Begoña Gómez pide al juez que aclare por qué sigue abierta la investigación contra ella tras pasar a la Fiscalía Europea

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no descarta que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales haciéndolas coincidir con una repetición de los comicios catalanes, pero ha advertido de que "esto empieza a ser una locura". "Llevamos cinco convocatorias electorales en Euskadi en un año y esta sería la sexta en un año y poquito, más la de Galicia, más la de Cataluña...", ha relatado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha instado a poner en la política "un poquito de serenidad y dejar tiempo precisamente para eso, para hacer política, para hacer acuerdos y para hacer que las cosas avancen".

Tras apuntar que con Sánchez "es imposible saber qué es lo que te va a hacer a la vuelta de la esquina", y que aunque el presidente del Gobierno aseguraba en la tribuna que iba a durar al legislatura hasta 2027, el portavoz jeltzale ha puesto en duda esta afirmación, argumentando que "haciendo coincidir ese botón con las elecciones catalanas, en Cataluña se juegan muchos escaños, ahora el PSC está ahí al alza, se juegan casi 50 escaños, 40 y muchos, y eso puede ser un ganar o un perder a nivel de todo el Estado".

Los aliados de la OTAN ultiman la propuesta de un fondo de apoyo financiero a Ucrania con la vista puesta en lograr un acuerdo en la cumbre de líderes de Washington, aunque han rebajado la ambición del compromiso y se plantean 40.000 millones de euros en un solo año, menos de la mitad de lo propuesto a principios de año por el secretario general, Jens Stoltenberg.

Pese a que hace meses Stoltenberg puso sobre la mesa un paquete de ayuda multianual de 100.000 millones para garantizar el respaldo robusto y a largo plazo a Kiev, los aliados han reducido la propuesta notablemente y ahora se limita a 40.000 millones de euros para 2024.

Fuentes aliadas consideran que la propuesta inicial de Stoltenberg era "un brindis al sol" y por contra valoran la cifra actual como "ajustada" y coherente con la ayuda financiera de los aliados a Ucrania desde la invasión rusa de 2022.

El PSOE ha celebrado que el Partido Popular se quiera volver a reunir con los socialistas para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mandato caducado desde hace cinco años, y ha recordado que lleva solicitando a la Comisión Europea y al PP un encuentro bilateral en estos tres meses para avanzar en el nuevo órgano de gobierno de los jueces, que no se ha celebrado por la negativa de los populares, según ha denunciado.

El PP reclamó este miércoles a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, una reunión urgente con el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el "chantaje" del jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, para intentar renovar el órgano de gobierno de los jueces, según han indicado fuentes populares.

Poco después, el PP informó de que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha dirigido esta tarde a Jourová para informarle del "intento" de Sánchez de "desestabilizar la negociación mantenida con el PP y con la supervisión del Gobierno comunitario para la mejora del modelo judicial de nuestro país".

La vicepresidenta del ultraderechista Reconquista, Marion Maréchal, ha hecho un llamamiento público a votar por la alianza de la Agrupación Nacional (AN) de Marine Le Pen y sus socios de derecha e independientes en vez de a su propio partido, argumentando que se trata de "anteponer los intereses de Francia" por encima de los partidistas.

"Tenemos una inmensa responsabilidad (...) Por lo tanto, pedimos apoyo, en todos los distritos electorales de Francia, a candidatos únicos de la coalición de derecha. Pedimos a todos los franceses que confiaron en nosotros este domingo 9 de junio que apoyen la unión y no la división", ha dicho Maréchal.

Maréchal mantuvo en la víspera una negociación con el presidente de AN, Jordan Bardella, para concurrir juntos a las elecciones legislativas de finales de junio. Sin embargo, la reunión se saldó sin acuerdo debido a que la formación liderada por Le Pen rechazó cualquier tipo de vínculo con Éric Zemmour, líder de Reconquista.

Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, ha criticado al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sus recientes declaraciones sobre que habrían sugerido varios cambios al acuerdo de alto el fuego planteado por Washington y le ha reprochado ser "parte del problema, no de la solución".

