Page, "dolido" por la rebaja de malversación, anuncia una iniciativa legislativa contra referéndums ilegales

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ha advertido de que el 70% de las familias monoparentales, las que tienen un solo hijo, quedan "fuera" del anteproyecto de ley de familias aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

"Una ley de familias es necesaria porque es necesario reconocer toda la diversidad de las familias que existen en España, pero a nosotras nos parece que no estamos lo suficientemente recogidas, porque deja excluidas al 70% de las familias monoparentales, con un hijo a cargo. Se quedan fuera de la cobertura", ha explicado a Europa Press la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores.

Así, aunque ve positivo que se equipare a las monoparentales con dos o más hijos a las numerosas, recuerda que esto en realidad "corrige una discriminación que viene sucediendo desde 2008", cuando se equiparó a las viudas con uno o más hijos a las numerosas.

"Esto está bien que se corrija pero no nos parece bien que se deje de proteger al 70% de las monoparentales cuando los datos del INE nos dicen que un 54% de familias monoparentales están en riesgo de pobreza", ha subrayado Flores.

El Gobierno ha propuesto una rebaja del 9,21% a partir del próximo mes de enero en los cargos recogidos en la factura eléctrica de los hogares y las pymes -la tarifa 2.0TD correspondiente a los contratos que tienen una potencia contratada de hasta 15 kW (incluidos) y baja tensión-, según consta en el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio.

Los cargos, que incluyen, entre otros, las primas de las renovables o la amortización de la deuda del sistema eléctrico, es una de las partes fijas del recibo y la establece el Gobierno. La otra, los peajes -con los que se retribuyen a las redes- son fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La propuesta de cargos que realiza el Ministerio para 2023 prevé rebajas para el resto de consumidores dependiendo de la potencia contratada. Así, registrarán una bajada del 5,37% los de alta tensión, los consumidores de 6.4TD; del 14,69% para los de 6.3TD; del 12,46% para los de 6.2TD, y del 17,06% para los de 6.1TD.

El Pleno del Senado ha rechazado este martes por amplia mayoría las 87 impugnaciones a las secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que se habían registrado, por lo que las nuevas cuentas siguen su tramitación con el análisis de más de 4.000 enmiendas parciales presentadas por los grupos.

El debate de totalidad y a las secciones, que se ha prolongado durante dos días con alrededor de un centenar de intervenciones, se ha saldado este martes con el rechazo por la mayoría del Pleno del Senado de las 87 impugnaciones presentadas a las secciones del proyecto de Presupuestos, después de que el lunes se rechazasen también los cinco vetos generales del PP, Cs, Vox, Junts y UPN.

Tras la votación de este martes, los Presupuestos continúan su trámite en el Senado y la Ponencia se reunirá este miércoles 14 de diciembre, cuando también se realizaría el dictamen de la comisión.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido hoy las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, contra la decisión del Gobierno de modificar el delito de malversación y suprimir el de sedición. Lo que sí ha rechazado es que vaya a haber un referéndum de independencia en Cataluña por ser "inconstitucional" ante las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno es creíble ahora después de haber negado que fuera a reformar sedición y malversación.

Así se ha pronunciado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse hasta en tres ocasiones sobre las valoraciones realizadas por Emiliano García Page. No ha querido comentar la afirmación de que no es tolerable ni de izquierdas pactar con los delincuentes, ni tampoco a lo dolido que está el presidente de Castilla la Mancha como español y militante del PSOE.

La ministra se ha limitado a defender la modificación de la malversación, alegando que introduce un tipo nuevo, aunque sin responder a las preguntas de los periodistas en las que recuerdan que baja la pena para algunos malversadores e incluso, en algunos casos, impide que vayan a la cárcel.

El PP, Vox y Ciudadanos han rechazado este martes en el Congreso la reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) planteada por el PNV tras el caso Pegasus, mientras que el PSOE ha reivindicado que lo deseable sería que este asunto se impulsara desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos, y no como una iniciativa de un partido de oposición.

La tramitación parlamentaria de la proposición de ley ha sido defendida por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha sostenido que la actual legislación está "obsoleta" y ha reivindicado la necesidad de aumentar y mejorar los controles judiciales sobre los servicios de inteligencia, que el CNI tenga que dar cuentas a posteriori de sus actuaciones, elevar la dependencia de su máximo responsable a la Presidencia del Gobierno y mejorar su control parlamentario.

La iniciativa se registró en mayo al hilo de la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa Pegasus, un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asumido este martes que la aprobación de la ley de vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé luz verde definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023.

