“En una provincia lo son todo. Tienen poder, reparten dinero entre los ayuntamientos, todos los alcaldes quieren estar cerca del presidente de la Diputación. La prensa local habla más de las diputaciones que del Gobierno central, se siguen los plenos. Sólo hay que ver el acto del Día de la Provincia. Hay mucho presupuesto y también muchos puestos de trabajo”. Así define un alcalde lo que suponen estos organismos fuera del centralismo madrileño.
Las diputaciones son puro poder, pura política. Y los partidos son muy conscientes, en todos los territorios. Son las joyas secretas de este 28M. Es tal el calibre que, por ejemplo, para el PSOE-A sería un terremoto perder la histórica Diputación de Sevilla, bastión de bastiones.
En estas elecciones ya no hay sombras amenazadoras de querer eliminarlas, como pasaba hace unos años, con partidos como Cs exigiendo su extinción. Las viejas instituciones (su origen se remonta a 1836) están más presentes que nunca. En España hay 41 diputaciones provinciales, con 38 de régimen común y 3 forales, con el fin de ser los órganos de gobierno y administración de las provincias. Sus funciones son asumidas, en cambio, por las comunidades en las autonomías uniprovinciales y por los cabildos y consells en las islas. Son de elección indirecta (a través de los concejales elegidos en las urnas, a excepción de las tres vascas, que sí son escogidas directamente y tienen competencias tributarias).
De qué color político son
¿Cuál es el mapa actual? El mapa está teñido de rojo socialista, de forma abrumadora. En 2019 los de Pedro Sánchez se hicieron con 26 de las 38 de régimen común. Los populares se quedaron con diez, mientras que Cs (que en su día quiso eliminarlas) obtuvo dos. Los socialistas tienen, por ejemplo, algunos transatlánticos institucionales como Sevilla, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza y A Coruña. Mientras que los populares tienen como banderas principales las diputaciones de Málaga y Alicante. Asimismo, son una bolsa de trabajo enorme para los partidos, con más de 2.400 puestos de trabajo.
Sus presidentes son figuras de relumbrón dentro de los partidos por el poder que ostentan. Precisamente el de Alicante, Carlos Mazón, es la gran esperanza en estos momentos de los populares para lograr la Generalitat Valenciana, con esta comunidad como principal campo de batalla para dirimir la victoria general la noche del 28 de mayo. En el socialismo tienen como gran referencia a Núria Marín, una locomotora electoral a través del feudo de Hospitalet de Llobregat y que está también al frente de la Diputación de Barcelona.
Esta institución fue precisamente escenario de un pacto no habitual: entre el PSC y Junts. Esto da la dimensión también del escenario particular que constituyen las diputaciones, atendiendo a su criterio provincial y al equilibrio de fuerzas municipalistas. Su presupuesto para 2023 supera los 1.241 millones de euros. El pacto sellado en 2019 ha superado todos los tsunamis políticos, mientras se ha roto el Govern de la Generalitat. Pero aquí Junts, que se alejó de ERC por su acercamiento a los socialistas, considera de importancia vital seguir en el órgano de gobierno y mantener cuota de poder supramunicipal. Es asimismo un laboratorio de la ‘sociovergencia’ que podría repetirse en otros puntos tras el 28M.
La batalla interna de poder
Las diputaciones son ahora mismo también el escenario de una batalla brutal por el poder en Andalucía, una comunidad con potentísimos arraigos provinciales (a modo de ocho pequeñas autonomías). Al no celebrarse autonómicas, estos órganos de gobierno serán vitales. Juanma Moreno está obsesionado con imponerse en ellas. Actualmente el PSOE domina seis (Sevilla, Granada, Jaén, Córdoba, Huelva y Cádiz), mientras que el PP amarró sólo dos hace cuatro años (Málaga y Almería).
Los ciudadanos de Sevilla, Jaén y Huelva no han conocido desde 1979 un presidente de diputación que no sea del puño y la rosa. Los populares del sur quieren revertir eso, especialmente con el punto de mira en Huelva. Esto se conecta directamente con la presentación de la proposición de ley para legalizar regadíos en la zona de Doñana. La secuencia para los conservadores pasa por aumentar en los municipios del Condado de Huelva para alcanzar la Diputación, con una victoria asimismo en la capital. Sería una importante conquista de poder pero también psicológica para Moreno Bonilla (que logró que por primera vez Huelva votara mayoritariamente al PP en unas autonómicas).
