Control de precios y contratos renovados automáticamente: las demandas de los inquilinos ante la burbuja del alquiler

El ascenso del precio de los alquileres parece imparable. Desde hace meses, todas las estadísticas lo evidencian. La última, del pasado 27 de marzo y realizada por Alquiler Seguro, concluyó que el importe medio de los arrendamientos había subido un 3% con respecto al año pasado. La cuota se sitúa, de este modo, en los 860 euros. Y el problema no es solo que el precio siga subiendo, sino que los españoles cada vez destinan más parte de su sueldo a pagar el alquiler. Según este estudio, los ciudadanos ya emplean de media el 37% de sus ingresos netos, un porcentaje que llega al 40% en ciudades como Madrid o Barcelona. Y datos como estos permiten, según las organizaciones sociales que luchan contra el problema de la vivienda, hablar sin tapujos de una burbuja del alquiler. Una burbuja que quieren pinchar. Para ello salen a la calle este sábado en varias ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, València, Vigo, A Coruña y Palma de Mallorca. Pero no solo esas. En Europa también se han sumado Ámsterdam, Bruselas, Budapest, Cluj-Napoca (Rumanía), Lisboa, Londres, Nicosia (Chipre), Viena, Nápoles y Berlín. Y es que el problema de la vivienda, según afirma Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, es “global”.

 

Pero ha afectado, sobre todo, a España. Las organizaciones llevan tiempo avisando. “Nosotros llevamos más de un año hablando de burbuja del alquiler”, dice Mercedes Revuelta, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Critica que no todos se “atrevan” a denominarlo así. Y es que la palabra ‘burbuja’ asociada al sector inmobiliario no trae buenos recuerdos. El pinchazo producido en el año 2008 provocó un problema sin precedentes para el ladrillo y una crisis económica que las pequeñas economías todavía no han superado. “Tenemos un problema gravísimo, que consiste en que en este país se ha hecho todo lo posible por seguir reactivando la burbuja inmobiliaria. Se ha hecho todo lo posible por diseñar políticas de especulación, no de vivienda”, critica Palomera.

Lo dice, sobre todo, por el Gobierno conservador del PP, pero también por el del PSOE. El Ejecutivo socialista, no obstante, ha tomado medidas, pero las organizaciones critican que no han sido suficientes. Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a principios de marzo. No obstante, el objetivo de la normativa era aumentar la estabilidad del alquiler, pero no frenar la escalada de precios. El paquete de medidas contemplaba la limitación de la subida anual de los alquileres al IPC, la ampliación de la duración mínima de los contratos de tres a cinco años —siete si el arrendador es una empresa— y el incremento de la ampliación del plazo de preaviso antes de la ruptura del contrato, por el que se establecieron cuatro meses para el propietario y dos meses para el arrendatario. Pero no se incluyó —como reclamaban los sindicatos de inquilinos y Unidas Podemos—, ningún mecanismo para limitar los precios que ayudara a pinchar la burbuja del mercado del alquiler. Y esta sigue siendo, por tanto, una de las demandas que encabezará la movilización de este sábado.

  Regulación de precios y vivienda pública

Es la primera demanda que destaca Palomera. Y es que el mayor problema está en los precios que, dice, se suben sin ningún tipo de límite, provocando desahucios silenciosos. “Hay que regular los precios para bajarlos, ponerlos al nivel de las condiciones de vida de la gente”, explica. Es decir, resume, “que los precios de los alquileres estén vinculados a los ingresos de los hogares”.

De este modo, rechaza los índices de precios que se pusieron en marcha en ciudades como Berlín que, explica, se basan en el precio medio de la vivienda, legitimando los precios de la burbuja y permitiendo subidas. “Esto es insuficiente”, censura. Y lo es más aún si ni siquiera se multa a los propietarios que no respeten los límites marcados.

