La Xunta deja al borde del colapso al juzgado que llevó el caso de Angrois tras gastarse un millón en el juicio

Durante los once años que han transcurrido entre el accidente de Angrois y la sentencia que el pasado mes de julio condenó al mismo nivel al maquinista del tren Alvia y a un funcionario de Adif, el Gobierno gallego y sus presidentes, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, han ido repitiendo la misma estrategia: mostrar retóricamente su respeto a la Justicia, insinuar que el maquinista era el responsable y elogiar la propia actuación de la Xunta como encargada de dotar al sistema judicial de los medios materiales necesarios para la investigación, llegando incluso a gastar un millón de euros en celebrar el juicio en la Cidade da Cultura en espacios que acabaron siendo excesivos.

Pero la sentencia ha establecido que el maquinista no fue el único responsable, y ahora el colapso del tribunal encargado de sentenciar el accidente, denunciado por UGT y ratificado a este periódico por diversas fuentes judiciales, vuelve a poner en entredicho el supuesto apoyo material de la Xunta para resolver el caso.

La investigación del accidente, que duró nueve años, se retrasó varias veces debido a errores y falta de recursos en el Juzgado de Instrucción número tres De Santiago. A este juzgado la Xunta le impuso dos de los tres peritos del caso, nombrando para esa función a dos funcionarios autonómicos sin experiencia previa en materia ferroviaria con el argumento de que resultarían más baratos. Sus peritajes, que acabaron costando mucho más que las del perito independiente, fueron finalmente ignorados en la sentencia, en comparación con las consideraciones del tercero, que fueron tomadas en cuenta por el juez. Se trata de un experto independiente que lleva dos años sin cobrar los 10.000 euros que le debe la Xunta.

Frente a estos regateos con los peritos, cuando llegó el momento del juicio, la Xunta, tras retrasar primero su decisión y paralizar así la organización, según lamentó la jueza, decidió celebrarlo en la Cidade da Cultura con un dispositivo que costó un millón de euros. Sin embargo, durante el casi año que duró la vista oral, dos de las tres grandes salas destinadas al juicio y excluidas de cualquier otro uso durante todo ese tiempo estuvieron prácticamente vacías. 

Sin embargo, el día que fue necesaria la traducción simultánea de un participante extranjero, la Xunta sólo habilitó a un traductor que acabó haciendo ocho horas de compleja traducción técnica en solitario mientras la jueza mostraba su disgusto con la situación.

Después de que el juicio finalizara hace año y medio y de que la sentencia se dictara hace medio año, la falta de previsión de la Xunta con los medios materiales de justicia que requeriría el caso Angrois sigue repercutiendo en el resto de la ciudadanía. Tal como ocurrió antes con el Juzgado de Instrucción 3, ahora es el Juzgado de lo Penal 2 el que sufre el colapso.

Durante el año que duró la vista oral y el otro que tardó la redacción de la compleja sentencia, la jueza titular, Elena Fernández Currás, se dedicó exclusivamente al caso Angrois y el resto de los casos en su tribunal fueron atendidos por jueces de apoyo o suplentes, que se habían incorporado recientemente a la carrera judicial, sin mucha experiencia y con poco tiempo en el cargo para continuar el trabajo y así agilizar la tramitación de los casos, problema atribuible al Poder Judicial. Pero tampoco había estabilidad ni recursos humanos suficientes entre el resto de la plantilla judicial, que depende de la Xunta. 

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Según UGT, "a día de hoy, la carga de trabajo del Juzgado de lo Penal 2 de Santiago es de dimensiones colosales y la Dirección Xeral de Xustiza se niega a reforzar la plantilla, pese a las continuas peticiones que se han realizado desde UGT-Justicia y desde el propio Juzgado". El sindicato advierte de que, "si no se toman pronto las medidas adecuadas, el tribunal colapsará". 

Críticas similares han sido formuladas por varias fuentes judiciales con conocimiento de primera mano de la situación. Una situación que está provocando que la plantilla más veterana solicite el traslado e incluso los que acaban de llegar ya están haciendo lo mismo. "Es una desesperación absoluta, cuatro tramitadoras que llevaban años trabajando se han marchado", asegura una de las fuentes consultadas, mientras otra confirma que hay funcionarios trabajando desde casa por las tardes para intentar paliar la situación.

En noviembre de 2021, ocho años después del accidente, con la investigación concluida pero el juicio aún pendiente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) llegó a admitir ante las víctimas que "la justicia lenta no es justicia". Los afectados de Angrois han conseguido una primera sentencia, pero ahora la demora afecta a muchas otras personas pendientes de la evolución del Juzgado de lo Penal 2 de Santiago.