PNV advierte a Sánchez que tiene que "cambiar de actitud" con los jeltzales porque "no puede seguir así"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado este jueves de que España debe prepararse "para un posible escenario de escasez de gas en la UE durante los próximos meses" aunque actualmente el país "no afronta problemas de seguridad de suministro".

La ministra ha mantenido varias reuniones con representantes de las asociaciones de consumidores, del sector energético y de los agentes sociales, dentro de la ronda de contactos institucionales que mantiene en el proceso de elaboración del Plan de Contingencia de seguridad energética del país.

"Los países europeos debemos prepararnos para un escenario de escasez de gas en los próximos meses, como resultado de la guerra en Ucrania. España no afronta problemas de seguridad de suministro, pero como los demás socios comunitarios, estamos diseñando un Plan de Contingencia para afrontar dicho escenario de un modo coordinado con nuestros vecinos y con la Comisión Europea", ha señalado la vicepresidenta, según recoge el Ministerio en un comunicado.

Unidas Podemos ha logrado sacar, con apoyo del PSOE sus propuestas de resolución en materia de educación, cultura e igualdad dentro del Debate sobre el Estado de la Nación, aunque su socio no ha apoyado sus propuestas concretas en materia fiscal, económica y laboral, ni su apuesta por la laicidad y el refuerzo de servicios públicos. Los socialistas han respaldado la iniciativa de su socio, transaccionada con ERC y Bildu, que insta a considerar las políticas de igualdad como una acción transversal de todo el Gobierno, con su correcta financiación y dar pasos a unos Presupuestos Generales Feministas.

Entre los puntos figuran la adopción de un nuevo sistema de financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, recoger en las cuentas públicas un plan nacional de cuidados y la mención genérica a desplegar una reforma "fiscal justa, progresiva y feminista".

También emplaza al Gobierno a desplegar acciones para garantizar el derecho a cuidar, a no ser cuidado y a "no cuidar", reconociendo que la realidad actual a día de hoy el "imperativo de esas labores recae de manera "prioritaria sobre las mujeres. "Las mujeres debemos ver realizado el derecho a no cuidar sin que se penalice socialmente, y que se traslade esa responsabilidad a todas las personas que conforman la Comunidad", reza la iniciativa que también recoge que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público de salud y crear una red internacional de apoyo a las mujeres que no tienen su derecho al aborto garantizado.

Por otro lado, ha salido adelante la proposición educativa que postula extender la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, preservar que el sistema de becas se rija por los criterios de equidad e igualdad de oportunidades y garantizar currículums valores asociados a los valores democráticos, igualdad de género, derechos LGTBI, feminismo y memoria democrática.

La otra iniciativa de consenso entre los socios reside en la parcela cultural, que pide al Ejecutivo impulsar la participación de todas las lenguas del Estado, oficiales y propias, en la programación y la oferta formativa del Instituto Cervantes, promover programaciones culturales en los museos los valores anteriormente mencionados en la educación y la promoción de la igualdad de género en las industrias culturales.

No obstante, el resto de iniciativas de Unidas Podemos centradas en compromisos concretos, presupuestarios y legislativos en materia económica, fiscal, laboral, laicidad y medioambiental han sido rechazadas.

De esta forma, tumba propuestas como endurecer diez puntos el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias, crear una empresa pública de energía y la batería de medidas concretas para desplegar una reforma fiscal.

Tampoco los socialistas han apoyado el llamamiento a profundizar en la reforma laboral con el impulso de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario de los empleados públicos, impulsar una ley de usos del tiempo de descanso en el ámbito laboral y establecer un marco jurídico para la democracia en la empresa con la participación de los trabajadores en consejos de administración.

A su vez, no ha prosperado su resolución que instaba a impulsar una ley que garantice la laicidad, la supresión la asignación tributaria de la Iglesia católica en la declaración del IRPF, la eliminación de la asignatura de religión y poner fin a los acuerdos con la Santa Sede; al igual que la petición de ampliar los permisos de maternidad a seis meses, desplegar un fondo de 10.000 millones para reforzar la sanidad y la educación, o promover la oficialidad del asturiano o el aragonés.

Por otro lado, los socios de coalición han divergido en el sentido de su voto en varias propuestas de resolución planteada por sus socios parlamentarios, que el espacio confederal sí ha apoyado mientras que el PSOE ha optado por tumbarlas.

