El Supremo inadmite la querella de Vox contra Marlaska por actuaciones policiales en las manifestaciones de Ferraz

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un nuevo expediente sancionador contra Hungría por reformas que atentan contra el Estado de derecho, en este caso por considerar que su controvertida "Ley de Defensa de la Soberanía" para investigar presuntas injerencias extranjeras vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo principios como el de la democracia y los derechos electorales de los ciudadanos.

El procedimiento de infracción arranca con una carta de emplazamiento que concede un plazo de dos meses al Gobierno de Viktor Orbán para enmendar la situación y es la primera de las tres fases previstas en el mecanismo comunitario. En caso de no resolverse la situación, permitirá a Bruselas denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha informado Europa Press.

El Ejecutivo comunitario ha subrayado al anunciar el expediente que su decisión es resultado de una "evaluación exhaustiva" de la norma adoptada por el Parlamento húngaro en diciembre del pasado año y que crea una Oficina de Defensa de la Soberanía para investigar actividades que beneficien a otro Estado o a una organización o persona extranjera si se sospecha que pone en riesgo la soberanía de Hungría o pretende influir en la decisión de voto de los húngaros.

Este marco, que voces críticas alertan de que busca reforzar el poder de Orbán y silenciar a sus críticos, contiene también disposiciones y modificaciones de la legislación húngara vigente que prohíben a los candidatos y los partidos políticos utilizar financiación extranjera en sus campañas electorales y prevé sanciones penales para ellos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajan este jueves a Mauritania para ofrecer más apoyo en forma de fondos e inversiones a este país a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios, tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos de sus costas con rumbo a las islas Canarias.

España entiende que Mauritania es un socio estratégico en una región particularmente convulsa en los últimos tiempos como es África Occidental y el Sahel, donde se han sucedido los golpes de Estado y el yihadismo está en plena expansión, y quiere que la UE también lo vea de este modo, estableciendo una cooperación más estrecha con este país, como ya la tiene con otros del norte de África como Túnez o Marruecos, según ha informado Europa Press.

"Mauritania es la única democracia de esa zona de África y tenemos que apoyarla", defendió este lunes Sánchez. Para hacer ver esta realidad, el Gobierno propuso a Von der Leyen una visita conjunta, durante la que ambos se reunirán con el presidente del país, Mohamed Uld Ghazuani.

Aunque fuentes gubernamentales aseguran que la cuestión migratoria no es el objetivo central del viaje, lo cierto es que la visita se produce después de que se haya constatado que el 83% de los cayucos llegados en enero a Canarias procedían de Mauritania y de que el archipiélago registrara más de 7.000 llegadas en el primer mes del año.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elevado a tres las mujeres presuntamente asesinadas por violencia de género por sus parejas o exparejas este año, tras confirmarse el caso de la localidad alicantina de Alfàs del Pi. Así, el número de víctimas muertas por este motivo asciende a 1.243 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha precisado el Ministerio de Igualdad y Europa Press, esta última víctima tenía 44 años, dos hijos menores de edad y fue presuntamente asesinada por su pareja este lunes 5 de febrero.

Este pasado jueves también se confirmó el caso de la mujer de 45 años hallada sin signos de vida en un vehículo en Girona, que murió el 27 de enero.

La primera víctima por violencia machista de este 2024 fue una mujer de 56 años, que fue presuntamente asesinada el 12 de enero en la provincia de Málaga. El hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo en su vivienda en el núcleo urbano de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

En ninguno de los casos confirmados este 2024 existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El Parlamento Europeo denunciará este jueves en una resolución las injerencias rusas durante el procés independentista en Cataluña y pedirá que se investiguen efectivamente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin, en un texto que ha sido consensuado entre la mayoría de grupos incluidos socialistas y verdes.

La resolución conjunta sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa, entre otras cosas, reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin, en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta que el entorno de Carles Puigdemont estableció vínculos con exdiplomáticos rusos en el marco del pulso independentista en 2017.

El texto acordado por las formaciones mayoritarias en la Eurocámara, al que ha tenido acceso Europa Press, expresa la "profunda preocupación" del Parlamento Europeo por las "supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa" y señala que la injerencia rusa en Cataluña "formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE".

