El juez Llarena aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia

Unos 850 empleados de Banco Santander se habrían concentrado este jueves en varias ciudades españolas para pedir que la subida salarial del 4,5% pactada para 2023 en el marco del convenio colectivo de banca no se compense a través de los complementos voluntarios y que el incremento salarial sea "real" para toda la plantilla, según los datos manejados por CCOO.

El sindicato ha señalado a Europa Press que alrededor de 250 trabajadores se habrían concentrado frente a la oficina de Santander en el Paseo de Recoletos de Madrid, mientras que otras 250 se habrían manifestado ante la sucursal de Paseo de Gracia del banco en Barcelona. En Sevilla, se habrían concentrado en torno a 150, mientras que en Bilbao y en A Coruña se habrían congregado 100 empleados en cada una.

Este jueves, la plantilla de la entidad estaba llamada a movilizarse para denunciar el "inmovilismo" del banco y para pedir que no aplicase la cláusula de compensación y absorción de las subidas salariales que se recoge en el convenio colectivo de banca.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la cumbre hispanofrancesa del 19 de enero en Barcelona aborde la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y mejoras en infraestructuras, ha informado el Govern.

En la carta, afirma que la cumbre es "una gran oportunidad" para avanzar en estos y otros aspectos que afectan diariamente a la vida de los ciudadanos transfronterizos, cuestiones que considera que no se han atendido como corresponde y que merecen una respuesta urgente e imprescindible, a su juicio.

En el capítulo de propuestas relacionadas con la gobernanza, pide un impulso de la Macrorregión Mediterránea; un mecanismo transfronterizo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos que sufren estos territorios, y apoyo para solicitar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

El PSC ganaría las elecciones generales en Cataluña (23,1% de los encuestados) y ERC y comuns (10,1% respectivamente) empatarían en segundo y tercer puesto según el Sondeo de Opinión del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recogido por Europa Press.

En cuarto lugar estaría el PP (7,4%), seguido de Junts (4,8%), Vox (3,1%), Cs (2,2%) y CUP (1,8%); sin embargo, un 13,3% de los encuestado asegura no saber a quién votar y la abstención sería la tercera opción más escogida por los votantes (12,8%).

Ninguno de los líderes políticos españoles aprueba en la valoración de los encuestados: el que obtiene mayor puntuación es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 4,32; le sigue de cerca la vicepresidenta y ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, 4,26, y en tercer puesto se ubica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 2,89.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado este jueves las medidas dirigidas a la atención a mujeres que quieren abortar anunciadas por el Ejecutivo de la Junta de Castilla y León y ha aseverado que "lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres".

Así lo ha señalado la representante de Unidas Podemos en el Gobierno de España en un mensaje en Twitter, donde cita una información periodística sobre las medidas "provida" que implantará la Junta y que han sido anunciadas en rueda de prensa por el vicepresidente y representante de Vox, Juan García-Gallardo.

Entre ellas se incluye la oferta obligada por parte de los profesionales sanitarios de atención psicológica, escucha del latido, ecografías 4D, cuyo uso en todo caso será una decisión voluntaria de la mujer.

"Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres", ha recalcado Montero, que ha reprochado que "éstas son las alianzas de Feijóo", en referencia al presidente del Partido Popular.

La candidatura encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, apoyada por la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ganado las primarias para la nueva ejecutiva del partido naranja con un 53,25% de los votos. La lista rival, la del vicesecretario general naranja, Edmundo Bal, ha logrado un 39,34%.

En la votación, que se ha extendido durante el miércoles y este jueves hasta las 18.00 horas, han participado 49,65% de los 7.600 afiliados llamados a ejercer su derecho al voto. Un 7,41% se han decantado por la tercera lista en liza, encabezada por el afiliado de base Marcos Morales.

La candidatura ganadora, de forma provisional, se convierte en el nuevo Comité Ejecutivo de la formación naranja, y tomará posesión durante la celebración de la VI Asamblea General que se celebrará este fin de semana y que significará la culminación del proceso de refundación puesto en marcha para reflotar el partido tras la sucesión de debacles electorales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que le atribuía la Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar en un medio una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'.

Los magistrados han adoptado esta decisión al no haber encontrado a lo largo del juicio una base probatoria en el argumento de la Fiscalía y sí, en cambio, una falta de coherencia lógica en el relato que proponía el Ministerio Público que les impide condenar al comisario.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Madrid también ha absuelto de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier.

La defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont cree que la nueva resolución dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena demuestra que hay "ánimo persecutorio" contra el líder independentista huido de la Justicia, al tiempo que ha advertido de que ve en el texto una crítica abierta al poder legislativo que "deroga la reforma de malversación".