"Es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar este año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene", ha señalado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Raquel Sánchez ha negado que la tramitación de esta ley esté bloqueada y ha defendido que desde que el Gobierno la remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria se ha estado trabajando "intensamente" con el resto de formaciones del arco parlamentario y se ha presentado más de 800 enmiendas.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este martes la convocatoria de un nuevo pleno extra el próximo jueves para la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Se trata de la tercera vez que los impulsores de la iniciativa recurren a un pleno extra para su tramitación, que se va a completar en poco más de un mes en la Cámara Baja.

Los partidos que forman parte del Gobierno ya recurrieron a este mecanismo del pleno extra en el primer examen parlamentario de la iniciativa, cuando se votó la toma en consideración a la una de la mañana, y una semana después repitieron para rechazar los textos alternativos de PP, Vox, Cs, Junts y CUP.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma penal pactada con ERC "se está convirtiendo de facto en una amnistía" a los dirigentes independentistas que delinquieron y no ha dado credibilidad a las palabras del Gobierno negando de forma rotunda que no habrá referéndum.

"Que lo niegue el Gobierno no tiene ninguna credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", recordando sus declaraciones en el pasado diciendo que no habría indultos o que no eliminaría el delito de sedición. Es más, ha recordado que también dijo que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont y podrá venir "riéndose de los españoles".

Así se ha pronunciado después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se va a celebrar un referéndum "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral" porque es contrario a la Constitución y supondría "cronificar" el conflicto.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha garantizado este martes "radicalmente" que el PSOE "no va a aceptar ningún referéndum de independencia" en Cataluña como el que ha vuelto a plantear ERC, a cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha recordado que el Código Penal sigue contemplando el delito de rebelión y que, igual que se hizo en 2017, también podría volver a aplicarse el artículo 155 de la Constitución.

Así se ha pronunciado López en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras las palabras de Rufián en las que el portavoz independentista ha señalado que la reforma del delito de malversación que ha pactado con el PSOE está pensada para "futuros hechos" y "futuras generaciones" y no se ha negociado en base a la situación de los condenados por el 'procés'.

"Este grupo, este partido y este gobierno no va a aceptar un ningún referéndum de independencia en Cataluña, si alguien pide un referéndum pondremos sobre la mesa el Estatut, si alguien viene a hablarnos de independencia pondremos sobre la mesa el Título VIII de la Constitución", ha sentenciado el portavoz socialista.

El Ministerio del Interior ha criticado a Amnistía Internacional por sus afirmaciones "falsarias" y de "extrema gravedad" acusando a la Guardia Civil de participar en supuestas torturas durante el dispositivo por la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

"Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar", ha señalado Interior en un comunicado.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska muestra su respeto por la labor de Amnistía Internacional pero, en el caso de la tragedia de Melilla, señala que no puede permitir "en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que su enmienda para pautar la aplicación de la reforma penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación busca dar "un toque de atención" a los jueces por las rebajas de condena que se han venido produciendo con la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, conocida como de solo sí es sí.

Aunque su proposición de ley de la sedición ya incluye tres disposiciones transitorias para su aplicación a los encausados por hechos cometidos antes de su entrada en vigor, el PSOE y Unidas Podemos han introducido este martes una enmienda a la exposición de motivos para añadir dos párrafos subrayando que las reformas penales, aunque no tengan disposiciones transitorias, como fue el caso de la ley del solo sí es sí, deben seguir lo establecido en el propio Código Penal y en la jurisprudencia del Supremo a la hora de aplicar el principio de la mejor legislación en beneficio del reo.

"Para la aplicación de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor, las tres disposiciones transitorias reproducen las de otras Leyes Orgánicas destinadas a modificar el Código Penal, que a su vez se corresponden sustancialmente con las que en su momento estableció el Código Penal de 1995, en su redacción original, que son disposiciones que hoy se encuentran vigentes y han sido convenientemente interpretadas por el Tribunal Supremo", reza la enmienda aprobada y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este martes que los hechos que se produjeron en Cataluña en el año 2017 se hicieron con el Código Penal actual "y no sirvió para evitar un referéndum y una declaración unilateral de independencia", por lo que se ha preguntado "cuál es la alternativa" a reformarlo para mejorar la situación.

"Es más, Puigdemont se fugó y no hemos sido capaces de que lo detengan con el Código Penal actual. Igual si hubiéramos tenido otros tipos penales más homologados con Europa, hubiera sido procesado aquí, con una pena menor, y no hubiéramos tenido que soportar que quien declaró la independencia se fugara", ha sostenido Vara en un acto informativo organizado en Madrid por elEconomista.

