Robles defiende la designación de Campo para el TC y dice que ni el PP ni el CGPJ tienen autoridad para criticarlo

Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y del PSOE se reunieron esta tarde con el objetivo de sacar adelante la norma, que fue aprobada en segunda vuelta del Consejo de Ministros el pasado agosto, y que se encuentra bloqueada sin que se haya abierto aún la fase de Ponencia. Según fuentes de Unidas Podemos, en la reunión se ha podido constatar que el PSOE persiste en su apuesta por dejar fuera de la ley de protección animal a los perros de caza, algo que es inasumible para los morados.

Uno de los objetivos de esta ley es acabar con la impunidad ante el maltrato animal, del que cualquier perro, independientemente de a qué actividad se dedique, puede ser víctima. Por ello, excluirlos de la norma supondría dejarlos desprotegidos frente a los maltratadores de animales, según UP.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha avanzado este martes que "pronto" se llevará a cabo su "relevo" como diputada en el Parlamento andaluz al cumplirse en este ejercicio ocho años desde su entrada en política, en la que se estrenó presentándose a las elecciones europeas de 2014 desde la candidatura de Podemos, con la que obtuvo un escaño en la Eurocámara.

La actual portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha realizado este anuncio en declaraciones a la cadena 7TV, recogidas por Europa Press, en las que recuerda que empezó su trayectoria política "en 2014", por lo que han pasado ya ocho años desde entonces, y "es importante buscar un relevo a mi papel".

En esa línea, Teresa Rodríguez, que es profesora de Educación Secundaria, señala que cree que "estamos en condiciones de poner sobre la mesa un relevo", y aunque su "órgano de dirección me tira para que esté un poquito de más tiempo", aclara que "en ese ten con ten será pronto ese relevo" en el Parlamento.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe analizar su idoneidad comprobando que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional -ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional-.

Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

No obstante, las fuentes recalcan que se trata de una decisión temporal. En este sentido, advierten de que el TC podría revisarla si el órgano de gobierno de los jueces se retrasa en el nombramiento de sus dos aspirantes. En esa tesitura, no descartan que los nominados por Moncloa tengan que enfrentarse en solitario al examen del Constitucional.

El presidente en funciones de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha impedido que una diputada de Vox continuase con su discurso en el pleno después de llamar “filoetarras” a los socios del Ejecutivo de coalición. “Este Gobierno premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas”, ha asegurado la diputada mientras se debatía una Proposición No de Ley sobre Málaga, según informa Marta Monforte.

La diputada ultra, Patricia Rueda, se ha negado a retirar la palabra tras el requerimiento de Gómez de Celis y ha permanecido en silencio mientras su grupo parlamentario le aplaudía. Finalmente se ha bajado de la tribuna y, acto seguido, todos los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. El portavoz ultra, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su grupo presentará un escrito contra la Presidencia de la Cámara.

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que no están buscando "ningún acuerdo con el PP" para sacar adelante sus enmiendas a la ley trans, enmiendas que han provocado el enfrentamiento con sus socios de Gobierno al querer limitar la autodeterminación de género en los menores de 14 a 16 años.

"No estamos buscando ningún acuerdo con el PP para la ley trans, nuestra voluntad es llegar a un acuerdo con la mayoría de la investidura. Vamos a ver, nosotros daremos nuestros argumentos para defender nuestras enmiendas que son muy sensatas, que no rompen los objetivos que persigue esta ley", ha abundado López, este martes, en rueda de prensa en el Congreso.

La Cámara Baja activará este miércoles 30 de noviembre la tramitación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, un mes después de que los grupos registraran sus enmiendas parciales al texto.

El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'sólo sí es sí' asciende al menos a 42, entre revisiones de condena a la baja (37) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (5). Un total de 10 personas han sido excarceladas.

Las últimas rebajas que han trascendido han sido dictadas por el Tribunal Supremo, que este martes ha condenado a 9 años de cárcel a dos exjugadores del caso Arandina. Los magistrados han elevado sus penas -desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)- tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima.

El Supremo ha estimado el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público pedía 10 años de condena y el TS lo ha dejado en un año menos por la aplicación de la ley del solo sí es sí.

La futura Ley de Trata recoge penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes hagan uso de servicios, prestaciones o actividades de la víctima, pero exime de las mismas a aquellos que hagan un uso ocasional y lo denuncien ante la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales.

Así consta en el anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que modifica varios artículos del Código Penal.

El texto señala que los puteros no ocasionales serán castigados, además de con penas de cárcel, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo superior entre tres y seis años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

La Comisión de Igualdad ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que, entre otras medidas, recupera el derecho al aborto para las menores de 16 y 17 años, que no necesitará el permiso paterno para realizar esta práctica.

