Un ecologista no es un terrorista: qué hay detrás del desliz de la Fiscalía al criminalizar el movimiento

¿Qué organizaciones se enmarcan dentro de la categoría de terrorismo nacional, según la última memoria de Fiscalía General del Estado, presentada hace escasas semanas? En  el epígrafe 4.5.2 del documento se incluyen organizaciones como ETA, los GRAPO, al "Independentismo Violento Radical Gallego", el "Movimiento Violento independentista catalán" y también el llamado “Ecologismo radical”, donde se señalan dos colectivos en concreto: "Extinction Rebelion (XR)" y "Futuro Vegetal", que en los últimos meses han ido adquiriendo cada vez más protagonismo con acciones directas de sabotaje.

Ambas abogan por la desobediencia cívica a modo de protesta ante la crisis climática y en nuestro país han organizado protestas como la de pegarse a algunos cuadros en el Museo del Prado o lanzar líquido contra la puerta del Congreso. "Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía", precisaba la Fiscalía. 

El Ministerio Público cifró en 26 las detenciones de activistas ecologistas que tuvieron lugar el año pasado, motivadas por acciones de protesta, aunque ninguna de estas causas ha recaído en la Audiencia Nacional, el tribunal que tiene competencia exclusiva para investigar el terrorismo en España. Tras la protesta de cinco asociaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— la Fiscalía ha rectificado y ha asegurado que no volverá a incluir al activismo climático en ese apartado.

Estas organizaciones enviaron una carta tanto al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitando la eliminación del término y la mención expresa de los grupos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal. "La mención de estos grupos en este apartado es asistemática y no resulta procedente", señala la Fiscalía en su misiva de respuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre. El Ministerio Público también destaca "lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente en su sentido más amplio".

Además a las citadas asociaciones, la inclusión del "ecologismo radical" en el epígrafe de terrorismo puso en alerta a las organizaciones políticas que integran Sumar, como Alianza Verde, Podemos e Izquierda Unida, que reclamaron una rectificación inmediata. Un paso más allá dio este lunes el portavoz adjunto de IU, Enrique Santiago, con otra misiva dirigida al Fiscal General, en la que defendía que "no tiene fundamento señalar al movimiento ecologista como una amenaza terrorista": "El derecho a la protesta pacífica o las acciones de desobediencia civil no tienen encaje alguno dentro de la calificación de actos de terrorismo o amenaza terrorista", reza el documento.

La ofensiva de las derechas contra el cambio climático

A juicio de Santiago, lo que se esconde detrás de esta inclusión, es "un paso más en la criminalización de las personas y organizaciones que luchan contra la crisis ecológica que amenaza nuestra sociedad". El parlamentario de Sumar considera que de esta forma "se sigue la senda de persecución iniciada en algunas instituciones europeas al ecologismo y a los movimientos sociales que defienden la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático" y cita ejemplos como la intención del gobierno francés disolver Lés Soulèvements de la Terre, o las represiones en La Haya.

Una persecución de la que participa la extrema derecha europea y también española. Desde su fundación en 2013, Vox ha coqueteado con el negacionismo sobre el cambio climático. Para la formación dirigida por Santiago Abascal se trata de un fenómeno exagerado por una izquierda que quiere infundir miedo a la población para implantar su agenda totalitaria. "Que se caliente un poquito el planeta, para empezar, reducirá muertes por frío", llegó a afirmar la pasada legislatura el diputado Francisco Contreras, portavoz del partido en la Comisión de Transición Ecológica.

Una deriva en la que el Partido Popular parece estar cada vez más cómodo. En el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su investidura habló de “dictadura climática" para referirse a las políticas de lucha contra el cambio climático, emulando así los postulados de la ultraderecha negacionista: “Transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso”, afirmó.

Esta posición contrasta con el sentir mayoritario de la sociedad española. Según una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en 2019 sobre el nivel de preocupación de los españoles con respecto al cambio climático, hay muy pocos ciudadanos que nieguen su existencia. Sólo el 3% de los encuestados afirmaron que el cambio climático no existe y sólo el 15% contestó que el impacto del cambio climático todavía no se nota.

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Con la Memoria de la Fiscalía también se ha vuelto a reavivar el debate en torno a las manifestaciones de desobediencia civil, que camina en dirección opuesta al reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como formas legítimas de protesta. Un término que fue acotado en el siglo XIX por el filósofo Henry David Thoreau, quien estuvo preso por negarse a pagar impuestos en señal de protesta por la guerra contra México y la esclavitud en Estados Unidos

Los expertos definen la desobediencia civil como "una acción que busca denunciar o transformar una determinada realidad que se considera injusta recurriendo para ello al incumplimiento de la ley". Una desobediencia civil que puede ser directa –se infringe la ley que se considera injusta– o indirecta –se produce un incumplimiento de una norma para llamar la atención sobre un problema mayor. Las protestas de las organizaciones ecologistas serían, por tanto, indirectas, ya que buscan alertar sobre las consecuencias a largo plazo de los efectos del cambio climático.

Uno de los ejemplos más nombrados para ejemplificar qué es la desobediencia civil es el de Rosa Parks, una mujer negra que en 1955 se negó a ceder su asiento en el autobús y pasar a la parte trasera, lo que se considera un gesto fundacional del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.