El poder de las diputaciones tiene otro claro referente en Jaén. Esa institución supone de facto ser determinante en el PSOE andaluz. Sevilla sólo le tiene miedo internamente a Jaén, por lo que siempre ha habido un acercamiento para mantener el equilibrio. Actualmente ostenta ese poder Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, el hombre por el que pasa todo en el sur orgánicamente, con conexión directa en Ferraz y que fue esencial para la caída de Susana Díaz.
En estos momentos de campaña, hay una diputación que se está llevando todos los titulares: la de Ourense. Su presidente y del PP provincial, Manuel Baltar, es uno de los hombres fuertes en la comunidad de Alberto Núñez Feijóo y está en pleno proceso judicial tras ser pillado al volante a más de 215 kilómetros por hora en la A-52. Se enfrenta a una pena de 1.800 euros de multa y un año sin carné, a solicitud de la Fiscalía, y el juicio tiene previsto celebrarse el 31 de mayo. Entre los populares hay nerviosismo por lo que el caso pueda suponer en las votaciones municipales, aunque en público el respaldo es absoluto por parte de Alfonso Rueda.
La fallida supresión que acarició Rivera
En esta campaña la existencia de las diputaciones no se cuestiona, pero su popularidad ha vivido altibajos. Especialmente por la presión de Cs, que en sus momentos álgidos llevó por bandera su desaparición. El acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2016 para intentar la investidura incluyó la supresión de estos órganos, que serían sustituidos por consejos de alcaldes. Esto provocó una marejada interna dentro del socialismo de tal magnitud que hasta el líder socialista evitó pronunciar la medida en aquel discurso de investidura. De hecho, no incluyó tampoco la propuesta en las elecciones inmediatas en junio de ese año.
Durante aquella temporada electoral se incidía en los supuestos ahorros millonarios y en evitar un supuesto foco de corrupción. La fundación ¿Hay Derecho? hizo un informe, publicado en mayo de 2016, según el cual su eliminación conllevaría recortar de forma inmediata 600 millones de euros, de los 6.300 que los presupuestos de todas ellas sumaron en 2015. La cifra era el resultado de hacer desaparecer la estructura política de estas instituciones, sus órganos de gobierno, unos 140,56 millones de euros, y otros 446,9 millones que estas instituciones reciben de otras administraciones sin una finalidad concreta.
Ciudadanos también evolucionó: de bestia negra de las diputaciones a repartirlas con el PP tras las elecciones de mayo de 2019. Ya no volvió a exigirlo para negociar con los grandes partidos. En esta transformación, el partido naranja registró a finales del año pasado una proposición de ley para reformar el sistema de elección y que pase a ser por voto directo. El Gobierno vetó su tramitación al considerar que supondría un aumento de créditos presupuestarios de 14,4 millones de euros.
¿Qué hacen las diputaciones?
Baltar comparece finalmente y dilata el juicio hasta después de las elecciones del 28M
Detrás de los titulares con millones de euros, la mayoría de dirigentes de los partidos siempre destacan la vertebración que suponen las diputaciones, el cuidado que conllevan especialmente para los pequeños municipios y la importancia de una concepción provincial (que es también la aplicada para unas elecciones generales en las listas) que muchas veces se escapa en la visión de Madrid.
Y es que entre sus competencias está la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión (garantizan los servicios de secretaría e intervención para las localidades con menos de mil habitantes). Otro ejemplo: asumen la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando no procedan a su prestación.
Sus competencias se extienden a la recaudación tributaria, en período voluntario y ejecutivo, y de servicios y apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. También a la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Se dedican, además, a la limpieza de los consultorios médicos en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Más encargos vitales para las localidades pequeñas: la coordinación del abastecimiento de agua potable, la pavimentación de vías o el alumbrado público. Esto hace, como reconocen los dirigentes territoriales, que la gente hable más de la obra de la diputación que de muchas leyes en el Congreso.
“En una provincia lo son todo. Tienen poder, reparten dinero entre los ayuntamientos, todos los alcaldes quieren estar cerca del presidente de la Diputación. La prensa local habla más de las diputaciones que del Gobierno central, se siguen los plenos. Sólo hay que ver el acto del Día de la Provincia. Hay mucho presupuesto y también muchos puestos de trabajo”. Así define un alcalde lo que suponen estos organismos fuera del centralismo madrileño.