En este sentido, indica que Moscú ha organizado "campañas masivas de desinformación en Cataluña" y apunta a los "presuntos profundos contactos" y reuniones entre agentes rusos y miembros del movimiento independentista. Por todo ello, la resolución pide a las autoridades judiciales competentes que "investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE", una referencia que encaja con la situación del expresident catalán y actual eurodiputado de Junts, aunque no le nombra expresamente.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, trabaja sin un plazo delimitado en el informe final en el que fijará si el Ministerio Público ve pertinente o no que en la causa de Tsunami Democràtic se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en protesta a la sentencia del procés.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Supremo no fijó plazo alguno al Ministerio Público en la providencia en la que le dio traslado para que se pronunciase sobre la petición que hizo el juez de la Audiencia Nacional (AN) a cargo de 'Tsunami' al TS para que investigue por terrorismo al expresident y eurodiputado de Junts. De acuerdo con las mismas fuentes, el hecho de que el tribunal no delimitara el plazo responde al criterio que suele seguir en este tipo de asuntos.

Fuentes fiscales han asegurado que la número dos del Ministerio Público está trabajando en su informe y que aunque no se prevé que lo presente de forma inmediata ante la Sala de lo Penal del TS, tampoco tardará semanas en entregarlo.

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que no le preocupa que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo pida investigar por presunto terrorismo al líder de Junts en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

"No estoy nada preocupado, en absoluto. No hay nadie con las defensas más blindadas que el señor Puigdemont", ha considerado este miércoles en Rac1, recogida por Europa Press después de que este martes la junta de fiscales del Supremo decidiese tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo y se posicionara a favor de investigar al expresidente por terrorismo.

Boye ha dicho que no le ha sorprendido la postura de los fiscales porque son "los mismos" que acusaron de rebelión a los líderes independentistas catalanes en el juicio por el 1-O.

El abogado de Puigdemont ha indicado que quienes le preocupan son "las otras 70 personas" implicadas en el caso y ha sostenido que no existe soporte legal para que los fiscales rechazasen el informe de Redondo, partidario de la tesis de que no hubo terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles al Gobierno de utilizar la amnistía a los encausados por el 'procés' para "impedir la alternancia" y expulsar al PP del "tablero político" y ha echado en cara al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que legisle no sólo "ad delinquens", sino también contra "jueces concretos", como el de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Ha sido en el Pleno del Congreso en el transcurso de una interpelación que dará lugar a una moción que el PP someterá a votación en el hemiciclo dentro de dos semanas, ya después de las elecciones gallegas.

Para la diputada 'popular', no existen precedentes de una amnistía concedida para "comprar el poder", por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez es "corruptamente único". "Si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo", ha agregado.

En este punto, ha sacado a colación la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo favorable a la propuesta del juez Manuel García-Castellón de investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Qué devastadora para ustedes, que esperanzadora para la Justicia", ha dicho. La interpelante ha acusado al Gobierno de "alentar", "legitimar" y "reanudar" el proceso separatista, emplazando a Bolaños a aclarar si "van a renunciar a un referéndum" y ha hecho hincapié en que al Ejecutivo sólo le preocupa "la convivencia entre el chantajista y el chantajeado porque sin ella, colorín colorado".

Y es que, según la tesis de Álvarez de Toledo, desde el Gobierno se invoca la "convivencia con el separatismo para liquidar la convivencia constitucional". "Porque eso es en realidad la ley de amnistía, un instrumento para impedir la alternancia en España", ha alertado. En concreto, la dirigente 'popular' ha señalado que la amnistía es "un paso más" en la estrategia iniciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "para echar a la derecha del tablero político mediante un cambio espurio en las reglas del juego". Y, tras recalcar que Zapatero ha fijado como reto de esta legislatura, el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, ha preguntado a Bolaños si "el siguiente paso es un referéndum de autodeterminación" y "si la lo han negociado en un chalé suizo".

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha señalado este miércoles que los diputados díscolos estudian ahora los informes de los letrados del Parlament sin aclarar si volverán a repetir la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras. En una comparecencia en la Cámara autonómica, Ribas no ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha evitado pronunciarse sobre la respuesta de sus compañeros a los informes de los letrados.

"Comprenderán que el texto lo hemos conocido hace muy poco y, por tanto, lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y no les puedo adelantar cuál será nuestra decisión. No se tomará ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes", ha afirmado.

Cabe recordar que este miércoles se ha conocido el contenido de los informes de los letrados del Parlament que, aludiendo a un defecto de forma, rechazan la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras del Grupo Parlamentario de Vox. El informe jurídico alude a un defecto de forma y determina que la reunión en la que Vox acordó la expulsión del presidente de la Cámara y de la líder del partido en las Islas no tenía convocatoria ni orden del día en el que constara la propuesta de expulsión.

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este miércoles su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentadas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Ministerio del Interior no tuvo "ninguna intervención" en la devolución de los menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, que el Tribunal Supremo (TS) consideró recientemente "ilegal". En concreto, el TS consideró que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".

"Yo no tengo ningún inconveniente en corresponsabilizarme como miembro de la Administración General del Estado, pero vuelvo a decir, lean la sentencia, lean otras sentencias, y entonces se dice que el Ministerio del Interior, por cuestión simplemente competencial, no tuvo ninguna intervención y les diré quién y dónde recae la tutela de los menores y quién dispone en ese respecto", ha asegurado Grande-Marlaska en el Pleno del Senado.

En todo caso, el titular de la cartera de Interior ha subrayado en su turno de réplica que "siempre", ante una resolución judicial, sacan "las conclusiones necesarias para trabajar en un futuro mejor".

También la expuesto que la sentencia del TS dice que "el acuerdo con Marruecos para la prevención de la migración irregular de los menores y su retorno asistido tenía efectos jurídicos, lo que derivó en que no excluía, bajo otra interpretación judicial, la necesidad de un expediente individualizado".

Un grupo de 29 eurodiputados verdes, liberales y socialistas han demandado este miércoles en un manifiesto relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo y avanzar en la creación del Estado de Palestina como forma de superar el conflicto entre Israel y Hamás. La iniciativa que cuenta con Jordi Sole, ERC, y Soraya Rodríguez, Ciudadanos, entre sus promotores, subraya que "los europeos deben trabajar en la reanudación de las negociaciones y esforzase por que tengan éxito", en el contexto de la búsqueda de la solución de los dos Estados, tras constatar que no hay otra salida que la creación del Estado palestino.

Así, los parlamentarios reclaman un acuerdo "justo y duradero" que sirva para reestablecer la paz "dentro de fronteras internacionalmente reconocidas" y genere un horizonte de esperanza en Oriente Próximo. "Queremos la paz, démonos los medios para alcanzarla", recalca el manifiesto. Igualmente, los eurodiputados plantean la necesidad de establecer "mecanismos de control" para supervisar los acuerdos con Israel y Palestina y "replantear los vínculos comerciales" si no se inician las negociaciones y "no prevalece el espíritu de compromiso".

Según apuntan, la guerra entre Israel y Hamás "frustra los esfuerzos por el codesarrollo entre las dos orillas del Mediterráneo", y subraya que la UE tiene un "interés estratégico" en la estabilidad en la región. "La paz es una necesidad para todos nosotros", ha resumido el texto.

Esta iniciativa va en línea con el plan propuesto por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quién pidió a los Veintisiete enfocarse en la solución de los dos Estados como única salida posible a la guerra en Gaza. Su propuesta incluye la celebración de una 'conferencia preparatoria de Paz' que cuente con la participación de Estados Unidos y Naciones Unidas para analizar la guerra de Gaza, pero con la vista puesta en relanzar la solución de dos Estados que resuelva el conflicto palestino-israelí.

Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será juzgado los días 26 y 27 de septiembre en la Audiencia de Barcelona por presunta malversación y prevaricación por un viaje efectuado a Nueva Caledonia en 2018.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sección Quinta de la Audiencia ha cambiado la fecha del juicio, pues inicialmente coincidía "con otro juicio sumario contra la libertad sexual suspendido en dos ocasiones".

Alay llegará a juicio por presuntamente utilizar fondos públicos para un viaje personal a Nueva Caledonia y pagar peajes para visitar a los presos del procés.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la reducción, por ley, de la jornada laboral, que los trabajadores puedan tener más capacidad de negociar cómo se distribuye su tiempo de trabajo, una ley que facilite la participación de los trabajadores en las empresas y la necesidad de reformar la contratación a tiempo parcial en España.

Sobre este último punto, Sordo ha subrayado que la transposición a la legislación española de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes aprobada ayer por el Consejo de Ministros "tiene que ayudar a que los trabajadores, sobre todo mujeres que están trabajando a tiempo parcial, pueden incrementar el tiempo de trabajo y, por tanto, sus salarios", lo que a su vez contribuirá a reducir la brecha salarial de género.

En rueda de prensa tras la reunión que han celebrado las Ejecutivas de CCOO y PSOE en la sede socialista de Ferraz, el dirigente sindical ha informado de que ha pedido a Sánchez que "se respeten taxativamente los contenidos de la directiva y no se devalúen", pues pueden servir para mejorar el uso de la contratación a tiempo parcial, donde la directiva "prevé mejoras importantes".

"La mayoría de la contratación a tiempo parcial que se hace en España no es deseada por las personas que la sufren. Es decir, trabajan a tiempo parcial porque no pueden trabajar más horas o porque no pueden trabajar a tiempo completo. Por tanto, para nosotros es importante que las empresas no puedan, unilateralmente, reducir el volumen total de jornada a tiempo parcial y que cuando hay horas complementarias, éstas puedan acabar formando parte de la jornada ordinaria", ha explicado Sordo. En su opinión, la transposición de la directiva aprobada ayer por el Gobierno "refuerza", en este terreno, las posiciones de los sindicatos. Pero, en todo caso, Sordo cree que debe abordarse una reforma de la contratación a tiempo parcial en España.

El exdiputado de los comuns en el Parlament y negociador de Sumar con ERC y Junts, Jaume Asens, ha abogado por desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar el "problema" que tienen los jueces con la democracia, a su juicio. En una entrevista de este miércoles en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha sostenido que "hay una serie de jueces que tienen un problema con la democracia y, por lo tanto, España tiene un problema con la justicia". Por ello, al preguntársele por una posible solución ha planteado que una de las ideas "pasa, inevitablemente, por desencallar la situación en el CGPJ", algo que según él pasa por el PP.

"Es una anomalía", ha calificado el exdirigiente de los comunes, que también ha instado al PSOE a cambiar las mayorías para llevar a cabo la renovación del CGPJ con otras alianzas, como es el caso de la mayoría que permitió la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asens ha defendido esta idea después de que el miércoles pasado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reuniera en Bruselas con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para abordar la renovación del CGPJ.

Respecto a la aprobación de la Ley de Amnistía, ha confiado en que ésta "no descarrilará", si bien ha insistido en que el paro producido por el no de Junts en el Pleno del Congreso no la beneficiará. "Creo que ha sido un error de Junts no haber aprobado la Ley de Amnistía, y si era necesario reformarla porque los jueces la saboteaban, siempre podía hacerse a posteriori", ha argumentado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido al PP que pida disculpas en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la relación "absolutamente indecente" que hizo al asegurar que a Cataluña, tras cerrar una plaza de toros, le ha seguido la sequía y el adoctrinamiento. "Creo que ningún meteorólogo del mundo encuentra ninguna relación entre los dos", ha señalado Aragonès al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, este miércoles durante la sesión de control en el pleno del Parlament.

En este sentido, Aragonès ve una "campaña de odio" contra Cataluña y ha pedido que los populares dediquen sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida en los territorios en los que gobiernan, en sus palabras. El presidente catalán ha defendido que Cataluña siempre ha ofrecido ayuda a otros territorios siempre que ha habido situaciones de dificultad, y que lo ha hecho "sin ningún tipo de limitación, como es natural". Ayuso afirmó durante la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2024 que no conoce ningún lugar "donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros", en referencia a Cataluña.

Por su parte, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha ironizado sobre los acuerdos "que vienen de fuera" para paliar la situación de sequía en Cataluña, en referencia a las medidas pactadas por la Generalitat con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Antes veíamos gobiernos que iban a rezar a la Moreneta y ahora vemos que el Govern acaba de rezar a los pies de la Almudena", ha expresado Batet en su turno para preguntar a Aragonès en la sesión de control.

En respuesta, Aragonès ha apuntado que no puede permitirse "el lujo de actuar irresponsablemente ante una situación tan delicada".

El fiscal Salvador Viada, que integró la mayoría de la junta de fiscales partidaria de investigar a Carles Puigdemont por presunto terrorismo en el caso de 'Tsunami Democràtic', ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que descarte categóricamente que el independentismo catalán cometiera terrorismo en las protestas contra la sentencia del procés: "O somos marcianos los que estamos en la junta de fiscales o no es verdad".

Así se ha expresado este miércoles Viada, uno de los fiscales que se mostró a favor de investigar al expresidente catalán por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en 2019. De los 15 fiscales que participaron en la junta, once aprecian indicios suficientes para proceder contra Puigdemont (Junts) y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg (ERC), frente a cuatro que no. Y con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, estimaron que puede haber delitos de terrorismo.

"Desde el punto de vista estrictamente penal, el asunto no es muy complejo y desde luego en el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente. O somos marcianos los que estamos en la junta de fiscales o no es verdad", ha expresado Viada, que ha explicado que los fiscales a favor de investigar por terrorismo se basan en la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha pedido al alto tribunal que asuma la investigación sobre Puigdemont y Wagensberg porque los dos están aforados.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el fiscal ha indicado que los datos facilitados por el juez son los únicos que tienen para valorar y son suficientes, a su juicio, para decantarse por que el Supremo investigue si hubo terrorismo. Viada ha precisado que para incurrir en terrorismo es preciso cometer un delito grave siempre que se haga con una finalidad concreta y ha dicho que el juez ya la incluye en su exposición razonada, en concreto al recoger los comunicados de Tsunami Democràtic llamando a protestar para obligar al Estado a negociar.

Podemos ha denunciado ante la Policía Nacional el acceso irregular a los despachos de sus diputados en la Cámara Baja y ha pedido amparo a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. Fuentes de la formación de Ione Belarra aseguran que las pertenencias de sus parlamentarios, entre las que se incluyen documentos de trabajo, dispositivos informáticos y objetos personales, han sido “sacadas de sus espacios personales y depositadas en una zona de paso de la Cámara”.

Desde la formación morada evitan acusar directamente a nadie y aseguran que es trabajo de la Policía. “Nosotros hemos denunciado unos hechos y la Policía grabó todo lo que había en los pasillos y comprobó que se habían cambiado nuestras contraseñas”, lamenta un miembro del grupo parlamentario en conversación con infoLibre. Así, creen que se comenzará preguntando por los despachos “más cercanos”, que son los de Sumar.

Desde su salida del grupo parlamentario el pasado mes de diciembre Sumar venía reclamando la evacuación de esos despachos. El secretario general del grupo, Txema Guijarro, ha asegurado en declaraciones desde el Congreso que la Mesa “tomó una decisión hace días sobre el cambio de despachos” y que ese traslado se debe producir “con toda normalidad. “Hemos estado esperando que actuaran y sencillamente esperamos que se resuelva cuanto antes”, señaló Guijarro.

El partido morado, por su parte, asegura que no ha recibido “ninguna notificación” referida a los despachos y considera de “máxima gravedad estos hechos” por lo que espera que la presidenta del Congreso “actúe para encontrar a los responsables”.

Informa Marta Monforte Jaén.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles un "efecto llamada" de migrantes y ha pedido evitar "mensajes alarmistas" que "pueden generar odio", durante su intervención en el Pleno del Senado. En concreto, ha indicado que la presión migratoria es "estructural" y que está motivada "fundamentalmente por factores de carácter socio-económico". En este sentido, ha apuntado al "deterioro" de la situación interna en países como Senegal, Mali o Guinea Conakry; el golpe de Estado en Níger; y a las "catástrofes naturales", como los terremotos en Marruecos y las inundaciones en Libia.

Respecto a la situación de Canarias, que concentra el 80% de la inmigración irregular que llega a España, ha recalcado que el Gobierno está haciendo "un importantísimo esfuerzo para dotar a las islas de los recursos necesarios". En concreto, ha explicado que se han aumentado las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Canarias un 11,8% desde 2018; que se ha intensificado el despliegue de medios aéreos y marítimos; y ha destacado la instalación de infraestructuras para acoger a los migrantes.

Por otro lado, ha pedido que no se correlacionen "inmigración y delincuencia", así como "responsabilidad y honestidad para evitar afirmaciones falsas que crean alarma social". Asimismo, ha recordado que los incidentes relacionados con los delitos de odio han crecido un 33% en 2023 en España. "Les pido prudencia con los mensajes alarmistas, porque pueden generar odio. Los mensajes y los delitos de odio atacan directamente al corazón de nuestra sociedad y alteran nuestra convivencia", ha afirmado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles que ERC ha apoyado las demandas de los agricultores catalanes en votaciones en el Parlamento Europeo relacionadas con tratados de libre comercio con países terceros a la UE: "No todos pueden decirlo". "ERC, en los últimos ocho años, en el Parlamento Europeo ha votado en contra sistemáticamente de todos estos tratados. Creo que no todos pueden decirlo con la misma rotundidad y firmeza", ha subrayado en alusión velada a Junts durante la sesión de control en el pleno del Parlament.

Aragonès ha expresado su comprensión ante las demandas del sector, que este miércoles prevé colapsar Barcelona y con cuyos representantes prevé reunirse a las 16 horas en el Palau de la Generalitat. También ha sostenido que los tratados de libre comercio con países terceros permiten introducir productos "a los que no se exigen los mismos requisitos" que a los productores de Catalunya y del conjunto de Europa.

Los agricultores prevén entrar a la capital catalana por la Meridiana y la Diagonal desde diferentes puntos del territorio catalán para llegar a la Generalitat y reunirse con Aragonès y el conseller de Acción Climática, David Mascort.

Podemos ha exigido al Gobierno reforzar el impuesto a la banca para que pase a recaudar la mitad del beneficio de las entidades hasta 2030, pero el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha recordado la necesidad de que el sector sea solvente para aportar al crecimiento económico. En la primera sesión de control del año y la primera como ministro para Carlos Cuerpo, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha recordado que los seis grandes bancos de España ganaron en 2023 "más que nunca", en concreto 26.000 millones de euros.

A su juicio, por la subida de los tipos de interés que han ido "directamente a las arcas de los bancos". A esto se suma, dice Belarra, que bancos como el Santander han destinado la mitad de sus beneficios a dividendos para sus accionistas. Por ello, la líder de los 'morados' ha defendido impulsar un impuesto bancario "serio" y "valiente" que implique el 50% del beneficio de los bancos españoles los próximos seis años "para recuperar el rescate bancario", al tiempo que se crea un fondo de protección hipotecaria. "O están con los bancos, o están con la gente, y ustedes, de momento, están con los bancos", ha advertido Belarra.

En el turno de respuesta, el titular de Economía ha defendido el impuesto extraordinario a la banca que se introdujo en la legislatura pasada, ya que sirvió para que las entidades "arrimen el hombro" sin "afectar a su solvencia". "Es importante el elemento de solvencia, porque lo que necesitamos es un sector financiero que contribuya al crecimiento", ha apostillado Carlos Cuerpo.

En esta línea, ha insistido que la banca tienen que ser una "solución" y un "elemento de fortaleza" para la economía española, y no de "debilidad como lo ha sido en situaciones y circunstancias anteriores". "Contamos con que el sector financiero contribuya al crecimiento, pero también lo haga con una visión muy importante de responsabilidad social", ha comentado el ministro, quien ha recordado una batería de medidas de inclusión financiera que el Gobierno ha desplegado en los últimos años.