Una de cada cuatro personas con dependencia no recibe la ayuda que tiene reconocida

El 25,3% de los 1,2 millones de personas a las que la Administración ha reconocido algún grado de dependencia todavía no recibe ninguna ayuda o prestación. La situación ha ido mejorando de forma progresiva desde julio de 2015 cuando, tras dos aplazamientos consecuencia de la política de recortes y con tres años de retraso respecto a lo que preveía inicialmente la ley, los dependientes moderados se incorporaron al sistema. Sin embargo, un total de 310.809 personas seguían al cierre de agosto en lista de espera, tal y como recogen los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicados este lunes.

No obstante, el panorama es muy desigual por autonomías. La comunidad con peores datos es Canarias, donde el 40% de las personas que tienen reconocido un grado de dependencia que les da derecho a una ayuda están desatendidas. Este porcentaje es del 37,2% en Cataluña, del 33,7% en Andalucía o del 31,5% en La Rioja. En el otro extremo, la comunidad con mejor ratio de personas atendidas es Castilla y León, donde apenas el 1,3% de los beneficiarios siguen sin acceder al servicio o prestación pautado. Aunque a más distancia también están significativamente por debajo de la media Baleares (12,3%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%). 

Precisamente este martes el Tribunal de Cuentas presenta en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el órgano fiscalizador un informe el que, con datos de 2013, queda acreditada esta desigualdad. Por ejemplo, Canarias tarda de media 981 días (2,7 años), más los seis meses preceptivos, en reconocer la prestación por dependencia. En la Comunidad Valenciana se pasan del plazo en 519 días (año y medio), y en Cantabria, en 180 días (casi seis meses), informa Europa Press.

Los retrasos que soportan los ciudadanos para recibir las ayudas previstas en la ley y los farragosos trámites administrativos han constituido algunos de los motivos de queja más recurrentes de la aplicación de la ley de dependencia. En algunos casos, los plazos de espera han sido tan acusados que miles de personas han muerto en toda España esperando la ayuda prometida, tal y como viene denunciando en sus informes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

No obstante, esta no es la única lista de espera del sistema, pues otras 121.624 personas estaban esperando a finales de agosto a que su expediente empezara a ser gestionado. Es decir, a que la administración pública correspondiente valorara su solicitud y determinara si cumple con los requisitos del baremo y tiene derecho a ayuda o, por el contrario, desestimara su petición. Esta cifra es un 43% superior a la registrada hace dos años, cuando el número de solicitudes sin gestionar era de 85.046.

Estos datos evidencian que las comunidades no han sido capaces de estabilizar la lista de espera para la valoración, pues el número de expedientes sin resolver ha aumentado de forma mucho más significativa (+43%) que el de solicitudes (+5,8%), al pasar de 1.576.972 a 1.668.950. De media, el porcentaje de solicitudes que el pasado agosto seguían esperando a ser tramitadas era del 7,29%, pues de los 1.668.950 procedimientos iniciados estaban resueltos 1.547.326.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cree que estos datos ponen de manifiesto de qué manera se ha "paralizado la máquina" del sistema de dependencia. "El número de solicitudes sin valorar es un dato que pasa más desapercibido que el llamado limbo de la dependencia, que es la lista de espera de ciudadanos que habiendo sido reconocidos como beneficiarios de una ayuda aún no la están percibiendo. Quizá hay comunidades que están poniendo el tapón ahí porque es algo menos visible", explica. 

No obstante, el análisis de los datos oficiales vuelve a poner de manifiesto las diferencias por autonomías. Por ejemplo, en Cantabria, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco o La Rioja menos de un 5% de los expedientes están a la espera de ser analizados. Sin embargo, en otras comunidades como Canarias las solicitudes sin analizar son el 23,5% del total (10.835 de 46.188) y en la Comunitat Valenciana el 16,5% (17.344 de 105.415).  

Plazos y presupuestos

La ley establece que la Administración tiene seis meses de plazo para resolver las solicitudes presentadas y determinar si hay o no una situación de dependencia acreditada y, en su caso, qué prestación le corresponde recibir a la persona beneficiaria. Estas prestaciones se otorgan en función de la situación del solicitante y pueden ser desde una plaza en una residencia o en centro de día a un servicio de teleasistencia o una asignación económica para que el dependiente pague un servicio fuera del sistema público.

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No obstante, los más damnificados por los recortes de los últimos años son los beneficiarios de ayudas para el cuidado en el entorno familiar. La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. Según los datos del pasado agosto hay concedidas 423.019 de estas prestaciones, un 45,4% del total.

Pues bien, a través de un real decreto aprobado en julio de 2012, el Ejecutivo central metió un gran tijeretazo a estas ayudas. En concreto, determinó que para las personas que, a partir de esa fecha, solicitaran prestaciones por cuidados familiares sus ayudas estarían sometidas a un "plazo suspensivo" de dos años. Es decir, que aunque tuvieran una paga reconocida no empezarían a cobrarla hasta pasado ese período. Este plazo, sumado a los seis meses de resolución de los trámites administrativos, hace que algunos beneficiarios puedan pasar hasta dos años y medio esperando sus prestaciones.

Ese mismo real decreto también redujo un 13% de media el nivel mínimo de financiación, que es el importe que destina el Estado por cada dependiente en función de su grado de discapacidad y que supone la única fuente de financiación finalista a las comunidades autónomas. De hecho, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales mantiene que de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que todavía no se han presentado, el Gobierno debería aumentar ese nivel mínimo porque, según el actual sistema de financiación, aunque hubiera más fondos, estos no llegarían a los dependientes.