La norma ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios representados en el órgano, a excepción de PP, Vox y Ciudadanos. Al ser un texto de carácter orgánico, deberá pasar por el Pleno del Congreso para ser ratificado.

Entre las enmiendas que han sido incluidas en el texto en esta primera fase hacia su aprobación definitiva, se recoge la habilitación de un procedimiento judicial "urgente" en caso de discrepancias entre una menor de 16 años y aquél que deba autorizar que ésta se someta a un aborto.

Además, se han añadido modificaciones a la formación de los comités clínicos. En concreto, no se permitirá que ninguno de sus miembros esté en el registro de objetores o haya estado en el mismo en los últimos tres años. Tampoco se permite que estos comités tengan la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá recurrir en vía jurisdiccional su decisión en caso de no estar de acuerdo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe hacer un examen de idoneidad para comprobar que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional -ser español y magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional-.

Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares vieron expirar su mandato el pasado 12 de junio, tratándose de los cuatro magistrados que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha anunciado que este jueves 1 de diciembre, sólo una semana después de tomarse en consideración la proposición de ley que suprimirá el delito de sedición que se aplicó a los líderes del proceso independentista de 2017, se celebrará un nuevo Pleno en la Cámara para acelerar su tramitación parlamentaria.

La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso cerca de la una de la madrugada del pasado viernes y nada más terminar se reunió la Mesa del Congreso para fijar su calendario. En concreto, se decidió que el plazo de enmiendas de totalidad con texto alternativo acabara este mismo martes, o sea se dio un margen de sólo un par de días, en lugar de los 15 días de una ley ordinaria o de los siete de una ley con el procedimiento de urgencia.

El siguiente paso era que la Junta de Portavoces decidiera cuándo se celebra ese nuevo debate en el Pleno del Congreso para votar las enmiendas de totalidad y el PSOE ha propuesto que este mismo jueves, cuando acabe la sesión plenaria ordinaria, se celebre un nuevo Pleno monográfico para debatir y votar esos textos alternativos.

Unidas Podemos y diversos aliados parlamentarios del Ejecutivo han reprochado al PSOE la elección del exministro socialista Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez para su nombramiento como nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Todos ellos se han alejado de las críticas vertidas por PP, Vox y Ciudadanos pues consideran que es positivo que el Ejecutivo active los relevos en el alto tribunal aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no haya nombrado a los dos que le corresponden. Sin embargo, han afeado que se haya optado por dos perfiles claramente asociados a la formación socialista.

Ante la controversia, diversos cargos del PSOE como los ministros Félix Bolaños y Margarita Robles han defendido la idoneidad de ambos para formar parte del Constitucional, reprochan que se ponga en duda su imparcialidad y dejan claro que los conservadores no pueden criticar su designación.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aprovechado la Junta de Portavoces de este martes para volver a reprender a los grupos por el clima de enfrentamiento que se vive en la Cámara y que la semana pasada derivó en una monumental bronca a raíz de la intervención de una diputada de Vox, pero no se ha adoptado ninguna medida al respecto y se ha optado por fiarlo todo al autocontrol.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, quien ha admitido que Batet les "ha reñido un poco", a su juicio "con razón", y ha exigido respeto a la institución.

Según su relato, la presidenta ha recriminado a los portavoces que a veces "ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio" y ha apelado a la responsabilidad tanto individual como colectiva de los miembros de la Cámara para que "nadie traspase los límites".

La designación del exministro Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como candidatos del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) ha impactado en las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos aspirantes que completan el tercio de magistrados del TC pendiente de renovar, ya que los vocales conservadores creen son perfiles politizados que deben compensarse.

"Cambia el panorama", resumen las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, después de que el Ejecutivo haya designado a Campo, el ministro de Justicia que tramitó los indultos de los condenados por el 'procés', y a Díez, una catedrática de la Universidad de Barcelona asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut y ex alto cargo en el Ministerio de Presidencia.

Y ello porque desde el bloque conservador perciben a Campo y Díez como dos candidatos excesivamente politizados por cuanto ambos han prestado servicios al actual Ejecutivo. "Proceden de la fontanería del Gobierno", ilustran.

El anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, aprobada este martes en primera lectura por el Consejo de Ministros, contempla una reforma de la Ley de Extranjería para modificar algunos aspectos de la regularización de las víctimas de trata extranjeras en situación irregular, sin necesidad de que estas denuncien, pero tendrán que estar debidamente identificadas.

