Cientos de personas se concentran frente a Ferraz en el octavo día de protestas

El ministro del Interior de Portugal, José Luís Carneiro, ha anunciado que será candidato a sustituir al ya primer ministro interino, António Costa, en las próximas elecciones directas del Partido Socialista para ser el aspirante de la formación en las anticipadas del próximo 10 de marzo.

"Me presento a candidato a primer ministro para garantizar la seguridad, la estabilidad e invertir en la mayoría y ahondar en las políticas que crean más y mejores oportunidades", ha anunciado en la madrugada de este viernes, recoge Europa Press.

El anuncio de Carneiro se ha producido después de una maratoniana jornada que comenzó con una reunión del Consejo de Estado que se prolongó durante casi cuatro horas, tras lo cual el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, se dirigió al país para anunciar que habría elecciones anticipadas el 10 de marzo de 2024.

Carneiro ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de enfrentarse en las elecciones internas al diputado y exministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, un viejo conocido en sus aspiraciones por sustituir a Costa, sino que más bien directamente se ha erigido en candidato del PS a las anticipadas.

"Fundamentalmente dialogaré, dialogaré con los militantes del PS, pero buscando junto a ellos perfeccionar y profundizar un proyecto de servicio de país", ha respondido cuando se le ha cuestionado acerca de Santos.

Carneiro, que se dirigirá al país en las próximas horas, se ha mostrado convencido de que el PS volverá a vencer en las siguientes elecciones, gracias al bagaje de estos ocho años y a las políticas públicas que se han aprobado en beneficio de la mayoría de los portugueses, ha defendido.

Agentes de la Policía Nacional blindan una noche más la sede del PSOE, en la calle Ferraz en Madrid, ante la octava jornada de protestas contra la ley de amnistía que incluyen los pactos de investidura que han alcanzado los socialistas con las formaciones independentistas catalanas.

Sobre las 19.00 horas han empezado a llegar los primeros manifestantes que se han acercado este viernes portando banderas de España para mostrar su desacuerdo con la amnistía.

La Policía ha dispuesto un fuerte operativo para proteger la sede socialista en previsión de que continúen los altercados que han tenido lugar estas últimas noches, según informa Europa Press.

En un momento entre la multitud, un manifestante ha llegado a agredir a un cámara de La Sexta entre gritos de "fuera, fuera". Los abucheos a los medios de comunicación han sido una constante en esta protesta en Ferraz.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiterarán este lunes la petición de pausas humanitarias en la guerra de Gaza en una cita en la que esperan arrancar el debate sobre el futuro de la Franja, en plenos contactos de la UE con Estados Unidos y los países árabes para evitar una escalda regional y trabajar juntos para un futuro Estado palestino, según informa Europa Press.

En medio de la guerra entre Israel y Hamás que deja más de 11.000 muertos y ha desencadenado una galopante crisis humanitaria y de desplazados en la Franja, la UE quiere mejorar el acceso humanitario a la población gazatí por lo que se espera una nueva llamada a Israel para establecer pausas y corredores que permitan aumentar el flujo de ayuda a la población civil.

En la capital comunitaria reconocen la situación extrema que atraviesa la población de la Franja y aunque ven un buen primer paso el anuncio de Tel Aviv de que facilitará la salida de civiles, señalan motivos de preocupación en la crisis como la tensión en Cisjordania o los rehenes tomados por Hamás.

La diplomacia europea respeta la respuesta militar israelí frente a Hamás, tras el ataque sin precedentes lanzado en su propio territorio el pasado 7 de octubre, y se cuida mucho de calificar si la reacción israelí respeta el Derecho Internacional, si bien sí le pide que se ajuste a él y que evite el sufrimiento de la población civil.

Pese a que ha circulado la idea de lanzar una nueva posición europea sobre la situación humanitaria en Gaza, lo cierto es que las divisiones entre Estados miembros complican ir más allá de lo acordado por los líderes en la última cumbre. Pesa la sensibilidad de países como Alemania o Austria que subrayan que el apoyo a Israel tiene que ser el punto de partida en cualquier posición de la UE sobre el conflicto.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir una investigación para identificar a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) e iniciar el procedimiento disciplinario y, en su caso, penal tras el comunicado en el que han criticado la ley de amnistía incluido en el acuerdo de PSOE y Junts, aludiendo en el mismo a su juramento como militares para "derramar sangre" en defensa de España y la Constitución.

