Emilio Frías: “La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un parche”

Emilio Frías (Albacete, 1978) es fiscal en su ciudad natal y portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que en su congreso ordinario celebrado los días 23 y 24 de octubre en Zamora realizó una crítica directa a la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy, especialmente con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende adelantar los plazos de las investigaciones judiciales, aunque sin embargo podría traer consecuencias negativas en muchos procedimientos judiciales. Pero también critican al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Comunidad en la que la Asociación de Fiscales consideran que está en peligro la democracia por las críticas recibidas tras la declaración como imputado del president en funciones Artur Mas.

PREGUNTA. La Asociación de Fiscales está preocupada por la situación que vive la Justicia en Cataluña y ha mostrado su solidaridad con los fiscales de esta Comunidad Autónoma. ¿De verdad creen que la democracia está en peligro en Cataluña?

RESPUESTA. La democracia no es solamente votar cada cuatro años. Es Estado de Derecho, principio de legalidad, división de poderes, respetar los derechos de los ciudadanos, respeto a las minorías...todo eso es la democracia, lo otro sería una democracia totalmente vacía de contenido en la que se le dá un poder en blanco al que saca la mitad más uno de los votos para que hiciera absolutamente de todo. Y desde la Revolución francesa hasta ahora la democracia es un contrapoder y una serie de garantías que poco a poco van adquiriendo los ciudadanos. 

Y en ese pacto de convivencia existe una división de poderes, en la que cada poder tiene sus funciones. El Poder Judicial juzga y ejecuta lo juzgado, sea quién sea el responsable, y sea cual sea la ideología política del responsable del delito. ¿Qué da la casualidad de que obstenta un cargo público? Pues con más razón la sociedad querrá que se dé una respuesta penal a ese responsable público.

P. Se refiere a la declaración como imputado de Artur Mas... 

R. Han utilizado argumentos políticos para defender al responsable público, que será inocente o no, pero tiene que ser investigado como cualquier persona. Han organizado manifestaciones delante de órganos judiciales. Y han mentido al asegurar que todo forma parte de la represión del Estado, que se quiere castigar  Mas por su posicionamiento político. En realidad están atacando la división de poderes.

P. Pero los independentistas creen que una mayoría de catalanes quiere la independencia...

R. En una democracia hay que respetar los derechos de la mayoría y de la minoría. Y en este caso en Cataluña tampoco se tiene muy claro qué se entiende por mayoría. Y es costumbre en Europa, y más en España, que se necesiten mayorías cualificadas para cambiar las normas. Y el propio Estatut de Autonomía no prevé en ningún caso la posibilidad de que el Parlament pueda dictar resoluciones peculiares, como la que se ha propuesto recientemente. La democracia también es la sujeción de todas las instituciones, de los tres poderes de la Comunidad Autónoma, de la norma básica, pero la norma básica no es la Constitución, que puede estar en entredicho o no dentro de Cataluña por unos cuantos, sino el propio Estatuto de Autonomía, que no les atribuye dicha facultad. Además, el Estatut fue aprobado recientemente con una mayoría cualificada y con referéndum, por todos los catalanes. Eso también es democracia, el respeto por una mayoría cualificada para modificar las normas de juego. Todo eso es democracia, no solo votar cada cuatro años e incluso interpretar el resultado de las urnas cuando no se ha preguntado por algo, del modo en el que se crea.

P. Pero el diputado de la CUP Antonio Baños ha dicho que el Parlament sí es soberano para presentar esa resolución.

R. El Parlament tiene las facultades que tiene. Y puede aprobar leyes y declaraciones, elegir gobiernos, pero no puede hacer declaraciones para iniciar un proceso independentista. En primer lugar porque la Constitución no se lo permite, y en segundo lugar, y ya que a ellos tanto les gusta el ordenamiento catalán, porque su propio Estatuto de Autonomía, ese que pretenden defender con esa declaración, diciendo que fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, no se lo permite. Están actuando contra su propio ordenamiento jurídico, el que sí se aprobó en referéndum.

P. Cambiando de tema. La Asociación de Fiscales, tradicionalmente cercana a los gobiernos conservadores, ha hecho una importante crítica a la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...

R. Las conclusiones de la Asociación de Fiscales son duras contra todos los que han pasado por el Ministerio de Justicia y por la Fiscalía General del Estado desde el año 1978. No lo podemos achacar solo a este último Gobierno, ni al anterior, ni al otro, porque dentro del Estado español la Justicia siempre ha sido el patito feo. Falta de medios, falta de regulación, falta de provisión económica, no podemos individualizar este problema solo en este último Ministerio, que también, desgraciadamente.