Es lo que pedía Unidas Podemos y el motivo por el que votaron ‘no’ al primer decreto del Gobierno, que llegó al Congreso de los Diputados el pasado 22 de enero. Según dijo la diputada de la formación morada Lucía Martín, la razón para no apoyar al Ejecutivo radicó en el incumplimiento del acuerdo de Presupuestos firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 

Según Revuelta, además, la limitación de precios sería un buen modo de combatir la burbuja del mercado del alquiler mientras se construye un parque de vivienda pública, otra de las medidas que sacarán a la calle este sábado los distintos colectivos que marcharán por las calles de las ciudades españolas que se suman a la protesta. “Hay una fórmula de hacer esta vivienda de forma rápida”, dice. “Sacando las viviendas de la Sareb —el banco malo— y Bankia”banco malo. Pero si no se ha hecho ya, lamenta, es “porque no hay ni valentía ni voluntad”.

  Del alquiler precario al alquiler estable

No solo son los precios. El decreto aprobado por el Gobierno ampliaba la duración mínima de los contratos de tres a cinco años —siete si el arrendador es una empresa—. Pero eso no es suficiente, explica Palomera, si los contratos no se renuevan automáticamente. Y eso es, precisamente, lo que propone.

“Pedimos homologarnos a lo sistemas donde el alquiler es una forma de vida estable y a largo plazo. Hay que hacer lo mismo que han hecho otros mercados europeos, donde los contratos se renuevan solos a no ser que el propietario acredite que necesita la vivienda”, explica. No es una medida ni pionera ni fuera de lo común. De hecho, según Palomera, ya está en marcha en mercados como el austriaco, el holandés o el danés.

“Allí hay más oferta de alquiler” lo que, inevitablemente, baja los precios. Pero además, “existe una relación más saludable entre el propietario y el inquilino”. “Los propietarios entienden que no pueden pegar pelotazos y que la vivienda es un derecho. Aquí, los inquilinos están sujetos al arbitrio de un propietario que puede expulsarlos por el motivo que sea”, dice. El argumento que podría surgir contra la medida es que, con contratos más largos, habría algunos arrendadores que dejarían de alquilar sus propiedades. Pero Palomera contraargumenta: “No nos interesan los propietarios que no acepten esta medida”.

Y la estabilidad también pasa, por ejemplo, por comenzar a impedir los desahucios sin alternativa habitacional, algo que, pese al compromiso del Gobierno, se sigue produciendo. Fue en el mes de octubre cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que el Ejecutivo iría “un poco más allá” en la valoración efectiva de las situaciones de personas afectadas por los desahucios impulsando medidas coordinadas con los servicios sociales competentes para proporcionar una alternativa habitacional para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden en desamparo.

Pero sin ir más lejos, el pasado mes de febrero se desahució a Rosi, Juani, Mayra y Pepi, vecinas del barrio madrileño de Lavapiés. Y el desalojo se produjo a pesar de que Naciones Unidas había advertido que ni Juani ni Mayra podían ser desahuciadas de sus casas porque no tenían una alternativa habitacional.

  Fondos buitre y viviendas vacías

Por otro lado, lo que Palomera reclama es acabar con los privilegios fiscales de los que gozan las socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario). Irrumpieron en nuestro país en 2009, pero su boom no llegó hasta cuatro años después, en 2013, cuando quedaron exentas del pago del impuesto de sociedades.

Son la figura mediante la que operan los fondos de inversión —o fondos buitre— como Blackstone, que llegaron a España al calor del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la caída del ladrillo. Comenzaron a comprar la vivienda que había “sobrado” y la alquilaron para conseguir beneficio. Ahora, en cambio, comenzarán a vender.

Su actividad ha sido repetidamente denostada por las organizaciones sociales de inquilinos. Por eso, quieren que desaparezcan. ¿Cómo? Palomera comenzaría eliminando los privilegios fiscales que se dio a las socimis en 2013. Así, esta figura desaparecería y los fondos no tendrían tanto poder. “Queremos que se prohíba a los fondos comprar vivienda para especular con ella. Los fondos no crean ni riqueza ni trabajo, solo pobreza y sufrimiento”, añade Revuelta.

Además, los inquilinos reclaman que comience a movilizarse la vivienda vacía. “Hay que ponerla a disposición de las administraciones y hacer leyes como la que hizo la Generalitat de Cataluña por todo el país: que los grandes tenedores tengan que ceder la vivienda si lleva dos años vacía”, explica Palomera.

