Un correo, un ático y dinero sospechoso: el caso que persigue a la número dos de la Asamblea de Madrid

Miércoles, 20 de junio de 2012. Poco antes de que el reloj marque el mediodía, un correo electrónico sale de la cuenta personal de una de las concejalas del Ayuntamiento de Arroyomolinos, un pequeño municipio del sur madrileño. Ella se llama Ana Millán. Y el destinatario es el empresario Francisco Roselló. Con el asunto "Ático", el mail hace un resumen del estado de un "préstamo" y lo que "queda pendiente": "En total, sumando y restando cantidades a día de hoy queda un importe pendiente de ingresar de 1.783,36 euros". Un correo electrónico que once años después aún persigue a su remitente, que está siendo investigada en un caso de supuesta corrupción. Pero Millán ya no es una simple concejala. En la última legislatura ha sido alcaldesa del municipio. Y desde este mismo martes, ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Para entender bien la causa que lleva cercando desde hace meses a la dirigente conservadora hay que remontarse primero a las elecciones municipales de 2015. Y poner el foco en Arroyomolinos. El PP se impone en los comicios, pero es Ciudadanos quien consigue hacerse con el control del consistorio. Y en solo unos meses pone en conocimiento de la justicia supuestas irregularidades cometidas durante la etapa conservadora. En marzo de 2016, el alcalde de la localidad, que luego dimitiría tras su imputación en el caso Enredadera, interpone una denuncia ante la Audiencia Nacional. Buena parte tiene que ver con Púnica. En concreto, con los contratos con la firma Waiter Music. Pero también pone el foco sobre otra empresa. Se llama Neverland.

El nombre de esta última sociedad, controlada en su momento por Roselló, figura en el correo enviado en 2012 por Millán: "En junio se efectúa ingreso por parte de Neverland de comunidad y el importe de la cuota anterior". Un email que se adjuntó a la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional y con el que los naranjas se habrían hecho tras su desembarco en el consistorio. "Cuando tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, el primer día se estaba destruyendo documentación de la Concejalía de la concejala delegada de Juventud Ana Millán. En ese mismo momento se dio orden por parte del actual alcalde de paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura", exponían los denunciantes.

Durante algo más de cuatro años el tema estuvo dormido en uno de los cajones de la Audiencia Nacional. Hasta que despertó en el verano de 2020, cuando el juez Manuel García Castellón mandó el caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero. Es así como comenzó una investigación secreta que culminó con varios registros, entre ellos el del Ayuntamiento de Arroyomolinos y la sede social de varias empresas vinculadas a Roselló. Bajo el foco de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, "posibles hechos compatibles con delitos de corrupción". Un caso que, según explican las fuentes jurídicas pulsadas, aún sigue vivo. Y que ahora tendrá que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la condición de aforada de Millán tras los comicios del 28M.

Una parte de la investigación gira alrededor de los pagos realizados por Neverland Eventos en favor de Millán durante el periodo en el que ella tuvo cargos de responsabilidad en el consistorio madrileño. En total, según ha cifrado la Guardia Civil, 44.462,67 euros entre 2008 y 2012. Un periodo en el que, al mismo tiempo, existían relaciones comerciales entre el Ayuntamiento de Arroyomolinos y las diferentes firmas del empresario. Entre 2006 y 2011, varias compañías vinculadas a Roselló declararon "percibir ingresos" del consistorio por más de 600.000 euros. La defensa del empresario, sin embargo, siempre ha defendido que todos los contratos fueron adjudicados legalmente. Y que esos ingresos representaban un "pequeñísimo porcentaje" respecto de los ingresos totales percibidos en esos años por dichas empresas.

Ingresos en metálico

La nueva vicepresidenta de la Asamblea siempre ha mantenido que el dinero recibido del empresario era por el pago del alquiler de un ático que ella tenía en la localidad madrileña. El problema que las acusaciones siempre han puesto sobre la mesa es que las cifras no cuadran. En el verano de 2012 solicitaba al empresario por el arrendamiento más de 900 euros mensuales, pero uno de los inquilinos que vivió allí subarrendado por Roselló dijo a la Guardia Civil que él estaba pagando 500 euros. Dicha diferencia, según defendieron en sede judicial los investigados, se debía a que era un alquiler con derecho a compra, lo que encarecía el precio. Una adquisición que, sin embargo, nunca se convirtió en realidad.