En cualquier caso, el presidente extremeño ha evitado aclarar si apoya o no esta reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y tocar el de malversación, y se ha limitado a asegurar que él vive en la España "de los matices", aunque haya cosas que, "probablemente", ni le gustan ahora ni le gustarán "nunca".

Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 31 personas físicas o jurídicas en 10 procedimientos por corrupción durante el tercer trimestre de 2022, dictando en ese mismo período un total de 9 sentencias por este delito.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, el Consejo General del Poder Judicial ha dado cuenta del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de este año.

Según revelan estos datos, Andalucía aglutina la gran mayoría del total de 31 acusados por corrupción con 22 personas físicas y 8 jurídicas en 5 procedimientos diferentes. A esta le siguen Madrid, con 4 personas físicas y 1 jurídicas; Galicia, con 4 personas físicas y Murcia, con una persona física.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha abogado este martes por abordar en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno un acuerdo para celebrar un referéndum de independencia. Un asunto que figura en la ponencia política de los republicanos como un "acuerdo de claridad".

"Hasta ahora hemos priorizado la cuestión antirepresiva básicamente para situarnos en una posición de igualdad o de más igualdad para poder negociar", ha explicado en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press.

Vilalta ha insistido en que el 1-O no cabe en la propuesta del delito de malversación que han pactado con el PSOE: "Es evidente que ninguno de los tres supuestos afecta al 1-O".

El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, ha confirmado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesiones (FIFPRO), que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena.

"FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo", señaló el sindicato en un comunicado.

El exjugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, de 26 años, ha sido acusado por el régimen iraní de un delito llamado moharebeh, es decir, enemistad con Dios, según IranWire; este conlleva la ejecución en la horca, una pena que ya sufrieron el joven Mohsen Shekari y el luchador Majid Reza Rahnavard, ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad por las mismas acusaciones que Amir Nasr-Azadani, todo tras un juicio sin garantías.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se va a celebrar un referéndum "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral" porque es contrario a la Constitución y supondría "cronificar" el conflicto.

En estos términos se ha pronunciado Bolaños en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado po las declaraciones de Junqueras en las que ha asegurado que la organización de un referéndum "no está contemplado en el Código Penal y por tanto no es un delito" y que es democrático incluso si se convoca por la vía unilateral.

"El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Tampoco es una solución porque es divisiva y solo cronificaría el conflicto", ha enfatizado el ministro, que ha recordado que lo que se firmó en la Mesa de Diálogo de julio de este año es que tanto el Gobierno central como la Generalitat harían "política dentro de la ley y la Constitución".

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley que suprime el delito de sedición y que incluye una reforma del delito de malversación pactada por PSOE y Esquerra Republicana (ERC). El texto ha salido adelante con 19 votos a favor de socialistas, Unidas Podemos, ERC y PNV, frente a los 17 en contra de PP, Vox, Cs, Junts y CUP, mientras que Bildu ha optado por abstenerse.

Tras este paso, se elevará el dictamen al Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta (176 votos), ya que se trata de una norma de rango orgánico.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijoo, ha revelado este martes que el Partido Popular ha mantenido contactos con grupos minoritarios para "saber su opinión ante una posible moción de censura" y "casi todos" les ha dicho que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN y el parlamentario de Foro Asturias. Aunque no ha cerrado la puerta a un posible abstención si al final esa moción se presenta, ha dejado claro que el PP no apoyaría a Santiago Abascal como candidato.

En una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press, Feijoo ha expresado su rechazo a una moción de censura porque, según ha dicho, ayuda a "fortalecer" a Pedro Sánchez al darle una victoria parlamentaria en el Congreso. Frente a eso, ha defendido elecciones anticipadas en España y que sean los españoles los que se pronuncien en las urnas.

"A mi me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido", ha enfatizado, para asegurar que esa persona debería tener experiencia de gobierno. Al ser preguntado si el PP votaría esa moción de censura de Vox, ha respondido que van a ver "quién es el candidato".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reprochado las "prisas" por reformar el delito de malversación, al entender que "hay dudas que no están suficientemente claras", y ha deducido que esa celeridad tiene que ver con una "exigencia" de ERC y el apoyo a los Presupuestos Generales.

"Es obvio, no hay que engañar a la opinión pública, que eso tiene que ver con una exigencia de ERC, tiene que ver con unos Presupuestos y con que llegamos a finales de año y se quieren cerrar muchas carpetas", ha desgranado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Al respecto, ha desgranado que "nadie" le ha dado información de que esa rapidez para tramitar la nueva malversación sea condición impuesta por los republicanos, pero el "sentido común" que "algo de eso hay".