Investigación

El desastre de DomusVi en Galicia contrasta con la muy baja mortalidad en las residencias de gestión pública

Concentración de familiares en un acto de recuerdo a los fallecidos ante un centro de DomusVi en Vigo.

DomusVi es el grupo de residencias hegemónico en España. Cuando llegó la pandemia gestionaba 139 centros, con casi 18.500 plazas, y era el único que tenía presencia en todas las comunidades autónomas. En manos de fondos con inversores que se esconden en el paraíso fiscal de Jersey, si hay una empresa que ejemplifica la hecatombe sufrida en las residencias españolas durante la primera ola de la pandemia, esa es DomusVi. En 2020 fallecieron en sus instalaciones 2.100 mayores, más de la mitad con covid o síntomas compatibles.

La catástrofe en DomusVi fue general, da igual fijarse en los datos de Madrid, Cataluña, País Vasco o Baleares. Pero, si cabe, fueron especialmente sangrantes en Galicia, precisamente la comunidad donde gestionaba mayor número de geriátricos. Los datos de fallecidos desglosados por centros desvelan que casi la mitad de las muertes en dicha comunidad en marzo y abril de 2020 eran personas residentes en DomusVi.

La multinacional, que tiene su sede española en Vigo, acudió a los tribunales para impedir que infoLibre tuviera acceso a la información. Primero había sido la Xunta, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo, quien negó los datos a este periódico. El Gobierno gallego aportó la información de fallecimientos en residencias públicas, pero mantuvo ocultos los de las privadas.

Después de que la Valedora do Pobo –el órgano autonómico con competencias en transparencia– ordenase hacer pública la información, la Xunta se mostró dispuesta a facilitársela a infoLibre, pero entonces DomusVi acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para tratar de impedirlo. La sentencia del TSXG, dictada a finales de mayo y que ganó firmeza en agosto al no ser recurrida ante el Tribunal Supremo, tumbó las maniobras de la multinacional y la Xunta entregó finalmente la información solicitada por este periódico.

Además de la concentración de fallecimientos en los centros de DomusVi, la información oficial de la Xunta desvela que la mortalidad en las residencias de gestión pública en Galicia fue muy baja.

LOS PÉSIMOS DATOS DE DOMUSVI

En marzo y abril de 2020 estaban operativas en Galicia 220 residencias, que contaban con 19.348 plazas. El número de residentes fallecidos con covid o con síntomas compatibles ascendió a 275, lo que sitúa la tasa de mortalidad por debajo del 1,4%, una de las más bajas de España durante la primera ola.

Pero los pésimos resultados de DomusVi son incuestionables: gestionaba el 21,6% de las camas (4.192 en números absolutos) y registró el 48,0% de las muertes (124 personas). Una gigantesca diferencia de más de 26 puntos porcentuales.

Tres residencias se convirtieron en trampas mortales para las personas mayores: San Lázaro en Santiago, con 40 fallecidos; Barreiro en Vigo, con 31 decesos, y Aldán en Cangas do Morrazo (Pontevedra), con 29 muertes. En este último centro llama especialmente la atención que 20 de las muertes se produjeran en la residencia, un 68,9% del total, porcentaje muy por encima de la media de Galicia. Familiares de las víctimas protestaron públicamente de forma reiterada por la falta de traslados al hospital que se produjo en dicho geriátrico.

El segundo grupo más relevante en Galicia es la Fundación San Rosendo, que está controlada por el Obispado de Ourense. En su caso no se produjo ninguna desproporción entre fallecimientos y plazas gestionadas: disponía del 14,5% de las camas (2.819) y acumuló el 13,1% de las muertes (34 personas). La mayoría de los decesos se produjo en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense, donde perdieron la vida 28 personas.

El dato más positivo fue el de los 28 centros de gestión pública (21 del Gobierno autonómico, seis municipales y uno de una mancomunidad): en total tenían el 13,2 de las plazas residenciales (2.562), pero únicamente registraron el 2,3% de los decesos (6 personas). Cuatro de esos fallecimientos se produjeron en la residencia de la Xunta en la localidad ourensana de Castro Caldelas.

CENTROS DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Galicia fue pionera en la creación de centros de cuidados intermedios. El objetivo era sacar de los geriátricos a residentes con covid para evitar que contagiasen a sus compañeros y llevarlos a dichos centros. La intención inicial era crear uno por provincia –aunque finalmente durante la primera ola sólo se abrieron dos en Baños de Molgas (Ourense) y en Santiago–, para atender sobre todo a enfermos procedentes de pequeños geriátricos, que habitualmente no disponen de médicos o enfermeras. Esos centros debían tener unos medios similares a los de una unidad hospitalaria.

La idea se la planteó a la Xunta Miguel Ángel Vázquez, entonces presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), que explica a infoLibre la motivación que se escondía tras su propuesta: “Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar. La Xunta fue receptiva a la idea y en muy pocos días se puso en marcha”.

El personal procedía de los centros de día, que estaban cerrados por el estado de alarma. Vázquez asumió la dirección de la residencia de Baños de Molgas y un vicepresidente de la SXGG la del centro de Santiago.

Más allá de lo pionero de la medida, lo cierto es que las derivaciones a los centros intermedios se realizaron con moderación. “La ocupación máxima que tuvimos en Baños de Molgas fue de 35 plazas, aunque la residencia disponía de 93 plazas”, señala Vázquez.

En la información facilitada por la Xunta, se indica que en el centro intermedio de Santiago fallecieron 11 personas y en el de Baños de Molgas murieron 5. No consta cuáles eras las residencias de origen de esos mayores, por lo que el número de fallecidos que eran residentes de DomusVi podría ser aún algo más alto.

Galicia no fue el único lugar donde se crearon este tipo de centros intermedios en España durante la primera ola. La medida también se adoptó, por ejemplo, en Cantabria o Gipuzkoa.

DERIVACIÓN A LOS HOSPITALES

Entre los datos solicitados por infoLibre a la Xunta figuraba el número de residentes fallecidos en el propio centro y en un hospital.

De los 275 fallecimientos totales en aquellos dos meses, 17 se produjeron en centros especiales (16 en los intermedios y 1 en una residencia de Nigrán donde se trasladó a residentes con test negativo de Vigo y Cangas). En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, el 53,5% del total de decesos se produjo en el propio centro. Si el cálculo se realiza sobre los 275 fallecimientos totales, el porcentaje se sitúa en el 50,2%.

Los datos oficiales de 14 comunidades prueban que la catástrofe de las residencias se concentró en los grandes grupos privados

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Un porcentaje alto respecto a situaciones de normalidad –donde suele estar por debajo del 20% y contando siempre con el consentimiento de los familiares–, pero que está muy lejos del registrado durante la primera ola de la pandemia en aquellas comunidades donde se frenaron de forma masiva las derivaciones hospitalarias. En Madrid se produjeron en las residencias el 77% de las muertes, en Cataluña el 72% y en Castilla y León el 71%. Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, pero otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En otras palabras: el número de fallecimientos sin derivación hospitalaria se situó en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo más de 23 puntos porcentuales por debajo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, como se indicó con anterioridad, con centros como el de DomusVi en Cangas do Morrazo con cifras muy por encima de la media gallega.

El impacto del covid en las residencias de Galicia fue similar en la segunda ola, como prueban los datos también oficiales publicados por Praza Pública, que indican que a principios de diciembre de 2020 el número de residentes fallecidos con covid (sin contabilizar por tanto en este caso a los que tenían síntomas compatibles) ascendía a 509.

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