Y es que cuanta más oferta de alquiler exista, menores serán los precios. De hecho, para Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, esta es la única manera de conseguir que bajen los precios. En conversación con infoLibre no pronuncia la palabra burbuja, pero sí admite que los precios han subido. Y demasiado. Pero para él, ninguna de las demandas de los inquilinos mejoraría la situación. Es más, en su opinión, decretos como el que aprobó el Gobierno "ensucian" aún más el mercado del alquiler. Según argumenta, el aumento de la duración mínima de los contratos, por ejemplo, consigue que muchos propietarios no pongan sus viviendas al alquiler. La limitación de precios, por su parte, es algo demasiado complicado.

  ¿Y la política?

Las políticas de vivienda serán, sin duda, una patata caliente para los partidos de cara a la campaña para las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Los socialistas, en un documento en el que desgranan 110 medidas que se comprometen a cumplir en el caso de que Sánchez vuelva a la Moncloa, incluyen entre ellas “el derecho irrenunciable a una vivienda digna y asequible”.¿En qué consiste? Según el documento presentado la semana pasada por los socialistas, un futuro gobierno del PSOE fomentará “la promoción de vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados”. Además, aseguran, “se reforzará el papel de SEPES e ICO en la política de vivienda, con el fin de fomentar la oferta de vivienda de alquiler social de carácter permanente” y restablecerán “la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos”.

¿Qué responden el resto de partidos? El PP todavía no tiene programa y, hasta que no lo tenga, ha asegurado a infoLibre que no adelantará qué tipo de propuestas plantean en esta materia. No obstante, en la votación parlamentaria en la que se tumbó el primer decreto ley de alquiler propuesto por el Consejo de Ministros, los conservadores mostraron su rechazo a las medidas del Ejecutivo. Lo mismo que hicieron este miércoles en la votación de la Diputación Permanente que dio luz verde al segundo decreto elaborado por el Ejecutivo. 

Por otro lado, la formación presentó una propuesta en esta materia. Lo hizo el 31 de enero en forma de proposición de ley. Lo que planteó el PP fue endurecer el Código Penal contra las okupacionesokupaciones, con penas de hasta tres años de cárcel, y acelerar los desalojos por parte de la autoridad pública en un plazo de entre 12 y 24 horas. No incluyeron medidas concretas relativas al alquiler.

Unidas Podemos, por su parte, continúa reclamando lo que ya firmó en el acuerdo de Presupuestos: poner techo a las subidas abusivas de los precios de los alquileres. De hecho, esta fue la crítica que hicieron al Ejecutivo cuando presentó el real decreto ya aprobado. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, criticó que la norma "deja fuera una de las principales medidas que permitiría de verdad pinchar la burbuja del alquiler, que es la limitación de las subidas abusivas de los alquileres en las zonas que están tensionadas". No obstante, votaron a favor. 

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Esta no es su única propuesta en esta materia. Tal y como explica la diputada Lucía Martín, a largo plazo continúan reclamando más parque público de vivienda (aumentando la dotación en los Presupuestos), contratos más largos, una mayor protección frente a los desahucios (eliminando, por ejemplo, la figura del desalojo exprés), y más protección para los pequeños propietarios que quieren poner sus viviendas en alquiler. También, añade, demandan "acabar con las facilidades fiscales que dan entrada a capital altamente especulativo". Es decir, acabar con la exención fiscal de la que gozan las socimis. 

Ciudadanos votó el miércoles en contra de la convalidación del decreto. Según aseguran fuentes del partido a infoLibre, si se fijan los precios, saldrán menos viviendas al mercado del alquiler. Y con menor oferta, mayores serán los precios. "Desde Ciudadanos somos serios y responsables con este asunto que afecta a la vida de muchos españoles. Creemos que debemos impulsar la oferta de vivienda con menos burocracia, más seguridad jurídica, más parque de vivienda social y una lucha más efectiva contra la okupación okupación. De esta forma, crearemos un círculo virtuoso que redunde en mejores precios y servicios para los alquilados y mayor seguridad jurídica para los propietarios", concluyen.

Este diario también ha intentado recabar las propuestas de Vox en materia de vivienda, pero la formación de ultraderecha se ha negado a responder.