El curso escolar arranca marcado por la incertidumbre sobre las nuevas reválidas

La situación de interinidad política también tiene efecto en las aulas. El fracaso de las distintas negociaciones para la formación de Gobierno iniciadas desde el pasado diciembre ha dado al traste con las aspiraciones de los opositores a la reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert de que un Parlamento con funciones plenas y un nuevo Ejecutivo –incluido uno del PP que tuviera que haber aceptado ciertas concesiones– limitara el impacto de esa norma en este curso. 

El calendario fijado por el Ministerio de Educación [consultar en PDF, aquí] prevé que en junio de 2017 más de medio millón de alumnos realicen por primera vez tanto la evaluación final de ESO como la evaluación final de Bachillerato, que es la que sustituye a la Selectividad. Este curso, al ser primero, ninguna de las dos tendrá efectos académicos, es decir, no será necesario superarlas para graduarse como sí ocurrirá a partir del curso 2017/2018.

A partir de ese año, los alumnos que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica y los que no hagan lo propio con la de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad. Si quieren seguir estudiando se tendrán que conformar con la FP. No obstante, la prueba de Bachillerato sí tiene especial relevancia ya a partir de este curso, pues conformará el 40% de la nota final con la que cada estudiante intentará acceder a la Universidad. Como hasta ahora, el otro 60% procederá de la media del curso.

En las comunidades en las que siguen gobernando los conservadores –Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia– estas pruebas se harán tal y como se recoge en el real decreto de desarrollo. También se acatará la propuesta del ministerio en Castilla y León (PP), a pesar de las reticencias de su consejero de Educación, Fernando Rey, que ha señalado en alguna ocasión que estas evaluaciones podrían expulsar a alumnos del sistema educativo. 

Mientras, las comunidades opositoras intentarán que se paralicen. Los Gobiernos de Aragón, Canarias y la Comunitat Valenciana han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto que regula ambas reválidas, que fue aprobado el pasado 29 de julio, con el Gobierno del PP en funciones. 

Educación: las reválidas "se harán" 

No obstante, si no prosperan estos recursos, las fuentes consultadas creen improbable que las autonomías opositoras lleven a cabo para las pruebas de Bachillerato métodos alternativos como los que sí pusieron en marcha con las evaluaciones que la ley prevé en Primaria. Es decir, que la evaluación de Bachillerato se hará tal y como está pautado. No hacerlo –señalan– podría contribuir a generar la sensación entre los estudiantes de que no hay "igualdad de oportunidades" en el acceso a la Universidad. 

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que las reválidas "se harán" e intentó lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que la nueva prueba "se va a parecer mucho a la Selectividad". Una afirmación llamativa puesto que su predecesor y principal impulsor de la ley que ha traído estos cambios, José Ignacio Wert, dijo en 2013 que la Selectividad "no funciona" porque la "pasan" el 94% de los alumnos. 

En esa misma entrevista, Méndez de Vigo insistió en que la evaluación final de Bachillerato había sido pactada con los rectores, que durante los primero meses de 2016 intentaron –sin éxito– que el Gobierno accediera a prorrogar la Selectividad. Finalmente se creó una comisión mixta entre representantes del ministerio y rectores en la que Educación acabó cediendo: la prueba se seguirá haciendo en las facultades, será corregida por funcionarios y la nota final servirá para todos los campus.

No obstante, según el real decreto que regula ambas reválidas, que fue aprobado el pasado 29 de julio con el Gobierno del PP en funciones, el Ministerio de Educación tiene que establecer antes del 30 de noviembre de 2016 "las características, el diseño y el contenido" de esas dos pruebas para el curso 2016/2017. 

Pruebas externas de ESO 

La implantación del francés desata protestas en el arranque del curso en Andalucía

Ver más

Cuestión diferente es lo que pueda ocurrir con la evaluación final de ESO este curso que todavía no tiene efectos académicos. Aunque no prosperen los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, las comunidades lo tendrían más fácil para buscar fórmulas que pudieran "minimizar" su impacto como ya hicieron el curso pasado con las evaluaciones externas de Primaria, aunque eso les pueda acarrear apercibimientos por parte del Ministerio. 

De hecho, las seis comunidades gobernadas por el PSOE –Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Extremadura– sustituyeron el curso pasado el examen final de Primaria por "informes individualizados" realizados por los propios docentes y después supervisados por una "comisión externa".

Esta actuación provocó la reacción de la Alta Inspección del ministerio, que las apercibió por escrito. Educación también reprendió a los Ejecutivos de Cataluña (Junts Pel Sí) y el País Vasco (PNV) por no ceñirse a la ley en la realización de esta prueba.