La crisis catalana se apodera de nuevo del debate político dos años después del referéndum del 1-O

De los cuatro asuntos marcados en rojo en el calendario electoral del Gobierno —la exhumación de Franco, la sentencia del procés, el Brexit y el enfriamiento económico— dos ya están aquí. El primero, resuelto de manera contundente por el Tribunal Supremo, se sustanciará en los próximos días con la salida de los restos del dictador de la fosa común de Cuelgamuros, donde yacen miles de víctimas de la Guerra Civil. Y, a la espera de que el Brexit se resuelva o se aplace —de momento la fecha límite sigue siendo el 31 de octubre—, y de que los indicadores que anuncian una nueva tormenta económica se concreten en nuevos nubarrones, la crisis catalana gana protagonismo en pleno aniversario del referéndum del 1 de octubre y se apodera del debate político en todo el país.

El ambiente político en Cataluña es de crispación y creciente tensión. A sólo unas horas del 1 de octubre, el director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, presentó su dimisión y fue relevado por el hasta ahora jefe de Gabinete del conseller de Interior, Pere Ferrer. Lo hizo, según fuentes oficiales de la Generalitat citadas por Europa Press, porque considera “que ha cumplido una etapa”, si bien a nadie se le escapa que su renuncia coincide con el inicio de un período particularmente delicado en materia de orden público en Cataluña.

La detención de siete militantes independentistas acusados de preparar atentados terroristas, la resistencia del soberanismo político a dar crédito a las acusaciones de la Guardia Civil contra los investigados y los indicios que tratan de vincularles con el president Quim Torra no han hecho más que enrarecer aún más el clima político que la semana pasada ya dejó escenas de fuerte crispación en el pleno del Parlament que no se producían desde hace tiempo.

El futuro de Torra es cada vez más incierto. El 18 de noviembre será juzgado por desobedecer a la Junta Electoral y negarse a retirar un cartel a favor de los presos en las elecciones de abril, un acto de desafío a los jueces que acaba de repetir con ocasión de la convocatoria del 10 de noviembre y por el que previsiblemente será condenado a penas de inhabilitación que, de confirmarse, pondrán fin a su mandato como president y abrirán una crisis institucional de final impredecible.

El juicio y la sentencia por este caso se materializarán después de las elecciones pero antes, se supone que a mediados de octubre, se conocerá el fallo de Tribunal Supremo contra los dirigentes políticos y sociales que han sido juzgados por su participación en los hechos que dieron lugar a la fallida declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017.

Una sentencia a la cual el independentismo quiere dar una respuesta conjunta que restaure, al menos provisionalmente, la unidad de acción perdida desde que el fracaso de la secesión dividió el destino de Carles Puigdemont, huído desde entonces en Bélgica, y Oriol Junqueras, en prisión provisional desde hace casi dos años.

Los seguidores del expresident, organizados en torno a Junts per Catalunya, apuestan por una respuesta social basada en la desobediencia civil que desemboque en desobediencia institucional. Los partidarios del líder de Esquerra, en cambio, se mantienen fieles, al menos de momento, a la estrategia de no traspasar la línea del orden constitucional. Junts quiere poner al Gobierno de Sánchez en el brete de someter, una vez más, a las instituciones catalanas. ERC, en cambio, pretende evitar un nuevo fracaso que desangre la cada vez menos sólida salud del independentismo y defiende la formación de “un gobierno de concentración” que incorpore a Catalunya en Comú al apelar al 80% de loa catalanes contrarios a la “represión de derechos”, en palabras del president del Parlament, Roger Torrent.

Sacar partido de la tensión

En ese contexto de río revuelto, en el PSOE creen que hay una oportunidad para los pescadores. El Gobierno está convencido de que puede sacar partido de la tensión que previsiblemente seguirá a la sentencia del procés haciendo valer la firmeza de la que Pedro Sánchez ya hace gala desde hace semanas. El presidente en funciones repite, siempre que se lo preguntan, que no dudará en invocar el artículo 155 y pedir la autorización del Senado para intervenir la autonomía catalana si sus instituciones vuelven a vulnerar el ordenamiento constitucional.

Los socialistas creen que esta posición, combinada con los llamamientos al diálogo dentro de la ley, achicará el terreno de juego a la derecha, siempre cómoda en los escenarios que le permiten plantear que la unidad de España está en riesgo. Sin descuidar, en todo caso, el rol de un partido "responsable y de Estado".

Fuentes del Gobierno citadas por Europa Press aseguran que el PSOE es la formación "mejor posicionada" para responder al anhelo de la mayoría de los españoles, que esperan de su gobierno una respuesta firme ante cualquier violación de la legislación por parte del independentismo, pero a la vez serena, que evite azuzar la confrontación, como creen que hizo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

La idea es evitar que el PP y Ciudadanos dejen de ser el refugio de los votantes moderados a quienes preocupa el independentismo catalán e identifiquen al PSOE como el partido más capacitado para defender España.

Albert Rivera y el líder de Vox, Santiago Abascal, compitieron este lunes a través de Twitter reclamando medidas contra Torra. El líder ultra quiere que sea arrestado y que el Gobierno actúe “en Bélgica” contra Puigdemont. El presidente de Ciudadanos ha dado instrucciones a sus diputados en Cataluña para que presenten una moción de censura contra el president —condenada al fracaso, porque el independentismo sigue teniendo mayoría en el Parlament— y exigiendo a Sánchez que tome el control de los Mossos. Lo mismo, por cierto, que ha reclamado el líder del PP, Pablo Casado.

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De momento, los socialistas y el Gobierno presionan a diario a Torra desde diferentes plataformas, sin éxito, para que tome distancia con los acusados de preparar atentados y condene de manera “tajante” cualquier intento de promover la independencia de Cataluña por métodos violentos. El movimiento soberanista, declaró la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una entrevista en TVE, “no ha sido violento” y es “obvio” que lleva años reclamando la independencia “de forma pacífica”. Por esa misma razón, defendió, deberían “ser los primeros interesados en desvincularse de cualquier tipo de violencia”. Con su actitud, Torra “hace un mal servicio al país y a su propia causa”.

Enfrente, Unidas Podemos acusa a Sánchez de “amenazar” al independentismo y le pide que se siente a dialogar. Lo hizo su portavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera, quien, como las formaciones soberanistas, se negó a opinar sobre los acusados de preparar atentados alegando “falta de información por parte de la justicia”, aunque sí subrayó que rechaza cualquier muestra de violencia.

Mientras tanto, el comité electoral de Más País, el nuevo partido de Íñigo Errejón, debate si presenta o no candidatura por Barcelona, donde están en juego 32 escaños y el 28 de abril lograron representación hasta siete formaciones: PSC (9 diputados), ERC (8), En Comú-Podem (6), Ciudadanos (4), JxCat (3), PP (1) y Vox (1). Ese paso le enfrentaría a Ada Colau, cuya formación repite alianza con Pablo Iglesias.