Junts y PNV se unen a PP y Vox para tumbar el impuesto energético

La diputada y vicesecretaria general de Educación y Salud del PP a nivel nacional, Ester Muñoz, ha calificado este jueves de "gravísimo" que miembros del Gobierno conocieran el correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de ser publicado en los medios de comunicación.

Antes de asistir a la junta directiva del PP de Alicante junto al presidente de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, a quien ha expresado públicamente su apoyo, Muñoz se ha referido a la conclusión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés tenía conocimiento de dicho correo del novio de Ayuso.

"Estamos conociendo que ese correo, antes de que se publicara, ya lo tenían miembros que pertenecían al Gobierno de España" lo que le "parece gravísimo porque al final estamos asistiendo -ha dicho- a cómo un gobierno usa las instituciones del Estado para atacar a rivales políticos".

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha dicho este jueves que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestra que "no había nada" contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni contra el Gobierno en la filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconoce un fraude fiscal. "Todo Madrid y toda España sabe que el novio de Ayuso reconoció haber cometido un delito, y que el jefe de gabinete de Ayuso filtró una mentira a los medios de comunicación", ha afirmado también al respecto.

López ha subrayado que el informe de la UCO refleja "la realidad" de que "no había nada contra el fiscal general ni contra el Gobierno de España", pero Ayuso "sigue sin explicar todas las irregularidades" y Miguel Ángel Rodríguez "también sigue sin explicar por qué filtró una mentira la opinión pública".

En declaraciones a los medios en la sede del PSOE en Madrid, López ha acusado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, de intentar "montar toda una campaña contra el fiscal general del Estado y contra el Gobierno de España". López ha valorado así el informe de la UCO enviado al juez del Tribunal Supremo que investiga la causa abierta contra el fiscal general del Estado sobre revelación de datos, en el que dice no haber encontrado mensajes en el móvil de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de Díaz Ayuso.

El informe de la UCO apunta también que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, "tendrían conocimiento" del correo "antes de ser publicado en ningún medio" el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, tras el volcado del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato.

Un centenar de mujeres se han concentrado este jueves frente la embajada de Francia en Madrid después de que se diera a conocer el veredicto del caso Pelicot. Finalmente, el tribunal de Aviñón ha condenado a Dominique Pelicot a veinte años de prisión, la pena máxima, por sedar y violar a su mujer junto a decenas de hombres durante más de una década.

Las manifestantes se han reunido en torno a las 19.00 horas en la madrileña calle de Salustiano Olózaga. Han querido, de esta forma, mostrar su apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer víctima de las violaciones organizadas por su propio marido. Además, han exigido un marco jurídico y legal de "mayor protección" para las mujeres.

Durante la concentración han leído el manifiesto Que la vergüenza cambie de bando, titulado con la frase que Gisèle Pelicot pronunció cuando se inició el juicio contra los 52 acusados identificados, de los casi un centenar que cometieron las violaciones. "Queremos expresar que estamos contigo Gisèle. Gracias por tu valentía. Por fin la vergüenza está cambiando de bando", han sido las palabras pronunciadas por la comitiva, en francés y español, al comenzar la concentración.

Siria avanzó esta jornada un paso más en su transición con varios elementos que hubieran sido impensables hace apenas 15 días: grupos de la sociedad civil se manifestaron en la capital exigiendo su participación política y un Estado laico, mientras que unos 2.000 funcionarios y exmilitares del régimen de Bachar Al Asad que habían huido a Irak regresaron tras ser indultados.

Centenares de personas se concentraron este jueves en la céntrica plaza de los Omeyas, en Damasco, el que se ha convertido en el centro de expresión popular desde el derrocamiento del régimen de Al Asad, portando pancartas y cantando lemas en defensa de una sociedad civil fuerte y diversa en un país laico que respete todas las sensibilidades religiosas.

Esta marcha se produjo sin incidentes y constituye el primer mensaje político en las calles dirigido al gobierno interino que asumió el poder en el país liderado por la coalición islamista encabezada por el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham, o HTS en árabe), grupo heredero de la filial siria de Al Qaeda.

