El Ejecutivo intenta frenar a la desesperada una investidura de Puigdemont

La crisis entre Cataluña y el Estado está sometiendo a un continuo desgaste al Gobierno de Mariano Rajoy. El último episodio se produjo este jueves, cuando el Consejo de Estadodaba al Ejecutivo un duro varapalo al considerar que, en estos momentos, no hay base para impugnar de forma preventiva un Pleno de investidura de Carles Puigdemont. La decisión del órgano consultivo llegaba pocas horas después de que Rajoy hubiese solicitado un dictamen previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Iniciativa que, pese al informe en contra, el Gobierno presentará este viernes. "En cualquier caso, el informe es preceptivo pero no vinculante", señalaban las fuentes consultadas.

Además, precisaban que el informe "avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo".

A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos en las próximas horas, el Ejecutivo no sólo se ha vuelto a exponer de una forma importante aflorando un choque entre instituciones en un asunto de gran calado. También, dando un giro importante en su estrategia de respuesta a la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Hasta este jueves por la mañana, el propio Rajoy y destacados miembros de su Gobierno –muchos de ellos abogados del Estado– y del PP sostenían lo que vino a sostener el Consejo de Estado: que no cabe suspender una investidura a título preventivo. Que debía ir vinculado a la existencia un acto administrativo.

24 horas para un cambio

"El recurso [ante el Tribunal Constitucional] tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivara", señalaba el presidente del Gobierno a primera hora del miércoles ante los micrófonos de Onda Cero. Entre estas palabras y las de Soraya Sáenz de Santamaría deeste jueves, avanzando que el Gobierno recurrirá ante el TC la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat, transcurrieron poco más de 24 horas. Un periodo de tiempo en el que no se produjo ese "acto administrativo" que Mariano Rajoy y su equipo se habían marcado como condición previa antes de pulsar el botón del TC.

Con este cambio de criterio, el Gobierno intenta estrechar las opciones de Puigdemont de ser proclamado presidente de la Generalitat en un momento en el que en sectores conservadores se ha instalado la preocupación por el daño que haría al Gobiernola foto de un Pleno de investidura con el expresident como candidato. Se sumaría a un álbum poco cómodo para los conservadores: el 1-O hubo urnas y se dijo que no las habría, se dijo que no se iba a votar y se votó. Y también se dijo desde el Gobierno que los independentistas pretendían alimentar su "victimismo" con unas imágenes de cargas policiales que jamás se iban a producir.

Hasta la fecha, desde la Moncloa ubicaban el recurso ante el Tribunal Constitucional en dos posibles escenarios, en función de cómo avanzasen los acontecimientos. Si la Mesa del Parlament daba luz verde a un Pleno de investidura con Puigdemont ausente del Parlament, es decir, desde Bruselas, este acuerdo sería recurrido. Pero, si el órgano de gobierno de la Cámara autonómica no daba este paso y la decisión se tomaba poco antes del Pleno, sin margen de maniobra para el Gobierno, no quedaba otra que esperar a la votación y presentar un recurso después para impugnar esa investidura.

Fue la vicepresidenta del Gobierno la que compareció para informar de los trámites que Rajoy había trasladado al Consejo de Estado. "El fundamento es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible a con su comparecencia presencial en la Cámara", dijo. "Carece del derecho de libertad deambulatoria", añadió, recordando que tiene que ser detenido tan pronto como entre en territorio español.

La reunión Torrent-Puigdemont, clave

¿Qué ha cambiado? ¿A qué se debe este giro del Gobierno respecto a lo sostenido en los últimos días? La vicepresidenta añadió que a los anteriores argumentos jurídicos se suma la "circunstancia insólita" de que, el miércoles, el presidente del Parlament "tuvo que evacuar consultas con el señor Puigdemont ni más ni menos que en Bruselas, y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y donde se ha convocado al resto de los diputados, portavoces de los grupos o de los partidos políticos, que es ni más ni menos que la sede del Parlament".

Horas después, el presidente del Parlament, Roger Torrent, convocaba ese Pleno para el 30 de enero a las 15:00 horas.