Concretamente, Unidas Podemos ha respaldado instar al Ejecutivo a no aumentar el gasto militar, las iniciativas de Más País para universalizar el acceso a los comedores escolares en Primaria bajo la financiación del Estado y en mejora de la salud mental, la propuesta de creación de empresas públicas en sectores estratégicos impulsada por Bildu o el llamamiento conjunto de ERC y los abertzales para reformar el Centro Nacional de Inteligencia, derogar la Ley Mordaza e impulsar una nueva normativa de Secretos Oficiales, entre otras.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 40 de las 138 resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, unas votaciones en las que el PSOE y Unidas Podemos han votado distinto en más de 20 ocasiones.

Entre los textos aprobados figuran iniciativas de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, ERC y el Partido Regionalista de Cantabria. También han salido adelante, pese al voto en contra del PSOE, un texto del PP, otro Junts, dos propuestas de Foro Asturias y una de Coalición Canaria, relativa a la isla de la Palma.

Los grupos del Gobierno han votado distinto en más de una veintena de ocasiones. Además, mientras Unidas Podemos ha apoyado el grueso de las iniciativas del socio mayoritario del Ejecutivo, los socialistas sólo han respaldado tres de las presentadas por el grupo confederal.

La oposición ha logrado, gracias a la abstención de Unidas Podemos, que el Congreso exija la prolongación de la vida útil de las nucleares, revertir el cierre de las centrales térmicas y la construcción de un almacén temporal de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca).

Esta medida forma parte de una propuesta de resolución de Foro Asturias pactada con Vox que ha sido aprobada este jueves durante el debate sobre el estado de la nación.

La propuesta ha sido aprobada con los votos del PP, Vox, Ciudadanos, Teruel Existe y Foro Asturias. El PSOE, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo, la CUP, Coalición Canaria y el BNG han votado en contra, mientras que Unidas Podemos, el PNV y el PRC se han abstenido.

Además de las medidas mencionadas, el texto aprobado también pide rebajar con urgencia los costes energéticos para la industria, aprobar un Pacto de Estado por la Industria para alcanzar un 20% de aportación al PIB y apoyar medidas de apoyo a favor de la industria agroalimentaria.

Más infraestructuras para el GNL e interconexiones

Por otro lado, la oposición también ha derrotado al Gobierno para exigir más infraestructuras para el gas natural licuado (GNL) y acelerar las interconexiones energéticas entre España y Francia.

De esta forma, ha aprobado, con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos, una propuesta resolución del PNV en el marco del Debate sobre el estado de la nación, con el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Junts. ERC, BNG, Teruel Existe y el PRC se han abstenido, mientras que EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, Compromís y Foro Asturias han votado en contra.

Concretamente, el texto aprobado por el Congreso exige al Gobierno autorizar un segundo cargadero en el Puerto de Bilbao ante el crecimiento de la demanda del GNL suministrado a través de cisternas, no sólo por la guerra de Ucrania sino también por el aumento de la demanda por su uso como combustible por vehículos por carretera y buques.

El Congreso ha aprobado el texto que han pactado el PSOE y el PNV en el marco de las propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación para que el Gobierno promueva y fomente, en colaboración con los Ejecutivos autonómicos, el uso de las lenguas oficiales en los organismos dependientes de la Administración General del Estado en el ámbito territorial de estos lugares en los que exista una lengua cooficial.

La iniciativa ha contado con el respaldo de una mayoría de 192 diputados de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, entre otros, frente a los 152 parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox, entre ellos, que han votado en contra.

A través de una enmienda de los socialistas a una propuesta de resolución del PNV del Debate del Estado de la Nación, ambos partidos han acordado este texto sobre lenguas oficiales, que insta al Gobierno a impulsar su uso en los ámbitos institucionales y públicos dependientes del Estado.

Además, el PSOE ha logrado introducir otro punto que interpela al Gobierno a facilitar el uso de estas lenguas oficiales en el marco de las obligaciones establecidas en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.

En cuanto al resto de puntos, el texto que ha hecho suyo el Congreso mantiene la petición del PNV al Ejecutivo para que el Ministerio de Ciencia se adhiera "con urgencia" al Consorcio de Infraestructura Científica Europea (ERIC Clarin).

Esta propuesta de resolución también urge al Gobierno de Pedro Sánchez a "dar los pasos necesarios" para la creación de la Red de Centros Especializados en Tecnologías del Lenguaje vinculada a todas las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que los jóvenes que cumplan las condiciones para solicitar el bono cultural tendrán "la posibilidad de apuntarse" antes de terminar el mes de julio.