"No deja de ser un auto preocupante porque es una crítica abierta al poder legislativo, con incluso descalificaciones, y la conclusión a la que llegamos es que hoy el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de la malversación en la forma en la que han decidido aplicarla", ha asegurado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaraciones a los medios en Bruselas.

En su valoración, el letrado ha querido recordar que en 2018 el Tribunal alemán que rechazó entregar a Puigdemont a la Justicia española por el delito de sedición sí aceptó tramitar su extradición por malversación, pero que fue el propio Llarena quien no aceptó esas condiciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido este jueves en defensa de su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, después de que esta ironizara sobre las rebajas de penas a violadores que se están produciendo con la Ley del solo sí es sí.

"Duele tanta manipulación sobre nuestro trabajo, pero ojalá sirva para que más mujeres víctimas de violencia machista sepan que trabajamos para que haya más recursos y espacios seguros para protegerlas. Mi querida Ángela Rodríguez, seguimos. Si sufres violencia machista, llama al 016", ha indicado Irene Montero, este jueves, en un tuit recogido por Europa Press.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado mañana a la Ejecutiva socialista y a los 17 ministros de su partido en la sede de Ferraz con el fin de arrancar la movilización de cara a las elecciones municipales y autonómicas, según informan fuentes socialistas.

Sánchez quiere arrancar con fuerza y que el partido se vuelque en estos cinco meses que distan hasta los comicios de mayo, que tradicionalmente son un ensayo de lo que puede ocurrir en las elecciones generales que les suceden, en este caso, previstas para el mes de diciembre.

De hecho, tiene previsto volcarse personalmente, todo lo que le deje su agenda internacional, y ya ha cerrado el calendario de intervenciones de este mes de enero, con actos en Sevilla el día 14; en Valladolid el 21 y en Las Palmas el 27.

Y también quiere una gran implicación del partido en estos comicios para lo que la reunión de mañana será clave para motivar e ilusionar a sus compañeros de cara al año electoral, teniendo en cuenta que son muchas las encuestas que, por el momento, dan ventaja al PP. La importancia que esta reunión tendrá para los socialistas se ve reflejada en que algunos, como el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha reducido su viaje por África para estar presente con sus compañeros.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha respaldado este jueves al ministro de Defensa, José Múcio, tras las críticas recibidas por amplios sectores del Partido de los Trabajadores (PT) y afines al Gobierno por supuestamente infravalorar las protestas que luego estallaron en los asaltos el domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, en Brasilia.

"Él va a continuar siendo mi ministro porque confío en él", ha confirmado el presidente Lula en una conversación con periodistas en el Palacio del Planalto, uno de los lugares violentados por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

"Siento el más profundo respeto por él y va a continuar. Si tuviera que cambiar ministros cada que cometen un error sería la mayor rotación de mano de obra de la historia de Brasil", ha expresado el presidente brasileño.

La Casa Blanca ha confirmado este jueves el hallazgo de un segundo lote de documentos clasificados en el garaje de una vivienda de Delaware propiedad del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticado en estos últimos días por la gestión del material teóricamente protegido durante su etapa como número dos en la Administración de Barack Obama.

La Casa Blanca evitó el miércoles responder a las preguntas sobre los documentos vinculados a la etapa de Biden como vicepresidente. El propio mandatario se confesó el miércoles "sorprendido" por estos hallazgos y subrayó la plena colaboración de su equipo tanto con el Departamento de Justicia como con los Archivos Nacionales norteamericanos.

Un abogado especial de Biden, Richard Sauber, ha confirmado en un comunicado que, tras la localización de un primer material en la sede de un think tank, también se ha hallado material clasificado en el garaje de su vivienda en Wilmington, informa el New York Times.

Tras el primer lote, los abogados procedieron a una revisión en la que "descubrieron entre papeles personales y políticos un pequeño número de registros adicionales de la Administración Obama-Biden, con apuntes clasificados".

Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán han tomado este jueves posesión de sus cargos de presidente y vicepresidenta del Tribunal Constitucional en un acto solemne celebrado en el Salón de Plenos en la sede de la institución.

A través de un tuit, recogido por Europa Press, la corte de garantías ha informado de que el secretario general, Andrés Gutiérrez, ha dado lectura a los Reales Decretos de nombramiento que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado de este jueves. Al acto también han acudido el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque y el gerente, Carlos Fernández-Peinado.

Conde-Pumpido fue elegido este miércoles presidente del TC tras obtener seis de los once votos que estaban en juego mientras que Montalbán se alzó con la Vicepresidencia, por lo que el bloque progresista se adjudicó ambos cargos, rompiendo con la dinámica de los últimos años.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido de nuevo este jueves desde Bruselas la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y tipificar los desórdenes públicos agravados, al tiempo que ha recalcado la importancia de "restaurar la convivencia" y que el Gobierno trabaja en la "búsqueda" de una solución política en Cataluña.

