La derecha retoma el 'fracking', prohibido en España, como medida de eficiencia energética

El fracking es ilegal en España desde hace algo más de un año, tras la aprobación de la Ley contra el Cambio Climático en mayo de 2021. Dicha ley, que solo contó con el voto en contra de la extrema derecha, prohibió las “actividades de explotación de hidrocarburos en las que estén previstas la utilización de la fracturación  hidráulica de alto volumen”, es decir el fracking. Se trata de una técnica que consiste en romper el subsuelo para obtener combustibles fósiles.

El fracking no es, precisamente, un método fino. Se basa en fracturar estructuras rocosas en las que se almacena gas y petróleo mediante agua a presión, explosivos, arena y productos químicos, para extraer recursos (denominados no convencionales, gas de esquisto o gas de pizarra). Sus detractores, con los colectivos ecologistas a la cabeza, advierten del riesgo de contaminación de acuíferos y recursos naturales que se encuentren en las inmediaciones, así como del riesgo de terremotos, de contaminación atmosférica por el metano que se escapa en el proceso y de accidentes que incluyan explosiones y escapes dañinos.

Sin embargo, tras la guerra de Rusia sobre Ucrania y la decisión europea de ahorrar en el consumo de gas de cara al 2023 (para hacer frente a un eventual corte de suministro por parte de Rusia), la derecha ha vuelto a relanzar el fracking como una de las posibles medidas de ahorro energético. Vox lo viene reclamando desde hace años y culpa a la citada ley por la subida de precios de la energía, vinculándolo a la prohibición de practicar el fracking. Los ultras abogan por derogar los artículos 9 y 10 de la normativa vigente para explotar hidrocarburos y yacimientos minerales.

Hasta esta semana, el Partido Popular había cerrado la puerta al fracking tras años defendiendo esta práctica. Génova aparcó esta medida por las contradicciones que generaba entre sus propios dirigentes, especialmente aquellos que tenían plaza de mando. Su actual portavoz en el Senado, Javier Maroto, se opuso cuando era alcalde de Vitoria –se descubrieron bolsas de gas en el subsuelo de Álava– mientras Mariano Rajoy y el PP nacional lo defendía. Recientemente, la número dos del partido, Cuca Gamarra, afeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “incoherencia” por comprar gas a Estados Unidos extraído por fracking mientras “presumía" de "compromiso climático". 

Sin embargo, tras un nuevo giro discursivo, los conservadores ya no ven con malos ojos este método. “No hay por qué descartarlo", admitió este martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán. “Es un asunto que también se puede abordar y serán los criterios científicos y los grandes acuerdos los que determinarán la hoja de ruta, que no se debe enmarcar en una sola legislatura, sino en un horizonte temporal de generaciones”, prosiguió. Con todo, Rollán reconoció que el fracking también ha generado “situaciones no deseadas”.

Otra formación que abre la puerta a implementar esta técnica es Ciudadanos, siempre y cuando "alguien estuviera dispuesto y se tuvieran garantías científicas en las explotaciones": "Otros países lo usan y no parece que estén destruyendo su medio ambiente, ¿no?", expone su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, en conversación con infoLibre. No obstante, Bal asegura que las compañías gasísticas no quieren usar el fracking: "No sé de qué sirve autorizarlo", zanja.

Un negocio quebrado, costoso y sin apoyos en España

Los intentos del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), por instaurar esta técnica en España fueron en vano. Ni siquiera con la aprobación de la polémica Ley de Hidrocarburos. En seis años el Ministerio de Energía no recibió ni una solicitud de explotación, aunque sí que se concedieron permisos para evaluar las capacidades de cada terreno. Las empresas, pese a que llegaron a crear una plataforma (Shale Gas) para defender las bondades del fracking, se desanimaron por la fuerte oposición de ecologistas y organizaciones locales, así como por la bajada en los precios del petróleo.

Tampoco ha supuesto un negocio sin fisuras para las empresas más representativas del sector, sino todo lo contrario. Algunas como Cheasepeake o Chaparral quebraron, acumulando un pasivo en quiebras desde 2016 que supera los 300.000 millones de dólares. Desde entonces, solo en Estados Unidos (EEUU) más de 500 empresas han quebrado, si se suman las compañías que hacen prospección y exploración, y el mercado está en un momento de claro receso.

Además, mientras que en EEUU el propietario de un terreno lo es también de lo que hay bajo él (en el subsuelo), en la legislación española el propietario del subsuelo es el Estado. Si hay algo bajo la superficie que interesa al Estado o a una empresa concesionaria del Estado, se indemniza al propietario y se expropia el terreno. El proceso puede ser complicado, lento y costoso. Con todo, lo que señalan los expertos es que el fracking tardaría más de una década en estar en funcionamiento, por lo que no sería útil para rebajar el consumo de cara al próximo año, de la misma manera que la puesta en marcha de nuevas centrales nucleares.

En Europa no es una práctica especialmente popular. El primer país que decidió prohibir el fracking fue Francia en 2011, al que siguieron Bulgaria, Austria e Irlanda, mientras que otros como Países Bajos, República Checa, Alemania y Dinamarca tienen suspendidas las exploraciones. En Reino Unido, fiel defensor de esta técnica, se paró en 2019 por el miedo a terremotos y ahora podría volver, aunque hay dudas sobre la rentabilidad de las reservas bajo las islas.

El PP y Vox apuestan también por extraer litio y uranio

La dirección de Alberto Núñez Feijóo también propone explorar las reservas de uranio y de litio. "No parece razonable que, ante esta crisis energética, no tengamos ni derecho al conocimiento de cuáles son las reservas de minerales que tenemos en nuestro país", argumentó este martes Guillermo Mariscal, secretario general adjunto del PP en el Congreso. El PP anunció que registraría una batería de medidas energéticas este miércoles en el Congreso, pero finalmente no ha sido así. A preguntas de este medio evitan dar una fecha concreta sobre cuando lo harán, aunque aseguran que el paquete "ya está diseñado".

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Por su parte, la formación liderada por Santiago Abascal defiende abandonar la lucha contra la crisis climática y romper el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, liberalizar las emisiones contaminantes y derogar “todas las leyes climáticas”. El camino a seguir, según Vox, es buscar y explotar hidrocarburos y “paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas y nucleares que existan actualmente en España”.

Los estudios geológicos afirman que la Península Ibérica cuenta con grandes reservas de litio sin explotar, ingrediente indispensable para el almacenamiento de electricidad. La fase de exploración es la más barata y atrae a empresas más pequeñas, junior, que según Ecologistas en Acción prefieren el dinero al material y desprecian el impacto medioambiental que genera la actividad. La ONG destaca el caso de Atalaya Mining, que comenzó en 2007 a adquirir los derechos mineros del proyecto Riotinto, en Huelva, clausurado en 1999 y bajo sospechas de contaminar las aguas de los ríos Odiel y Tinto.

Por lo que respecta al uranio, el caso de la empresa Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca), donde buscan uranio bajo tierra, ha sido especialmente polémico durante años. Sus opositores denuncian que la compañía ha intentado comprar a políticos locales y saltarse los permisos que necesitan, así como han criticado la tala de encinas centenarias para asentarse, el potencial peligro de la radioactividad y los vínculos de la compañía con una minera sospechosa. La exploración se paró por la falta de permisos municipales y el Ministerio para la Transición Ecológica les denegó el permiso para construir la planta de tratamiento del uranio tras tener en cuenta el informe desfavorable del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).