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Crisis de las residencias

Dimite el jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales de Madrid en plena crisis sobre las residencias

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Alicia Gutiérrez | Lara Carrasco

El jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad dirigida por Alberto Reyero (Ciudadanos), Carlos Reus Jimeno, ha dimitido. Según aseguran fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid a infoLibre, "se va por motivos personales". La renuncia llega en plena polémica por la gestión de las residencias de mayores y después de semanas de crisis interna entre la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad, en manos del conservador Enrique Ruiz Escudero. Este jueves, y por iniciativa de la oposición de izquierdas, la Asamblea de Madrid votará la reprobación de Ruiz Escudero. Ciudadanos se opondrá, lo que complica más la posición de Reyero y su equipo. Hace una semana, el vicepresidente de Madrid y portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, disipó cualquier duda. No le pone "ni un pero" al consejero de Sanidad, fueron sus palabras.

La de Reus Jimeno es la primera dimisión que se produce en la Comunidad de Madrid tras semanas de desencuentros entre los dos partidos que forman el Gobierno, PP y Ciudadanos. El 25 de marzo, la Comunidad de Madrid retiró a Reyero las competencias en materia de residencias de mayores, que desde ese momento pasaron a manos de Escudero. 

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Las centros de mayores están en el ojo del huracán desde el principio de la pandemia, pero más desde que infoLibre desvelara que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió un Protocolo a hospitales y residencias en el que se habla expresamente de "criterios de exclusión" que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales. En ese momento, la Consejería de Sanidad de Ruiz Escudero se negó a aclarar qué centros recibieron ese Protocolo y se limitó a destacar un envío posterior del documento, el 25 de marzo, una versión en la que se usa la expresión "recomendaciones de exclusión". Sin embargo, la de Políticas Sociales de Reyero se desmarcó con contundencia de las actuaciones de Sanidad: "Ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero", explicaron fuentes del departamento a este diario en aquel momento. 

El propio Reyero, de hecho, llegó a asegurar en la Asamblea de Madrid que los protocolos dictados por la Comunidad conforman una decisión que "no es ética y posiblemente no es legal". Por eso afirmó estar "absolutamente a favor" de que se cree una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias. De hecho, y tal y como desveló El País el pasado 5 de junio, el propio Reyero escribió a Escudero para advertirle que si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad se podría incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales". "Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (…) podrían ser rechazados en esta derivación (a hospitales) e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta eso", escribió Reyero el 22 de marzo, dos días después de que se enviara el Protocolo desvelado por infoLibre. 

Este martes El País publica una entrevista con Antonio Burgueño, asesor sanitario de Ayuso para coordinar la lucha contra la pandemia. En ella, Burgueño asegura que la medicalización de las residencias —la conocida como operación Bicho, que dirigió su hija, Encarnación Burgueño— "no se llevó a cabo". Ante la pregunta de si alguien podría "acabar en la cárcel" por la gestión, Burgueño afirma: "Eso sí que no lo sé. Esperemos a los tribunales". 

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