La mera admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional implicaría, según establece el artículo 161.2 de la Constitución, la suspensión de la propuesta de Puigdemont como candidato. Si el TC no se pronuncia antes del día 30, Torrent deberá decidir si propone a otro candidato, que es lo que pretende el Gobierno con estos pasos, o eleva el enfrentamiento con el Estado.

El TC, ante una decisión "sin precedentes"

No es ningún secreto que a lo largo de todo este proceso, el Gobierno ha dejado sobre el tejado del Tribunal Constitucional la decisión sobre buena parte de las cuestiones fundamentales. Ahora, el tribunal tendrá en sus manos otro asunto delicado. Fuentes del TC consultadas por infoLibre destacaron que se trata de un asunto "sin precedentes", por el dictamen previo en contra emitido por el Consejo de Estado. Antes de que el Consejo de Estado se pronunciase, las mismas fuentes consideraban probable que el tribunal atendiese el requerimiento del Gobierno.

La semana pasada, magistrados del TC admitían que sería más complicado suspender el Pleno de investidura de Puigdemont si en la convocotaria no se hacía mención alguna al hecho de que no fuese presencial. No obstante, no descartaban ninguna decisión. 

Entre otros asuntos, está por ver en qué términos exactos se plantea el recurso de Rajoy y si todo gira en torno a la cuestión de la investidura telemática. En principio, en el Ejecutivo destacan que se irá actuando en función de los pasos que vaya dando el candidato a president. Y que, si este regresa a España, el contexto cambiaría.

Presión para Torrent

Antes de que Torrent anunciase la fecha del pleno, en el entorno del presidente del Gobierno señalaban que si el Parlament no celebraba una sesión de investidura, éste estaría incumpliendo la ley. Y recordaban que, ese día, con la primera votación, echa a andar el reloj que marca que si en los dos meses siguientes no hay candidato investido, se disuelve el Parlament para la convocatoria de unos nuevos comicios.

Independientemente de cómo tenga que digerir el Gobierno el mazazo del Consejo de Estado y el coste del cambio de criterio, la decisión del Gobierno de intentar poner en marcha la maquinaria judicial para impedir la investidura de Carles Puigdemont amenaza con dinamitar la delicada unidad del independentismo.

Esquerra defiende pactar un nuevo candidato si el Estado acaba impidiendo la investidura de Puigdemont. Y, de acuerdo con las fuentes consultadas por infoLibre, si para el día 30 Torrent tiene un requerimiento del TC en contra de que se celebre la investidura de Puigdemont, no lo desafiará. En lugar de eso, abrirá una nueva ronda de consultas para que los partidos propongan candidatos.

Puigdemont pide la cabeza de Santamaría

Poco después de conocerse la decisión del Consejo de Estado, Carles Puigdemont optaba por pedir responsabilidades políticas a Soraya Sáenz de Santamaría por el "fraude de ley" que pretendía orquestar.

 

El expresident ponía el foco en la persona en la que Rajoy ha depositado gran parte de la gestión del "desafío independentista". La mano derecha del presidente del Gobierno, también en el punto de mira de sectores de su partido precisamente por el manejo de la agenda catalana, se juega mucho puertas adentro del Gobierno y del PP con los acontecimientos de las próximas semanas. En función de cómo sea acogido en el independentismo el recurso de este viernes, podrá vender la actuación de este jueves como un éxito o un fracaso. 

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Contrariamente a lo que dictaminó el Consejo de Estado, Santamaría señaló que la designación de Puigdemont como candidato por parte de Torrent "no es una posibilidad de futuro, sino de presente".

Junto al asunto que afecta a la candidatura de Puigdemont, el Ejecutivo también elevó al Consejo de Estado una "consulta potestativa" sobre una serie de "extremos que se están discutiendo en el Parlament de Cataluña". 

El Gobierno quería que el órgano consultivo se pronunciase sobre si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido, sobre si este hecho podría impugnarse si la Mesa lo permite y las opciones de respuesta del Estado si se admitiera el voto delegado de los diputados que están en Bruselas. En estos casos, fuentes del Gobierno precisaron que no ha habido ningún tipo de discrepancia.