"Antes de acabar el mes de julio vamos a abrir ya la posibilidad de que todos aquellos jóvenes que hayan cumplido 18 años se apunten y reciban o bien una tarjeta monedero o bien a través de sus móviles", ha adelantado el ministro en declaraciones a los medios tras la inauguración de la exposición Tina Modotti en el Museo Cerralbo.

El ministro ha explicado que la apertura del proceso para las empresas participantes anunciado este jueves 14 de julio supone "el primer paso" para que los jóvenes "puedan ya dirigirse a todas aquellas empresas que se hayan dado de alta, para gastar o consumir sus productos o servicios".

"Por lo tanto, estamos en la recta final, muy contentos, con mucho trabajo y con muchas ganas de que los jóvenes puedan disfrutar de esa oportunidad que también va a ser en beneficio de todos aquellos que se dedican a la cultura: de repente, verán que el consumo cultural entre los jóvenes aumenta", ha concluido.

Mario Draghi ha presentado este jueves su dimisión como primer ministro de Italia alegando que se ha "roto el pacto de confianza" que mantenía cohesionado al Ejecutivo después de que Movimiento 5 Estrellas se ausentase esta misma jornada de la votación de una cuestión de confianza presentada en el Senado.

Tras este nuevo desencuentro en el seno del Gobierno, Draghi ha mantenido una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella y, más tarde, ha convocado un Consejo de Ministros, ante el que ha anunciado su decisión.

"Las votaciones de hoy en el Parlamento son muy significativas desde el punto de vista político. La mayoría de la unidad nacional que ha apoyado a este Gobierno desde su creación, se ha ido. El pacto de confianza que subyace a la acción del Gobierno ha fracasado", ha trasladado Draghi, según recoge el diario Corriere della Sera.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que las previsiones de la Comisión Europea para la economía española en 2022 muestran que "un 4% es seguir creciendo", aunque ha reconocido que el impacto causado por la guerra en Ucrania "está siendo fuerte".

"Vienen tiempos de enorme incertidumbre. El golpe de la guerra en Ucrania está siendo muy duro, están en guerra, están matando a personas y el efecto económico y social en Europa, en España, y en el mundo es enorme. Por tanto, prudencia. Las estimaciones de crecimiento son las que se están dando, el 4% es seguir creciendo. Me gusta, más allá de las estimaciones tener cierta tranquilidad e ir paso a paso. Vamos a ver después del verano qué es lo que sucede y el impacto está siendo fuerte, claro que sí", ha dicho Díaz en una entrevista en 'Julia en la Onda', en Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Díaz se ha referido a la actualización de las previsiones económicas de la Comisión Europea, publicadas este jueves, que mantienen ese 4% en línea con el pronóstico realizado en primavera, aunque un 1,6% por debajo de la estimación de principios de año. Bruselas también ha duplicado su previsión de repunte de la inflación hasta el 8,1% para el presente ejercicio, frente al 6,3% estimado en mayo, en las que son las segundas previsiones económicas del Ejecutivo comunitario desde el estallido de la guerra.

La ministra de Trabajo ha señalado que la inflación está asestando "un golpe duro a todas las familias" y ha vuelto a pedir "a los que más tienen que se corresponsabilicen". También ha asegurado que el Gobierno está haciendo su parte para "proteger a la gente" y ha valorado la gestión del Ejecutivo como "positiva".

"Creo que nunca se ha hecho tanto, pero es verdad que la ciudadanía no lo percibe de manera próxima, pero sí hay un esfuerzo del Gobierno por acercarnos a la ciudadanía", ha respondido Díaz ante el malestar social que percibe.

Sensibilidad de los mercados

Este martes, después de que el presidente del Gobierno, anunciara en el debate sobre el estado de la nación nuevos impuestos temporales a la banca y a las grandes energéticas, el Ibex 35 cerró con una caída del 0,62%, lastrado por el sector bancario, con un gran peso en la composición del índice. Ese día, CaixaBank cedió un 8,63%, seguido por Banco Sabadell (-7,44%), Bankinter (-5,08%), BBVA (-3,77%) y Banco Santander (-3,65%).

Díaz ha señalado que ese comportamiento bursátil "forma parte de la sensibilidad de los mercados" y resulta "comprensible".

"Las bolsas se sacudieron el día que Amancio Ortega designó sucesora a una mujer joven, como es Marta Ortega, para dirigir el grupo Inditex. Las acciones se desplomaron y tuvieron cierto revulsivo en la Bolsa. Como se puede cotejar, a los pocos días esto no fue así y todo volvió a la normalidad", ha expuesto la ministra a modo de comparación.

