España se queda cada vez más sola dentro de Europa en su rechazo al sistema de retorno para reciclar envases

Hay un modelo de reciclaje que está abriéndose paso en Europa de manera inexorable. Y España, pionera en otras cuestiones de transición energética, se está quedando en el lado torpe de la historia.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país.

El SDDR se implantó por primera vez en Suecia en 1984. Otros países nórdicos siguieron su ejemplo ya en el siglo pasado: Islandia, Finlandia y Noruega. Y al comienzo del nuevo milenio se extendió por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estonia y Croacia. Este último país lo inauguró en 2006, año que marcó un parón que duró tres lustros. Desde entonces hasta 2021 sólo un nuevo socio se añadió al selecto club: Lituania en 2016. Pero Europa vive ahora una explosión de países que se suman al SDDR: en 2022 comenzó a funcionar en Eslovaquia, Letonia y Malta y otros seis Estados han aprobado su implantación antes de que finalice 2025: Portugal, Rumanía, Irlanda, Hungría, Reino Unido y Austria.

En 2025, por tanto, habrá un SDDR operativo en 19 países europeos –16 de ellos de la UE–, pero España no estará en ese grupo. Quedará descolgada junto a las otras dos grandes economías del sur de Europa, Francia e Italia.

El control de los datos

El SDDR volvió con fuerza a la agenda europea a raíz de la Directiva sobre plásticos de un solo uso (conocida como Directiva SUP por sus siglas en inglés), aprobada por las instituciones comunitarias en 2019. Entre otras medidas para reducir el consumo de plásticos fija un objetivo de recogida selectiva de botellas de plástico del 77 % para 2025 y del 90 % para 2029.

La fijación de la UE con el plástico tiene su razón de ser. Contrariamente a lo que muchos suponen, la mayoría de los envases de plástico no se reciclan, sino que acaban en vertederos o en incineradoras potencialmente tóxicas. Se calcula que como máximo se recicla el 40% de los envases de plástico generados en Europa. Diversos estudios han calculado recientemente que cada año llegan a los océanos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. En 2030 podrían ser el doble si no se actúa con contundencia.

El SDDR es el único sistema conocido que logra de media tasas de recogida selectiva de botellas de plástico superiores al 90%, llegando en países como Alemania o Noruega a cifras superiores al 95%. Ese es el motivo por el que los políticos de muchos Estados europeos están apostando por el sistema de retorno para las bebidas que se consumen en botellas de plástico y latas. Pero no en España.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó el año pasado dos normas que contienen múltiples avances en la protección medioambiental: la Ley de residuos y el Real decreto de envases. Sin embargo, en lo referente al SDDR, apostaron por una normativa que en la práctica supone dilatar su implantación como mínimo hasta el final de la década.

Ambas normas fijan unos objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico del 70% en 2023 y del 85% en 2027 y establecen que, si no se logran, será obligatorio implantar un SDDR en España en un plazo máximo de dos años desde la fecha de incumplimiento. El problema está en la letra pequeña: ¿quién cuenta y quién controla los datos?

El monopolio de los datos lo tiene hasta ahora Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores del país, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus accionistas). Y resulta que Ecoembes lleva más de una década oponiéndose frontalmente a la puesta en marcha de un SDDR en España, un sistema cuya implantación podría costar cientos de millones anuales a sus accionistas, según un estudio realizado por la empresa pública Tragsatec en 2021.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento y la situación del SDDR en los países de la UE. Entre otras cuestiones preguntaron a Ecoembes cuáles eran los últimos datos que tenía sobre recogida selectiva de botellas de plástico y cuál era su previsión para este 2023, primer año en el que la ley fija un requisito de cumplimiento. Según Ecoembes, España logró en 2021 una recogida selectiva del 71,1%.

En otras palabras: España ya habría logrado en 2021 el porcentaje que la ley fijó en 2022 como un objetivo a conseguir en 2023.

Con ese dato en la mano, los empresarios del gran consumo son optimistas y están convencidos de que esquivarán el SDDR obligatorio a corto plazo. “Ecoembes, teniendo en cuenta que el dato de recogida separada ya fue del 71,1% en 2021, prevé que se supere el objetivo fijado para 2023”, reconocen sus portavoces a los periodistas.

Los datos que facilita Ecoembes son cuestionados por ecologistas y expertos en el sector. Greenpeace lleva tiempo quejándose de ese monopolio estadístico. “El propio Ministerio de Transición Ecológica no tiene capacidad para hacerles frente. Nosotros le decimos a los funcionarios del Ministerio: “¿Cómo es posible que dejéis en manos de Ecoembes todo el tema de los datos, que aceptéis como buenos los datos que os dan ellos? No responden, pero es evidente que están en sus manos, que el Ministerio no tiene capacidad para verificar de forma independiente los datos de Ecoembes”, denuncia Julio Barea, director de campañas de Greenpeace.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, tampoco se cree los datos oficiales. Peula monitorea de forma sistemática en su consultora los datos de reciclaje y calcula que la recogida selectiva de botellas de plástico en España se situó en el 32,8% en 2021, menos de la mitad de lo que sostiene Ecoembes. 