Pero el caso no se agota ahí. Durante la investigación, los agentes de la UCO se toparon también con decenas de ingresos en efectivo de origen desconocido en las cuentas de Millán. En total, según la Guardia Civil, casi 53.000 euros entre 2008 y 2017. En sede judicial, ella defendió que se trataba de dinero que su pareja le daba para contribuir con los gastos del hogar o que ella sacaba de una cuenta en la que le pagaban el alquiler de una vivienda en Alcobendas y lo ingresaba en la otra. El pasado mes de febrero, este diario publicó que Millán no sabía si había estado declarando los ingresos percibidos por el alquiler del piso de Alcobendas, que estaba registrado a nombre de una empresa de la alcaldesa.

Recientemente, el Instituto Armado ha estudiado la verosimilitud de ambas justificaciones. Y ha concluido que a pesar de tener en cuenta esos dos extremos sigue sin identificar el origen de al menos 42.650 euros. En aquel informe, la UCO resaltaba que todos estos ingresos en efectivo se habían producido de forma paralela a los pagos que Millán percibió de Neverland, a los que su pareja recibió de una unión temporal de empresas de Roselló o a los que la hermana de la alcaldesa percibió de dos de las mercantiles del mismo empresario para las que estuvo trabajando. Y, por supuesto, también a los abonos que tres de las firmas de Roselló recibieron del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

La supuesta falsedad documental de un concejal

Pero el caso Neverland no es el único que afecta a Millán. En otro Juzgado de Instrucción de Navalcarnero, en este caso el número cuatro, también sigue vivo otro procedimiento en el que la también vicesecretaria de Organización del PP de Madrid figura como investigada. "Se está a la espera de que se practiquen dos pruebas reclamadas por el PSOE", confirman a infoLibre fuentes cercanas a la alcaldesa. Esta segunda causa gira alrededor de una supuesta falsedad documental de la que es protagonista un concejal del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Y en lo relativo a la dirigente conservadora, lo que la justicia trata de averiguar es si actuó con diligencia cuando tuvo conocimiento de los hechos.

Para entender este caso hay que remontarse a comienzos de 2019, cuando Millán ni siquiera tenía el bastón de mando. Por aquel entonces, el Gobierno local, que controlaba Ciudadanos, sacó a concurso el uso de algunas instalaciones municipales. El objetivo era incluirlas en la oferta de actividades de la Concejalía de Juventud, en manos de Juan Carlos García, ex teniente de alcalde socialista. Tras presentarse los proyectos, debía constituirse una Comisión de Valoración para estudiarlos. Eso, en teoría, fue lo que se hizo justo antes de las municipales. Hasta se levantó un acta en el que García figuraba al frente del órgano y, junto a él, dos empleadas municipales. El problema es que las funcionarias no sabían nada de aquello. Y en cuanto se enteraron de los hechos, denunciaron.

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El Ayuntamiento de Arroyomolinos, ahora ya dirigido por Millán, abrió una investigación. Y concluyó, en un informe, que podía haber una falsedad documental: "Las actas de la Comisión de Valoración deberían firmarlas todos los componentes de la misma, porque así hay un compromiso vinculado. En este caso, solo fue firmado por uno de sus integrantes, cuando el resto niega que asistieran a tal reunión y, sin embargo, constan sus nombres en dicho acta". De ahí que la secretaría del consistorio recomendase remitir el expediente a los servicios jurídicos del mismo a fin de que estudiasen si procedía o no "interponer la correspondiente acción penal por falsedad documental del concejal que fue designado presidente de la comisión de valoración".

Meses después, García entró a formar parte del Ejecutivo de Millán. Y el PSOE interpuso una querella contra ambos, en la que acusaba a la alcaldesa de omisión del deber de perseguir el delito. Desde el principio, la instructora no vio claro el caso. De ahí que decretase hasta dos archivos en lo relativo a la desde hoy vicepresidenta de la Asamblea. Decisiones que ha revocado la Audiencia Provincial de Madrid. La última el pasado mes de diciembre, cuando los magistrados ordenaron reabrir de nuevo la causa al considerar "relevante" conocer si "de manera efectiva" aquel expediente se remitió a los servicios jurídicos del consistorio.

Desde el equipo de la alcaldesa aseguran que están tranquilos porque la documentación aportada al juzgado demuestra que Millán no intentó tapar el asunto. "Esto es una denuncia política del PSOE que se terminará archivando finalmente", concluyen. Como ocurre con Neverland, el aforamiento de la alcaldesa hará que este caso pase directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.