"Blinken confirma que él es parte del problema, no la solución", ha dicho en una entrevista para la cadena árabe Al Araby. Hamdan ha subrayado que Hamás ya ha trasladado a los mediados que es la parte israelí quien se niega al pacto.

Hamdan ha alertado de que la propuesta israelí busca un alto el fuego temporal a fin de poder recuperar fuerzas para seguir con sus ataques contra la Franja de Gaza, los cuales han dejado ya más de 37.200 muertos.

Sumar celebra este jueves la reunión del Grupo Coordinador, su máximo estamento directivo, para abordar los pasos a seguir tras la renuncia de Yolanda Díaz al liderazgo orgánico y donde gana fuerza la opción de acordar un equipo que asuma de forma temporal las tareas de coordinación, según fuentes de la formación.

La principal hipótesis de cara a la reunión del órgano, compuesto por 80 miembros, es que se conforme un grupo compuesto por varias personas (similar a una gestora) que tendrá una serie de tareas acotadas y de forma interina asuma el rol orgánico que venía desempeñando Díaz, hasta que en el futuro se elija un relevo para la coordinadora federal

Además, se pretende abordar también un primer plan de trabajo para acometer la reflexión interna de la organización de cara a iniciar el proceso de rearme de Sumar, tras el mal resultado de las elecciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado a las partes personadas en la causa en la que se instruye la querella de Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto, un plazo de diez días para que formulen alegaciones al escrito del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que asume la responsabilidad en la difusión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid y pide que le investigue el Tribunal Supremo.

En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado que instruye la causa por un supuesto delito de revelación de secretos por funcionario acuerda incorporar el escrito del fiscal general del Estado a las actuaciones, y dar traslado a las partes personadas, incluido el Ministerio Fiscal.

Lo hace un día antes de que esté citada en la sede de la calle General Castaños a declarar como testigo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. El pasado lunes, García Ortiz asumía nuevamente la responsabilidad de la difusión de la nota y solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.

La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la ley de amnistía que esta semana ha entrado en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press.

Las mismas fuentes precisan que la norma podría afectar "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Cabe recordar que la ley abarca una década del 'procés', desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023, 1-O y 9-N incluidos. Según señaló públicamente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma amparía a unas 372 personas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este miércoles que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "pierden autoridad moral" cuando critican al presidente, Pedro Sánchez, aun con el mandato caducado y ha defendido el ultimátum al PP para que deje de tener al órgano "secuestrado".

La Comisión Permanente del CGPJ pidió a Sánchez "contención" después de la segunda carta a la ciudadanía publicada por el jefe del Ejecutivo tras conocer la citación a su esposa, Begoña Gómez, para declarar como investigada. El órgano de gobierno de los jueces le avisó de que la misiva "sólo contribuye al deterioro de las instituciones" y de la "independencia judicial".

En declaraciones a los medios, la titular del departamento de Defensa ha criticado el pronunciamiento del CGPJ, señalando que "no es aceptable" y ha pedido a los vocales "ser conscientes de que pierden cualquier autoridad moral al hacer crítica" cuando no dejan su cargo a pesar de tener el mandato caducado desde hace un lustro. Por ello, les ha pedido "tomar nota" del ejemplo del dimitido expresidente del CGPJ Carlos Lesmes.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez que abrió una investigación contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que aclare qué hechos conforman la causa después de que se haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, explica que dado que el procedimiento quedó acotado por orden de la Audiencia Provincial de Madrid "exactamente" a los hechos que se queda la Fiscalía Europea, la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, ahora le surge la duda de qué queda en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular el magistrado Juan Carlos Peinado.

Por eso, explica que, si bien es consciente de que no puede tener acceso al contenido total del auto que da respuesta al decreto de avocación del órgano comunitario, "sí entiende que la tutela del Derecho de Defensa" de Begoña Gómez requiere que por el juzgado "se aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha lamentado este miércoles que las nuevas demandas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego conllevan que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza "continuará".

La milicia palestina respondió el martes a la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden, a finales de mayo, si bien ha sugerido ciertos cambios en el acuerdo que sugieren que, de nuevo, no habrá entendimiento entre las partes.