La movilización, que planea repetirse en los próximos días en otros puntos del país bajo el control del Gobierno dirigido por Mohamed al Bashir, fue impulsada por los sectores más liberales de la sociedad siria, contrarios tanto al régimen de Al Asad como a cualquier imposición religiosa que pueda surgir ahora en el territorio.

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha exigido este jueves que "el CNI y todos los implicados" en el espionaje del que fue objeto su móvil asuman la "responsabilidad" por lo ocurrido: "Iremos hasta el final".

Así ha reaccionado, desde la red social X, después de que un informe de los Mossos d'Esquadra haya confirmado que el móvil de Aragonès estuvo infectado con el programa Pegasus durante un año, desde 2018, sin contar con el aval del Tribunal Supremo, que no autorizó al CNI a espiarlo hasta julio de 2019, según concluye la policía catalana tras analizar su teléfono por encargo del juez.

"2018. 2019. 2020... Toda mi vida personal y política, espiada ilegalmente con Pegasus. Ahora lo certifica también un análisis pericial policial. Es la enésima demostración. El CNI y todos los implicados deben asumir la responsabilidad. Iremos hasta el final. No vale todo. ¡Seguimos!", ha escrito Aragonès en X.

Las conclusiones del análisis del móvil, coinciden con las de la pericial informática que Aragonès aportó al juzgado junto a la querella que presentó por el ataque con Pegasus, que revela que el exdirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

El canciller alemán, Olaf Scholz, conversó este jueves por teléfono con el presidente electo estadounidense, Donald Trump, con el que coincidió según Berlín en la necesidad de alcanzar lo antes posible una paz justa en Ucrania. "Los dos estuvieron de acuerdo en que la guerra rusa contra Ucrania ya dura demasiado y en que ahora se trata de alcanzar lo antes posible un camino a una paz justa y duradera", declaró un portavoz de Scholz en un breve comunicado.

El tema central de la conversación fueron los retos para la seguridad en Europa, de acuerdo con la nota. "El canciller reiteró de nuevo que mantendrá el tiempo que haga falta el apoyo a Ucrania en su defensa contra la guerra de agresión rusa", concluyó el portavoz.

Este miércoles Scholz participó en una reunión en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que participaron diversos líderes europeos para bordar la cuestión de cómo delinear unas garantías de seguridad para Ucrania si se alcanza un alto el fuego. “Junto con Estados Unidos, Europa tiene la fuerza suficiente para forzar a Rusia a una paz real. La paz a través de la fuerza llegará seguro”, escribió este jueves Zelenski en sus redes sociales, utilizando el eslogan elegido por Trump, para definir su política exterior.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que las garantías de seguridad que puedan ofrecer los países europeos a Ucrania frente a Rusia “no serán suficientes”, y dejó claro que deberá ser la OTAN la que las proporcione. Se expresó así tras participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas, en la que los Veintisiete instaron a intensificar el apoyo militar a Kiev, al tiempo que apostaron por una paz "justa" para Ucrania.

“Creo que las garantías europeas no serán suficientes para Ucrania”, indicó Zelenski en una rueda de prensa, en la que agregó que “la verdadera garantía en cualquier caso, ahora o en el futuro, será la OTAN”, la cual se basa en decisiones que toman los países europeos y Estados Unidos principalmente, dijo. Sobre la posibilidad de desplegar tropas de paz extranjeras en Ucrania, Zelenski manifestó que apoya la "iniciativa" del presidente francés, Emmanuel Macron, pero aseguró que necesita tener "todos los detalles sobre este contingente militar". "Decimos que podría ser parte de las garantías de seguridad. No hace falta decir que la OTAN es la mejor garantía de seguridad para Ucrania, y, por supuesto, hasta que Ucrania sea miembro de la OTAN este aspecto podría ser considerado como una alternativa", comentó. Insistió también en la urgencia de que los aliados proporcionen a Ucrania los 19 sistemas de defensa aérea adicionales que les había solicitado previamente.