El impuesto a la banca no se trasladará al cliente

Respecto al impuesto, Díaz ha aclarado que todavía no está diseñado, aunque se implementará de forma que no suponga una carga para los consumidores. Ha insistido en que las empresas tienen "mucho margen de beneficio", y ha basado sus declaraciones en informes del Banco de España.

La ministra ha apelado a las grandes empresas a "responsabilizarse con su país" y a tener altura de miras, como ya hicieron durante la pandemia. En el caso concreto de las eléctricas y ha precisado que en España hay "más de 5 millones de pobres energéticos", mientras que la banca "está incrementando" sus comisiones.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas de 450 millones de euros para replicar las ayudas directas a camiones, autobuses y taxis que ya se entregaron el pasado mes de marzo.

De esta forma, el Gobierno otorgará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, es decir, a taxis, VTC y ambulancias, según ha informado la ministra en una rueda de prensa.

En esta ocasión, a diferencia del paquete aplicado en marzo, se incluirá en las ayudas a los autobuses urbanos, al mismo tiempo que se habilitará al resto de administraciones a poder realizar un reequilibrio de los contratos públicos para compensar a las empresas por el incremento del precio de los carburantes.

De forma paralela, la ministra ha avanzado que la nueva Ley de la Cadena del Transporte, que tiene como principal objetivo prohibir el trabajo a pérdidas en el sector en línea con la Ley de la Cadena Alimentaria, se llevará al Consejo de Ministros antes del próximo 2 de agosto.

La obligación de firmar por escrito los contratos, estipulando el precio que el transportista cobrará por cada servicio de forma separada, es alguno de los elementos que incluirá esta nueva regulación.

No obstante, dentro de esta nueva ley falta por perfilar el ámbito de las subcontrataciones, sobre lo que todavía el Gobierno no ha llegado a un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y, por lo tanto, requerirá de una posterior aprobación adicional después del 2 de agosto.

A este respecto, Sánchez ha resaltado que la intención de su Departamento es que la subcontratación se lleve a cabo de una manera "justa" y garantice que no se perjudica al último de la cadena, que suele ser el eslabón más débil.

Aunque su principal interlocutor es el CNTC, la ministra ha asegurado que Plataforma Nacional, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas que inició el paro indefinido de marzo, ha sido informada de todas estas medidas y las han valorado de forma positiva.

A estas nuevas ayudas directas y a la nueva Ley de la Cadena del Transporte se suman otras medidas aprobadas este año como el descuento de 20 céntimos por litro, la ampliación de los plazos de vencimiento de los crédito del ICO, nuevas líneas de financiación, la devolución mensual del gasóleo profesional frente al plazo trimestral anterior, la duplicación de las ayudas al abandono de la profesión, la prohibición de carga y descarga por parte de los camioneros o la cláusula de revisión de precios.

El Gobierno ha encontrado el respaldo de sus socios parlamentarios para lograr la convalidación del segundo decreto ley de respuesta económica a la crisis de precios desencadenada a raíz de la escalada sin frenos en el precio de la electricidad y de la invasión rusa de Ucrania.

En todo caso, cada uno de los socios ha afeado al Gobierno la falta de negociación previa a la aprobación de las medidas, la insuficiencia de las mismas o la ausencia de medidas estructurales para contener la inflación, y no sus efectos.

"Los próximos meses van a ser complejos"

Reconociendo que "los próximos meses van a ser complejos", el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presumido de que, lejos de la "austeridad" con la que se respondió en la anterior crisis financiera, el Gobierno de coalición responde ahora "con solidaridad" para garantizar "el apoyo de lo público" a los sectores más afectados.

Así, ha puesto en valor la nueva rebaja fiscal a la factura de la luz, hasta el 5% del IVA, así como la prórroga del resto de bajadas de impuestos a la electricidad, la prórroga del descuento de 20 céntimos al carburante, la limitación al 2% en la actualización de los alquileres, los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, la prohibición de despedir por esta crisis en empresas que reciban ayudas o el 'cheque' de 200 euros para personas con rentas inferiores a los 14.000 euros.

También la bonificación a partir de septiembre del 50% de todo abono de transporte público gestionado por el sector público estatal --que será finalmente del 100% en el caso de Cercanías y Media Distancia, tal y como anunció este martes el presidente Pedro Sánchez-- y del 30% del resto del transporte público.

