Diez radiografías del duro diagnóstico de la Cámara de Cuentas sobre la sanidad andaluza

La Cámara de Cuentas de Andalucía le ha puesto la lupa al sistema sanitario público de la autonomía. A sus métodos de contratación de personal, a sus figuras laborales, a sus métodos administrativos, a sus retribuciones, a su sujeción a la ley. El retrato es crudo. El informe Fiscalización de Determinadas Áreas de los Recursos Humanos del Sector Público Sanitario, centrado en el ejercicio de 2013 pero que despliega también su análisis sobre el bienio anterior, supone un golpe al discurso del Gobierno andaluz (PSOE) sobre su "joya de la corona". El estudio, de 111 páginas, abarca un periodo de crisis aguda. Es cierto que tras una fuerte caída del dinero destinado a sanidad entre 2010 y 2014, el presupuesto lleva desde desde 2015 creciendo año a año. Pero eso sólo afectaría a la reversión de los recortes. El informe va más allá.

Su publicación coincide con un momento en que el Gobierno presidido por Susana Díaz pretende alejar el fantasma de las protestas sanitarias que convulsionaron el sistema público de salud, para lo que ha realizado incluso un cambio al frente de la consejería. La Junta manifestó tras la publicación del informe que "se están analizando y se tienen en consideración las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas, si bien se refieren al ejercicio 2013 y, por tanto, a situaciones que han cambiado durante estos años y que ya han sido superadas, como las relacionadas con la recuperación de derechos de los profesionales, la estabilidad en el empleo con el proceso de interinización y las ofertas públicas de empleo o el impulso a los planes de igualdad de género". infoLibre repasa las principales conclusiones del informe.

1. Disminución de empleados

El conocido como Sistema Sanitario Público de Andalucía es un gigante con múltiples terminales. El informe de la Cámara de Cuentas abarca la propia Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales –en la parte de Salud–, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuatro agencias públicas empresariales y la Empresa de Emergencias Sanitarias. En total, cerca de 100.000 trabajadores, sin tener en cuenta a la Consejería de Salud, que no facilita el número ni el tipo de personal. Los hospitales del SAS fiscalizados son Reina Sofía de Córdoba, Virgen de las Nieves de Granada, Regional de Málaga y Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla. Cinco grandes hospitales, que suponen el 26,25% del total del gasto de personal del SAS y un 31,3% de sus efectivos.

La radiografía del empleo es dura, especialmente en el SAS, que incluye los hospitales. Entre los ejercicios 2011 y 2013 la disminución de efectivos en el SAS fue de 7.773 empleados. Las mayores disminuciones afectan a enfermeros (1.919), administrativos (1.609), facultativos (1.286) y auxiliares de enfermería. La disminución acumulada es del 8,22%, según el informe. Según datos comunicados por el SAS, la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas de jornada semanal, responsabilidad del Gobierno (PP), explicaría la reducción en 4.643,81 efectivos. En las agencias públicas empresariales hubo una bajada en el mismo periodo de 133 trabajadores, un 2,09%. El gasto también cae: en el SAS, un 12,64% de 2011 a 2013. Cae menos, un 8,07%, en las agencias públicas.

2. Exceso de retribución a altos cargos

El dato más difícil de explicar para el Gobierno andaluz. Mientras los efectivos sanitarios se disminuían en más de 7.700 y caía el gasto, en 2013 se incumplía la propia normativa autonómica de limitación salarial de directivos y cargos intermedios, según la Cámara de Cuentas. Estas medidas decretadas para podar por arriba en tiempo de recortes, fijando límites alrededor de los 60.000 euros, fueron presentadas en 2012 por José Antonio Griñán como un mecanismo ejemplar de racionalización ante la crisis presupuestaria. La Cámara ha comprobado su aplicación para altos cargos y directivos. En total, superaban los límites marcados por la norma las retribuciones de 109 directivos y cargos intermedios, que percibieron 2,1 millones más de lo debido.

"En todos estos supuestos, la Consejería, el SAS y las agencias públicas, en aplicación de la normativa vigente, deberían haber procedido a la iniciación de procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso. No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo [1 de abril de 2016], dichas entidades aun disponían de plazo para el inicio de dicho trámite", señala el informe.

