Cuatro años de desinterés por parte del Gobierno en la lucha contra el sida y las políticas anticonceptivas

"¿Qué política está llevando a cabo su Gobierno para fomentar el uso del preservativo?". En estos términos ha formulado el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián su pregunta parlamentaria dirigida a Mariano Rajoy en la sesión de control que se celebró este miércoles. Y lo hace precisamente en vísperas del Día Internacional de la Acción contra el Sida. "Imagino que [Mariano Rajoy] lo sabrá e imagino que sabrá también que el preservativo es el principal aliado en esta lucha", explica Rufián en conversación con infoLibre.

A juicio del diputado catalán, fomentar el uso del preservativo como medida preventiva "trasciende a cualquier tipo de ideología". En este sentido, el interés principal de su partido radica en la reducción del IVA de este tipo de productos: "No nos parece de recibo que se pague el mismo IVA por una habitación de hotel que por un preservativo". Por ello, concluye, el objetivo de su pregunta es"visibilizar la lucha del 1 de diciembre y focalizarla en torno a esta cuestión". Porque, considera, es una cuestión "de sentido común y de sentido democrático".

El retroceso de España en la lucha contra el sida

Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), admite que el balance de la última legislatura es "bastante malo". El análisis de la organización se remonta al año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a llevar a cabo los recortes más significativos. Desde entonces, "hubo un tijeretazo drástico que se plasmó en la bajada de casi el 80% del presupuesto para subvenciones", denuncia Barrios. Hasta la llegada del Partido Popular al poder, existían dos líneas de subvención: por un lado las ayudas económicas a las comunidades autónomas, y por otro la convocatoria estatal para entidades especializadas en VIH. La primera de ellas "se redujo a cero", incide Barrios, quien sostiene que la consecuencia directa fue que las organizaciones tuvieron que "reducir los servicios y programas" que ofrecían, puesto que su impulso "dependía de la voluntad y recursos de las autonomías para poder financiar, y muchas no podían asumir los costes". En cuanto a la colaboración con las plataformas, el presupuesto pasó de 3.860.000 euros en 2011 a un millón en 2012. "A base de mucho pelear, este año hemos conseguido 1.700.000 euros" por parte del Gobierno, señala Barrios.

Alberto Capitán, presidente del Comité 1r de Desembre, denuncia que el presupuesto desechado tras los recortes "no se ha vuelto a recuperar" y que, además, el Plan Nacional sobre el Sida "se quedó reducido a su mínima expresión" de forma que a nivel estatal subsiste, a día de hoy, "poca capacidad de gestión". Capitán critica la existencia de "un equipo humano infradotado, sin presupuesto para actividades ni campañas, y prácticamente sin funciones". 

Los efectos de las políticas del PP en materia de prevención y lucha contra el sida son, según las organizaciones, rotundos. "El número de nuevas infecciones no ha descendido, seguimos por encima de la media europea cuando todo el mundo está bajando", sostiene Barrios. En el año 2014 –la última fecha con datos disponibles–, "las nuevas infecciones giraron en torno a las 3.500", según el Ministerio de Sanidad. Concretamente 3.366 nuevos casos, frente a los 3.278 contabilizados un año antes.

Además, a las plataformas les preocupa especialmente la incidencia en el sector más joven de la ciudadanía "No ha habido campañas dirigidas a la población joven, no son conscientes del riesgo que supone en VIH porque no existe una percepción de riesgo", apunta Barrios. De hecho, continúa, la sensación general es que se trata de un problema del pasado. "Es verdad que ya no es mortal de necesidad, que hay tratamientos efectivos, pero este repunte nos preocupa mucho porque volvemos al nivel de años anteriores". Por ello, zanja, "mientras no se hable, no se visibilice y no se pongan en marcha programas de concienciación, continuarán las consecuencias de estas políticas".

En cuanto a las demandas, Capitán reclama "un posicionamiento claro en la agenda política", porque, considera, "es una cuestión que ha pasado de moda". A su juicio, actualmente no existen "mecanismos técnicos, recursos económicos, ni programas", lo cual conlleva a que "no se apliquen innovaciones ni medidas efectivas". 

También la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) demanda, de cara al 1 de diciembre, un pacto de Estado frente al VIH. El colectivo solicita el cumplimiento de la estrategia 90x90x90 de ONUSIDA –basada en que para el año 2020 un 90% de personas que vive con VIH conozca su diagnóstico, que un 90% de quienes conozcan su diagnóstico puedan acceder al tratamiento antirretrovírico y que un 90% de los pacientes en tratamiento posea un nivel de carga vírica indetectable–, "garantizando los mecanismos necesarios en todas las comunidades para lograrlo". Asimismo, consideran fundamental eliminar las barerras de acceso a la prueba de detención y asegurar la universalidad y gratuidad de los tratamientos, además de impulsar la investigación científica, epidemiológica y psicosocial. Finalmente, apuestan por retirar la catalogación de "enfermedad infecto contagiosa", incluir una asignatura sobre salud sexual y prevención en el sistema educativo español, e inciden en la importancia de crear y mantener asociaciones y entidades sociales en la lucha contra el problema.