Los socios le acusan de "improvisación" y "populismo"

Precisamente, varias formaciones 'amigas' han afeado que el Ejecutivo modificara esta bonificación no sólo antes de que entrara en vigor, sino incluso antes de llegar a presentarla en el Congreso, lo que a juicio de grupos como PNV y PDeCAT evidencia cierta "improvisación".

Para Joan Margall, de ERC, la gratuidad total es "un punto populista" --"si esta es la medida estrella, tenemos un problema"--, y ha exigido medidas estructurales y la ejecución de todas inversiones. Aun considerando que las medidas van "en la buena línea", cree que son "insuficientes", y ha invitado al Gobierno a hacer permanente, y no temporal, el anunciado impuesto a la banca, para gravar sus beneficios "siempre que sean estructurales".

También ha validado el decreto el PNV, aunque con "un 'sí' un tanto desolador", ha dicho su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, que cree que las medidas son "pan para hoy y hambre para mañana". Así, ha echado en falta medidas más selectivas, pero también medidas estructurales, y sobre todo "un Gobierno con más empatía, que escuche a los grupos y negocie de verdad".

Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de EH-Bildu, ha justificado su apoyo "por responsabilidad y por la gente", pero ha exigido "intervenir el mercado eléctrico de una vez" y conocer el coste de generación.

El Partido Popular que dirige Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que se abstendrá en el segundo decreto anticrisis que se vota este mismo jueves en el Pleno del Congreso, según han informado fuentes del partido. El PP considera que es un "plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias", como la relativa a deflactar la tarifa del IRPF o la de "abaratar" el coste de la Administración con el Ejecutivo "más caro de la historia", que tiene "22 ministros y más de 800 asesores".

Pese a ello, considera que "la rectificación" de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad, junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación, llevan al PP a abstenerse en la votación correspondiente, han añadido las mismas fuentes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y mujer fuerte de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha definido este jueves la nueva Ley de Memoria Democrática como "un bálsamo reparador" que "reescribe" la historia de España. Así lo ha dicho en el patio del Congreso, flanqueada por víctimas de la dictadura que han asistido al debate que ha tenido lugar en el hemiciclo, como el que fuera dirigente comunista Víctor Díaz Cardiel o Yenia Camacho, hija del histórico secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho.

"La democracia empezó en 1931, la recobramos en 1978 tras un golpe de Estado y esta ley hace hoy mucho mejor a nuestro país", ha comentado Díaz. "La historia se reescribe también en el día de hoy", ha apostillado.

Tras referirse a los luchadores antifranquistas como "héroes y heroínas" por "haber hecho posible la democracia", la también ministra de Empleo ha indicado que "las hijas de todas tienen derecho a conocer qué pasó en nuestro país" y qué legado dejaron quienes combatieron a la dictadura.

En términos similares se ha expresado Díaz Cardiel, quien considera que la ley supone "un progreso que consolida la democracia" porque incluye el reconocimiento a "miles de personas" que, como él mismo, pasaron por la cárcel por defenderla.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha proclamado este jueves en el Congreso que el Gobierno "está con todas víctimas" ya sean las causadas por la dictadura franquista como las del terrorismo. Así lo ha defendido Bolaños desde la tribuna del Congreso durante el debate de la Ley de Memoria Democrática para defenderse de las acusaciones de las formaciones de la derecha ante los acuerdos que el Gobierno de coalición ha alcanzado con Bildu en el marco de esa norma.

Al finalizar el turno de los grupos parlamentarios, el ministro ha tomado la palabra para reivindicar también la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo de 2011. "El Gobierno la aplica todos los días porque estamos con todas y cada una de las víctimas de nuestro país que han sufrido año bien por la dictadura o bien por el terrorismo", ha sentenciado.

Bolaños ha reconocido que esta norma, que profundiza en la vigente desde 2007, llega tarde, pero ha incidido en que se trata de una "norma para el reencuentro" que hace "mejor" a España como país. Así, ha agradecido su esfuerzo a los grupos que han ayudado a desbloquearla y a lograr un "acuerdo amplio" que "hace más digna la democracia".

A su juicio, va a servir para "pasar definitivamente página del pasado más oscuro y más negro" del país y homologar a España con los países de su entorno que también sufrieron regímenes totalitarios. "Profundiza en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición porque la memoria es un derecho de la ciudadanía y de las víctimas", ha aseverado.

Los diputados de ERC que estaban presentes en el hemiciclo del Congreso durante el debate de la Ley de Memoria Democrática han abandonado el Salón de Plenos después de que el diputado de Vox Francisco José Contreras asegurara desde la tribuna que a Salvador Puig Antich no se le condenó a muerte por ser "anarquista", sino por "matar a un policía".