En declaraciones a la prensa tras debatir con eurodiputados sobre el Estado de derecho en España, Llop ha eludido valorar el modo en que afectará a la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont la reforma y tampoco ha querido comentar la llamada del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a un nuevo referéndum pactado.

Sobre la posibilidad de encontrar un encaje legal a una consulta en Cataluña tras los cambios en el Código Penal, Llop ha dicho que no tiene por "costumbre" hacer comentarios sobre las declaraciones de otros líderes políticos y que no había escuchado las palabras de Aragonés. "Lo único -ha dicho la ministra- tengo que reiterar que a cuestiones políticas hay que darles una solución política y en búsqueda de eso está este gobierno".

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez heredó una situación "complicadísima" del Gobierno anterior durante cuyo mandato en Cataluña salieron adelante "dos leyes de desconexión, una declaración unilateral de independencia y dos referéndums ilegales". "Es importante restaurar la convivencia de Cataluña", ha razonado, para apuntar la voluntad de continuar el "diálogo territorial con Cataluña" y dar una "solución política" a cuestiones que son políticas.

El razonamiento jurídico efectuado por el instructor del procés, Pablo Llarena, en relación con los huidos por el 1-O, con el que cambia el delito de sedición por el de desobediencia pero mantiene intacto el de malversación, abre la puerta a que la condena a 13 años de inhabilitación que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras se mantenga con leves ajustes.

En un auto de 71 páginas, Llarena adapta el procesamiento del ex presidente catalán Carles Puigdemont, los ex consejeros Toni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como las órdenes de busca y captura nacionales e internacionales, a la reforma penal que ha entrado en vigor este mismo jueves y que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación. En el caso de Puigdemont, Comín y Puig, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) quita el delito de sedición, porque ya no existe, y lo cambia por uno de desobediencia, pero mantiene la nueva malversación agravada, que conserva las penas de la antigua malversación.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, si los magistrados del TS que juzgaron el procés, y condenaron a Junqueras y los otros once encausados, siguen el camino marcado por Llarena, sería posible mantener la condena a 13 años de inhabilitación de Junqueras con "retoques mínimos".

El principal anclaje sería el delito de malversación porque, al acogerse a la nueva malversación agravada, las posibles penas van desde los 4 a los 8 años de cárcel, pudiendo llegar hasta 12 años si el perjuicio causado excede los 250.000 euros, y de 10 a 20 años de inhabilitación.

El otro delito a valorar, el de desobediencia, no tiene pena de cárcel, sino que está castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Así, si ambos delitos se mantuvieran, dado que la malversación permite inhabilitar por hasta 20 años y que la desobediencia añadiría otros 2 años, se podría preservar la condena actual a 13 años de inhabilitación.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado, sobre el posible regreso a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que no pudo ser extraditado porque no existía homologación del delito de sedición -que ahora ha sido eliminado- en España y otros países europeos.

Además sobre la responsabilidad que tendría el Gobierno en caso de que Puigdemont evite la cárcel, Alegría ha afirmado en una entrevista en Cuatro, que su futuro judicial le corresponde decidirlo a los jueces y no al Gobierno y ha remarcado que sigue vigente su procesamiento por el delito de malversación y también la orden de búsqueda en su contra.

Así, ha señalado que aún no ha podido leer el auto completo del magistrado Pablo Llarena, de más de 70 páginas, pero que queda claro que sigue procesado "por malversación y desobediencia", según ha indicado. Cuando le han insistido en la responsabilidad que tiene le Gobierno, que eliminó el delito de sedición por el que se acusaba al expresidente catalán huido en Bélgica, ha señalado que el Ejecutivo lo que ha hecho es homologar este delito con el resto de democracias europeas.

Asimismo, al ser preguntada sobre si el Gobierno puede asegurar que ningún condenado por corrupción va a ver rebajadas sus condenas, con el nuevo Código Penal, Alegría se ha limitado a decir que ninguno "va a quedar indemne" y que todo uso indebido de dinero público tendrá su condena.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apuntado que "antes de finalizar este mes sin duda" estará elaborado y puesto "a disposición" de los fiscales el decreto con los criterios para revisar las condenas por malversación tras la modificación de este delito, ya que la Fiscalía debe tener "una voz única".

García Ortiz ha indicado que pretenden que sea "un documento jurídicamente válido, de consenso también con toda la doctrina jurisprudencial y todas las opiniones de los más cualificados fiscales" de la Fiscalía Española y ha añadido que están "trabajando y ultimando" también su "respuesta penal".