En la Ley de Residuos se dan algunos pasos para cambiar ese monopolio. Por ejemplo, se crea un Registro de Productores donde las empresas tendrán que aportar diversa información, incluido un dato que es clave a la hora de calcular las tasas de reciclaje: cuántos productos han puesto en el mercado. Es cierto que seguirá siendo una autodeclaración de las empresas, pero expertos en el sector lo valoran positivamente. “No es lo mismo para una empresa defraudar con los datos a Ecoembes que al Ministerio. El incentivo para declarar bien es mayor y eso disminuirá el fraude”, sostiene Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales que trabaja en ENT, quizá la consultora con mayor prestigio en el ámbito de los residuos.

Los modelos de Noruega e Italia

El ejemplo paradigmático del buen funcionamiento de un SSDR es Noruega. "Aquí tenemos unos hábitos de devolución muy arraigados. La inmensa mayoría de la gente devuelve sus botellas, y si te sientas en un parque y la dejas tirada o en una papelera, viene alguien y la recoge. Eso es lo bueno de este sistema. Si no tienes un depósito en las botellas, nadie se molestará en recogerlas. Sólo hay que ir a Inglaterra o Francia o cualquier país donde no tengan un SDDR y comprobarlo". Quien habla es Kjell Olav Maldum, consejero delegado de Infinitum, la empresa que gestiona el sistema en Noruega.

Italia es uno de los lugares donde no existe el SDDR para la recogida de envases de un solo uso. Pero contrariamente a lo que piensa Maldum, y al igual que ocurre en España, la mayoría de los productores y envasadores italianos consideran que no lo necesitan. Conai, el consorcio nacional de envases, advierte de que la introducción de un SDDR en su país constituiría "una duplicación innecesaria de costes económicos y medioambientales".

Podría parecer que en Noruega prima la conciencia medioambiental, mientras que en Italia sólo están más preocupados por el coste económico. Pero no es tan sencillo porque los productores italianos también afirman que son capaces de alcanzar altas tasas de reciclaje combinando la recogida tradicional a través de contenedores con un sistema de recogida selectiva, "que cuesta diez veces menos" que un SDDR, según Conai.

La clave del modelo noruego está en un impuesto que se aprobó junto a la implantación del SDDR. Para evitar que las latas y las botellas de plástico no se reciclen, las autoridades del país nórdico establecieron en 1999 un elevado impuesto medioambiental sobre los envases de bebidas. La tasa disminuye en función de la proporción de envases recogidos. En 2023, el impuesto para las botellas de PET –el plástico utilizado en envases para bebidas– es de 3,91 coronas noruegas (0,34 euros) por unidad, mientras que para el vidrio y el metal alcanza las 6,46 coronas noruegas (0,57 euros). Pero la industria no paga hoy esta tasa. La tasa de recogida supera el 95%, que es el requisito para que se suprima el impuesto. Para 2022, la cifra de botellas y latas recogidas se acercaba al 99%, según los datos de Infinitum.

Kjell Olav Maldum, el jefe en Infinitum, destaca por qué esa combinación del impuesto elevado con el SDDR es tan importante: "Las tiendas de comestibles y los fabricantes de Noruega recibieron un incentivo económico. Siéntase libre de vender botellas de plástico, pero si luego no las recogen, deberán pagar. Este es el tesoro más maravilloso: te costará la camisa, a menos de que hagas un buen trabajo, en este caso te saldrá más barato". Hacerlo bien en Noruega en 2023 significa la recogida separada del 95% de las botellas, mientras que hacerlo bien en España equivale a conformarse con el 70% fijado por el Gobierno y celebrado por Ecoembes.

Ventajas y costes del SDDR

La mayor tasa de recogida selectiva de envases es una de las principales ventajas de un SDDR. Sin embargo, aunque el debate suele centrarse en ese porcentaje, hay otras cuatro poderosas razones que respaldan este modelo.

En primer lugar, un SDDR conlleva una reducción sustancial del littering o basura dispersa, las botellas y latas que se abandonan en parques o en la playas y que muchas veces terminan contaminando los mares. La razón es obvia: los ciudadanos tienen un claro incentivo económico para retornarlos. Incluso si son abandonados por el consumidor inicial, el depósito actúa como aliciente para que otra persona los recoja y los devuelva para reclamar el dinero. Diferentes estudios sobre el impacto del SDDR en lugares de Europa, Estados Unidos, Canada y Australia donde está operativo mostraron una reducción del 70-80% en el littering de envases de bebidas y del 30-40% en la basura dispersa total. Una parte importante de esta contaminación acaba en los océanos.

