que fuerza la disolución de las Cortes por falta de investidura, artículo 99 de la Constitución, deben considerarse una repetición de los comicios anteriores y, al ser una "situación anómala", se pueden acortar los plazos y aceptar como válidos trámites realizados para la cita electoral precedente.

Lo que plantea el PP es añadir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular las elecciones que se convoquen en esos casos de repetición de comicios, pero los cambios no se aplicarán al procedimiento ordinario.

Los populares, en contra de frenar las devoluciones en caliente

Por otro lado, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley con la que se insta al Gobierno a derogar la disposición final primera de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que "ofrece amparo normativo a las denominadas devoluciones en caliente" en el territorio fronterizo de Ceuta y Melilla y Marruecos, así como a quitar las concertinas de las vallas, según ha informado Europa Press.

El texto, promovido por Unidos Podemos y pactado con PSOE y EH Bildu, ha recibido también el apoyo del PNV, Esquerra (ERC) y a antigua Convergència, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos ha optado por la abstención.

La propuesta votada también incluye una petición al Gobierno para que dicte instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona para que respeten el principio de no devolución y que se garantice el derecho al asilo. Del mismo modo, solicita la retirada de las concertinas instaladas en las vallas de ambas ciudades fronterizas.

Además, se insta al Ejecutivo a dialogar con Marruecos para que, hasta que se reglamente la Ley de Asilo, se facilite el acceso a las oficinas de asilo del puesto fronterizo a todas las personas que deseen solicitar asilo.

La proposición no de ley pide también la retirada de las concertinas en las vallas fronterizas por los "graves riesgos" que suponen para la integridad física de las personas.

"Velar por la seguridad de los españoles"

La diputada de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha denunciado durante el debate la actitud del PP en este asunto "escaqueándose de cumplir con el Estado de Derecho" e intentando legalizar las devoluciones en caliente cuando saben que incumple la Constitución española y numerosas legislaciones europeas que España tiene que cumplir.

Ante estas palabras el PP ha defendido que los cuerpos y fuerzas del Estado están cumpliendo con su obligación en Ceuta y Melilla, que es "velar por la seguridad de los Españoles". La portavoz de los populares, Pilar Cortés, ha señalado que la normativa en materia de inmigración tiene que conciliarse con el cumplimiento de la ley, tanto de la española como de la europea, al ser éste un punto de entrada al continente.

Acuerdo por unanimidad sobre las tasas judiciales

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Por último, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad instar al Gobierno a modificar el régimen de tasas judiciales incorporando a la lista de sujetos exentos del pago de dichas tasas a las entidades sin fines lucrativos, a las PYMES y comunidades de propietarios, según ha informado Europa Press.

Los diputados han debatido sendas proposiciones no de ley de la antigua Convergència (CDC) y del PSOE sobre el régimen de tasas judiciales que aún se mantiene tras la rectificación del Gobierno del PP y la sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Finalmente, ambos textos se han fundido en una nueva redacción tras la incorporación de una enmienda transaccional de los socialistas.

Así, el nuevo texto pide al Ejecutivo que modifique, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.