ERC, Comuns y PSC acercan posiciones para finiquitar el 'Hard Rock' eliminando sus beneficios fiscales
El proyecto del Hard Rock puede tener los días contados si se elimina la rebaja fiscal que beneficiaba a los promotores del macrocasino. La rebaja fiscal al juego que CiU y PSC aprobaron ad hoc en 2014 redujo el tipo impositivo del 55% al 10% para los casinos proyectados. Años de riñas por el macroproyecto que debía ubicarse entre Vila-Seca y Salou (Tarragona) condujeron al adelanto electoral de mayo y a un cambio de gobierno en la Generalitat. Pero ahora puede haber un acuerdo entre ERC, Comuns y el PSC para eliminar esta rebaja fiscal al juego que fue imposible a principios de año.
El Parlament debatirá en el pleno de la semana que viene dos proposiciones de ley de ERC y Comuns para eliminar estos privilegios fiscales para los casinos. Este fue uno de los compromisos que los dos partidos firmaron con el partido socialista para investir a Salvador Illa. Es por ello que el portavoz del grupo socialista, Ferran Pedret, ha avanzado que está “completamente convencido” de que se pondrán de acuerdo entre los tres partidos para consensuar un texto “antes de la votación” del próximo jueves.
El PSC quería vincularlo a la negociación de los presupuestos de la Generalitat pero el proceso interno de ERC para decidir su dirección ha aplazado la negociación. Tanto ERC como Comuns han querido agilizar el trámite parlamentario y la proposición de ley de ambos se propone tramitar por lectura única. Esto permitiría tener aprobada la reforma fiscal antes de que acabe el año, si llegan a un texto de consenso. “El objetivo lo compartimos y se trata de dialogar con los grupos parlamentarios para que la redacción sea triplemente satisfactoria”, afirma el portavoz socialista, Ferran Pedret.
La rebaja fiscal era una de las principales peticiones de los promotores para construir el Hard Rock. Un proyecto de ocio de 117 hectáreas, 1.200 tragaperras, 100 mesas de juego y una inversión millonaria que en parte debía sufragarse con dinero público. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha asegurado que eliminar esta rebaja fiscal “hace posible que no haya Hard Rock”. Algo que también ha afirmado el portavoz de Comuns a infoLibre, David Cid, porque sin los incentivos fiscales “a los inversores ya no les sale a cuenta llevarlo a cabo”.
El portavoz de Comuns remarca la importancia de impedir que la fiscalidad de Cataluña “sea la misma que la de Macao”, el paraíso fiscal asiático, algo que también subraya la propuesta de los republicanos, especificando que tal fiscalidad “no tiene equivalente a ningún otro país de la Unión Europea”. Ambas proposiciones son prácticamente idénticas, aunque fuentes republicanas han querido señalar que la de ERC también impediría las líneas de crédito a clientes.
Un proyecto que provocó el adelanto electoral
La plataforma Aturem el Hard Rock cree que la medida “desincentiva la inversión”, según su portavoz Anna Recasens. Pero pide también retirar la licencia que ya se adjudicó a la empresa y un compromiso para retirar el Plan Director Urbanístico (PDU) que estaba preparado para planificar su construcción.
El Tribunal Superior de Justicia ya anuló el primer PDU porque una zona estaba situada demasiado cerca de la petroquímica de Tarragona y podía conllevar riesgo de accidentes.
La aprobación del segundo PDU que debía permitir su construcción fue el origen de la controversia entre los tres partidos que impidió aprobar los presupuestos de 2024 y precipitó el adelanto electoral en Cataluña.
“En ese momento no había mayoría en el Parlamento” señalan las fuentes de ERC porque “el PSC no quería ni oír hablar de cambios contra el Hard Rock”. El PSC exigió al gobierno de Aragonès avanzar en la aprobación del Plan Director Urbanístico, algo que se concretó el mismo día que Aragonès y Illa presentaron su pacto para los presupuestos. Pero tal acuerdo no se comunicó ni constaba en el documento del pacto. Sí se hizo ese mismo día una diligencia de gobierno para ordenar la forma de como el Incasòl (Instituto Catalan del Suelo) iba a comprar los terrenos por valor de 120M€. En la diligencia también se establecían las gestiones posteriores a desarrollar con la empresa promotora del Hard Rock, BCN IR 3 SAU.
Ello provocó la desconfianza de Comuns con el gobierno de Aragonès y la negativa de la formación de Albiach a dar apoyo a los presupuestos de ERC por el pacto que ya tenía Aragonès con el PSC.
Fuentes del partido de ERC explican que ahora, “con el cambio de mayorías en el Parlament el PSC necesita moverse en muchos aspectos”, y por eso el partido republicano logró arrancar esta reforma fiscal al partido socialista durante el acuerdo de investidura. El portavoz de Comuns, David Cid, también remarca que eliminar los beneficios fiscales fue “una condición sine qua non” para apoyar la candidatura de Illa.
Críticas al modelo laboral y al fomento de la ludopatía
La plataforma Aturem el Hard Rock lleva una década explicando por qué el Hard Rock supone un modelo laboral que empobrece a Tarragona y los efectos adversos en la salud de crear un macrocasino.
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Salou es el municipio más turistificado de la Costa Daurada y a su vez con una renta por cápita un 25% inferior al de la media de la comarca. Para Anna Recasens, portavoz de la plataforma, el Hard Rock va en la línea de fomentar “trabajos precarios y temporales” y de “baja cotización laboral” como los que ahora hay en la localidad fruto de la apuesta por el modelo turístico.
Recasens critica que en algunos municipios del Camp de Tarragona el 50% del PIB proviene de ese sector y eso les hace “muy dependientes” de un sector “muy frágil, como ha evidenciado la pandemia o las sequías que sufrió Cataluña. El Plan Director Urbanístico de 2022, que quedó pendiente de aprobar, preveía que el complejo consumiera más de dos millones y medio de litros de agua al día, lo que provocó duras críticas durante los meses de sequía en Cataluña.
Por otro lado, el anterior consejero de Salud de ERC con Aragonés, Manel Balcells, también había relacionado el proyecto con el fomento de la ludopatía y había asegurado que le gustaría que el proyecto diera marcha atrás. De hecho, la Asociación Catalana de Entidades de Adicciones Sociales alertó a los portavoces de sanidad de los grupos parlamentarios que instalar el macroproyecto podría agravar los problemas de salud mental en un territorio que no tiene servicio de tratamiento para adicciones al juego.