Política anticonceptiva en el punto de mira

Las carencias gubernamentales en la lucha contra el sida se han extendido, durante la última legislatura, a los mecanismos necesarios para impulsar una auténtica política anticonceptiva que incluya información, acceso y prevención. Así lo denuncia la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) en su informe sobre el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos, presentado en noviembre de este mismo año [consultar documento aquí].

La Federación es clara en sus conclusiones, donde evidencia la necesidad de políticas efectivas que garanticen resultados. A nivel normativo, la organización asegura que la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2011, que debía ser desarrollada a lo largo de los cuatro años de legislatura y estudiada cada dos años, "sólo se ha implementado en las líneas de salud reproductiva referentes al embarazo, parto y puerperio –periodo de recuperación tras el parto–, mientras que los aspectos relacionados con la prevención de embarazos no deseados, la anticoncepción y todos los relacionados con la salud sexual no han sido desarrollados por el Gobierno".

Según el documento, el 44% de las comunidades autónomas no contempla dicho plan como un área prioritaria de intervención en sus respectivos planes de salud, "lo que implica que no se ha traducido en políticas públicas que mejoren el acceso". Además, continúa el análisis, aunque la anticoncepción conste en la Cartera de Servicios, esto "no garantiza necesariamente la aplicación de una medida sanitaria". Por ello, demandan políticas concretas de promoción e impulso de acceso, "que no existen", así como normas protocolizadas que garanticen la aplicación y seguimiento de los métodos, "que tampoco existen".

Aunque la Federación aplaude la vigencia de protocolos en determinadas comunidades autónomas, pone especial énfasis en las carencias que éstos todavía arrastran: la alta presión asistencial, que ha reducido el tiempo de consulta, o los prejuicios personales y el déficit de formación son las trabas más importantes. Asimismo, en el 67% de las comunidades que cuentan con normativa específica no se ponen en marcha sistemas de indicadores, ni planes de evaluación de programas, lo que entraña la ausencia de "criterios de eficacia, necesidades y demanda, así como de datos actualizados". Donde sí se disponen tales indicadores, el 33%, la información es de difícil acceso. A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "tampoco dispone de estadísticas propias sobre porcentaje de mujeres atendidas, utilización de métodos anticonceptivos" y otros datos de interés. De hecho, los últimos datos ministeriales datan del 2009.

Respecto a las campañas de sensibilización, y a pesar estar contempladas en la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, el 62% de las comunidades autónomas "no han realizado ninguna campaña sobre la anticoncepción", lo que significa que "más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido, en los últimos cinco años, ninguna información ni mensaje positivo". Además, recalcan las autoras del documento, las campañas no siempre son completas, presentan una comprobada falta de continuidad y, en ocasiones, no abordan los numerosos "mitos y falsas creencias" sobre métodos como la anticoncepción hormonal.

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La Federación denuncia, por otro lado, la escasa formación de los profesionales, hecho que tiene consecuencias directas sobre la información y asistencia que recibe la ciudadanía. En este sentido, sólo el 37,5% de las comunidades dispone de programas formativos que implican a todos los estamentos profesionales sanitarios. Finalmente, otro de los obstáculos señalados por las expertas apunta a la escasa financiación de los sistemas anticonceptivos. El Sistema Nacional de Salud "no proporciona la financiación de todos los métodos, lo que supone que las mujeres no pueden realizar una libre elección y que en caso de elegir un método no financiado deben pagarlo en su totalidad", censuran.

Fuentes de la Federación consultadas por infoLibre critican que el Gobierno central no haya puesto en marcha una estrategia concreta en sus cuatro años de gobierno. "Debería establecer un marco normativo claro respecto a todo lo relacionado con prevención", señalan, incidiendo en la educación sexual, que "tras la aprobación de la Lomce quedó fuera del currículo escolar". Respecto a la anticoncepción, las mismas fuentes revelan que en esta materia apenas "se desarrolla nada, y además no hay una financiación", lo que deriva en un "panorama con profundas desigualdades entre las comunidades autónomas". La salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos, "no son una prioridad dentro de las políticas públicas de salud".

En cuanto al fomento del uso del preservativo, "no hay una visión integral" que contemple la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, perspectiva que debe plasmarse en "campañas frecuentes –la última iniciativa del Ministerio data del año 2010– no sexistas ni homófobas" por parte del Gobierno.