Documentos oficiales avalan la responsabilidad de Trillo de la que habla el Consejo de Estado

Más de trece años después de que 62 militares españoles perdieran la vida en un accidente de avión cuando regresaban de Afganistán, donde habían participado en una misión internacional, el Consejo de Estado dictaminó en un informe [consultar, aquí] adelantado la semana pasada por El País que la responsabilidad de ese siniestro recae directamente sobre el Ministerio de Defensa, liderado entonces por el todavía embajador de España en Londres, Federico Trillo. 

El dictamen, suscrito por unanimidad, concluye que con anterioridad al siniestro –que ocurrió en mayo de 2003– existieron "hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". "Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", puede leerse en el mismo párrafo.

Este martes por la mañana la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se reune con miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 en la sede del ministerio. Tras conocerse el dictamen, los familiares de las víctimas han exigido una vez más el cese de Federico Trillo como embajador en Reino Unido y que se les pida perdón por la pérdida de sus seres queridos hace casi 14 años.

La demanda penal que buscaba responsables del accidente –o, al menos, de no haber actuado para evitar que ocurriera– fue archivada en febrero de 2012 por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. 21 días después este mismo magistrado fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal de ese tribunal. Ya estando él en ese cargo, la sección cuarta de esa sala rechazó los recursos presentados por la Fiscalía y por las familias de las víctimas.

Precisamente el dictamen del órgano consultivo del Estado hace alusión al auto de archivo suscrito por Grande-Marlaska, en el que se dictamina la "ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa". Es decir, subraya que el hecho de que no hubiera una responsabilidad penal no implica que no haya otras responsabilidades políticas sobre la catástrofe. 

Y lo cierto es que en el sumario de esa causa fueron aportados al juzgado numerosos documentos que avalan esa responsabilidad en el siniestro del Ministerio de Defensa que ahora ha sido confirmada por el Consejo de Estado. Entre ellos, una carta del entonces jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), el vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, en la que confirma que sí había limitaciones económicas en la contratación de aviones. 

En concreto, Sainz-Rozas señaló en esa carta –fechada el 30 de junio de 2005– que la "sensibilidad política que se vivía respecto al conflicto iraquí (...) modulaba de arriba hacia abajo" su actividad diaria y que, en algunos casos, tenían incluso que esperar a que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) recibiera la autorización del ministro "para concretar los detalles de algunos vuelos (...) lo que inevitablemente producía improvisaciones con las consiguientes quejas de los destinatarios de la carga".

En la misma misiva, el citado vicealmirante también subraya que, una vez finalizado el despliegue, las "limitaciones presupuestarias" propiciaron que sólo pudieran programar dos aviones al mes de apoyo. "La justificación que nos daban es que el Fondo de Contigencia (...) estaba también condicionado por otros gastos como el del Prestige, inundaciones y otros gastos derivados de otras operaciones como Afganistán, Índico y Balcanes". 

"Altos riesgos" 

Otro de los documentos que vendrían a probar esa responsabilidad es una nota informativa [consultar, aquí] firmada por Félix Sanz Roldán, el que fuera Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008).

En ese documento, Sanz Roldán da cuenta de una reunión que mantuvo con el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) después del accidente del Yak-42, Luis Alejandre Sintes; y su número dos y después sucesor en ese cargo, José Antonio García González; en la que ambos le confirmaron la existencia de un informe del servicio secreto del Ejército de Tierra (CISET) en el que se advertía de que "se estaban corriendo altos riesgos al transportar al personal en aviones de carga de la antigua URSS". 

En su escrito, Sanz Roldán asegura que ambos generales le confirmaron que ese informe "había sido cursado, en fechas próximas a su elaboración (28 de abril de 2003), al Estado Mayor de la Defensa y que 'casi con toda seguridad' se había cursado al señor ministro".

También afirma que en la misma conversación el general Alejandre le dijo que recordaba una reunión en la sala de juntas aneja al despacho del ministro en la que se fijaron detalles del funeral de las víctimas del accidente en la que él manifestado la pertinencia de entregar únicamente aquellos "identificados de forma positiva" y trasladar a los demás a un tanatorio "a la espera de que dicha identificación positiva se produjera". 

En 2009, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez, condenó al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes Jose Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por haber falsificado las identidades de 30 de los 62 cadáveres de militares fallecidos en el accidente. No obstante, el general Navarro murió antes de ingresar en prisión y los otros dos condenados fueron indultados parcialmente por el Gobierno de Mariano Rajoy, poco después de que el PP regresara a la Moncloa. 

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Imposición de silencio 

Entre los documentos aportados al sumario también resulta reveladora una orden [consultar, aquí] que el que fuera en el momento del accidente Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, remitió a todos sus subordinados cuatro días después del siniestro y mediante la que les prohibía emitir opiniones al respecto. "Asunto: declaraciones accidente Yakolev. Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente", puede leerse en ese documento, de cuyo contenido informó El País en 2003. 

Según recogieron varios medios, el general González-Gallarza escribió en mayo de 2015 un editorial en la revista Tierra, Mar y Aire en el que defendía que habría que haber ilegalizado a Podemos. En ese mismo artículo señalaba que la formación morada estaba "contra la Constitución, la Bandera (sic), el Himno Nacional, están dispuestos a suprimir la Semana Santa, a ceder la Catedral de Córdoba (sic) a los musulmanes".