Cuatro conexiones vinculan el ‘caso del ático de González’ con la ‘Gürtel’

La declaración del comisario José Manuel Villarejo ante la jueza de Estepona en la que informó de que un confidente del caso Gürtel había alertado a la Policía de que el dúplex de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González podría ser el pago de una comisión vinculada al mayor pelotazo que percibió Francisco Correa puede ser determinante para la investigación del caso del ático.

De hecho, la jueza ha firmado una providencia en la que pregunta a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga si debe enviar su investigación al Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que el juez José de la Mata instruye, en el marco de Gürtel, una pieza separada sobre el pelotazo de Arganda del Rey (Madrid).

En esta operación urbanística, según el sumario, Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones por su intermediación en la adjudicación de una finca municipal al empresario Fernando Martín, el propietario de la promotora Martinsa.

Pero además de su declaración, el comisario Villarejo ha aportado los informes que remitió a sus superiores sobre sus pesquisas, que según su testimonio fueron interrumpidas por orden del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que no ha querido hacer declaraciones al respecto.

infoLibre ha analizado estos nuevos documentos aportados por el agente, que añaden tres conexiones a la hasta ahora conocida entre la Gürtel, la mayor trama de corrucpión vinculada a un partido político, el PP, y el caso del inmueble de lujo que se investiga en Estepona. Este periódico no ha podido obtener la versión de Ignacio González, pese a remitir el pasado martes ocho preguntas al PP madrileño (ver al final de esta información La caja negra). Estas son las vinculaciones, siempre según la investigación policial que consta en el sumario:

1. la declaración de Un confidente

"Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que manifiesta que González había cobrado aproximadamente dos millones de euros por esa recalificación por la que está imputado el empresario Fernando Martín", explicó Villarejo el pasado 1 de febrero a la jueza, en referencia al propietario de la promotora Martinsa.

Pero Villarejo ha aportado al sumario del ático una nota policial, de fecha 13 de febrero de 2012, que añade nuevos datos: "Con ocasión de las gestiones realizadas en la Operación Gürtel, durante finales de 2010 y principios del 2011 se recibieron diferentes informaciones que apuntaban a que en el proceso de adjudicación de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda (por la que Fernando Martín, de Martinsa, está imputado en este sumario por pago de sobornos a diferentes políticos del PP), tuvo una participación fundamental el actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González".

El documento agrega que el confidente resaltó que Ignacio González pudo haber percibido una parte de los dos millones de euros "en efectivo y el resto mediante la entrega de un inmueble de lujo en la Costa del Sol".

En este sentido, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció en su declaración como testigo del caso Gürtel que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le informó en 2004, en presencia del ahora presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sobre la posible venta de parcelas municipales a un precio "sensiblemente" inferior al del mercado en las localidades madrileñas de Majadahonda y Arganda del Rey.

La reunión se celebró en el despacho de Rajoy, especificó Aguirre, que dijo que que la advertencia del entonces tesorero, procesado en el caso de los papeles de Bárcenas, "iba en la dirección de tratar de impedir que los Ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante porque el precio tasado era inferior al del mercado".

Aguirre dijo, además, que llamó "inmediatamente" a los alcaldes de los dos municipios –Ginés López y Guillermo Ortega, ambos imputados en Gürtel– para avisarles de la situción. Ginés López le indicó en una conversación telefónica, que la parcela de Arganda estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destacó Aguirre, que no paralizó el procedimiento.

Más bien ocurrió todo lo contrario, ya que las modificaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid permitieron, según un testigo de Gürtel, que la adjudicataria, la promotora Martinsa, obtuviera unas plusvalías que superaban los 500 millones de euros, lo que suponía un aumento de 199 millones. Por su parte, Fernando Martín siempre ha asegurado que la adjudicación fue completamente legal, al mismo tiempo que destacaba que el beneficio fue muy inferior.

2. empresas relacionadas

"En una entrevista personal con Ignacio González a las 11 horas del 29 de noviembre de 2011, se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino en dicho ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler, ni por supuesto en que entidad abonaba dicho importe". Así se expresaba el comisario Villarejo en su informe de 2012 dirigido a sus superiores, y que ahora está incluido en el sumario del caso del ático, en el que refleja la conversación con González, que fue grabada.

