Empleo paga a una empresa 120.000 euros para que ensalce el retraso de la jubilación en Europa

El Gobierno se gastará 120.000 euros en estudiar las reformas de las pensiones a nivel internacional "centradas en las políticas y estrategias para elevar las edades efectivas de jubilación". Así lo ha anunciado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado una licitación para que las empresas interesadas en realizar este trabajo presenten sus ofertas hasta el próximo día 23.

Según ha recogido el blog El BOE nuestro de cada día, la consultoría que finalmente consiga el contrato que ofrece el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendrá un plazo de cuatro meses para recopilar y entregar esos informes. Los trabajos, según se explica en los pliegos del contrato, deberán "recopilar datos en relación con experiencias y reformas internacionales sobre pensión de jubilación, en especial las referidas a la edad de retiro".

Pero este último elemento no se analizará de manera imparcial, sino que el Gobierno impone en la propia redacción de los pliegos un sesgo: los informes tendrán que estudiar los aumentos de la edad de jubilación en otros países "como una de las claves para conseguir una idoneidad y sostenibilidad de las pensiones a largo plazo". Y eso no es todo, ya que una vez analizados estos escenarios, la empresa adjudicataria "prestará apoyo al INSS en el diseño de escenarios, evaluación de impacto de las líneas potenciales de actuación y sus efectos sobre la sostenibilidad financiera del sistema y adecuación de las pensiones".

En declaraciones a infoLibre, una portavoz de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social explica que los 120.000 euros que se gastarán provienen de una subvención anual que ofrece la Comisión Europea para realizar estudios sobre los sistemas de pensiones, si bien el tema concreto a analizar ha sido elegido por cada país. De igual forma, la portavoz señala que, una vez terminado el informe, tendrá que ser sometido a la “validación” de una organización internacional que apruebe la Comisión Europea. Pese a que no se conoce con seguridad cuál será, agrega, es posible que la elegida sea finalmente la OCDE.

Además, sobre el hecho de que el estudio se encargue a una empresa externa, la portavoz señala que es necesario ya que la Seguridad Social no controla los detalles de las regulaciones sobre pensiones en otros países. No obstante, también matiza que habrá alrededor de una decena de empleados de la Seguridad Social que colaborarán en la realización del informe.

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La "política de comunicación" de las reformas, a examen

Los informes en los que el Gobierno se gastará 120.000 euros se circunscribirán al ámbito europeo y, entre otros asuntos, examinarán las edades de jubilación en otros países, así como los requisitos temporales de cotización, la edad de jubilación anticipada, los retiros parciales, los incentivos para alargar la vida laboral –de hecho, se especifica que una de las "líneas relevantes de investigación seleccionadas por el INSS" es el estudio de las "combinaciones posibles actuales y futuras de pensión y trabajo en España"– o el "vínculo entre la expectativa de vida y la edad de jubilación".

Precisamente este último elemento fue el que utilizó el Gobierno para justificar la reforma que realizó en 2013, un recorte que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, justificó en la necesidad de mantener "el barco de las pensiones" a flote y hacer el sistema "sostenible". Y además, el estudio –que deberá analizar, al menos, "todas las medidas adoptadas" en Alemania, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal y Suecia– no se circunscribirá a los cambios en los sistemas de pensiones, sino que también investigará "la política de comunicación" que se siguió para presentar estas reformas a la opinión pública.