Cupo vasco sí pero catalán no: el doble discurso que incomoda al PP en Vitoria y en Madrid
Cataluña quiere poner en marcha su propio sistema de financiación y emular así los conciertos económicos vasco y navarro. Ese fue el acuerdo alcanzado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, aunque la portavoz del nuevo Govern, Sílvia Paneque, ha evitado usar este término en su primera rueda de prensa este martes. El vasco y navarro es un modelo único –como presumen sus defensores y reprochan sus detractores–, basado en los "derechos históricos" reconocidos a los territorios forales –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– aprobado en su forma actual en mayo de 1981.
Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años entre los gobiernos del País Vasco y Navarra, y el Gobierno central, ambas comunidades recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–. Después, pagan un cupo al Estado, un tanto por ciento de los gastos que para éste suponen las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública.
Se trata de un modelo que está plenamente consolidado y que formaciones como el Partido Popular defienden, tanto en Euskadi como en Madrid, bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a comunidades como Cataluña. En febrero del pasado año se aprobó en el Congreso con los votos a favor de los conservadores el proyecto de ley quinquenal del Cupo 2022-2026, que contó con la oposición de Vox y de Ciudadanos. Sin embargo, se trata de un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal tampoco suele hacer demasiado ruido.
"Nosotros somos los que nos arriesgamos a que, si hacemos mal las cosas, tengamos que soportarlo con nuestros exclusivos ingresos. Aquí es imposible que haya un rescate como los hay en Cataluña cada dos por tres o que haya financiaciones extraordinarias", defendía el pasado abril, en plena campaña electoral, el candidato a lehendakari y líder del PP vasco, Javier de Andrés. Ahora ha pedido al PNV “no taparse los ojos” y que no apruebe en el Congreso el concierto económico para Cataluña porque es “un problema y una mala noticia para Euskadi”, ya que pondría en riesgo el modelo de financiación vasco. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto.
El PP recurrirá el 'cupo' catalán ante los tribunales
Apoyar el cupo en Euskadi no implica, sin embargo, hacerlo también en Cataluña. Desde la formación de Feijóo se oponen con fiereza a que tenga un sistema similar, hasta el punto de que los presidentes autonómicos de la formación anunciaron hace unas semanas que recurrirán ante los tribunales si la reforma sale adelante. El propio líder del PP avanzó el lunes una entrevista en la cadena COPE que convocará a los líderes territoriales en septiembre para dar respuesta al "desafío histórico nacional" que, a su juicio, se está perpetrando en Cataluña.
Feijóo no dio muchos más detalles, pero el PP busca convertir la financiación catalana en un punto de enfrentamiento también entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha anunciado que está dispuesto a dar la batalla por la vía judicial. La vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, tampoco descartó la puesta en marcha de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde los conservadores gozan de mayoría absoluta, para ejercer más presión al Gobierno.
Con todo, la idea de que Cataluña tenga su propia financiación ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basado en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente de los populares catalanes, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.
Hasta el propio Feijóo reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", reconocía el actual líder del PP, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión. "Es verdad que las cosas se pueden cambiar y discutir, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en el contenido y en el continente", decía.
Lo cierto es que, cuando ha estado en el Gobierno, el PP ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación con bilateral con Jordi Pujol (CiU) para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las autonomías, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.
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Las formaciones independentistas en Cataluña llevan reclamando esta financiación singular desde hace años. El primero en hacerlo fue el expresident Artur Mas, que bautizó su modelo como "pacto fiscal". Aunque en un primer momento Esquerra Republicana consideraba que había asuntos más importantes que abordar, finalmente acabó haciendo también suya la propuesta bajo el nombre de "financiación singular". Sin embargo, las formaciones nacionalistas no siempre abogaron por este modelo, es más, en su momento lo rechazaron.
En el año 1980 el entonces ministro de Hacienda de UCD, Jaime García Añoveros, se lo ofreció al conseller Ramón Trias Fargas, mientras negociaban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El histórico dirigente de Convergència lo descartó porque no quería hacerse responsable de la recaudación de impuestos, una actividad impopular, a las pocas semanas de haberse constituido el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol y menos aún cuando el país se encontraba en plena crisis económica.
Pero también lo desechó porque pensaba que Cataluña obtendría más recursos negociando con el Gobierno a cambio del apoyo convergente en el Congreso. La negativa aparece acreditada en una carta del expresidente Pujol enviada en 2006 al exconsejero vasco de Educación Pedro Miguel Etxenique. “Los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos”, reconocía el catalán. Pese a que Convergència, cuenta Pujol en su carta, intentó introducirlo en las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Autonomía Catalán en 1978, la oposición de PSC, PSUC y UCD lo impidió.
