El Defensor del Pueblo reprende a un centro de investigación público por llamar “listillos” a los preferentistas

La andanada que el Centro de Estudios de Consumo (Cesco), dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, lanzó contra los preferentistas, a los que tildó de “listillos” por plantear batalla en los tribunales, ha acabado con una reprimenda del Defensor del Pueblo, que insta a la institución a pedir disculpas a los afectados por sus “manifestaciones ofensivas”. Fue la Asociación de Afectados de Bankia (Ada Bankia) la que en febrero acudió al Defensor tras varios intentos fallidos por lograr que el rector de Castilla-La Mancha forzase al Cesco a rectificar.

Firmada por el adjunto primero del Defensor, el socialista Francisco Fernández Marugán, la resolución deja constancia de que el director del Cesco, el catedrático Ángel Carrasco, “ha efectuado dictámenes para Bankia, respecto del valor de las emisiones de participaciones preferentes y los mecanismos de transmisibilidad, en los que califica las participaciones preferentes como un producto contractualmente bueno, en el que los intereses del emisor y del inversor están alineados”. “Más que un dictamen jurídico parecen manifestaciones de parte, sin carácter objetivo”, reprocha Marugán.

El Defensor, cuyas investigaciones se cierran generalmente con recomendaciones, formula así su sugerencia: “Adoptar las medidas oportunas para evitar que este comportamiento se vuelva a repetir en el futuro, y que se pida disculpas por las manifestaciones ofensivas a los clientes bancarios que han sufrido una comercialización inadecuada por parte de las entidades bancarias”.

A los autores de la queja, Marugán también les anuncia que recibirán información “de la respuesta a tal sugerencia”. Hasta la fecha, no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni de la Universidad de Castilla-La Mancha ni del director del Cesco. El catedrático Ángel Carrasco figura en el plantel de profesionales del bufete Gómez-Acebo, que defiende a imputados en el caso Bankiacaso Bankia. Pero, según el escrito del Defensor, el rector de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, “entiende esta cuestión como la expresión de una opinión jurídica de unos investigadores”.

No obstante, como recuerda Marugán, la clave que condujo a la asociación Ada Bankia a formular una queja ante el Defensor no se localizaba en los “estudios jurídicos” de Cesco suscritos por Ángel Carrasco y una de sus colaboradoras, sino en un comunicado difundido –sin firma ni data– bajo el titular “Cesco responde a sus críticos”. En ese texto, el centro que dirige Carrasco sostenía lo siguiente: “El Cesco siempre defiende y defenderá los intereses de los consumidores, pero no de los listillos que especularon a ser más listos que los demás, que quisieron comprar duros a cuatro pesetas mientras los demás los comprábamos por cinco, que si hubieran ganado en la especulación no hubieran repartido el premio, pero ahora quieren repartir la pérdida a contribuyentes, depositarios, accionistas de entidades del FROB, empleados de estas entidades en curso de irse a la calle por un ERE, a todos los españoles en general".

Aunque en ese comunicado el Cesco subrayaba que “no es un ente financiado por el Estado”, lo cierto es que en enero de 2012 el Ministerio de Economía le concedió una subvención de 84.700 euros para el “mantenimiento de una estructura de investigación dedicada al derecho de consumo”.

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En 2013, el Defensor del Pueblo ya emitió un durísimo informe sobre la comercialización de preferentes entre clientes minoristas, buena parte de ellos jubilados con “escasa o nula” formación financiera y que compraron el producto creyendo que ponían su dinero a plazo fijo. Ese argumento consta también en el informe evacuado ahora en relación con los ataques del Cesco contra los preferentistas.

El Defensor incorpora un recordatorio sobre lo sucedido con las preferentes: “La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores [Elvira Rodríguez] ha manifestado que solo en cinco de cada 100 casos los tribunales han terminado dando la razón a las entidades demandadas por la comercialización irregular de participaciones preferentes, cuantificando el número de personas que han acudido a los juzgados en 270.303 para reclamar su inversión”.

“Se puede concluir –agrega el escrito del Defensor– que, si la comercialización de estos productos híbridos hubiese sido la correcta, los clientes no habrían tenido la posibilidad de recuperar el dinero invertido, al conocer exactamente el riesgo del producto vendido”.