ERC y Junts ultiman sus enmiendas a la ley de amnistía sin poner en riesgo la constitucionalidad del texto

La ley de amnistía superó su primer test el pasado hace escasas semanas. El Congreso avaló, con 178 votos a favor, la toma en consideración de la norma que sigue su trámite parlamentario y cuya aprobación definitiva se prevé antes de las elecciones europeas. Aunque formalmente el mes de enero es inhábil, la Mesa de la Cámara ha roto esa norma este 2024 —no es la primera vez que sucede— para agilizar los trámites de la amnistía. Sin embargo, no es el único argumento que ha esgrimido el Ejecutivo, que también quiere aprovechar para dar luz verde al techo de gasto o ratificar el Real Decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Este miércoles acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto y tanto el Partido Popular como Vox ya han anunciado que las registrarán aunque, previsiblemente, recibirán el rechazo de la mayoría de la Cámara y la norma seguirá su trámite. Será, entonces, el turno a las enmiendas al articulado. Y ahí es donde las formaciones independentistas quieren dejar su impronta, ya que el PSOE registró la ley en solitario en el Congreso —sin la firma de su socio, Sumar, y tampoco la de Esquerra Republicana ni Junts— pese a que el resto de formaciones le pedían tiempo para analizarla detenidamente.

Dos meses después siguen las discusiones técnicas para mejorar su redacción. La formación liderada por Oriol Junqueras quiere blindarla para evitar el Tribunal Constitucional o la justicia europea la echen atrás, ya que la derecha prevé recurrirla en todos los organismos posibles. "Hay un poder judicial que, animado por la derecha, hará todo lo posible para que la amnistía descarrile al precio que sea, retorciendo el derecho penal y lo que haga falta", explican a infoLibre fuentes de ERC, que circunscriben cualquier cambio a cuestiones "técnicas" que, según explican, no cambiarían el fondo de la norma. Junts tampoco descarta presentar enmiendas aunque, al igual que los republicanos, no ponen en riesgo la constitucionalidad del texto.

Eso es, precisamente, lo que había trasladado el Gobierno —tanto al resto de partidos como a la prensa— en las últimas semanas. Desde Moncloa insisten en que la ley es "irreprochable" jurídicamente y que está "muy medida" para evitar que se "desvirtúe" su contenido. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado abierto a introducir "mejoras técnicas" siempre que la propuesta sea sólida y cuente con consenso entre todos los grupos, una premisa que también comparten desde ERC.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha dejado claro que si se presentan enmiendas se hará con consenso de las partes, incluyendo a Junts, "para que no encalle". Fuentes del partido insisten en que no quieren que las enmiendas se conviertan en una "pugna interpartidista" y proponen que las formaciones que están más "implicadas" en la ley lleguen a un acuerdo. Aun así, admiten que existe la posibilidad de que estas enmiendas no prosperen y lo encuadran en la competición de los de Carles Puigdemont por llevarse los méritos de la ley.

ERC quiere "blindar" la redacción del terrorismo para evitar su "uso torticero"

Lo que más le preocupa a ERC de la ley es como está regulada la cuestión del terrorismo y que casos como los del Tsunami Democràtic o los CDR, en manos de la Audiencia Nacional, puedan tener obstáculos para acogerse a la medida de gracia. Los republicanos ponen el foco en el apartado c del artículo dos de la norma, el de las exclusiones de la amnistía. Ahí se dice que quedan fuera de su alcance “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017”.

"Quién más y quién menos ve quela ley tiene que ser plenamente eficaz delante de las actuaciones como las recientes imputaciones por terrorismo por parte de la Audiencia Nacional", resumen desde ERC. El pasado mes de noviembre el magistrado Manuel García-Castellón situó bajo la lupa a la número dos de Esquerra, Marta Rovira, o al expresident Puigdemont, por este delito. Lo que ERC quiere evitar es el uso "torticero" del derecho penal y temen que la ley acabe siendo poco eficaz o, incluso, inaplicable en estos supuestos.

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Los republicanos se fijan en la airada reacción del Poder Judicial a la ley de amnistía y no ven casual que García Castellón haya decidido precisamente ahora enviar la causa al Tribunal Supremo sin esperar a que la Audiencia Nacional se pronunciara sobre el recurso de la Fiscalía, en el que rechazaba que los hechos no constituían un caso de terrorismo sino de desórdenes públicos agravados. "Una causa que llevaba cuatro o cinco años en un cajón de repente ha pasado a ser la madre de todas las batallas, hasta el punto de que el magistrado ha acabado poniéndola al nivel de los que asesinaron a centenares de personas en los trenes de Madrid", lamentan desde ERC.

La ley no afectaría a Laura Borràs, pero sí a Puigdemont o Rovira

Entre los principales beneficiados de la ley estarían los nueve líderes del procés ya condenados por el Tribunal Supremo y posteriormente indultados, con Oriol Junqueras a la cabeza. A ellos se sumarían los que huyeron en su momento de la acción de la justicia. Es el caso del expresident Puigdemont y los exconsellers Toni Comín o Lluís Puig, procesados por desobediencia y malversación agravada. Procesadas se encuentran también la exconsellera Clara Ponsatí o la propia Rovira, aunque en su caso exclusivamente por un delito de desobediencia, el mismo tipo penal que pende sobre la cabeza de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y por el que ha sido condenada Meritxell Serret, actual consejera de Acción Exterior de la Generalitat.

Sin embargo, el texto incluye una cláusula de vinculación al procés que cierra la puerta a todos aquellos con causas judiciales que nada tengan que ver con ese contexto político. Es el caso, por ejemplo, de la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol o de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por un delito de falsedad documental. También dejaría fuera al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, procesado por un delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Mito.