Según ha avanzado 'eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el director ha dado instrucciones este mismo viernes, horas después de difundirse el comunicado, para que la Jefatura de Información identifique a los responsables de la asociación --que actualmente no tiene vocales en el Consejo del Instituto Armado-- e "iniciar el procedimiento disciplinario y/o penal que pueda existir por el comunicado".

El pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado la orden a los servicios jurídicos para estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra otra asociación, JUCIL --en este caso, la mayoritaria en el Consejo del cuerpo--, por "quebrantar el principio de neutralidad política" al criticar la "felonía" que suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social sí "está en el paquete" de materias que el acuerdo PNV-PSOE prevé transferir a Euskadi en dos años.

En rueda de prensa en Bilbao, para explicar el pacto entre ambas formaciones para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Esteban ha aclarado las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que "no se ha singularizado nada" respecto a esta transferencia en el documento suscrito con el PNV.

El portavoz del PNV en la Cámara baja ha indicado que, aunque el traspaso de esta materia "no singularizado, está en este paquete, está al plazo de dos años", según recoge Europa Press.

"Pero es que está, era la que había puesto el Gobierno la última (en el cronograma de transferencias), pero está en este listado al que se comprometen en el acuerdo", ha precisado.

Para Esteban, "meter esta competencia en tres meses, no tendría ningún sentido", porque es "complicado" y "no sería real decirlo, es más complejo". "Las negociaciones son complejas, no es sencilla y hay que afinarla", ha precisado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este viernes que las Fuerzas de Defensa (FDI) "seguirán controlando" la Franja de Gaza incluso cuando haya terminado el actual conflicto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), dejando claro que no dejará en ningún caso que haya "fuerzas internacionales" sobre el terreno dentro de un hipotético acuerdo.

Netanyahu ha ido moldeando su discurso en estos últimos días, con sucesivas entrevistas en las que tan pronto ha dicho que Israel asumirá la "responsabilidad de seguridad" sobre la Franja durante un "periodo indefinido" como que no tiene ninguna intención de volver a ocupar dicho territorio.

En una reunión con alcaldes de localidades israelíes cercanas a Gaza, la primera desde el estallido del actual conflicto el 7 de octubre, Netanyahu ha recuperado la idea de permanecer en el enclave, una posibilidad contra la que ya se ha expresado su principal aliado extranjero, el Gobierno de Estados Unidos.

Más de cien trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) han fallecido desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, hace poco más de un mes, según un nuevo balance difundido este viernes por la propia organización.

El comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha dicho estar "devastado" por este elevado número de víctimas, sin precedentes para la ONU en contextos de conflicto. La lista incluye a "padres, profesores, enfermeras, médicos, personal de apoyo".

"La UNRWA está de luto, los palestinos están de luto, los israelíes están de luto. Para terminar esta tragedia hace falta ya un alto el fuego humanitario", ha reclamado el máximo responsable de la agencia en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, considera "difícil" el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al Pais Vasco, pese al acuerdo firmado este viernes con el PNV, y por otro lado ha remarcado que es "radicalmente falso" que el Estado vaya a ceder el 100% de los tributos a Cataluña en el marco del acuerdo entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"En ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma", ha dicho Montero en el Congreso minutos después de haber firmado con Coalición Canaria un acuerdo de investidura.

En el acuerdo se recoge que Junts propone, por una parte, una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite "la cesión del 100% de todos los tributos" que se pagan en la comunidad autónoma.

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha celebrado este viernes con "alivio" que el PSOE haya aclarado que su acuerdo con Junts no busca fiscalizar a los jueces ni revisar sus resoluciones. "La precisión de que no se va a usar el Parlamento para invadir competencias judiciales es un triunfo de la sensatez", han apuntado.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Secretariado de la asociación, Ascensión Martín, ha insistido en que "no caben esas investigaciones porque afectarían a la división de poderes". Fue este jueves, después de que asociaciones de jueces y fiscales criticasen el acuerdo, cuando los socialistas explicaron que el pacto no contempla la "creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare'".

En este sentido, JJpD ha sostenido que "resulta indudable que las Cortes pueden elaborar cuantas proposiciones de ley consideren oportuno", ya que "la función de legislar corresponde al parlamento, y el Poder Judicial no debe inmiscuirse en las atribuciones de otro poder del Estado".

El diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido amnistiar a encausados por el 'procés' impedir algo "no democrático" como que personas que participaron en un referéndum entren en prisión, y censura que haya sectores y dirigentes de derechas que se "rasguen las vestiduras" cuando ven "perfectamente constitucional" la amnistía fiscal de 2012 o durante la transición.

También ha remarcado que todo el mundo tiene derecho a manifestarse contra la futura ley, pero ha desgranado que los que "alzan el brazo" con el salud fascistas o piden un "alzamiento nacional" ante una medida que respalda una mayoría parlamentaria quieren "menos democracia".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha explicado que los grupos parlamentarios están ultimando la negociación para el registro de la norma y que ahora toca mantenerse firmes pese a las "amenazas" que se vierten contra la ley de amnistía.

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado este viernes suspender el juicio previsto para el próximo 17 de noviembre por los gastos del 1-O y la acción exterior contra 35 ex altos cargos catalanes, desestimando así la petición que le había realizado la defensa del ex presidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont.

La defensa se basaba en la jurisprudencia establecida por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) 3746/2020, de 10 de noviembre, que señala que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito".

La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha expresado su "profunda preocupación" por el pacto entre PSOE y partidos independentistas catalanes en lo relativo a la ley de amnistía en un comunicado en el que recuerdan su juramento "ante la Bandera como militares", por el que están "dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".

APROGC recuerda la lealtad de los guardias civiles a la Constitución y a la ley, pero señala que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone "vaciar de contenido la misión constitucional encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial".

En este sentido, muestran su apoyo a los jueces que ejercen de "barrera frente a inspiraciones totalitaristas", por lo que esperan que estos últimos "encuentren el camino para preservar el Estado de Derecho". El comunicado comienza recordando que la Guardia Civil ha sido "siempre un cuerpo obediente" y que rechazan "conspiraciones".

APROGC cita el artículo 104 de la Constitución que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. "En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional", señalan.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de cruzar otra "línea roja más" en su pacto con el PNV, ya que, según ha dicho, supone la "ruptura de la caja única de la Seguridad Social". Por eso, ha prometido estar vigilante para ver cómo se materializa ese acuerdo para actuar.

Así lo anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntada cómo valora que el PNV haya arrancado al PSOE el traspaso del Régimen Económico de la Seguridad Social "en dos años". Ese pacto para la investidura de Pedro Sánchez garantiza el "traspaso efectivo" al País Vasco de todas las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica y abre la puerta a hablar del "reconocimiento nacional" de Euskadi y la "salvaguarda" de sus competencias.

Al ser preguntada qué posición tiene el PP ante un acuerdo que puede romper la caja única de la Seguridad Social, Gamarra ha indicado que "es una línea roja más que ha cruzado Pedro Sánchez". "Y es la ruptura, a través de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, de la igualdad también de los españoles en términos de pensiones y en términos de la sostenibilidad del sistema de las pensiones", ha agregado.

El Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a principios de noviembre sitúa al PP con una ventaja de 2,6 puntos sobre el PSOE, que pierde punto y medio en un mes marcado por las negociaciones de la amnistía.

En concreto, el CIS atribuye al PP una estimación de voto del 33,9% frente al 31,3% del PSOE. La tercera plaza es para Sumar, que se anota un 11,8% tras perder un punto en un mes, y la cuarta es para Vox, que repite en el 10%.

La encuesta se basa en cerca de 4.000 entrevistas realizadas los primeros días de noviembre y coincidiendo con el acuerdo que el PSOE y ERC firmaron para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la amnistía para los independentistas encausados desde 2012 y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña.

Más de mil juristas que han apoyado el manifiesto 'Por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia', entre ellos el ex juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón y diputados de Sumar, han remitido cartas a las instituciones y autoridades de la UE donde defienden la futura ley, al tiempo que advierten de que sus detractores son "una minoría intolerante" que busca "desestabilizar el país" porque no ha aceptado el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Según ha informado Izquierda Unida (IU) en un comunicado, han remitido cartas a los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y Koen Lenaerts, respectivamente, entre otros dirigentes comunitarios como el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Los firmantes quieren "dejar constancia ante las instituciones españolas y europeas de que son muchas las personas profesionales del Derecho que no dudan de la legalidad de la institución de la amnistía en nuestro sistema constitucional" y que ésta "también forma parte de la legislación europea".

