Un año después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicara a Cristina Cifuentes en un plan para "favorecer de manera preconcebida" en 2009 a un empresario donante del PP con un contrato de la Asamblea de Madrid, no solo su posición política ha cambiado por completo. Acorralada por los indicios de falsedad que ya habían aflorado respecto a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, su dimisión tras el vídeo que muestra cómo fue descubierta tras haber robado supuestamente cremas en un supermercado ha modificado también su lugar en el tablero judicial de la Operación Púnica. Y también en el prejudicial del caso máster, cuyas diligencias de investigación se encuentran todavía en una fase incipiente bajo la batuta de la Fiscalía del área de Móstoles, el municipio donde tiene su sede principal la Rey Juan Carlos.
¿Le acerca la dimisión como jefa del Ejecutivo madrileño al plantel de imputados en Púnica, que ya rondan la cifra de 150? Esa es una incógnita sobre la que guarda absoluta reserva la Fiscalía Anticorrupción, que en la práctica lleva el timón de las investigaciones y con la que mantiene una estrecha sintonía el juez instructor.
¿Afectará de algún modo lo sucedido con Cifuentes a la declaración que este jueves prestará ante el juez la ex directora de comunicación de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la periodista Isabel Gallego? ¿Y a la que prestará el viernes Francisco Granados, consejero de Interior cuando en 2011 se captó el vídeo que ha hecho caer a Cifuentes, a la que ya ha involucrado en la presunta financiación ilegal del PP? ¿Dispararán los cercanos a la expresidenta contra aquellos a los que culpan de haber defenestrado a su jefa con unas imágenes que no solo la rematan políticamente sino que, de manera objetiva, persiguen su deshonra personal? Tampoco para esos interrogantes hay de momento respuesta.
En medio de las preguntas se erige por ahora solo una certeza: de los tres miembros del comité de expertos que inclinaron la balanza de aquel contrato de la Asamblea de Madrid -la gestión de la cafetería del edificio- solo uno no está imputado: Cristina Cifuentes, que dirigía las sesiones del comité por su condición de vicepresidenta primera de la Cámara madrileña.
Hasta este miércoles, Cifuentes gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo, el único al que el Estatuto de Autonomía de Madrid atribuye competencias para investigar a los presidentes de esa comunidad. Ahora, y mientras conserve su escaño de diputada regional, seguirá aforada ante el Tribunal Superior de Madrid. Pero si Cifuentes entrega el acta bien por voluntad propia, bien porque el PP la forzase a ello para no dar nuevas bazas a la oposición, su destino quedará directamente en manos del juez Manuel García Castellón.
Y ese juez, instructor de Púnica, es el que hace menos de tres semanas dictó un auto en el que, utilizando una especie de meandro retórico, sostuvo que Cifuentes no debería haber participado en el comité de expertos que en 2009 y mientras ella misma ocupaba la Vicepresidencia Primera de la Cámara Autonómica dictaminó que la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid debía otorgarse al empresario Arturo Fernández, donante habitual del PP a través de la fundación pantalla Fundescam. Para sostener ese argumento, el juez dio el siguiente rodeo: afirmar que una de las funcionarias investigadas -imputadas- por ese contrato "no apreció" la "incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes". Y que lo sigue sin estar claro es si no apreció esa incompatibilidad "por ignorancia o con intencionalidad".
¿Acelerará la Fiscalía la eventual imputación de Cifuentes? A la vista de cómo se han precipitado los acontecimientos no parece probable que las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, ni su jefe, Luzón, vayan a tomar una decisión inmediata: fuese la que fuese, sobre todo si resultara perjudicial para Cifuentes, difícilmente podría la Fiscalía aislarla del terremoto político provocado por el máster y, luego, por el sórdido vídeo captado en un supermercado de Vallecas en 2011.
Con pies de plomo
Los antecedentes más cercanos del caso –la pugna abierta en el Supremo en torno a la senadora Pilar Barreiro, cuya imputación pidió Anticorrupción con un prolijo informe y que ha topado con la solicitud de sobreseimiento planteada por el ministerio público en el alto tribunal, ante el que está aforada la exalcaldesa de Cartagena– apuntan a que el equipo que dirige Alejandro Luzón irá con pies de plomo.
Juristas que siguen de cerca el caso Púnica aseguran que uno de los riesgos que la fiscalía especializada busca conjurar es el fraccionamiento de la causa y su reparto entre distintos tribunales. Porque ese troceamiento implica -o puede hacerlo- que los tribunales ante los que gozan de aforamiento los distintos cargos políticos susceptibles de ser imputados -y Cifuentes lo es aún- pierdan lo que algunas fuentes denominan con benevolencia "la perspectiva de conjunto". Y que acaben así minusvalorando los indicios recopilados por la UCO y la Fiscalía. Pero, de momento, esa es la teoría general. Y en lo que respecta a Cifuentes, la Fiscalía no ha adoptado aún ninguna posición oficial.
Fechado en marzo de 2017, el informe de la UCO que ya hace un año colocó en la cuerda floja a Cifuentes y su posterior ampliación contiene una grave acusación: que el comité de expertos de la Asamblea, comité al que pertenecía Cifuentes al tiempo que presidía la mesa de contratación de esa institución pública, maniobró en beneficio de Fernández. En la licitación, hubo "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos [el de 2009 y el de 2011] y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".
Sectores del PP sostienen que la "cantera" para Madrid está en el Gobierno de Rajoy
Una vez vio la luz el citado informe policial que aconsejaba su imputación por aquel contrato y por otro otorgado al mismo empresario en 2011, la todavía presidenta regional del PP se lanzó en tromba contra la UCO, a la que acusó de haberse embarcado en una "sucesión de juicios de valor sin fundamento jurídico".
El documento destacaba que Cifuentes, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid durante la adjudicación de sendos contratos, simultaneó la presidencia de la mesa de contratación de la Cámara con su pertenencia al comité de expertos encargado de valorar las ofertas para la gestión de la cafetería, "circunstancia contraria a la legalidad", subrayaba la Guardia Civil.
La UCO va más allá y se muestra tajante en cuanto al grado de participación en el presunto amaño que atribuye a la jefa del Ejecutivo madrileño: tanto ella como otra empleada de la Cámara que dieron su visto bueno a la baremación favorable a Arturo Fernández "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" de un dato que el informe explica con lujo de detalles: que a la empresa que rivalizaba con la del entonces dirigente patronal, Clece, se la había penalizado con un 0 en dos de los cinco criterios establecidos bajo la "falsa argumentación" de que no había presentado la documentación exigida en ambos apartados. Perteneciente al grupo de Florentino Pérez, Clece no recurrió la adjudicación a la empresa de Arturo Fernández.
Un año después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicara a Cristina Cifuentes en un plan para "favorecer de manera preconcebida" en 2009 a un empresario donante del PP con un contrato de la Asamblea de Madrid, no solo su posición política ha cambiado por completo. Acorralada por los indicios de falsedad que ya habían aflorado respecto a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, su dimisión tras el vídeo que muestra cómo fue descubierta tras haber robado supuestamente cremas en un supermercado ha modificado también su lugar en el tablero judicial de la Operación Púnica. Y también en el prejudicial del caso máster, cuyas diligencias de investigación se encuentran todavía en una fase incipiente bajo la batuta de la Fiscalía del área de Móstoles, el municipio donde tiene su sede principal la Rey Juan Carlos.