P. Pero han rechazado la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PP.

R. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es mala, pero siempre se hace hincapié, y nosotros mismos lo hacemos. de los aspectos negativos de la norma, pero la norma tiene aspectos muy buenos, ¿mejorables técnicamente o no? es posible, pero lo que es cierto ees que había determinadas cuestiones que se tenían que regular ya. Estoy hablando de volcado de ordenadores, intervenciones telefónicas, accesos a IP, informática, la delincuencia se ha complicado tanto que no podíamos seguir investigando con una ley del siglo XIX. Eso hay que reconocer que es realmente bueno, la otra parte de la ley también tiene aspectos positivos, la nueva regulación de la conexidad, es decir que los procedimientos no duren años y años y que estemos metiendo nuevos delitos y nuevos imputados en cada una de las causas, lo cual va a provocar que nos alarguemos hasta el infinito, como el caso Nóos, de los ERE, o la trama Gürtel, por poner una causa de cada uno, esa regulación también va a ser positiva, un delito, un autor y un juicio. Lo va a acelerar mucho.

P. Pero el nuevo artículo 324 no les gusta...

R. Sí, está claro que tiene un artículo discutido, y en nuestra opinión no es bueno. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija unos plazos, tiene un fondo positivo, que es que la justicia sea rápida. Ojalá fuésemos capaces de cumplir los plazos de seis meses. El problema es que nos dan al Ministerio Fiscal una atribución, que con los medios actuales que tenemos y con el sistema procesal que hay, no podemos cumplir. Es una reforma hecha como un parche, parece que le quiere dar la instrucción al fiscal, pero al final no se la da. 

P. ¿Pero va a ser posible cumplir los plazos fijados, y que no se acaben archivando los casos de corrupción?

R. Con los medios que tenemos va a ser imposible. Indudablemente la intención del legislador no es buscar la impunidad o la ley del punto final para que se acaben los casos de corrupción. A mi me preocupan más los pequeños delitos que los grandes delitos. Los plazos de los grandes delitos no se van a pasar. Y la ley permite la prórroga hasta el infinito. Nadie piensa que en un gran caso de corrupción como Gürtel, Bankia, ERE o el 3% de Cataluña, el fiscal que lo lleva no tenga en la cabeza que se le acaba el plazo. En los pequeños delitos sí pueden generar más problemas.

Otro problema tendrá su origen en la dispersión del Estado de las Autonomías, en el que el Estado es el competente en materia de Justicia, pero el que tiene que aportar los medios es, en algunos casos, la Comunidad Autónoma. Así en Canarias se van a poder revisar todas las causas, que la Justicia dispone de una herramienta informático-procesal muy avanzada, mientras que en otras, como Cataluña, la aplicación de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Procesal va a ser un caos, ya que los medios que ha dado la Generalitat son muy malos.

P. ¿Usted cree que el PP ha cambiado la ley por electoralismo?¿Con la intención de decir que este Gobierno ha acabado con el atasco de la Justicia?

R. No lo sé. Yo creo que han querido hacer una reforma buena, pero la situación actual es calamitosa. Acabo de trabajar en un procedimiento muy sencillo, del año 2012, y he pensado ¡tierra trágame!, qué hace este procedimiento por aquí circulando. Pero el problema es que no tenemos los medios suficientes como para llevar a cabo la modificación de la ley. El Ministerio ha prometido medios para llevarla a cabo. Pero todavía no se ha presentado el plan, esperemos a ver en qué consiste... ¿Si es políticamente bueno o malo el retraso? Yo procuro no hacer valoraciones políticas, porque no dejo de ser fiscal.

P. ¿Y entonces se plantean desobedecer la ley o desarrollar algún otro tipo de protesta?

R. Estamos esperando los medios, pero un fiscal es un fiscal. Los fiscales solo tenemos una bandera, que es la obediencia y el respeto escricto a la ley. Igual que te hablo de la democracia en Cataluña te hablo de la democracia en el resto del Estado. Obediencia absoluta a la ley. Pediré los medios, pero dios me libre de no aplicar una ley. Vamos a respetar el sentido de la ley y dejamos el sentido común para nuestras casas. Si la ley dice eso, se hará. Está claro que nos gustaría tener más medios y que no se hará de la mejor manera posible.

P. Ustedes también reclaman un estatuto orgánico para el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? ¿No está garantizada la independencia de la Fiscalía?

R. El estatuto que tenemos, que es de principios de la democracia, funcionó muy bien, pero hay determinadas figuras que hay que revisar, se ha quedado desfasado, porque se necesita regular nuevas especialidades, ascensos, el modo del que te relacionas con tu superior jerárquico, y éste con el Fiscal General del Estado. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad de los fiscales respecto de sus jefes. y al fiscal general del Estado desconectarlo del Gobierno de cara a la sociedad. Aunque desde un punto de vista legal ya lo está.

P. ¿Por eso piden que el fiscal general tenga potesdad reglamentaria y que el Gobierno no le pueda llamar para que comparezca ante el Consejo de Ministros? ¿Eso ayudaría a desconectarle del Gobierno?

R. En esttos momentos la Fiscalía General del Estado está totalmente desconectada del Gobierno. No existe la posibilidad legal de que el Gobierno le pueda dar órdenes al fiscal general. Lo único que se prevé es poder llamar a consultas al fiscal general del Estado. Esto tiene su origen en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que durante el conflicto laboral con los controladores aéreos acordó, por primera vez en la democracia, un Estado de excepción. El fiscal general del Estado fue llamado a consultas. ¿Para darle órdenes? No. Simplemente para disponer de una opinión jurídica. Pero creemos que el fiscal general no es el consultor jurídico del Gobierno. Aquella imagen de Cándido Conde-Pumpido sentado en el consejo de ministros nos pareció disparatada. La comunicación tiene que existir. Es lógico que un Gobierno responsable conozca lo que se está haciendo, pero de ahí a que se pongan de acuerdo en lo que van a hacer es un disparate.