"[González] solo se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad off shore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado o al menos molesto ante la insólita situación, que suponía la reunión en sí, que fue solicitada por él, ni las preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta", se señala.

Pero meses después, las investigaciones han podido comprobar las posibles vinculaciones entre Waldorf Overseas Investments, la empresa matriz de Coast Investors, la compradora del ático en 2008, y la sociedad Golden Chain Properties, del presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa.

Las dos sociedades fueron creadas en Panamá, utilizando la misma notaría e idénticas empresas suscriptoras: Dulcan y Winsley, según consta en un documento aportado por el registro de la propiedad del país centroamericano al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, anterior instructor del caso Gürtel.

Además, la sociedad Golden Chain Properties fue la que recibió 13 de los 25 millones que la Policía Judicial asegura que cobró Correa por su intermediación  en el pelotazo de Arganda del Rey, que presuntamente habría abonado en parte el dueño de Martinsa, algo que siempre ha negado Fernando Martín.

3. una cuenta en las Caimán

"Según dichas informaciones –se indica el informe policial incorporado al sumario–, para esta operación de aparente venta, se empleó una inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, interviniendo Marisa B, siendo el vendedor Pedro Javier Villate Pérez, y aún cuando el precio fijado fue de 1.350.000 euros, en realidad se escrituró formalmente en 850.000 euros, abonándose la diferencia en efectivo".

"Las fuentes consultadas señalaron que los fondos en metálico [que habría percibido González] procedían de una cuenta numerada de Fernando Martín de lslas Caimán y que en la escritura de compraventa se presentó un sujeto mejicano [Rudy Valner, que trabajaba para una empresa de Enrique Cerezo], en nombre de la sociedad offshore Coast Investors LLC, constituida en Delaware (EEUU), que tal escritura se hizo ante un notario de Estepona y que no llegó a inscribirse registralmente", completa la investigación por escrito del comisario Villarejo.

infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que ha asegurado no tener ninguna relación con el caso del ático de González: "Se ha demostrado que no tengo nada que ver con ese tema. Ya hay informes que lo dicen así, por lo que no estoy seguro al 95%, sino al 100%".

En este sentido, en el sumario del caso Gürtel consta un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) enviado al juez Pablo Ruz que indica que, el 26 de junio de 2006, el imputado Manuel Salinas vendió su parte de la parcela de Arganda a Martinsa, para comprar el mismo día un 5% de RTM. Esta última sociedad es la división inmobiliaria creada por el Atlético de Madrid, cuyo presidente es Enrique Cerezo, para construir su nuevo estadio.

Los extrabajadores de Telemadrid, que ejercen la acusación popular en el caso del ático tras la renuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), siempre han considerado que el ático del expresidente madrileño pudo haberse tratado de un pago ilegal del presidente del Atlético de Madrid.

El mismo día, el 26 de junio de 2006, según indica el informe del organismo dependiente de la Agencia Tributaria, se produce el pago de 13 millones por parte de Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo a la empresa Golden Chain Properties, de Francisco Correa. La Agencia Tributaria asegura que otros 4 millones se habrían abonado en negro en la operación. Los inspectores de Hacienda dudan en imputar esta dinero al precio pagado por las acciones de RTM, es decir de la Operación Calderón, o a la de Arganda del Rey.

El sumario de Gürtel también ha destapado que el empresario Fernando Martín y Amando Mayo, otro de los imputados por su pertenencia a la trama liderada por Francisco Correa, firmaron un contrato mediante el cual Martín se comprometía presuntamente a abonar 350.000 euros a Mayo cuando el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid recalificaran el terreno del Estadio Vicente Calderón.

4. el viaje a colombia de ignacio González

El pago de dos millones al que alude el confidente de Villarejo coincidiría, explica el informe policial aportado al Juzgado de Estepona, con un viaje realizado por Ignacio González a Colombia. En concreto el recorrido por el país sudamericano se llevó a cabo entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008. En su periplo, González estuvo acompañado, entre otros, por José Manuel Serra Peris, un consejero de Martinsa. No obstante, y según la versión de Fernando Martín, Serra Peris no tenía ningún cargo ejecutivo en su empresa.

