La empresa de la segunda estafa a Almeida cerró su cuenta de Bank of America en plena investigación

La firma Sinclair&Wilde, protagonista de la segunda estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid durante la primera ola de la pandemia, cerró la cuenta bancaria con la que cobró al consistorio de la capital en plena investigación, poco antes de que la justicia española solicitase a Estados Unidos el bloqueo de la misma y el embargo de 2,5 millones de euros. Así consta en la documentación bancaria, a la que ha tenido acceso infoLibre, que las autoridades norteamericanas han aportado a la causa que se sigue desde hace meses en el Juzgado de Instrucción nº30 de la capital. Una información que ha llevado al instructor, Jorge Israel Bartolomé, a poner el foco sobre una transferencia de 30.000 euros a España en los momentos más duros de la crisis sanitaria.

El 21 de julio de 2023, un año después de reabrirse el caso, el magistrado decidió seguir el rastro del dinero que el consistorio de la capital abonó por el medio millón de mascarillas que nunca pudieron ser distribuidas entre los Servicios de Emergencias. Ese día, el instructor del llamado caso Sinclair dictó un auto en el que acordaba librar una comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando, entre otras cosas, datos sobre la cuenta de la consultora Sinclair&Wilde en el Bank of America –desde personas autorizadas hasta movimientos de fondos– y proceder, en su caso, al "bloqueo" de la misma y el "embargo del saldo" hasta "cubrir" 2,5 millones de euros, la cantidad que el consistorio abonó por las mascarillas inservibles.

La solicitud de auxilio judicial se remitió a la Dirección General de Cooperación Jurídica, dependiente del Ministerio de Justicia y encargada de este tipo de trámites, dos meses después. Y tras algunos problemas con la traducción de la comisión rogatoria, la misma llegó finalmente a la Oficina de Asuntos Internacionales estadounidense el 24 de noviembre, según la documentación que obra en el procedimiento. Pero para entonces la cuenta de Sinclair&Wilde en el Bank of America llevaba ya algún tiempo inactiva. La documentación facilitada por los estadounidenses en respuesta a la solicitud de auxilio indica que está "cerrada", que la clausura que se produjo el "4/11/2023" –11 de abril, según el formato de fecha americano– y que el "balance al cierre" era de "-1,772,325.23".

Por aquel entonces, el magistrado trataba de dar impulso a una causa que desde hace cuatro años avanza a trompicones. Por un lado, pidiendo ayuda a las autoridades de Reino Unido para dar con el paradero del desaparecido empresario franco-israelí Philippe Solomon –gestiones sobre el único investigado que resultaron infructuosas–. De hecho, hasta se había reservado un día para llevar a cabo la toma de declaración. Y por otro, prosiguiendo con las testificales de algunos de los protagonistas alrededor de esta segunda estafa millonaria. De ahí que el magistrado decidiera, un par de meses antes de la clausura de la cuenta bancaria, alargar las pesquisas. Todavía quedaban, decía el instructor, pruebas que practicar.

Sólo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, aquella cuenta del Bank of America acabada en "07" y abierta en noviembre de 2017 a nombre de Sinclair&Wilde registró 79 movimientos, según los documentos aportados a la causa a través de la comisión rogatoria. De ellos, 61 fueron salidas de fondos, por un total de 4,4 millones de dólares –unos 4 millones de euros al cambio de la época–. Y 18 fueron ingresos, por un montante de 4,24 millones de dólares –unos 3,9 millones de euros al cambio de la época–.

Un envío de dinero a España bajo la lupa

Dentro de este último grupo se encuentran los 2,5 millones de euros que el consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida abonó por las 500.000 mascarillas que llegaron a nuestro país sin la documentación en regla –y a un precio de cinco euros la unidad, uno de los más altos identificados por el Tribunal de Cuentas en aquella época–. Un pago que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, a través de la cual el ayuntamiento realizaba las compras en la primera ola de la pandemia, hizo a través de dos transferencias bancarias. La primera, por 1,25 millones de euros, se produjo el 24 de marzo. La segunda, por la misma cantidad, el 13 de abril, tras varios incumplimientos de plazos, dudas y hasta un intento de retrotraer aquel primer abono.

Ese mismo día en el que el consistorio de la capital completó el pago, se registró un envío de 30.000 euros desde la cuenta de Sinclair&Wild hacia otra ubicada en territorio español. Como beneficiario de la misma figura un tal Said, al que uno de los testigos que han comparecido en el procedimiento cita como "intermediario" –en palabras del instructor– en la operación de compraventa. Una transacción que se encuentra en estos momentos bajo la lupa judicial. El magistrado libró a comienzos de julio un mandamiento judicial a la entidad financiera solicitando los movimientos de dinero de esta última cuenta desde finales de marzo hasta el último día del año de la pandemia. Y poco después amplió la instrucción, que podrá alargarse hasta el próximo mes de febrero.

Un rebote de correos

La imposibilidad de localizar al empresario siempre ha sido el gran obstáculo alrededor de esta causa. De hecho, la falta de datos sobre el paradero de Solomon ya mantuvo el caso guardado en un cajón durante casi un año, hasta que nuevas pistas aportadas por el enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos permitieron al juez reabrir la causa. Semanas antes de dicha reapertura, este diario consiguió contactar con este empresario bien posicionado en África y Oriente Medio, que habitualmente usa también la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–. "No estoy en absoluto escondido", decía.

El nombre de Solomon y la oferta de Sinclair&Wilde llegó en plena pandemia al consistorio de la capital, que ejerce como perjudicado en el procedimiento, a través de una consultora –Aifos Servicios Legales y Consultoría– que medió en éste y en otra veintena de contratos más, según reconoció el propio consistorio. El 21 de marzo de 2020, el abogado Carlos Fernández-Pita reenvió al concejal del PP y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita, un correo electrónico –aportado al sumario del caso mascarillas– en el que la administradora de Aifos –Araceli Vida– ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" de productos sanitarios "entre las fábricas con las que solemos trabajar". Poco después, Fanjul se lo rebotó a Inmaculada Sanz Otero, presidenta de la funeraria municipal.

Las mascarillas de Sinclair&Wilde llegaron al consistorio de la capital el 23 de abril de 2020. Allí, fueron recepcionadas por el director general de Protección Civil y Emergencias. Pero nunca distribuidas. Al parecer, no reunían los requisitos técnicos de la normativa española ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Algo sobre lo que se encargó de avisar en un email el entonces jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: "Esas mascarillas no aportan los Certificados de Conformidad UE de Tipo ni de producción, aportan unos certificados que parece que son pero a mi juicio no lo son".