El Gobierno acuerda con ERC y Bildu la ley de vivienda con topes en los alquileres y una rebaja en el umbral de 'gran tenedor'
El Ejecutivo de coalición ha desbloqueado la ley de vivienda tras meses de negociaciones con Esquerra Republicana y EH Bildu. "Se trata de un acuerdo importante, de enorme trascendencia en lo social y político", ha asegurado el portavoz abertzale, Oskar Matute. Los negociadores de ambos partidos han acudido este viernes al Congreso para cerrar los últimos flecos y anunciar el acuerdo. En los últimos días todas las partes implicadas —tanto el PSOE y el ministerio de Transportes, por un lado, como los grupos de la investidura y el ministerio de Derechos Sociales, por el otro— aseguraban que el acuerdo estaba "muy cerca", tal y como avanzó este periódico el pasado miércoles. Estas son las principales novedades que incluye la norma.
Mercado tensionado
La mayoría de las medidas de la ley se aplican en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, es decir, los lugares con escasez de viviendas en condiciones asequibles. Una zona se podrá considerar tensionada cuando el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o cuando los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años. Con este nuevo acuerdo, bastará con el cumplimiento de una de las dos condiciones para que se defina una área como zona tensionada en vez de ambas como establecía el proyecto del Gobierno. Además, ERC y Bildu han logrado una rebaja de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas. En estas zonas se podrá aplicar el límite de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.
Definición de grandes tenedores
La ley de vivienda establece una definición de "gran tenedor" como aquella persona física o jurídica que posea más de 10 inmuebles. Ahora, ERC y Bildu han pactado que esta cifra se pueda rebajar hasta cinco en las zonas tensionadas, una decisión que correrá a cargo de las comunidades autonómicas. La principal novedad de esta definición, además de la reducción de diez a cinco inmuebles, es que a partir de ahora todos los propietarios, sean personas físicas o jurídicas, deberán someterse al tope de precios. Al firmar o renovar un contrato, la renta no podrá superar el límite máximo establecido en el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Las nuevas viviendas que entren en el mercado por primera vez también deberán someterse a este índice.
Tope a las subidas del alquiler
La norma elimina el IPC como índice de referencia para la actualización de la renta. Coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó un tope del 2% para las revisiones anuales de las rentas, con el objetivo de que estas no se actualizaran con el IPC que, en esos momentos, estaba disparado. Ese límite del 2% también estará vigente en 2023. El acuerdo alcanzado este viernes alcanzado recoge que en 2024 se elevará hasta el 3%, y que, en adelante, se creará un nuevo índice al que deban ajustarse esas subidas. Este índice, que elaborará el Instituto Nacional de Estadística (INE) antes de 2025, deberá ser "más estable e inferior a la evolución del IPC", de tal forma que toparía los aumentos de la renta por renovación anual.
Los gastos de inmobiliaria, a cargo del arrendador
La norma incluirá que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador. Es decir, los inquilinos que están buscando un piso en alquiler no tendrán que pagar la cuantía que solicita la inmobiliaria por gastos de gestión. Esta práctica se realiza de manera habitual en ciudades como Madrid y Barcelona. Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.
Bonificaciones
Los socialistas también han apostado por fomentar la bajada de precios a través de un sistema de bonificaciones fiscales del IRPF. Los socios no eran partidarios de esta vía pero han acabado cediendo este punto. Esto supone una rebaja del 90% si la renta disminuye un cinco por ciento; del 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años; del 60% si la vivienda ha sido objeto de actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores. En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos la bonificación será del 50%.
Desahucios
El Gobierno y sus socios en el Congreso ultiman el acuerdo sobre la ley de vivienda con tope a los alquileres
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El acuerdo también incorpora medidas de protección frente a los desahucios. Se prohíben los lanzamientos sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimiento de desahucios. Además, se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales.
Un sistema de arbitraje para familias vulnerables
Se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario. De no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores.
Más porcentaje para la vivienda protegida
Esta ley también aumentará el porcentajes de reserva de suelo para vivienda, que aumentará del 30 al 40% en el suelo urbanizable y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
