Las demandas laborales se enquistan en la justicia: juicios fijados para 2026 y 7.000 asuntos pendientes en el Supremo

Mucho se ha hablado de los efectos de la pandemia de coronavirus en todos los ámbitos de la sociedad. En el plano laboral, la pérdida de empleos y recortes de derechos y salarios ha llevado a la interposición de miles de demandas que han terminado de saturar unos juzgados ya de por sí muy recargados y que aún en 2020 venían sufriendo los efectos de la crisis económica iniciada en 2008. Las cifras no dejan lugar a dudas: en órganos judiciales de Andalucía ya se están señalando juicios para enero de 2026 y la congestión llega hasta la última instancia, el Tribunal Supremo, donde en la Sala de lo Social ya se acumulan más de 7.000 asuntos pendientes.

Los ERTE a los que se acogieron miles de pequeñas y medianas empresas, pero también grandes compañías dedicadas, por ejemplo, al sector turístico, están sirviendo en muchos casos de dique de contención ante una avalancha de demandas que se espera inevitable y que se sumarán a las que aún están sin resolución. Actualmente, quedan en ERTE 299.423 trabajadores, poco más de un 8% de los 3,6 millones de personas que llegaron a estar en suspensión temporal de empleo durante la peor parte de la pandemia, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

De momento, Gobierno y agentes sociales acaban de pactar una nueva prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, pero tanto jueces como abogados consultados por infoLibre advierten de que esta situación terminará por extinguirse y prevén que muchos de los trabajadores que siguen acogidos a esta regulación un año y medio después de empezar la pandemia acabarán en un ERE o despedidos.

7.200 asuntos para diez magistrados

La punta del iceberg del colapso de la jurisdicción Social está en el Tribunal Supremo. A la Sala Cuarta están asignados trece magistrados, pero el bloqueo político a la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la ley impulsada por los partidos que sustentan el Gobierno de coalición para impedir al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales estando en funciones ha provocado que no se hayan podido cubrir las plazas que han ido quedando vacantes en los últimos meses. Así, ahora la Sala la componen diez magistrados que se dividen en dos secciones de cinco cada una. Diez magistrados para los aproximadamente 7.200 asuntos que están pendientes de resolución, según han informado a este periódico fuentes de la Sala.

Y en los próximos meses se esperan más bajas en la Sala que ahora preside la magistrada María Luisa Segoviano, debido a jubilaciones. El colapso, por tanto, no hará sino aumentar a medida que persista el bloqueo político y el CGPJ siga sin poder hacer los nombramientos que le corresponderían hacer si estuviese en plenas funciones. Los efectos de esta situación, subrayan las fuentes consultadas, pueden ser "devastadores" para el funcionamiento de la justicia y de esta jurisdicción en concreto que es la que se encarga de resolver los conflictos laborales. La Sala de Gobierno del Supremo ya está preparando un informe técnico sobre la situación interna para enviar al órgano de gobierno de los jueces y que éste plantee posibles soluciones. 

Para entender la situación en que se encuentra el alto tribunal basta echar un vistazo al estado de las instancias inferiores, donde el atasco se ha vuelto endémico. No ocurre igual en todos los territorios, ni mucho menos, y los señalamientos de juicios a cinco años vista no son la norma. La situación en Barcelona, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de Sevilla o A Coruña, pero las cifras que se manejan en uno u otro lugar –número de procedimientos, fechas de señalamiento de juicios, etc.– siguen siendo parecidas a las de 2020, a pesar de que jueces y abogados esperaban un aumento de la litigiosidad en este 2021. Esto, de momento, no ha ocurrido.

Lo que sí revela la carga de trabajo a la que se enfrentan los juzgados de lo Social es que en ciertos lugares el colapso ya era endémico antes de la pandemia y, por tanto, lo sigue siendo a finales de este año. Es allí donde abogados están alertando de que han recibido señalamientos de juicios para enero de 2026. A principios de 2021 ya empezaron a llegar las citaciones para 2025, pero en cosa de algo más de seis meses han seguido acumulándose procedimientos que ya suponen un año más de espera para trabajadores que acaban o de perder su trabajo o han visto reducidos sus derechos laborales o su sueldo. Jueces y abogados se preguntan de qué le sirve a una persona que acaba de perder su puesto de trabajo o a la que se le ha negado el reconocimiento de una invalidez que el asunto se resuelva dentro de cuatro o cinco años.

"Desde hace años, la carga de trabajo es muy superior a la que debíamos tener". "No dejan de entrar procedimientos. El atasco continúa y aunque se intentan poner remedios, la situación ya era mala antes y lo sigue siendo". Son reflexiones de dos jueces de lo Social que ejercen en Barcelona y Sevilla. Consultados por este periódico, ambos hablan de una jurisdicción colapsada, en unos territorios más que en otros, que requeriría más financiación pública para poder dar salida antes a litigios que afectan directamente a los trabajadores. A su juicio, no es de recibo que haya personas esperando la resolución de un litigio por despido, por ejemplo, y no saber hasta cinco años después si la justicia les da o no la razón.