En su perfil de la red social X, Zelenski recalcó que apoya la iniciativa francesa de un contingente militar en Ucrania y pidió a "otros socios" que se unan a la propuesta, ya que en su opinión "ayudará a que la guerra termine". Por lo que respecta a la diplomacia, dijo en la rueda de prensa que, “por supuesto, Estados Unidos y Europa deben sentarse a la mesa cuando llegue el momento”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que "cada vez salen más evidencias de la operación organizada" contra ella por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "cobarde". "Cada vez salen más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado, que controla Sánchez, contra una adversaria política. Eso es inadmisible. Sánchez es un cobarde" ha expresado Díaz Ayuso.

En un mensaje en la red social X, Díaz Ayuso ha reaccionado así al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en la causa abierta sobre el fiscal general del Estado, en el que concluye que Moncloa tenía conocimiento del correo en el que el novio de la presidenta madrileña reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en ningún medio de comunicación.

Según el informe remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, los mensajes muestran que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, "tendrían conocimiento" del correo "antes de ser publicado en ningún medio" el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín. 

Una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad, según informan a EFE fuentes fiscales.

La Guardia Civil ha entregado este jueves un informe al Tribunal Supremo en el que constata que ha encontrado "cero mensajes" en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Entre las instrucciones se encuentran la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso" y la "limitación del plazo de conservación" de datos personales "durante el tiempo estrictamente necesario". Impone además a los fiscales adoptar "medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento", añaden las fuentes. También establece la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto".

La guía de actuaciones introduce una serie de medidas de seguridad como la limitación "al máximo" del "almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (discos duros externos, memorias USB, etcétera)" y obliga a "su encriptación en caso de que se utilicen". También desaconseja almacenar "indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico" y "eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera", añaden las fuentes

El móvil del expresidente catalán Pere Aragonès estuvo infectado con el programa espía Pegasus durante un año desde 2018 sin contar con el aval del Tribunal Supremo, que no autorizó al CNI a espiarlo hasta julio de 2019, según concluyen los Mossos d'Esquadra tras analizar su teléfono por encargo del juez.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la policía catalana ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, su informe sobre el examen forense efectuado al móvil de Aragonès, que el pasado mes de septiembre facilitó su teléfono para que fuera analizado.

Las conclusiones del análisis del móvil, según las mismas fuentes, coinciden con las de la pericial informática que Aragonès aportó al juzgado junto a la querella que presentó por el ataque con Pegasus, que revela que el exdirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. 

El exministro Federico Mayor Zaragoza, ha muerto este jueves a los 90 años de edad, según ha confirmado el CSIC y la Universidad de Granada. El político ocupó la cartera de Educación y Ciencia entre 1981 y 1982 y director general de la UNESCO entre 1987 y 1999. También fue rector de la Universidad de Granada (UGR) y vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Frances Vallés tenía conocimiento del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en ningún medio de comunicación.

Esta es una de las conclusiones del informe de la UCO sobre el móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos en relación con ese correo del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe remitido por los investigadores al Supremo, de los mensajes se deduce que Lobato preguntó a la asesora Pilar Sánchez Acera y a Vallés por la procedencia de ese correo y, en el caso de este segundo, podría ser porque varios mensajes "apuntan a que podría tener un rol superior de coordinación" respecto a la información sobre el novio de Ayuso.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que el Gobierno aprobará un real decreto ley el próximo lunes para mantener el gravamen a las grandes energéticas en 2025 a pesar de que sabe que no será convalidado en el Congreso por la oposición de PNV y Junts.

"Vamos a traer (el real decreto ley) porque el Gobierno cumple sus compromisos", ha subrayado Montero en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso minutos después de que PP, Vox, PNV y Junts derogaran el gravamen extraordinario a las grandes energéticas.

La vicepresidenta ha reconocido que este voto de PNV y Junts "no es ninguna sorpresa" porque ya habían mostrado públicamente su oposición a la extensión del gravamen -aprobado inicialmente para dos años y prorrogado uno más-, al entender que podría afectar a las inversiones en sus territorios.