"Seguiremos presionando de forma urgente para intentar cerrar este acuerdo", ha manifestado Blinken en rueda de prensa desde la capital de Qatar, Doha, donde ha insistido en que la diferencia de posturas entre Hamás e Israel, según recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

"Creo que esas brechas se pueden salvar, lo que no significa que se vayan a salvar", ha matizado Blinken, que a pesar de todo parece mostrarse poco optimista sobre la posibilidad de que esta propuesta de alto el fuego termine aplicándose.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha alertado este miércoles de que el país atraviesa "tiempos difíciles", si bien ha destacado que el pueblo ruso "siempre ha logrado sobrepasar todos los obstáculos y dificultades" que se han presentado "en todos los periodos históricos".

En un discurso con motivo del Día de Rusia, fecha en la que se celebra la fiesta nacional, Putin ha recalcado que el Estado "ha atravesado numerosos momentos difíciles y trágicos", lo que "aumenta la grandeza de la patria". "Hoy es un día difícil para nuestro país. Estamos unidos de nuevo por el patriotismo y la responsabilidad hacia el destino de nuestra nación", ha dicho.

"Estos sentimientos sirven como apoyo a los miembros que luchan en el marco de la operación militar especial. Todo el país apoya a nuestros héroes", ha manifestado en relación con los combatientes desplegados en el marco de la invasión de Ucrania.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado en el "matonismo democrático" la "amenaza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo si el PP no pacta su renovación antes de final de mes.

"Ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría un hombre aún mucho más izquierdista y violento porque estos anuncios son de matonismo democrático", ha señalado la dirigente madrileña en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el municipio de Torrejón de Ardoz.

Para la presidenta, las reformas que plantea "a la prensa y a los jueces lo que indica es que va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista" para "tapar su corrupción". "Queremos avisar es que la Constitución no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma. Ninguna es ninguna. Por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez", ha asegurado Ayuso, quien ha incidido en que son las Cortes Generales, a partes iguales el Congreso de los Diputados y el Senado, los que tienen que tomar este tipo de decisiones.

En este sentido, ha avisado de que "con prácticas bolivarianas se encargará de pisotear al Senado para que se quede minoría, para que no cuente una Cámara fundamental como es esta". "Mientras tanto tenemos al fiscal general en su huida hacia adelante. No habíamos vivido una situación tan grave en España en democracia", ha trasladado.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedirle que "actúe" contra la ley de amnistía una vez que ya está en vigor tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su carta, Montserrat asegura que la ley de amnistía "supone un ataque frontal al Estado de Derecho en España con la que el presidente (Pedro) Sánchez sólo busca borrar los delitos, incluidos los de corrupción o terrorismo, a otros políticos a cambio de permanecer en el poder".

Según explica a su colega alemana, la ley que el PSOE pactó con los independentistas "no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución" y "resulta profundamente divisiva", hasta el punto de que "ha generado un profundo rechazo en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española".

"Esperamos que la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España sino en toda la Unión Europea y actúe en consecuencia para salvaguardarlos", remacha.

El PP considera que, una vez publicada, es cuando la Comisión "debe poner en funcionamiento todos sus mecanismos y resortes para pronunciarse sobre su aplicación a los condenados y perseguidos por la Justicia por delitos tan graves como los de terrorismo y malversación de caudales públicos".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, recurrirá la Ley de Amnistía en su totalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) "en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes".

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión celebrada este miércoles con carácter extraordinario en Torrejón de Ardoz, la interposición del recurso ante el TC tras su entrada en vigor ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como ha anunciado la presidenta regional en rueda de prensa. Lo presentarán en un plazo de tres meses.

Para Ayuso, esta es "la ley más corrupta de la democracia". "Se trata de una ley redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática en nuestro país, que por supuesto no finaliza nada sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación", ha remarcado, para a renglón seguido alertar de que lo que viene es "el referéndum".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que "la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho". "Hace difícilmente reparable tanto daño primero al buen nombre de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también a nuestra democracia, a la confianza de nuestros socios internacionales y de los mercados", ha subrayado.

El Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que "avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma".

Nueve agentes de la Policía Nacional pendientes de juicio acusados por cargas durante el referéndum del 1-O en Barcelona han pedido que se les aplique la Ley de Amnistía que entró en vigor el martes y se archive la causa para ellos, ya que "en ningún caso" participaron en actos de torturas y tratos inhumanos o degradantes, que son los casos excluidos.

Los nueve agentes forman parte de la causa del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona donde hay 45 policías procesados por cargas en la ciudad. La defensa de los agentes considera que sus casos se enmarcan en los supuestos de la Ley de Amnistía y considera que la exclusión de los delitos de torturas se refiere a hechos "mucho más graves" que los delitos de lesiones que se atribuyen a estos policías.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados Javier Aranda Guardia y Sandra Melgar Rodríguez plantean al amparo del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/24 de Amnistía la "extinción de responsabilidad criminal" para los agentes que actuaron el dispositivo del 1-O en el IES Pau Claris, CEIP Ágora y las escolas Dolors Monserdà, Posperitat, Infant Jesús y Mediterránea.

La defensa de los policías entiende que los agentes que piden ser amnistiados no incurrieron en los delitos excluidos de la ley aprobada esta semana en el BOE, puesto que "en ningún caso" participaron en "actos de torturas y de tratos inhumanos o degradantes".

"No existe fundamentación para concluir que las conductas de mis representados son incardinables en ninguno de los dos artículos del código penal (173 y 174), pero para el supuesto que pudiera existir una futura o hipotética acusación en este sentido, no sería válida al haber incluido por la norma conductas como las investigadas en este proceso entre los actos amnistiados y, por lo tanto, imposible su tipificación mediante ulterior acusación", añaden.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que el adelanto electoral anunciado el domingo representa "una respuesta democrática" a la actual situación política en el país, aunque ha tachado de "absurdo" que él mismo pueda dimitir tras el histórico ascenso de la ultraderecha en los comicios al Parlamento Europeo, que han derivado en un terremoto político en múltiples frentes.

Las elecciones suponen, según Macron, "una respuesta democrática" al "bloqueo" en la Asamblea Nacional y a lo ocurrido el domingo en las urnas. "Nuestros compatriotas expresaron sus inquietudes sobre seguridad, inmigración, poder adquisitivo", ha explicado el presidente, que ha asumido durante una rueda de prensa que en un escenario como el actual no bastaba con "cambios de gobierno o de coaliciones".

No convocar elecciones legislativas, ha alegado, habría sido "irresponsable", en la medida en que aún ve margen para recoger la "cólera" planteada por los ciudadanos y contener el ascenso de partidos como Agrupación Nacional, que ya ha confirmado que presentará a su líder, Jordan Bardella, como candidato a primer ministro. La formación ultraderechista superó el 30 por ciento de los votos en las elecciones europeas.

"No quiero darle las llaves del poder a la extrema derecha en 2027", ha aseverado Macron, en alusión a la teórica fecha de las próximas elecciones presidenciales, por lo que ha tratado de reivindicar a su partido como la única opción moderada dentro de la actual reconfiguración acelerada de alianzas.

Así, ha criticado a sus rivales y ha apuntado que, desde el domingo, "han caído las máscaras", en concreto por las alianzas de las derechas e izquierdas "republicanas" -Los Republicanos y el Partido Socialista- con formaciones "extremas", en un aparente intento de situar en el centro a su movimiento político, Renacimiento.

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro este miércoles que se mantiene en su tesis de cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces y no se moverá de posición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Ahora con más razón", han señalado fuentes 'populares', aludiendo así a los "ataques" del Gobierno a los jueces.

Se trata de la primera reacción de Génova PP apenas minutos después de que Sánchez haya dado un ultimátum a Feijóo para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y haya advertido de que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

"El día de la marmota ha durado demasiado, más de 2.000 días y eso se acabó", ha lanzado Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un "incentivo perverso" que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno porque así puede seguir controlándolos, según ha afirmado.