La Consejería de Salud respondió de inmediato asegurando que todas las nóminas de los altos cargos del sistema sanitario público andaluz "cumplen con la legalidad y han sido fiscalizadas previamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía". "Existe disparidad de criterios entre las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y la Intervención sobre el límite retributivo para los altos cargos, ya que desde la Intervención se entiende que hay que excluir conceptos como la antigüedad o el complemento de carrera profesional, complementos variables, legales y asociados a la trayectoria de los profesionales", señaló en una nota.

3. Obstáculos al acceso a la dirección

La Cámara de Cuentas señala que en el SAS la inscripción en el Registro de Candidatos a Puestos Directivos, que depende de la decisión de la Dirección General de Profesionales, es un "requisito imprescindible para tal designación, particularmente para determinados puestos". "Este hecho pudiera suponer –particularmente, en los supuestos de urgencia en la selección– un obstáculo para la plena aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación que deben presidir la selección de personal directivo de los centros sanitarios". Varios informes de fiscalización de la Intervención Central del SAS, con motivo del nombramiento de puestos directivos, hacen referencia a esta cuestión, señala la Cámara de Cuentas. Según el informe, ninguna de las agencias públicas ha modificado sus estatutos para precisar el personal que ejerce funciones de alta dirección, tal y como exigía la ley del presupuesto del ejercicio fiscalizado.

La Consejería de Salud afirmó que el registro constituye "una medida de organización administrativa que permite evitar trámites administrativos innecesarios, ya que la presentación de documentación se realiza por parte de los candidatos una sola vez para las distintas convocatorias que se producen cada vez que se registra una vacante de puesto directivo". Este registro, añade, "ha sido incluso respaldado por diferentes pronunciamientos judiciales".

4. Crecimiento de los eventuales

Uno de los principales objetos de crítica de los sanitarios movilizados contra la política de salud de la Junta es el exceso de eventuales. El informe de la Cámara de Cuentas detecta que en 2013 había una media mensual de 8.538. La mayor proporción (68,53%) corresponde a los denominados "eventuales estructurales”, una media de 5.851 trabajadores, seguidos por los contratados por acumulación de tareas, una media de 1.102 efectivos. La evolución de éstos últimos fue drástica: de un mínimo de 331 a un máximo de 3.039 efectivos (incremento superior al 800%).

La Cámara de Cuentas recuerda que el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud define que el personal eventual es para "situaciones coyunturales o extraordinarias". "La figura del eventual estructural no se adecúa a los requerimientos de esta norma. Los contratos de este personal se renuevan de forma consecutiva durante un largo periiodo de tiempo (años) y, en consecuencia, no se corresponde con los supuestos excepcionales que señala la norma", señala el informe. El estudio recoge que "no consta" que con posterioridad se haya materializado la previsión legal de que las plazas ocupadas por ese personal se conviertan en plazas de la plantilla estructural o presupuestaria.

La Junta recordó en su nota que, desde 2013, "se han publicado distintas ofertas de empleo público que suponen más de 10.000 plazas convocadas", de manera que "se está trabajando permanentemente por la estabilidad en el empleo, por la incorporación de nuevos profesionales y por la recuperación de derechos perdidos como consecuencia de la crisis económica y las medidas adoptadas por el Gobierno central". "El proceso de interinización permite dar estabilidad a 15.000 profesionales eventuales", añadió.

5. Adscripción temporal

La adscripción temporal es una figura utilizada frecuentemente con el SAS. Son trabajadores que desempeñan sus funciones en un centro determinado pero perciben sus retribuciones de otro. El SAS alega que ello tiene encaje en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Pero el informe discrepa, ya que dicha norma exige que esta situación tenga carácter temporal y se utilice para el desempeño de “funciones especiales no adscritas”. "Se ha podido comprobar que esta situación se ha prolongado asiduamente durante años y para la realización de funciones habituales", sostiene la Cámara de Cuentas.

En el SAS, a la finalización de 2013, había un total de 215 efectivos “adscritos temporales” a los servicios centrales. Esta cifra sube hasta 349 si se consideran todos los efectivos que han estado adscritos a centros diferentes a aquel en el que están destinados, con un coste de 9,4 millones. En los cinco hospitales seleccionados, un total de 236 efectivos han sido adscritos a otros centros. Los principales centros de destino son los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y la propia consejería. Las categorías con más supuestos en esta situación son el personal de gestión y servicios, los técnicos de función administrativa y el personal administrativo. Esta situación, dice el informe, supone un incumplimiento de la Ley del Presupuesto, a lo que se podría añadir una infracción del Estatuto de los Trabajadores por "cesión ilegal" de trabajadores.

