Uno de los directivos que llevó a Bancaja a la ruina sigue trabajando en su fundación

El que fuera entre 2007 y 2010 director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, trabaja en la Fundación Bancaja. Así lo reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que le interrogó en marzo en calidad de imputado sobre la emisión de las participaciones preferentes. "Ahora mismo estoy en la Fundación Bancaja, terminando el proceso de fusión de las dos fundaciones", especificó Izquierdo al juez.

Fuentes no oficiales aseguran que Izquierdo cobra según objetivos, y que la cantidad total puede oscilar entre los 100.000 y 200.000 euros anuales. infoLibre se ha puesto en contacto con la Fundación Bancaja, cuyos portavoces no han querido informar del sueldo del banquero.

Las mismas fuentes sostienen que los patronos no perciben ningún sueldo, pero aluden a que la fundación es de naturaleza "privada" para no dar información del sueldo de sus directivos. A lo largo de este mes de abril, está previsto que se culmine el proceso de constitución de la nueva Fundación Bancaja.

16 millones de euros

Aurelio Izquierdo se mantuvo como director general de Bancaja entre 2003 y 2011, año en el que pasó a Bankia con la fusión. En octubre de 2011 fue elegido para dirigir el Banco de Valencia, puesto en el que permaneció hasta que la entidad financiera fue intervenida por el Banco de España apenas dos meses después.

Izquierdo ha percibido de Bancaja desde 2007, año en el que sustituyó a Fernando García Checa como director general, 8,5 millones de euros. Pero además tenía comprometido el cobro de otros 7,5 millones (tras renunciar a otros 6,3 millones), por lo que la cifra total de sus remuneraciones superará los 16 millones.

Además de por las preferentes, Izquierdo está imputado en una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia, que instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz. En concreto, declaró como imputado por la compra por parte de Bancaja de acciones de la constructora Costa Bellver, de los empresarios Calabuig. Este operación provocó importantes pérdidas al Banco de Valencia y a Bancaja.

Investigan a Domingo Parra

Según informaron fuentes jurídicas a infoLibre, la Fiscalía Anticorrupción investiga también el pago de más de 22 millones por parte del empresario Eugenio Calabuig –y sus familiares– a la empresa Gestor Inversiones Izpa, vinculada al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra.

Izpa es una sociedad que formalmente pertenece a Parra y a su familia, pero según un informe de la consultora KPMG incluido en el sumario del caso Banco de Valencia también podría ser propiedad de Izquierdo.

La excesiva exposición de Bancaja al negocio inmobiliario de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia provocó el colapso económico de la entidad financiera. La gestión de los dirigentes de Bancaja hizo que la entidad financiera sufriera en 2008 un serio problema de liquidez por su empeño en financiar mastodónticas promociones inmobiliarias de dudosa rentabilidad, según se desprende de un informe del Banco de España del 30 de septiembre de 2008 incluido en el sumario del caso Bankia.

Uno de los correos secretos de Blesa de finales de 2007 muestra como varios directivos de Bancaja recurrieron a la Caja Madrid de Miguel Blesa para pedirle 200 millones de euros y así apuntalar la liquidez de la firma valenciana.

Aurelio Izquierdo trabaja en la Fundación Bancaja

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1.100 millones al ladrillo

Entre las empresas financiadas vinculadas al ladrillo destacan cinco que han sufrido importantes problemas económicos a lo largo de los últimos años: el Grupo Soler, el Valencia CF (Nuevo Mestalla), el Grupo Reyna, el Grupo Polaris y Martinsa-Fadesa. Solo entre estas cinco firmas los créditos considerados de riesgo superaban los 1.100 millones.

Ante la crítica situación de Bancaja, el Banco de España obligó a los dirigentes de la caja valenciana a fusionarse con Caja Madrid, en un intento de solucionar el problema. Pero lejos de solucionarse, Bankia nació con los pies de barro, pues menos de dos años después de su creación necesitó más de 22.200 millones de dinero público para evitar la quiebra.