Los populares han defendido este miércoles su propuesta de que los jueces elijan a los jueces para fortalecer la independencia judicial. "Ahora con más razón", han asegurado desde el equipo de Feijóo, quien en campaña ha denunciado los "ataques a los jueces y los periodistas" que, a su juicio, realiza el Ejecutivo de Sánchez.

Sánchez y Feijóo acordaron en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de diciembre -a instancias del PP- que la Comisión Europea ejerciera de mediadora para poder llegar a un acuerdo en la renovación del CGPJ. Desde entonces, se han celebrado varias reuniones entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, con la presencia del excomisario de Justicia Didier Reynders, pero esos contactos no han desembocado en ningún acuerdo.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reciben con discrepancias el aviso que ha lanzado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que quitará al órgano la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) si el PP no pacta la renovación antes de que termine este mes de junio.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press sostienen que el anuncio del jefe del Ejecutivo ha tomado por sorpresa a varios vocales que, desde hace tiempo, han rebajado sus expectativas sobre una eventual renovación del CGPJ, toda vez que llevan cinco años con el mandato caducado a la espera de que el PSOE y el PP pacten los nombres de los 20 vocales.

Cabe recordar que ya en 2021, con ánimo de forzar la renovación, el Gobierno impulsó una reforma legal que prohíbe a un CGPJ en funciones -como el actual- hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. En 2022 se aprobó otra reforma que devolvió al órgano la capacidad de nombrar a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Los intentos desde entonces para renovar el CGPJ han sido varios, pero ninguno ha dado frutos.

Según las fuentes consultadas, este miércoles unos celebran que se den pasos para intentar desbloquear la situación, pero se muestran escépticos de que sirva para materializar la renovación. Los más optimistas recuerdan que la modificación de la regulación de los nombramientos de altos cargos del Poder Judicial ha sido reclamado por varios desde hace tiempo y coincide con una de las propuestas que ha planteado el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

Otros vocales, sin embargo, rechazan la iniciativa del Gobierno y se preguntan: "¿Si el CGPJ no está para hacer nombramientos, para qué queda?". En este sentido, subrayan que la propia Constitución recoge que la competencia de nombramientos es del órgano de gobierno de los jueces.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido que el Gobierno aborde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una vez ha terminado "este ciclo electoral" para llevar a cabo las promesas por las que los ciudadanos votaron a PSOE y Sumar en las elecciones generales del año pasado. Asimismo, ha defendido la labor de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien en su opinión ha "asumido su responsabilidad" dejando el liderazgo de Sumar tras los malos resultados de los comicios europeos del domingo.

"Hago una expresión de determinación y de convicción de que hace falta aprobar unos presupuestos (...) Espero que una vez terminado este ciclo electoral permanente en el que hemos estado, podamos por fin aprobar unos presupuestos e intervenir decididamente para lo que nos han votado, para mejorar las condiciones de vida de la gente", ha manifestado el dirigente de Sumar en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

De esta forma, Bustinduy ha lamentado que los PGE puedan ser "sencillamente una cuestión de juego político en el Congreso", ya que de las cuentas públicas "depende el bienestar de la gente", así como los derechos sociales, las políticas de dependencia o la protección social a las familias, entre otras medidas.

Preguntado por la renuncia de Yolanda Díaz de la Coordinación General de Sumar y por las críticas de algunas de las formaciones que conforman la coalición de partidos, como Más Madrid o Izquierda Unida, Bustinduy ha resaltado que la ministra de Trabajo ha cumplido "con algo que en política siempre se reclama que se haga" que es "asumir la responsabilidad" ante unos resultados que "con total honestidad" han sido malos.

"Se dice que no se asumen responsabilidades, pues ella lo ha hecho. Y lo que ha manifestado es que se va a centrar en la acción en el Gobierno, en su acción como ministra de Trabajo", ha proseguido el titular de Derechos Sociales, para después recordar que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), "que es poco sospechoso de ser izquierdista", ha alabado alguna de las medidas de Díaz, como la subida del salario mínimo, por haber sacado de la pobreza a un millón de personas en España.