Durante su intervención, Contreras ha señalado que el joven catalán, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, no fue condenado "por el hecho de ser anarquista, sino por haber matado a un policía". Ha apuntado que se llamaba Francisco Anguas y que tenía 24 años.

La portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, que precisamente había leído escritos de Antich durante su intervención en el mismo debate, ha interpretado las palabras del diputado de Vox como una "justificación del asesinato" del joven antifranquista. "Eso es un delito, es apología del franquismo", ha apostillado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que el Debate del Estado de la Nación ha evidenciado que el PP no es moderado y ha reprochado que la "derecha eche espuma por la boca gritando ETA para tratar de tapar avances democráticos", como la Ley de Memoria Democrática que previsiblemente se aprobará hoy en el Congreso.

"El PP tiene de moderado y de partido de Estado lo que yo tengo de futbolista. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha intentado todo el rato hablar de un terrorismo que no existe afortunadamente desde hace más de una década en este país", ha lanzado en declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que el Gobierno pondrá en marcha mecanismos para controlar y sancionar si las grandes empresas energéticas y financieras trasladan el coste de los nuevos impuestos a sus clientes.

"Vamos a meter cláusulas para que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) pueda vigilar y sancionar si trasladan este impuesto a los precios y les pueda sancionar", ha asegurado Echenique en una rueda de prensa en el patio del Congreso.

Con estos nuevos impuestos, el Gobierno busca recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años, pues gravarán temporalmente el aumento de los beneficios de estas compañías en 2022 y 2023, a partir del próximo año.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves, ante las advertencias de la oposición por las consecuencias sobre los clientes, que van a velar para que este impuesto a las entidades bancarias no tenga un efecto negativo sobre los consumidores

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la ministra ha valorado que el impacto que ha tenido en el Ibex 35 el anuncio del impuesto a la banca son "movimientos normales cuando se producen cambios y anuncios de estas características".

"Queremos amortiguar es ese sobrecoste de la inflación con estos ingresos del Estado", ha explicado, a la par que ha hecho énfasis en que para ello se necesita el "esfuerzo de todos".

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que Marruecos es un socio fiable y con el que España necesita tener buenas relaciones en el ámbito de los flujos migratorios y en el económico.

En estos términos se ha expresado la ministra de Política Territorial después de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, haya cuestionado el papel de las autoridades españolas tras el intento masivo de más de 2.000 subsaharianos de cruzar la valla de Melilla el pasado 24 de junio argumentando que "vacilaron" a la hora de prestar "la asistencia y auxilios necesarios" para evitar un aumento de la violencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no quiera negociar la propuesta judicial que le ha remitido su partido y que, además, el PSOE haya introducido una enmienda en el marco del Debate sobre el estado de la Nación para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional en septiembre. A su entender, así es "muy difícil" llegar a acuerdos con el Ejecutivo.

"Ayer han puesto una enmienda que dice que lo tiene que hacer antes del 12 de septiembre. ¿Hay mayor control del CGPJ por parte del Gobierno? Si hasta le dicen el plazo en el que tienen que ejecutar su competencia", ha denunciado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado expresamente si el PP da por rota la negociación en materia de justicia después de que el PSOE no haya retirado su reforma que permita al CGPJ nombrar a los miembros del TC que le corresponden, Feijóo ha dicho que es "lamentable ir comprobando poco a poco cuáles son las prioridades del Gobierno".

El PSOE ofrece al PSOE un acuerdo, vía enmienda a las resoluciones en el Debate sobre el Estado de la Nación, para impulsar el incremento del presupuesto de Defensa para situarlo al 2% del PIB, como quedó patente en la reciente Cumbre de la OTAN en Madrid.

El grupo parlamentario socialista ha propuesto modificaciones al planteamiento de los populares en materia de seguridad y marca ese objetivo de gasto, dirigido a "modernizar y mejorar las capacidades militares" de las Fuerzas Armadas.

Precisamente el aumento del presupuesto militar ha suscitado discrepancias con Unidas Podemos, su socio en el Ejecutivo, que en reiteradas ocasiones ha demandado no elevar la inversión armamentística para priorizar las medidas sociales, demandando incluso la convocatoria del pacto de seguimiento de la coalición para abrir un debate sereno y dirimir esas diferencias. Es más, varios socios parlamentarios han advertido de que esa opción solo deja al PSOE la vía de recurrir al PP para sacar adelante esa subida de las partidas en Defensa.