Ya no es justicia

"La justicia tendría que dar una respuesta en un tiempo más o menos rápido porque si no, ya no es justicia", opina Rafael Martín Canales, juez de la unidad de refuerzo de los Juzgados de lo Social de Sevilla. Él no es el único juez de refuerzo que hay en la capital hispalense: según cuenta, desde hace varios años estos juzgados cuentan con dos unidades de apoyo y acaban de entrar en funcionamiento otras dos. Pero aún así, Sevilla es de los lugares en los que la situación está "especialmente mal" y en los que el colapso ha alcanzado mayores cotas: allí es donde acaban de dictarse señalamientos para principios de 2026.

Si hace seis meses en estos juzgados se atendían más de 1.000 asuntos por año, el panorama no ha mejorado ni un ápice, cuenta Martín Canales. Preguntado por los motivos, este juez no puede dar una respuesta concreta. "Depende mucho de la ciudad, de la conflictividad social que haya allí, del número de juzgados...", comenta. Esta situación pasa factura también a los jueces y otros trabajadores de la Administración de Justicia, que en muchos casos tienen que echar horas extra, fines de semana incluidos, para poder sacar adelante los procedimientos que se van acumulando en sus despachos.

Otro de los jueces consultados, Javier Gómez Esteban, tampoco sabe dar un motivo específico a este colapso de los juzgados de lo Social. A las posibles causas apuntadas por Martín Canales, añade otro factor más que puede influir de forma determinante en la acumulación de procedimientos: la propia pandemia y la interpretación de las leyes que tenemos cuando se produce un conflicto laboral con motivo de la situación económica de muchas empresas a consecuencia directa de los efectos de la crisis del coronavirus. La epidemia de covid-19 ha supuesto un nuevo reto para jueces y abogados a la hora de interpretar la legislación laboral vigente a esta nueva realidad que se ha impuesto en la mayoría de los conflictos laborales desde marzo de 2020.

Gómez Esteban ejerce en Barcelona y en esta ciudad la situación es bastante distinta a la de Sevilla. En su juzgado también entran algo más de 1.000 asuntos al año, pero los señalamientos no pasan de los ocho o nueve meses. Los juzgados de la capital catalana no cuentan con unidades de refuerzo, sino con lo que llaman el "autorrefuerzo" desde octubre de 2020 y que consiste en que el propio juzgado ha de llegar a unos mínimos de resoluciones al mes, unas 110, a cambio de lo cual se da una compensación económica. "Esto ha supuesto un aumento de las resoluciones", explica el juez.

El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, afirma que la situación en Andalucía en general es "muy mala", pero no cree que se deba a que en esta comunidad los juzgados trabajen menos, puesto que hay días en que se celebran entre diez y doce juicios, sino quizás a que hay una mayor litigiosidad que en otros territorios. En Granada se están señalando juicios para 2024 ó 2025 y su diagnóstico es el mismo: el retraso en la jurisdicción de lo Social ya era "histórico", pero la pandemia ha impedido que los juzgados se pongan al día. Según cuenta, el juez decano ha pedido ya en varias ocasiones al menos dos juzgados más para "paliar el colapso", pero de momento no hay noticias al respecto.

Este abogado lo tiene claro: "Cuando se tardan tres o cuatro años en dar una respuesta a un trabajador es cuando se quiebra el sistema, el sentido mismo de la justicia. Es lo contrario a lo que debería ser la justicia".

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No sólo Andalucía presenta una situación así. En Elche y en Murcia también han empezado a agendar este año asuntos para 2023 y 2024, según explica el Consejo General de la Abogacía. En A Coruña, algunos juzgados de lo Social ya estaban señalando para principios de 2024 antes de la llegada de la pandemia de coronavirus, tal y como denunció el Colegio de Abogados en febrero de 2020. En esta ciudad, el actual colapso se explica también por los efectos de la huelga que durante 114 días mantuvo el personal de la Administración de Justicia en Galicia en el año 2018.  

No es de extrañar que ya se hayan convocado protestas ante el colapso de los juzgados de lo Social. La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla llama a concentrarse el próximo 13 de octubre ante todas las sedes judiciales. "Una vez más, la clase trabajadora está sufriendo las consecuencias del sistema y ve como quienes deben hacer cumplir la ley, los órganos judiciales, la incumplen en beneficio de la patronal. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social marca unos plazos máximos para la celebración de juicios y para dictar sentencias que se vienen incumpliendo incluso en años. Los abusos empresariales con violación de derechos fundamentales, los despidos, las incapacidades, vacaciones, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, los atracos en las nóminas… no pueden esperar años a que los órganos judiciales los juzguen porque sólo se beneficia a los/as empresarios/as incumplidores, algo que parece no importar tampoco al gobierno más progresista de la historia”, explica la asociación.

Los jueces y abogados consultados lo tienen muy claro y todos coinciden: la mejora de la Administración de Justicia requiere de más inversión, que sólo será posible con voluntad política. Pero todos también están de acuerdo en que este problema no da ni quita votos, de ahí que, en su opinión, los partidos políticos no le presten la atención que merece,mientras muchos ciudadanos tienen aceptado ya que la justicia es lenta.