"Evidentemente la malversación es un delito que se comete, enjuiciado en muchos lugares de este país, en muchas jurisdicciones y ante muchos órganos jurisdiccionales y la Fiscalía solo puede tener una voz y esa voz tiene que ser una voz única, por eso sí que es necesario que se establezca un instrumento de unificación", ha aseverado.

"¿Por qué la Fiscalía dicta un decreto? ¿Por qué es un decreto para toda España? Porque hay que aplicar la misma ley en todo el territorio", ha señalado al tiempo que ha añadido que "si después los tribunales, y especialmente el Tribunal Supremo, decide que es otra la interpretación o por el contrario adopta ese criterio que hacemos o hemos puesto en manos de los fiscales la propia Fiscalía, bueno pues nos atendremos a ello".

De este modo, ha señalado que "una vez que entra en vigor la norma" se tienen que poner a "trabajar", ya que "habrá que revisar las sentencias que sean revisables con arreglo a la nueva legislación" ya que no les "queda otra", puesto que los fiscales son "fundamentalmente aplicadores de la ley" y la interpretan "siempre con arreglo a criterios jurídicos, jurisprudenciales o doctrinales" que les "permitan avanzar en la seguridad jurídica para todo el territorio nacional".

El pleno del Parlamento Europeo debatirá el próximo miércoles sobre el Estado de derecho en España después de que el Partido Popular Europeo haya decidido hacer uso del turno que le corresponde para fijar el tema del debate de actualidad en esta sesión plenaria, un asunto que la Eurocámara ya rechazó incluir en su agenda en las pasadas reuniones de noviembre y diciembre.

El líder de los conservadores europeos, el alemán Manfred Weber, ha informado al resto de jefes de grupo en la reunión de la Conferencia de Presidentes de la intención de su formación de dedicar el debate temático que este mes les corresponde fijar a cómo "proteger el Estado de derecho de la impunidad en España", han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Este formato se introdujo en el reglamento de la Eurocámara esta legislatura para permitir debates de actualidad de "gran interés para la política de la Unión Europea" que los grupos podrán incluir sin necesidad del apoyo del resto de formaciones, para lo que los turnos se repartirán de manera "equitativa" entre las distintas familias a lo largo de un año.

El PP prepara una campaña municipal y autonómica para las elecciones del próximo 28 de mayo con gran protagonismo para Alberto Núñez Feijóo, "el activo más importante del PP". Así, habrá muchos actos en la calle del líder del PP, cuya presencia reclaman ya desde "muchos" municipios y ciudades, mientras que los candidatos socialistas le han hecho "un cordón sanitario" a Pedro Sánchez y "no lo quieren ni en pintura porque es un activo tóxico que resta".

Así lo ha avanzado el coordinador general del PP y director de campaña para los comicios de mayo, Elías Bendodo, en una rueda de prensa tras la primera reunión del comité de campaña a la que han asistido Feijóo y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha mantenido el procesamiento contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por malversación, concretamente por el tipo agravado que conserva las penas del antiguo delito —modificado por la reforma que ha entrado este jueves en vigor— al considerar que el "ánimo de lucro" que requiere la nueva redacción es equiparable a usar el dinero público como "propio".

Así se ha expresado el instructor del 'procés' en el auto que ha dictado este mismo jueves para adaptarse a la reforma penal, acordando retirar el ya inexistente delito de sedición del procesamiento, aunque lo mantiene por los de desobediencia y malversación, así como dejar sin efecto la euroorden —ya que se anclaba en la sedición— y conservar las órdenes de detención nacionales también por desobediencia y malversación.

En un auto de 71 páginas, Llarena explica que Puigdemont y los ex consejeros Toni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí estaban procesados por el antiguo delito de malversación del 432, que era el que estaba en vigor cuando se desarrolló el 'procés', apreciando ahora "a meros efectos de instrucción" indicios del nuevo artículo 432.2 del Código Penal (CP).

Unidas Podemos ha subrayado que el auto del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena sobre el caso del expresidente catalán Carlos Puigdemont les da la "razón" al refrendar que el delito de sedición se ha derogado y no se puede sustituir por desórdenes públicos. También confía en que los líderes independentistas fuera de España puedan volver al país pronto.

De esta forma, el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens, ha remarcado que es una "buena "noticia en términos antirrepresivos" mientras que el portavoz adjunto, Enrique Santiago, ha deseado que el cambio en el Código Penal ayude a avanzar en la normalización del conflicto catalán además de rebatir los ataques del PP respecto a la reforma de la malversación.