P. También han reclamado al Gobierno que las comunicaciones entre las instituciones del Estado y la Fiscalía se hagan por escrito.....¿por qué? ¿han tenido algún problema concreto?

R. No se trata de nada en concreto. Queremos que cuando cualquier poder político hable con el fiscal haya constancia de lo que se esté hablando. Ya sea a nivel autonómico o con el fiscal general del Estado. No hay cosa que más nos guste a los fiscales que la publicidad y las cosas queden por escrito.

P. ¿Cree que hay intromisión de los partidos políticos en la labor fiscal? ¿O cree que lo intentan?

R. No.

P. Es un no muy rotundo... Por ejemplo, en el caso Bárcenas y en el de Urdangarin ha habido críticas hacia la labor de los fiscales y de otros organismos del Estado.caso BárcenasUrdangarin

R. Pero en el caso Bárcenas la prisión para el extesorero la reclamó el Ministerio Fiscal, y gobernando el PP. Y también ha sido la Fiscalía la que ha mantenido la petición de prisión. Hay mucho interés por parte de los partidos políticos en culpar al partidismo del fiscal cualquier decisión que no le guste. Yo estoy destinado en Albacete, que es una Fiscalía pequeña y no tiene esos grandes casos de corrupción, pero de vez en cuando hay alguno. Una vez tuve dos procedimientos distintos contra un mismo responsable político de un municipio. Cuando dije que ese señor era culpable de un delito, se me lanzó a la yugular un partido político, diciéndome que si obedecía a unos u otros. A la semana dije lo contrario en otro procedimiento porque yo creía que ahí no había delito, y fueron exactamente los contrarios los que me criticaron. Y yo era el mismo y con un mismo razonamiento jurídico.

P. ¿Pero hay ingerencias?

R. No hay ingerencias. ¿Que las haya podido haber en ocasiones puntuales? Obviamente yo no pongo la mano por todos mis compañeros ni por todos los fiscales generales del Estado.

P. ¿Ocurre normalmente?

R. No, no ocurre normalmente. Dar una orden en una Fiscalía en un sentido es muy difícil. Y hay mecanismos que se emplean para no obedecer esa orden. Se reúne la junta de fiscales de sala, se reúne la junta de fiscalías provinciales, de la Comunidad Autónoma, según el ámbito de lo que ocurra. No es tan sencillo, no se le puede quitar a un fiscal un asunto así por las bravas, ¿que políticamente y de cara a la sociedad queda bien decir que obedece al Gobierno o incluso al contrario?  Pues ocurre, ¿y contra eso qué podemos hacer, pues absolutamente nada. Seguir con nuestro mono de trabajo y aplicar la ley. Seguro que nos equivocaremos, pero lo hacemos con la mejor intención y la mayor profesionalidad.

P. También han criticado la modificación del Código Penal. ¿Están en contra de la prisión permanente revisable?

R. Nosotros no hacemos una crítica al texto de la reforma, porque plantea cosas buenas, y no es una crítica de posicionamiento de la Asociación de Fiscales. La prisión permanente revisable es una cuestión política que debe valorar el legislador, y allá cada uno con sus votos y sus mayorías democráticas. Sin embargo, es cierto que pueden existir algunas deficiencias de técnica de redacción de la ley. Por ejemplo, la redacción del apartado de los delitos leves. Pero ese problema se ha solventado ya con la interpretación de la Fiscalía General del Estado.

P. En el informe de conclusiones sobre la situación actual de la Justicia aseguran que las investigaciones deben ser llevada por el Ministerio Fiscal y que la Policía Judicial debe ser controlada por ella, sin que quepan intromisiones políticas. ¿Es que hay intromisiones políticas?

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R. La Policía Judicial obedece las órdenes que le damos, pero creemos que sería mejor si estuviera desvinculado del Ministerio del Interior, de la Generalitat de Cataluña o del Gobierno vasco, es decir, que mientras ejerzan de Policía Judicial obedezcan solo a jueces y fiscales.

P. ¿Así evitarían problemas como el de la reunión del ministro con Rato...?Rato

R. Yo ahí dije en su momento que una cosa es la estética política, y ahí cada uno con su valoración, y otra cosa es el contenido que se haya podido sacar de esa reunión. Es posible que la Policía conociera el contenido de lo que se estaba investigando, que conocía más Rato que el propio ministro, ya que Rato tenía acceso a todas las actuaciones y el ministro no. Una vez que el atestado llega a un juzgado la Policía ya no sabe todo lo que hay con posterioridad. Solo lo saben el juez y el fiscal, que son los que investigan. Por eso la reunión no tenía tanta trascendencia. El conocimiento que pudiera tener el ministro era muy limitado.