Qué debe hacer Yolanda Díaz (y qué no) para asegurarse una silla en los debates electorales

"España es más que un debate entre dos hombres". Esa fue la respuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiera seis debates 'cara a cara' con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "En ese debate de futuro, del antes o del después, del pasado o el futuro, de la locomotora que se para o la mirada hacia delante, España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez", continuaba. "Eso no es nuestro país, eso es una España muy pequeñita. Nosotros miramos una España ancha y diversa. Creo que las mujeres y hombres de nuestro país quieren más".

Con esa estrategia Sánchez busca captar todo el voto útil de la izquierda —para que, gane o pierda, el PSOE sobreviva— y orillar a la líder de Sumar. El tándem que Díaz formó con Sánchez en momentos clave de la legislatura ya no existe y ambos lucharán por tener el mejor resultado posible ante el avance de la derecha, que llega con ventaja a estas elecciones tras el 28M. La vicepresidenta segunda es la única candidata que se presenta por primera vez a los comicios generales y necesita hacer un buen papel en estos debates televisivos, un clásico de cada cita con las urnas. ¿Pero Sumar tiene garantizada la presencia en estos debates? infoLibre trata de responderlo reglamento en mano y con la ayuda de voces expertas.

Coalición sí o coalición no: esa la es la cuestión

La vicepresidenta Yolanda Díaz, cara visible del proyecto, quiere que Sumar sea el paraguas que aúne a la quincena de formaciones que aspira a representar en las generales. Este viernes acaba el plazo para presentar coaliciones ante la Junta Electoral Central (JEC), unas negociaciones que no están siendo nada fáciles por los reproches cruzados que se lanzan, cada vez con menos disimulo, los potenciales aliados de Díaz. Sin embargo, desde el entono de Díaz se muestran optimistas y aseguran que, con esta fórmula, no habrá ningún inconveniente en participar en los debates porque reúne a formaciones que han participado en otros comicios.

La propia JEC explica su criterio para cumplir la exigencia legal de “pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales”, una exigencia que afecta tanto a los medios públicos como a las televisiones privadas. Para ser considerado un "grupo político significativo" debe haber obtenido al menos un 5% de apoyo en elecciones previas en el ámbito territorial al que se dirige el debate en cuestión (toda España).

Tal y como expone Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, Sumar tiene que constituirse como coalición electoral si quiere participar en los debates electorales. "Si Sumar se presenta como partido propio, no tendría derechos de manera automática", explica en conversación con infoLibre. "Dependerá de si hay acuerdo o no este viernes. Y de si se le quiere dar continuidad a Sumar. Las coaliciones desaparecen, los partidos duran", señala.

También lo explican así fuentes parlamentarias consultadas por este periódico. "Si Sumar se presenta como coalición se podrá beneficiar de las cuotas que les corresponden a los partidos que forman parte de esa coalición. Arrastra esos derechos a futuro", señalan. Por contra, advierten de que si Díaz presenta Movimiento Sumar como partido de nueva creación y fuerza al resto de formaciones a integrarse dentro o incorpora a nombres como Íñigo Errejón, Irene Montero o Joan Baldoví como independientes, el escenario cambiaría. "En ese caso ya no podría declarar como propio el espacio que ahora tiene Unidas Podemos y tendría que reclamar a la JEC para tratar de conseguir que les consideraren un grupo político significativo", prosiguen. "Eso no es un derecho, por lo que la JEC podría rechazarlo, como ya ha sucedido en otras ocasiones", zanjan.

El 5% (y el riesgo de que Podemos no esté) podría complicar los planes de Díaz

En una resolución de la JEC que data del 2015, se especifica que pueden aspirar a tener "condición de grupo político significativo" las formaciones políticas que hayan obtenido "un número de votos igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos". En el caso de coaliciones electorales, el órgano superior de administración electoral señala que "sólo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo" el requisito del 5%.

Esto, en la práctica, significa que para poder participar en los debates electorales es necesario que alguna de las formaciones que se coaliga con Sumar haya sobrepasado ese umbral a nivel nacional. Según explica Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional por la UNED, la única formación que cumple con el requisito del 5% —el resultado que se tomaría como referencia sería el de las generales de 2019— que ya ha anunciado que estará en la coalición con Sumar es Izquierda Unida. "El 5% tiene que ser nacional si el medio de comunicación es de ámbito nacional, como por ejemplo TVE. Eso no lo cumplen Compromís o Más Madrid", señala.

Además, el experto también explica que la JEC tendría que valorar si únicamente deja participar a un representante de IU o si los de Alberto Garzón podrían designar a Díaz como su candidata—lo segundo sería lo más probable—. Asimismo, en el supuesto de que Podemos no vaya en coalición con Sumar, Fernández Esquer afirma que ambas formaciones "se tendrían que repartir" los tiempos y que el reparto concreto dependería de distintos factores como las subvenciones electorales o si en las listas se especificaba a qué partido pertenecía cada candidato. "No tendría que ser 50%-50%, se tendrían que valorar los elementos que permitan deducir cuál era el peso específico de cada partido en la coalición", expone.

Un caso que recuerda a lo que sucedió en Murcia en la campaña electoral del 28M. La JEC obligó a la candidata de Podemos e Izquierda Unida, María Martín, a ceder la mitad de su tiempo en el debate electoral a la candidata de Más Región, Helena Vidal. Martín se negó a abandonar el debate por considerar injusta la resolución y se acabó suspendiendo. "En el caso de Murcia, la Junta Electoral concluyó que no había elementos suficientes para identificar el peso de Podemos y Equo, y dio por bueno el 50% del tiempo a cada cual. Pero eso puede ser diferente en cada caso", resume el experto.

Garantizar la pluralidad informativa (con debates multipartidistas)

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, conocida como LOREG, establece en su artículo 66 que "durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral".

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En una instrucción que data del año 2011, la JEC especifica que "corresponde a los órganos de dirección de los medios la decisión de organizar o difundir entrevistas o debates electorales y matiza que "si emite un debate entre representantes de las dos candidaturas que tuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones, tendrán que emitir otros debates o proporcionar información que compense las demás candidaturas que hayan obtenido representación en las últimas elecciones".

Estos debates a dos han sido la tónica desde el año 1993, cuando se produjo una escena hasta entonces inédita: por primera vez en televisión, los españoles podían ver un cara a cara entre los líderes de los dos principales partidos —Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) — antes de decidir su voto para unas elecciones generales. Hace algo menos de una década, en las elecciones generales que se celebraron en 2015, el formato cambió tras la aparición de dos nuevos partidos: Podemos y Ciudadanos.

Tras la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, los de Santiago Abascal también trataron de hacerse un hueco en estos debates, pero no lo lograron. La JEC impidió la participación de Vox en varios debates en el año 2019 por ser "contrario al principio de representatividad y proporcionalidad". Un caso que también se aplicó con Íñigo Errejón en la repetición electoral.