En Colombia fue seguido por unos detectives privados, que filtraron a los medios de comunicación algunas imágenes de González con unas bolsas blancas entrando en una vivienda.

En la nota policial se explica lo siguiente: "Inmediatamente después del referido viaje, Ignacio González y su esposa se presentaron en el ático de la urbanización Alhambra del Golf en la zona de Guadalmina (Marbella-Estepona). Aunque a los amigos y vecinos del lugar le comentaron que la relación con dicho ático era de alquiler con opción a compra, se comportaron en todo momento como propietarios gastando una fuerte suma en mobiliario y decoración de alta gama".

Las incógnitas sobre el origen de los fondos manejados por González aumentaron con otro viaje a Sudáfrica. El político madrileño llegó a asegurar que ese viaje, de carácter privado, le había costado 8.000 euros, cantidad que había abonado en efectivo, tal y como publicó la prensa. 

El informe de Villarejo destaca también que un coche alquilado por una de las hijas de González permanecía aparcado en una de las tres plazas de garaje asignadas en el edificio de Estepona al matrimonio madrileño. Y también que posteriormente el coche dejó su sitio a "unos muebles de terraza, sillones grandes de mimbre, algunas sillas y una mesa de jardín, todo ello cubierto por una lona, que según el encargado de mantenimiento fueron enviados por Ignacio González desde Madrid a finales de enero, pero al no caber, pero al no caber ni en el ascensor ni por las escaleras se estaba a la espera de que llegue una grúa para hacerlos entrar por la terraza", según consta en el documento policial.

IGNACIO GONZÁLEZ CALLAinfoLibre

 se puso en contacto, el pasado martes, con el departamento de Comunicación del PP de Madrid para que le trasladase una serie de preguntas sobre el caso del ático a Ignacio González, que sigue siendo el secretario general del partido. El dirigente del PP no ofreció ninguna respuesta a las cuestiones planteadas, que fueron las siguientes:

1. ¿Qué opinión le merece la declaración del comisario Villarejo sobre la información facilitada por un confidente de que Ignacio González habría cobrado dos millones de euros tras la adjudicación de Martinsa en Arganda, operación que está siendo investigada en la Audiencia Nacional?

2. ¿Es verdad que usted y su mujer alquilaron o compraron el ático de Estepona tras su viaje a Colombia, en el que también participó un directivo de Martinsa?

3. Villarejo resalta en una nota policial, incluida en el sumario del caso del ático, que un confidente aseguró que una parte del pago por el ático, que cifró en 1,3 millones, se abonó con dinero de una cuenta de Fernando Martín de las islas Caimán. ¿Qué opinión le merece este dato novedoso aportado al sumario del caso del ático?

4. ¿Le consta que las empresas que actuaron de sucriptoras en la constitución de la firma de Correa Golden Chain Properties y en la matriz del Coast Investors,fueran las mismas: Dulcan y Winsley? ¿Qué opinión le merece que su casero durante varios años, es decir la sociedad Coast Investors, tuviera esa vinculación con una empresa de Correa incluida en el caso Gürtel?

5. ¿Qué opinión le merece que el abogado que compró el ático y que posteriormente se lo alquiló, Rudy Valner, tuviera vinculaciones con el empresario Enrique Cerezo en la firma Egeda US?

DOCUMENTO: Nota policial aportada al sumario [PDF]

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6. ¿Acudió usted a Estados Unidos a un acto de Egeda en el que también habría participado Enrique Cerezo, tal y como ha reflejado la página web de Egeda US?

7. Uno de los arquitectos del caso Arganda aseguró al juez Ruz que las modificaciones urbanísticas aceptadas por la Comunidad de Madrid posibilitaron un aumento hipotético de los beneficios de Fernando Martín de 199 millones de euros ¿Tuvo conocimiento de estos cambios y del papel de la Comunidad de Madrid en Arganda? ¿Por qué no se paralizó la adjudicación a Martinsa tras ser alertados por Lapuerta de que la misma podría ser irregular?¿Tenía la Comunidad de Madrid la posibilidad de veto en la operación de Arganda al superar la misma un porcentaje del presupuesto municipal?

8. ¿Qué opinión le merece que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizara la operación Calderón por infringir la normativa urbanística?