Este extremo fue uno de los flecos señalados por el Ministerio de Igualdad y por Podemos como desavenencias en los socios del Gobierno de coalición. Sin embargo, esta misma mañana los 'morados' aseguraban que la situación se había resuelto cumpliendo sus expectativas. En cualquier caso, fuentes del Gobierno aseguran que nunca se vinculó la regularización de estas víctimas con la denuncia o cooperación con la investigación.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recalcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el artículo 28 de la norma desvincula directamente la denuncia y la participación de la víctima en la investigación penal para el acceso a derechos y ha asegurado que este aspecto estaba en el "germen" del proyecto y fue propuesto ya por la Comisión de Codificación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que con la ley del solo sí es sí el caso Arandina "no es abuso, es agresión", defendiendo nuevamente la norma después de que el Tribunal Supremo haya elevado a nueve años de cárcel —frente a los 4 y 3 fijados por el TSJ de Castilla y León— la condena a dos exjugadores del caso condenados, aunque no ha impuesto la pena solicitada por el fiscal de 10 años por la aplicación de la mencionada ley.

"Pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo. Con la ley del solo sí es sí el caso Arandina no es abuso, es agresión", ha escrito Montero en su perfil de Twitter tras darse a conocer la sentencia.

Asimismo, ha insistido en que "la ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias". "Hay que aplicar toda la ley", ha concluido.

"Absolutamente idóneos". El Gobierno defendió a capa y espada este martes su propuesta de nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez como futuros miembros del Tribunal Constitucional, a la vez que mostró su confianza en que el Alto Tribunal ratificará sus condiciones y que la UE no se opondrá, según informa Antonio Ruiz Valdivia.

Así lo puso de manifiesto el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión del Consejo de Ministros que inició este proceso acordando la propuesta de esos dos nombres en un  momento en el  que se tiene que renovar un tercio de este órgano (dos miembros por parte del Gobierno y otros dos por parte del CGPJ).

Los dos nombres que ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa han estado en la Administración de Sánchez. Campo fue ministro de Justicia hasta el verano de 2021, en tanto que Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales hasta el pasado mes de abril.

A pesar de esto, La Moncloa está convencida de que son los más idóneos para esos puestos y que cumplen las condiciones: ser españoles, ser juristas de reconocido prestigio y tener quince años de experiencia.

Por eso, se motró Bolaños confiado totalmente en que el TC ratificará esas exigencias y no tumbará esta propuesta. Lo que quiso fue poner el foco en el CPGJ, que tiene que nombrar a dos miembros y no ha convocado Pleno hasta el 22 de diciembre, cuando se tenía que haber hecho esa elección antes del 13 de septiembre..El ministro se fijó en la actitud de los vocales conservadores y emplazó a llegar a un acuerdo de la manera más breve. "Nos gustaría que inmediatamente", apostilló.

"Es una persona muy valorada en la derecha y la izquierda", sotuvo sobre Campo, al responder las preguntas sobre si ese nombramiento no va en contra del espíritu de despolitizar la Justicia. De hecho, Bolaños reflexionó que no se trata de un órgano jurisdiccional, sino de interpretación de la Carta Magna.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el tráfico de órganos. Además, se introduce por primera vez el delito de explotación laboral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es "fruto del consenso interdepartamental", "acaba con la dispersión normativa" actualmente existente en España y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

"Estoy segura de que será un antes y un después en el compromiso por la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de explotación. Es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas", ha remarcado Llop.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que analizarán "detenidamente" la sentencia del Tribunal Supremo, que eleva a nueve años de cárcel -frente a los 4 y 3 fijados por el TSJ de Castilla y León- la condena a dos exjugadores del 'caso Arandina' condenados, aunque no impone la pena solicitada por el Fiscal de 10 años por la aplicación de la ley del solo sí es sí.

"Vamos a ver qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, no hemos tenido acceso a la resolución todavía. Lo vamos a analizar detenidamente", ha afirmado este martes Llop durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Al ser preguntada por la posibilidad de modificar la Ley del 'solo sí es sí' tras la sentencia del 'caso Arandina', la responsable de Justicia ha respondido que "qué dice el Tribunal Supremo".

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, sostiene que el Gobierno está llevando a cabo un ajuste de posiciones de cara a las elecciones y ha vaticinado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acabará siendo candidata socialista y la ministra de Igualdad, Irene Montero, será la de Unidas Podemos.

"Yo creo que estamos viviendo un ajuste de posiciones de cara a elecciones. Estamos en el tránsito de Yolanda Díaz desde Podemos hacia el PSOE, que acabará siendo candidata socialista, y en la conversión de candidata de Podemos a Irene Montero", ha pronosticado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press.

Pons ha apostillado que "toda esa tensión", derivada de este ajuste de posiciones que apunta, se va a ir viviendo "cada día más". "Irene Montero cada día se perfila más como candidata de Podemos", ha asegurado.