6. Encadenamiento de contratos

Tanto en los cinco hospitales seleccionados del SAS como en las agencias públicas empresariales, se produce el fenómeno del encadenamiento de contratos. Esta incidencia afecta a 1.149 personas, con una media de seis contratos por año en el SAS; y a 743 personas, con una media de ocho contratos en las agencias. "La cobertura de necesidades permanentes mediante contratos laborales temporales podría poner de manifiesto un fraude de ley", señala el informe.

El encadenamiento de contratos temporales podría llevar a que los trabajadores afectados adquirieran la condición de indefinidos, advierte la Cámara de Cuentas. Ésta es otra de las reivindicaciones que estuvieron más presentes en las protestas sanitarias con epicentro en Granada. La Junta pone el foco en el Gobierno (PP) al subrayar que "las limitaciones impuestas desde el Gobierno" suponen "una tasa de reposición muy restrictiva".

7. En cuestión el control de los recursos humanos

El informe pone en cuestión "el control" de los recursos humanos. "Los órganos de control interno deben incrementar su actividad –en amplitud e intensidad– en relación con determinadas áreas de la gestión de los recursos humanos, entre las que se pueden destacar las situaciones administrativas, la contratación temporal, las retribuciones de personal directivo o las cuotas de Seguridad Social", señala la Cámara de Cuentas.

8. Retribuciones fuera de convenio

En las agencias, salvo en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, se da la figura de los “acuerdos de gestión”, pactos retributivos fuera de convenio. Estos acuerdos pueden ser con todos o con alguno de los servicios del hospital, y con todos los facultativos que integran dichos servicios o bien con facultativos concretos. Su importe conjunto supera los 5 millones de euros.

"En la implantación de dichos acuerdos se han obviado los trámites previstos" en la Ley del Presupuesto de 2013, en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y en la normativa laboral, señala el informe, que cita aspectos tales como "la negociación con los órganos de representación de los trabajadores, la modificación de las condiciones laborales pactadas en el convenio colectivo, documentar dichos acuerdos por escrito, comunicarlos al comité de empresa o recoger expresamente y por escrito el consentimiento de los trabajadores vinculados a los mismos".

9. Impacto de género

El informe señala que en los hospitales analizados se incumple Ley Orgánica de 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en lo que respecta a directores y mandos intermedios. Concretamente, se vulnera el artículo 23.3.e), que establece "la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud". En cuanto al SAS, en dirección hay 0,76 mujeres por cada hombre, y en mandos intermedios 0,63. En las agencias públicas empresariales son 0,41 y 0,63. El "índice de feminización" ofrece una representación de las mujeres con relación a los hombres, 1 representa equidad, más de 1 feminización y menos de 1 infrarrepresentación de la mujer. En el conjunto del SAS y de las agencias públicas hay más mujeres que hombres, según señala el informe. Es los mandos donde cambian las tornas. La Junta asegura que está dando "impulso a los planes de igualdad de género".

10. Falta de transparencia de las fusiones

Si ha habido una línea de actuación de la Consejería puesta en cuestión con especial énfasis durante las protestas sanitarias, han sido las fusiones hospitalarias, desencadenantes de la revuelta en Granada. La Cámara de Cuentas pone el foco en el proceso. "Durante el año 2013, el SAS realiza un proceso de unificación de equipos de dirección de determinados centros sanitarios, con la finalidad de obtener una reducción de los gastos de este personal", explica el informe. Para tal fin, se dictaron, "sin que se modificara la normativa preexistente", resoluciones que "han ocasionado algunas dudas de interpretación a los responsables de recursos humanos de los centros sanitarios y a la propia Intervención e incluso la interposición de reclamaciones administrativas". De acuerdo con varias sentencias, la Dirección Gerencia del SAS no ostentaba la competencia para ello. Y añade el informe: "No se corresponde la configuración de los equipos directivos en los centros unificados con su consideración como centros independientes en el anexo de personal del presupuesto y en el mapa sanitario andaluz. Ello está relacionado con la ausencia de regulación de dicho proceso, que puede ser debida a una inadecuada y poco transparente planificación del mismo".