El PSOE espera registrar el próximo lunes, 13 de noviembre, la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas, y su objetivo es que la proposición de ley esté firmada por sus socios de investidura que se han mostrado a favor de la medida, según fuentes de la dirección socialista.

Bolaños dice que la ley está pactada y solo queda algún "detalle técnico" por cerrar.

Por tanto, esperan que la iniciativa la presenten conjuntamente con Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG, todos los socios de investidura a excepción de Coalición Canaria, que ya ha cerrado un acuerdo para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque no está a favor de la amnistía.

Desde Ferraz señalan que no tienen "prisa" para presentar la norma y apuntan como fecha probable al próximo lunes, la víspera de la reunión semanal de la Mesa del Congreso, que es el órgano donde la iniciativa debe pasar su primer filtro. La ley de amnistía que promovieron los independentistas en 2021 murió en esa reunión de la Mesa porque los letrados y el PSOE consideraban el texto como inconstitucional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que en los últimos días se han logrado "algunos progresos" para proteger a la población de la Franja de Gaza, pero también ha asumido que "se puede hacer más", ya que cree que han perdido la vida "demasiados" civiles.

"Demasiados palestinos han muerto. Demasiados han sufrido en estas últimas semanas", ha dicho el jefe de la diplomacia norteamericana durante una visita oficial en India, etapa final de una maratoniana gira que le ha llevado también a reunirse con dirigentes políticos israelíes, palestinos y de varios países árabes, informa la cadena CNN.

Un día después de que Washington informase de la voluntad israelí de acordar pausas humanitarias, que por ahora consisten en facilitar la salida de civiles de la Franja de Gaza, Blinken ha afirmado que la Administración de Joe Biden seguirá buscando "pasos concretos" para "prevenir el daño" sobre los civiles y "maximizar la ayuda", sin entrar en detalles.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha aseverado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "claudicó" este pasado jueves, con el pacto firmado con Junts para garantizar su investidura, "ante todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo más radical", y ha sostenido que el dirigente socialista es el presidente del Gobierno "que más está dividiendo España, a los españoles, que más confrontación está generando en la sociedad española".

Así lo ha sentenciado Juanma Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita a Antequera (Málaga) en la que el presidente andaluz ha insistido en criticar que Sánchez haya "claudicado" ante "un fugado de la justicia" como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como que "se ha negociado con absoluta oscuridad y a miles de kilómetros de España la investidura de un presidente del Gobierno".

Moreno ha acusado a Sánchez de estar generando "una gravísima crisis institucional, política y social" que "probablemente también será económica", y ha señalado que "prueba de ello es que no han pasado ni 24 horas y ya hemos visto cómo todo el poder judicial, incluido incluso asociaciones de magistrados y fiscales progresistas, han dicho que es un disparate colosal el no respetar la división de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amagado este viernes con recurrir el acuerdo fiscal entre el PSOE y Junts para la investidura del presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. "No es ni aviso ni amenaza, si hay que ejercer recurso lo haré", ha dicho.

Así lo ha indicado el presidente castellanomanchego en el transcurso de su intervención en el acto de inauguración de la nueva resonancia magnética del Hospital Virgen de Altagracia de la localidad ciudadrealeña de Manzanares, donde ha agregado que no permitirá que se haga "una relectura" de la Constitución española.

Del mismo modo, ha afirmado que ve en el pacto "mucha necesidad" de gobernar de un lado, de librarse de la cárcel de otro y "ninguna virtud"; añadiendo que no va a tolerar que "alguien" utilice la pluralidad de España para tener privilegios fiscales o financieros.

El exdiputado de los comuns y negociador de Sumar para la investidura, Jaume Asens, ha asegurado que el concepto de 'lawfare' "no está" en la ley de amnistía, porque es un concepto político y no jurídico.

"El concepto no está en la norma, el concepto está en un comunicado de prensa que han hecho dos partidos políticos. Es un concepto político, no es un concepto jurídico", ha sostenido en una entrevista este viernes en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Asens ha asegurado que el 'lawfare' "tiene que ver con una guerra sucia en la que se intenta ganar en los tribunales cosas que se pierden en las urnas, a través de mecanismos, utilizando recursos públicos".

Se ha mostrado sorprendido por la reacción de asociaciones de jueces y fiscales, que han expresado su preocupación al respecto, ya que "denota que tienen la piel muy fina", y ha acusado a los jueces de querer ser actores políticos.