Consumo estudia la legalidad de cobrar una 'tasa covid' a los mayores en las residencias

El Ministerio de Consumo se puso este martes manos a la obra y, en conversación con las autoridades autonómicas, ya está estudiando la legalidad de la tasa covidque el grupo Colisée, el cuarto más importante de España, ha decidido empezar a cobrar a los usuarios de sus centros de mayores.

Colisée gestiona en nuestro país una red de 50 geriátricos y más de 5.900 camas. Los centros están repartidos por siete comunidades, aunque su negocio está muy concentrado en tres: Comunitat Valenciana, donde tiene 25 residencias; Castilla y León, donde cuenta con 11; y Cataluña, donde gestiona nueve. Los otros cinco se reparten por País Vasco (2), Asturias, Illes Balears y Murcia. Casi la mitad de sus centros operan bajo la marca comercial La Saleta Care.

El director general de la compañía, Gerard Sanfeliu, ha comenzado a informar a los usuarios de sus residencias de que, “con el objetivo de impulsar las medidas extra de seguridad para los centros, en la próxima factura” incluirán “una aportación adicional de carácter temporal de 85 euros mensuales. Se trata de una aportación discrecional que se aplicará hasta diciembre de 2020", escribe Sanfeliu en la misiva, que ya han empezado a entregar a las personas que viven en sus residencias y que reveló infoLibre este martes. El directivo añade: "La dirección de cada centro está a su disposición para concretar el detalle de esta medida y resolver las dudas que les puedan surgir durante este tiempo, así como para informarles puntualmente de todas las iniciativas que se irán implementando con este fin".

Horas después de la publicación de la noticia por este periódico, una portavoz de Colisée indicó que esa aportación sería "voluntaria" para aquellos residentes que quisieran pagarla.

Competencia autonómica

Las competencias en materia de vigilancia de los derechos de los consumidores son autonómicas. No obstante, el departamento que dirige el ministro Alberto Garzón, a la vista de las tasas covid que algunas empresas han empezado cobrar a sus usuarios en los últimos días, entre ellas establecimientos de hostelería, clínicas dentales y talleres de automóviles, remitió a las comunidades autónomas una nota informativa en la que recuerda que estas prácticas son ilegales.

Las medidas de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento exigidas a los establecimientos y locales con apertura al público durante la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 “no son de cumplimiento potestativo” sino “de obligado cumplimiento”, subrayaba la nota. Por tanto, “no son servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor o usuario tenga capacidad de aceptación o rechazo, sino que son inherentes según la normativa vigente a la propia actividad comercial de los establecimientos y locales con apertura al público”.

Incluir los gastos derivados por las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento, de forma desglosada, en una factura dirigida al consumidor o usuario supone trasladarle “unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del bien o prestador del servicio a las que vienen obligados debido al desarrollo de una actividad comercial o profesional”.

Hacerlo “podría ser considerado como una cláusula abusiva” de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque “se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aun habiéndose informado a estos de forma previa, pudiendo ser considerada una práctica constitutiva de infracción administrativa en materia de protección de los consumidores y, por tanto, sancionable”.

Práctica abusiva

A falta de un pronunciamiento específico por parte del Ministerio de Consumo, la tasa covid en las residencias parece entrar en esta categoría: es una imposición por un servicio no solicitado y “no susceptible de aceptación o rechazo”, lo que automáticamente la convertiría en una “práctica abusiva” y por tanto ilegal de acuerdo con los puntos 4 y 5 del artículo 89 de la citada ley. “La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados” y “los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación” serán considerados “abusivos”.

Cuestión diferente es que, como asegura ahora Colisée, transforme en "voluntaria" la aportación que anunció a los residentes que incluiría en su factura mensual. En ese caso, la aportación económica sería susceptible de rechaza por el consumidor.

Consumo recordó en la citada nota que las diferentes fases del plan de transición hacia una nueva normalidad llevan aparejadas medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público, así como medidas en materia de higiene para los clientes de este tipo de establecimientos que puede conllevar para ellos la asunción de determinados costes adicionales a sus costes operacionales habituales.

No todas las organizaciones de consumidores están de acuerdo. En un pronunciamiento reciente en relación con la hostelería, los talleres y las clínicas céntrales, la OCU consideró “legal” el cobro siempre y cuando se informe a los usuarios y se solicite su“consentimiento expreso”. Además, según esta organización, el coste del servicio debe ajustarse al precio real y “ser proporcional, es decir, repartido entre quien ofrece el servicio y quienes lo disfrutan”.

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Facua-Consumidores en Acción no opina lo mismo. Esta organización emitió una nota en la que advierte de que aplicar a los usuarios de las residencias de mayores un recargo por las medidas de seguridad que deben adoptar a raíz de la pandemia por covid-19 “es abusivo e ilegal”.

Esta asociación de consumidores recordó, a través de un comunicado, que el Ministerio de Consumo ya emitió, a petición suya, la citada nota informativa en la que aclaraba que el recargo o suplemento que se está dando a conocer como tasa covid en otros sectores “es una práctica ilegal”. Apoyándose en este criterio, Facua se propone denunciar ante las autoridades autonómicas de consumo a todos los centros de mayores que apliquen el cobro extra a sus residentes.

Facua asegura que, al igual que en otros sectores de actividad como la hostelería o las clínicas dentales, el hecho de que se informe a los usuarios de la existencia de este recargo “no lo convierte en legal”. Por lo que insta a las autoridades competentes a sancionar a los centros que incurran en estas prácticas ilegales aprovechando la circunstancia de la pandemia por covid-19.