A pesar de ello, Montero ha insistido en que el Gobierno aprobará el real decreto ley con la extensión del gravamen -que ya no podrá ser una prórroga, al haber quedado derogado-, tal y como se comprometió, en primer lugar, con Podemos, y de nuevo este miércoles, con ERC, Bildu y BNG.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este jueves la aprobación del proyecto de ley de eficiencia de la justicia, con la que se lleva a cabo "la mayor transformación en décadas de la Justicia española".

Así se ha manifestado Bolaños en los pasillos del Congreso tras asistir a la votación que ha levantado el veto del Senado a la ley de eficiencia de la justicia, que finalmente ha salido adelante aunque Podemos había amenazado con no apoyarla.

"Estoy muy contento porque hemos conseguido sacar adelante la ley de eficiencia del servicio público de la justicia. 2024 se ha convertido en el año de la gran transformación de la justicia", ha dicho.

Ha celebrado que el Gobierno haya conseguido reformar la ley para que la justicia "tenga las bases para que sea la que se merece la sociedad del siglo XXI". Una Justicia "con más medios, con más digitalización, con modernización de las estructuras y, por supuesto, con agilidad".

Ha explicado que esta ley va a estructurar la nueva planta judicial en tribunales de instancia, va a aligerar las cargas de trabajo, a especializar a los jueces por materias, así como facilitar las contrataciones para disponer de jueces sin necesidad de crear juzgados nuevos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los investigadores han enviado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su informe sobre el material analizado tras el registro al despacho del fiscal general del Estado, practicado el pasado 30 de octubre, en el marco de la investigación por presunta revelación de secretos.

En dicho informe, al que ha tenido acceso EFE, la UCO también indica que en su ordenador se hallaron dos archivos que contienen una copia de dos correos enviados por una cuenta corporativa de la Fiscalía, fechados el 13 de marzo, con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que el Gobierno aprobará la próxima semana un real decreto para prorrogar durante un año el escudo social con la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y para extender durante seis meses más las actuales ayudas al transporte.

Con esta promesa, Podemos ha decidido apoyar la ley de eficiencia de la Justicia y el PSOE ha podido salvar el veto que impuso el Senado.

El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley de eficiencia de la Justicia, tras conseguir levantar el veto del Senado con el apoyo de Podemos, que había amenazado con dejar caer la ley al incluir una enmienda que permitirá agilizar los desahucios en los casos de ocupación.

El Tribunal Supremo ya ha enviado formalmente la petición de suplicatorio para levantar la inmunidad del exministro y diputado José Luis Ábalos, como ayer instó el juez que le investiga, de modo que su causa ha quedado en suspenso en lo que se refiere a él hasta que el Congreso dé una respuesta.

El magistrado Leopoldo Puente acordó el miércoles solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar a Ábalos por cuatro delitos y este jueves la Sala de lo Penal del Supremo ha dado curso formalmente a su petición.

Porque es la Sala de lo Penal el órgano que tiene que remitir el suplicatorio a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por conducto de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

En su auto, los magistrados recuerdan que la ley prohíbe que los diputados y senadores sean inculpados o procesados sin la previa autorización de la respectiva Cámara (el suplicatorio).

La vivienda se sitúa como el principal problema de España, según los encuestados en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por delante del paro, la crisis económica y la política.

La inmigración, que llegó a encabezar la lista de problemas en septiembre y octubre, cae a un octavo puesto.

La vivienda es citada como el principal problema del país por el 22,3 % de los encuestados, y tras ella aparece el paro (18,7 %) y la crisis económica (17,6 %).

Los siguientes puestos de la lista están copados por la política: el 17,4 % cita los problemas políticos en general; el 16,7 %, el "mal comportamiento" de los políticos; y el 15,6 %, al Gobierno y a los partidos.

En los diez primeros puestos se cuelan los problemas relacionados con la calidad del empleo, la inmigración, la corrupción y el fraude y la sanidad.