El Constitucional avala la 'ecotasa' de la Junta de Extremadura en contra del recurso de Iberdrola

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que ha declarado constitucional el impuesto que grava el impacto medioambiental (IIIMA) de determinadas instalaciones, más conocido como ecotasa, implantado por la Junta de Extremadura como impuesto propio, según informa Europa Press.

En 2015, Iberdrola Generación S.A. se opuso a liquidar el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (IIIMA) con la alegación de que pudiera coincidir con el impuesto sobre actividades económicas (IAE). La empresa sucesora, Iberdrola Generación Nuclear S.A.U., mostró también su oposición y la razonaba en una posible decisión inconstitucional que elevó a sede judicial.

Aunque ambos tributos incidían sobre las mismas actividades económicas para las actividades de producción de energía eléctrica, el Tribunal desestimó la cuestión de inconstitucionalidad al concluir que ambos tributos tienen "diferencias esenciales": mientras en el IAE el hecho imponible "es el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales" de generación de energía, en el IIIMA el hecho imponible es la producción de dicha actividad medida en kilovatios por hora "que emplea tecnologías convencionales (hidroeléctrica, nuclear y térmica)".

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Así, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha afirmado en rueda de prensa este lunes en Mérida que se trata de una "sentencia largamente esperada", por la que finalmente el Tribunal Constitucional ha avalado "la fiscalidad verde de Extremadura". Una sentencia que supone "un espaldarazo a un modelo fiscal que encuentra en la fiscalidad verde un referente", a través de esta ecotasa cuya constitucionalidad la Junta de Extremadura "ha defendido hasta el último eslabón judicial", ha señalado Blanco-Morales.

Se trata por tanto de una "buena noticia" que el TC avale el "ejercicio responsable" que se ha hecho en Extremadura "de la autonomía fiscal", que "ha buscando que contribuyan las grandes empresas, los grandes contribuyentes que obtienen beneficios" y que, por tanto, "deben contribuir al sostén de todas las cargas públicas", ha destacado la vicepresidenta extremeña. El Ejecutivo autonómico estima que este impuesto ha permitido recaudar más de 670 millones de euros entre 2010 y 2018.