Todas las veces que Europa dijo lo mal que lo hizo España en el accidente de Angrois

Sólo han pasado siete meses desde que una sentencia penal dictaminara que en el accidente de Angrois no sólo falló el maquinista sino también la seguridad de Adif. Pero desde hace muchos años Europa viene diciendo que España se equivocó no sólo con el accidente sino también en su reacción ante el mismo. Ahora será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que analice la reiterada negativa del Estado a realizar una investigación técnica independiente sobre lo ocurrido –si la investigación penal investiga la culpabilidad, la técnica estudia las causas para que no vuelvan a ocurrir–. Pero son varios los organismos comunitarios que llevan años manifestándose de forma crítica sobre distintas actuaciones de las autoridades españolas respecto a lo ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago.

Incluso antes del accidente, la Comisión Europea ya había estado en contacto con el Gobierno español sobre la correcta aplicación de la normativa europea de 2004 sobre el sector ferroviario, pero en septiembre de 2013, dos meses después del accidente, abrió un procedimiento de infracción al respecto. Uno de los elementos que cuestionó fue el grado de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), designada por el entonces Ministerio de Fomento, que un año después del accidente concluyó que este se debió exclusivamente al despiste del maquinista del Alvia. 

En el marco del procedimiento de infracción contra España, la Agencia Ferroviaria Europea elaboró ​​un informe específico sobre la actuación de la CIAF en Angrois, un documento en el que criticó no sólo su falta de independencia sino también su incapacidad para analizar todas las posibles causas del accidente, centrándose únicamente en el maquinista. Este informe crítico no se conoció hasta después de las elecciones generales de junio de 2016 por las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy para evitar su divulgación.

La UE había cerrado su procedimiento de infracción en mayo de 2016, al considerar que España ya había resuelto las cuestiones señaladas, incluida la reforma de la CIAF para que fuera nombrada por el Congreso y no por el Ministerio, dándole así la independencia que Europa requería. Pero cuando la Plataforma de Víctimas del accidente y la eurodiputada del BNG Ana Miranda solicitaron acceso al informe sobre la actuación de la CIAF en Angrois, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Asuntos Exteriores de la época, José Manuel García-Margallo, llegaron a escribir al presidente de la Comisión Europea en ese momento, Jean-Claude Juncker, para pedirle que lo mantuviera en secreto.

La UE acabó haciendo público el documento en julio, tras las elecciones generales, y esas críticas de la Agencia Ferroviaria Europea a lo ocurrido en Angrois acabaron influyendo en la investigación penal del accidente. El autor del informe de la UE, Christopher Carr, jefe del departamento de seguridad de la agencia europea, fue citado a declarar tanto en la instrucción en 2017 como en el juicio penal en 2022, y hizo lo mismo en 2018 en la investigación política abierta en el Congreso y aún no cerrada. En todos estos foros insistió en que Adif no había cumplido con su obligación de garantizar la seguridad en la curva de Angrois.

Pero después de que se cerrara aquel primer procedimiento de infracción contra España porque ya se había reformado la CIAF, aún quedaban flecos. Porque la CIAF sigue considerando válido su informe sobre Angrois y se niega a volver a hacerlo, a pesar de que la UE insiste en que España no ha realizado aún una evaluación técnica del accidente conforme a la normativa europea. 

Así lo han reiterado siempre a petición del BNG dos sucesivas comisarias europeas de Transportes: Violeta Bulc, en el cargo entre 2014 y 2019, y Adina Vălean, desde 2019 hasta hace unas semanas. Ellos y otros altos funcionarios de la Comisión han dejado constancia del incumplimiento reiterado de España al menos en julio de 2017 , marzo y noviembre de 2020, agosto de 2022 o junio de 2024. Y así lo reitera la propia Agencia Ferroviaria Europea, varios de cuyos máximos responsables participaron en julio de 2023 en un foro organizado de nuevo por el BNG en Bruselas con víctimas de Angrois en el que insistieron en que todavía no hay una investigación técnica correcta sobre el accidente.

Ante la negativa de la nueva CIAF a reabrir esta investigación, los sucesivos gobiernos en España, tanto del PP como del PSOE, vienen argumentando que al ser ahora independiente no pueden darle esa orden, evitando dar una solución política al asunto. Eso es lo que llevó a la Plataforma de Víctimas a recurrir a la justicia, donde tampoco lograron que ningún tribunal español resolviera este bloqueo, por lo que tuvieron que acabar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero mientras se desarrollaban estos acontecimientos en torno a la investigación técnica sobre Angrois, la Comisión Europea abrió en enero de 2019 un segundo procedimiento de infracción contra España con el accidente de Santiago como contexto. Ahora lo que ha venido a analizar la UE es la forma en que el sistema ferroviario español analizaba los riesgos de seguridad, cuestión clave en el proceso penal que acabó con la condena del funcionario de Adif.

Estrasburgo estudia la negativa de España a hacer una investigación técnica del accidente de Angrois

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Ese segundo proceso de infracción fue cerrado aún el año pasado, después de que España tardase una década en corregir los fallos que presentaban sus avaluaciones de riesgo, como se comprobó en Angrois.

Tras el cierre de este segundo procedimiento, las víctimas volvieron a tener acceso a su documentación, como ya hicieron en 2016 con el primero y el informe crítico con la investigación oficial de Angrois. Así, lograron divulgar el pasado mes de noviembre una auditoría de la UE que constató que desde hace años los sistemas de gestión de la seguridad de las empresas ferroviarias españolas existían "sobre el papel" pero "el personal no entiende en qué consisten ni los aplica correctamente", infravalorando los riesgos y sin comprobar si "efectivamente se establecieron medidas de mitigación".

Durante todos estos años, el Parlamento Europeo también ha acogido y apoyado a las víctimas del accidente. Y ahora será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que analice desde Estrasburgo la negativa de España a realizar una investigación técnica de Angrois como exige la normativa comunitaria. En octubre de 2018, el máximo responsable de la CIAF cuando se conoció el informe incorrecto sobre Angrois aseguró en el Congreso que la entonces ministra Ana Pastor había impedido que se repitiera la investigación, pero horas después rectificó entre críticas y amenazas del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo.