Irene Montero dice que la pregunta tras la amnistía es si el sector "reaccionario" judicial seguirá con su "pulso"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que el debate sobre la amnistía "está cerrado" en su partido una vez que los militantes respaldaron de manera "abrumadora" que la investidura estaba ligada "a buscar nuevos marcos de convivencia en Cataluña".

Para Barbón, el marco siempre ha de ser la Constitución Española. El dirigente asturiano ha sido preguntado en Cangas del Narcea por la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso tras los cambios pactados por PSOE, ERC y Junts.

El presidente asturiano, que ha reconocido que aún no ha leído el texto que se ha aprobado, ha insistido en que la norma siempre ha de tener encaje en la Constitución Española.

Ha recordado Barbón que la Carta Magna de 1978 "no es militante" y que nada impide tener diputados a formaciones políticas que buscan la autodeterminación. "Podría existir un partido que dijera que su propósito es acabar con la democracia y la Constitución Española; no sería inconstitucional por eso", ha puesto de ejemplo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este jueves la nominación del hasta hace poco comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valeri Zaluzhni, como nuevo embajador de Reino Unido, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El 8 de febrero de este año, Zaluzhni fue reemplazado del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por el general Oleksander Syrskyi poniendo así fin a varias semanas de especulaciones.

Zaluzhni es visto como uno de los artífices de la resistencia de Ucrania, si bien la relación con Zelenski ha estado repleta de altibajos desde el fracaso de la tan anunciada contraofensiva, en medio también de sus supuestas aspiraciones presidenciales.

Ucrania no contaba con embajador en las islas desde julio de 2023, cuando Vadim Pristaik fue retirado del cargo que ocupaba desde julio de 2020.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reafirmado el llamamiento a boicotear Eurovisión ante la presencia de Israel en este certamen musical, al proclamar que "ningún país que se sienta democrático y defensor de los derechos humanos debería participar".

Así lo ha trasladado después de que la organización de Eurovisión haya aprobado la canción 'Hurricane', interpretada por Eden Golan, presentada por el país hebreo, cuya letra estaba siendo analizada por el comité de supervisión de Eurovisión ante posibles connotaciones políticas.

"Si Israel, que está cometiendo un genocidio, va a Eurovisión, ningún país que se sienta democrático y defensor de los derechos humanos debería participar. Es un lavado de cara repugnante", ha lanzado Belarra a través de la red social 'X'.

En enero varios cargos del partido morado llamaron al boicot del festival por no vetar la participación de Israel en el certamen musical, en rechazo al "genocidio" que perpetra este país contra la población palestina en Gaza.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha agradecido la disposición del PSOE para pactar la Ley de Amnistía, advirtiendo que su aprobación permitirá "continuar el proceso de independencia".

"Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras de Estado", ha defendido en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

También ha avisado al Gobierno que, tras el pacto por la amnistía, no puede dar nada por aprobado y ha dicho que ahora toca negociar pieza a pieza, "desde los presupuestos al reconocimiento nacional y al ejercicio del derecho a la autodeterminación".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat se estaba preparando desde antes de que se anulara su visita prevista a Argel.

Así lo ha hecho en rueda de prensa conjunta con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, al ser preguntado si el viaje del presidente para reunirse con el rey Mohamed VI el pasado 21 de febrero se gestó después de que se aplazara la visita que el ministro tenía previsto hacer a Argel el 12 de febrero.

"Los aplazamientos de viajes internacionales ocurren", ha señalado, empleando el mismo argumento que ha venido ofreciendo desde que se anunció que no se desplazaría a Argel por motivos de agenda de la parte argelina, pero sin aclarar si ha habido contactos desde entonces para poder agendar la visita próximamente.

El viaje de Albares, a invitación del ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, iba a escenificar el deshielo en la relación tras la crisis provocada a raíz del respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, después del regreso del embajador argelino a Madrid en diciembre y la reanudación de las exportaciones de algunos productos hacia el país magrebí.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado una nueva contribución voluntaria a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) por parte de España de 20 millones de euros.

Albares, que ha comparecido en rueda de prensa conjunta con el coordinador general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha defendido que la labor de la agencia de la ONU es "insustituible" y una cuestión "de vida o muerte" para los casi 6 millones de refugiados palestinos que atiende.

El Gobierno ya realizó a principios de febrero una contribución adicional de 3,5 millones de euros para que la agencia de la ONU pudiera mantener su asistencia tanto en Gaza como también en los países de la región, después de que muchos países suspendieran su financiación a raíz del despido de varios trabajadores por su presunta participación en los atentados de Hamás del 7 de octubre contra Israel.

La cantidad anunciada este jueves, junto a esta partida de 3,5 millones, vienen a sumarse a los 19,5 millones de euros que el Gobierno otorgó a la UNRWA en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, ha recalcado este miércoles que sería "un error" dar por fracasadas las negociaciones entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un acuerdo a través del que se garantice la liberación de los rehenes cautivos por la milicia a cambio de un alto el fuego.

"Todavía hay conversaciones en marcha, todavía hay idas y venidas. Las diferencias se están reduciendo", ha manifestado el embajador Lew en el marco de una conferencia sobre Seguridad Nacional en Tel Aviv, donde ha incidido en que todavía no se ha "roto" la posibilidad de un entendimiento entre las partes, según informa el diario 'The Times of Israel'.

Aunque Lew ha reconocido la suma importancia de alcanzar este acuerdo antes de Ramadán --festividad sagrada para los musulmanes que arranca este mismo fin de semana--, ha incidido en que hay que ser conscientes de que un pacto entre las partes sería beneficioso sea cual sea el momento en que se apruebe.

Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar, una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en Washington. Culmina así un proceso que se presumía 'exprés', pero que ha llevado finalmente 22 meses por las reticencias de Turquía y Hungría.

El Departamento de Estado ha confirmado tras el paso dado por Hungría, al que sigue el propio protocolo del país candidato, en este caso Suecia, que este jueves "se cumplieron las condiciones de entrada en vigor" para la adhesión de Suecia a la OTAN.

Una vez los miembros de la OTAN ratifican los protocolos de adhesión, los documentos deben ser enviados a Estados Unidos, donde son depositados ante el Departamento de Estado. El país aspirante tan solo se convierte en miembro de la OTAN cuando Washington cuenta con los documentos de todos los aliados.

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha defendido ante un grupo de diputados que falta "voluntad política" para frenar la "tragedia" que se está produciendo en la Franja de Gaza.

Así lo ha relatado en declaraciones a los medios al término de la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados y organizada por el PSOE. En ella han participado también diputados de Sumar, PNV y EH Bildu, según se aprecia en las imágenes del encuentro compartidas en redes sociales.

El máximo responsable de UNRWA les ha hablado de la "tragedia sin precedentes" que se está produciendo en Gaza, donde el 5% de la población "está muerta, herida o desaparecida", unas cifra que también ha defendido no tiene precedentes. A esto se suma, la situación "la incipiente hambruna obra del hombre que se está desarrollando ante nuestros ojos", ha añadido.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que la ley de amnistía aprobada este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, ya con las modificaciones pactadas por PSOE, Junts y ERC, sale "más inconstitucional", y ha avisado de que su aplicación no es automática, sino que dependerá siempre de los tribunales, que tienen como referencia el Código Penal más que los convenios europeos.

"La amnistía está al margen no solo de la Constitución Española, sino de los estándares del Derecho Internacional", ha advertido ante los medios en el Congreso a su salida de la Comisión de Justicia, asegurando además que "cada día que pasa" esta norma "tiene más motivos de inconstitucionalidad" y que por tanto confía en que el Tribunal Constitucional no pase por alto los argumentos para desechar esta ley. Gamarra también ha querido dejar claro que la potestad para aplicar la norma corresponde a los Tribunales españoles, y por tanto "no cabe su autoaplicación".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia, la popular ha recordado al PSOE y sus socios la "malísima noticia" de que el Código Penal "sigue en vigor". Y por tanto, a pesar de que en la norma pactada distingan los delitos de terrorismo, de traición o de malversación en función de la finalidad que estos tengan, ha advertido que la ley de amnistía "no se puede inventar otros fines dependiendo de cada acusado" y al margen de lo que figura en el Código.

Posteriormente, ante la prensa, Gamarra ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que los jueces aplicarán la norma bajo el marco del Estado de Derecho, al igual lo hará la justicia europea porque no encaja en el estándar democrático, "ni español, ni europeo ni internacional". "No me cabe ninguna duda que la justicia europea también tomará cartas en el asunto y en el marco del derecho europeo, esto no tiene encaje alguno", ha incidido la dirigente.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para reunirse con periodicidad mensual en presencia del embajador salvadoreño Francico Galindo, que actúa como verificador, se está cumpliendo puntualmente, según han asegurado este jueves fuentes de la formación independentista. Esa mesa, que tiene entre sus objetivos la búsqueda de soluciones para encauzar el reconocimiento nacional de Cataluña, se creó en virtud del acuerdo de investidura que Junts selló con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez.

Aquel acuerdo, firmado a principios de noviembre de 2023 en Bruselas, recogía que la primera reunión de negociación debía celebrarse ese mismo mes, aunque finalmente se llevó a cabo unos días más tarde, el 2 de diciembre, cuando lograron cuadrar agendas.

Hasta ahora esa es la única cita de esta mesa que se ha hecho pública, pero desde Junts garantizan que se está cumpliendo lo pactado, dando a entender que se habrían producido otras dos: una en enero y otra en febrero. Eso sí, no han querido dar ningún detalle de estos encuentros.

El pasado 17 de enero sí trascendió una reunión entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero tuvo lugar en el Congreso y, que se sepa, sin verificador.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, el diputado Francisco Aranda, ha afirmado este jueves que el PP ha colocado a su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, a pilotar la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque en realidad quieren que no haya acuerdo.

"Ustedes han puesto a González Pons en Europa para que no haya acuerdo en el CGPJ, es obvio", ha señalado durante el debate de la Comisión en la que se ha aprobado el dictamen de la ley de amnistía gracias al acuerdo entre PSOE, Junts y ERC.

Aranda ha hecho este señalamiento mientras acusaba al PP de dar visibilidad pública a sus perfiles "más ultras", como el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, según ha indicado, y ha afeado que cada vez que intervienen les dedican "una caricia argumental".

"Ustedes han decidido", ha indicado a continuación, tratando de argumentar que el PP está escorado a la derecha y tiene a Vox como único socio.

Los socialistas responden así a las palabras del propio González Pons, que en la víspera cargó contra el pacto para la amnistía y dijo que se trataba e una nueva rendición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Pons advirtió a los socialistas que si echan abajo sus propias líneas rojas -en referencia a la inclusión del terrorismo en la ley- iba a ser "muy difícil" llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la ley de amnistía "blinda a los afectados lo máximo que puede blindar una ley" y ha celebrado -textualmente- que comienza el camino para acabar con la represión.

"Es el reconocimiento de que la represión del Estado ha sido ilegítima y, por tanto, esta corrección nos da la razón a los que siempre hemos defendido que estábamos ante una causa general motivada políticamente", ha sostenido en declaraciones a periodistas en el Parlament este jueves.

Aragonès ha expresado su agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que han aprobado la ley en la Comisión de Justicia del Congreso y que "han sumado sus votos para abrir una nueva etapa de derechos y de libertades en Cataluña". "Mi pensamiento es también para todos aquellos que sufrían sobre su futuro, un futuro que podía estar entre rejas a causa de la represión política", ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha afirmado que "los tribunales tendrán que hacer una aplicación de esta ley de acuerdo al contenido, de acuerdo al espíritu de la norma, que queda muy claro en la exposición de motivos".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que la aplicación correcta de la ley llegará, a su juicio, pero que en algunos casos se tendrá que "batallar" por, ha dicho literalmente, las actuaciones motivadas políticamente y a impedir el acuerdo. "Por tanto, este acuerdo también es una mala noticia para aquellos que desde la Audiencia Nacional o desde el Tribunal Supremo deciden hacer política con el Código Penal", ha concluido Aragonès, que ha apuntado que la política se hace con los votos y en los parlamentos.

Junts ha cifrado este jueves entre 150 y 200 las personas que considera que ahora quedan incluidas la ley de amnistía acordada entre su partido, el PSOE y ERC. Fuentes de la formación han asegurado que con el redactado anterior de la norma, a la que Junts se opuso, estas personas, sobre todo las vinculadas con el caso Tsunami Democràtic y Voloh estaban "a disposición de que un juez les investigara y les pudiera imputar terrorismo".

"Ahora pueden estar más tranquilas. Pueden tener la tranquilidad de que, desde un punto de vista normativo y legal, estarán cubiertas. A partir de aquí, los jueces harán lo que consideren", añaden. La voluntad de la negociación, apuntan las citadas fuentes, era tapar "fugas de agua" que opinan que tenía el anterior redactado y que nadie quedara atrás.

De hecho, aseguran que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, fue el primero en mantener que no volvería "nunca" a Cataluña si había gente que ayudó y colaboró que quedaba fuera de la aplicación de la ley. Más allá de que augure que Puigdemont podrá volver en julio a Cataluña, ha aclarado que él y el resto de afectados gestionarán su posible retorno como quieran y tomarán sus decisiones.

Pese al enfado que provocó en el PSOE y ERC el no de Junts a la votación inicial, reivindican los cambios logrados, negando así que hayan hecho "una reforma estética o superficial" para conectar la amnistía con el derecho internacional y desconectarla de los límites del Código Penal español, precisan.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que la ley de amnistía acordada este miércoles entre PSOE, Junts y ERC ha tenido cambios estéticos para que todos los partidos aporten su "granito de arena" respecto a la que se sometió a votación en el Congreso en enero. "Nosotros hemos ayudado a que esto ocurriera. Y hemos ayudado de muchas formas, ya está, y lo dejaré aquí, porque yo creo que hoy es un día de cantar victoria", ha señalado en una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Respecto a las acusaciones de terrorismo atribuidas a las protestas independentistas, ha afirmado que para ERC queda "absolutamente igual" y que si hace dos meses decían que la ley es robusta y cubre a todo el mundo, ahora dicen que la ley es robusta y cubre a todo el mundo, textualmente.

Asimismo, ha recalcado que este jueves es un día feliz, ya que con el acuerdo para la amnistía han conseguido "poner la última gárgola en esta catedral gótica" que empezaron a construir hace cuatro años y que ahora hace falta inaugurar. "Inauguremos la catedral, miremos cómo se aplica la ley, e intentemos ir superando obstáculos que nos vendrán derivados de la aplicación de esta ley" ha pedido Rovira, que ha augurado que volverán a denunciar, en sus palabras, la represión política y la inaplicación del derecho en un estado que se hace llamar democrático.

Al preguntársele cuándo volverá a Cataluña, Rovira ha evitado especificar, si bien ha apuntado que ahora toca "pasar a la siguiente fase", que es la implementación de la amnistía, para la que no pueden perder más tiempo. Para la líder republicana, es en la aplicación de la amnistía donde se jugarán "el físico, nunca mejor dicho", por lo que ha instado a no perder más el tiempo y retar a los jueces aplicar la ley, ya que cada semana ganan más medidas cautelares y abren nuevas causas.

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que seguirá analizando "muy cuidadosamente" la ley de amnistía mientras continúe su tramitación parlamentaria, por lo que no presentará sus conclusiones hasta que la norma adopte su forma definitiva y no va a hacer comentarios ahora de los cambios introducidos en el nuevo texto tras pactar el PSOE con Junts y ERC una enmienda para blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont frente a la investigación por "terrorismo callejero" en el Tribunal Supremo por el caso del Tsunami Democràtic.

"No tengo nada que añadir. La Comisión está analizando el borrador, seguimos en contacto con las autoridades españolas. Lo analizamos muy cuidadosamente y continuamos siguiendo la evolución", ha dicho en rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

"Concluiremos nuestro análisis una vez que sea adoptado el texto final por el Parlamento español, un proceso que está aún en curso", ha remachado el portavoz para no responder a la petición de valoración de las modificaciones. El PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y Sumar han pactado este jueves un nuevo texto de amnistía que modifica la proposición de ley que presentaron los socialistas el pasado 13 de noviembre y que excluye del perdón "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva" europea sobre la materia.

Además, el nuevo borrador que vota este jueves la comisión de Justicia del Congreso aclara que el objetivo de la ley es "finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista".

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha sido elegida este jueves la candidata oficial del Partido Popular Europeo (PPE) para repetir al frente del Ejecutivo comunitario tras las elecciones europeas del próximo mes de junio. En concreto, 801 delegados del PPE tenían derecho a voto en el congreso que la formación ha celebrado este 6 y 7 de marzo en Bucarest (Rumanía). En la votación, ha habido 499 votos emitidos, de los que 10 han sido declarados nulos.

De los 489 votos válidos, 400 han sido a favor de Von der Leyen y 89 en contra, por lo que alrededor de 300 delegados con derecho a voto en este cónclave han optado por no votar o por no viajar a la capital rumana. El pasado 19 de febrero Von der Leyen ya anunció ante su partido, la CDU, su intención de ser la candidata del PPE para repetir al frente del Ejecutivo comunitario. "Me gustaría presentarme a un segundo mandato", afirmó entonces con la vista puesta en este cónclave, en el que no ha tenido rival.

Este miércoles Los Republicanos, el principal partido del centro-derecha en Francia, expresaron sus recelos hacia la figura de Von der Leyen. Así, ya anunciaron que no respaldarían su candidatura para repetir al frente de la Comisión Europea por su cercanía con el actual presidente galo, Emmanuel Macron. "Encarna la deriva tecnócrata de la UE, es la candidata de Macron", anunció el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, que ha expresado en una carta al jefe del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, su "firme" oposición a la conservadora alemana.

El PP español ya había anunciado su apoyo a Von der Leyen para repetir al frente de la Comisión Europea. Este miércoles se lo trasladó personalmnete el propio Feijoo, si bien en su charla hizo hincapié en la necesidad de mantenga la defensa del Estado de Derecho, en medio del debate sobre la ley de amnistía. "El presidente Feijóo ha puesto dos condiciones: La primera es que Ursula von der Leyen, como candidata y para su próximo mandato, continúe con la defensa del Estado de Derecho español y que haga de la defensa del Estado de Derecho español una de las razones por las cuáles va a volver a ser elegida presidenta de la Comisión", explicó ante los periodistas el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta las enmiendas pactadas por el PSOE, Junts y ERC para cambiar la proposición de ley de amnistía.

De esta manera, la proposición de ley ha recibido el visto bueno de la Comisión y sigue adelante en su tramitación. La idea de los grupos parlamentarios es que se apruebe en el Pleno del Congreso el próximo jueves y pase ya al Senado.

En concreto, las enmiendas transaccionales han salido con el voto a favor de 20 diputados frente a 17 en contra.

Informa Antonio Ruiz Valdivia.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente autonómico, Javier Lambán, ha manifestado, en el día en el que se vota el nuevo dictamen de la ley de amnistía, tras el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts y ERC, que no es un día en el que se sienta "especialmente orgulloso" como socialista.

"Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso", ha publicado Lambán en la red social X -antes Twitter-.

El nuevo texto de la amnistía que tiene sobre la mesa el Congreso de los Diputados busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

Las enmiendas transaccionales que este jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del caso Voloh que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.