En una pequeña playa a pocos kilómetros de Bergen (Noruega) nos encontramos con Kenneth Bruvik. Lleva muchos años recogiendo basura y residuos plásticos a lo largo de la costa occidental de su país, procedentes sobre todo de Reino Unido, Portugal y España, tres Estados donde no existe SDDR aunque en los dos primeros ya está aprobada su puesta en marcha. La corriente oceánica hace que el plástico que se arroja en esos países llegue flotando hasta las costas noruegas. Bruvik ha decidido pasar el resto de su vida luchando contra la contaminación por plástico. Primer objetivo: conseguir que se introduzca en toda Europa un sistema de retorno de botellas de plástico. "Aquí hay botellas rotas en trocitos muy, muy pequeños. No podemos seguir así. A todos los que fabricáis estas botellas desechables: ¡basta ya! Establezcan un SDDR. El plástico debe tener un valor para que no se desperdicie. No puede acabar en la naturaleza y destruirla", reclama Bruvik.

En segundo lugar, la introducción de un SDDR aumenta la pureza del material recogido y, por tanto, la calidad de lo que se recupera. La pureza es clave para alcanzar el objetivo de circularidad del plástico establecido en las normas comunitarias.

En tercer lugar, existe una ventaja en términos de reducción de emisiones de CO2. En Portugal, la entidad que aspira a gestionar el SDDR estima que el sistema evitará la emisión anual de más de 217.000 toneladas de CO2 equivalente, ya que será necesario producir menos envases nuevos y ello significa menos plástico virgen, que se produce a partir del petróleo o del gas natural (puedes leer aquí nuestro reportaje sobre cómo Coca-Cola, Mercadona y Día impulsan en Portugal un sistema que rechazan en España).

Y, en cuarto lugar, el SDDR crea más puestos de trabajo que el reciclaje tradicional a través de los contenedores. "La razón principal es que al maximizarse las tasas de recuperación se garantiza que un mayor volumen de envases pase por cada etapa del proceso de reciclaje (recogida, transporte, selección) y se generen los puestos de trabajo asociados", explica un documento de Reloop, una ONG activa en temas relacionados con la economía circular.

Por supuesto, un SDDR no sólo tiene beneficios. También tiene costes, debidos principalmente a la creación de la infraestructura de recogida y al funcionamiento del sistema. El primero incluye la compra o el alquiler de máquinas de devolución, mientras que el segundo debe cubrir, entre otros, la mano de obra de la recogida y el transporte.

Mario Grosso, profesor de Gestión de Residuos de la Universidad Politécnica de Milán (Italia), señala otro aspecto crítico del SDDR: "No pretende evitar la producción de plástico. Se corre el riesgo de transmitir el mensaje de que el plástico es bueno si se recicla. El SDDR no es más que un seguro de vida para los plásticos".

Conai en Italia y Ecoembes en España agrupan a la industria del gran consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado. Lo podrían hacer individualmente, pero la inmensa mayoría de las empresas prefieren hacerlo colectivamente, y así es como surgen Conai en Italia o Ecoembes en España.

Por tanto, esa industria del gran consumo es la que tiene la obligación de asumir los costes por la gestión de residuos que ponen en el mercado. Y como el SDDR es una forma mucho más cara para esas empresas de cumplir con la RAP, su propio interés les lleva a preferir sistemas que les salgan más baratos, como la recogida a través de contenedores.

Por supuesto, ni Conai ni Ecoembes se presentan ante la opinión pública admitiendo que rechazan un SDDR porque les costaría más dinero. Eso las convertiría en organizaciones ciertamente antipáticas a los ojos de la gente: grandes multinacionales con enormes beneficios que prefieren enriquecerse un poco más aún a costa de convertir los océanos en mares de plástico. Para ganar el debate público, utilizan otra estrategia: hablar sólo de objetivos de recogida selectiva –no de littering, ni de emisiones contaminantes, ni de puestos de trabajo, ni de calidad del material recogido– y argumentar que se pueden alcanzar sin un SDDR y a un coste económico menor. Si se pueden lograr los mismos objetivos gastando diez veces menos, como argumenta la italiana Conai, ¿quién va a ser tan descerebrado como para optar por la opción cara?

Por supuesto, los mismos objetivos no se logran ni siquiera en el terreno de las tasas de recogida separada de botellas de plástico. Y un ciudadano italiano o español puede preguntarse razonadamente: ¿por qué tenemos que conformarnos con el objetivo marcado por la UE del 77% en 2025 y no apostar por el 99% que tienen ya los noruegos o los alemanes?

El nuevo discurso de Ecoembes

Después de más de una década de oposición frontal a un SDDR, Ecoembes ha cambiado de discurso. Tras la aprobación en 2022 de las nuevas normas estatales sobre residuos y sobre envases, que condicionan la puesta en marcha de un SDDR al incumplimiento de objetivos de recogida separada de envases, la industria entiende que “la guerra de modelos” está superada. “Creemos que se trata de una decisión correcta en la medida en que el marco normativo antepone el cumplimiento de objetivos por encima de una confrontación de sistemas que en realidad no existe, zanjando un debate artificial en el que parecía que era más importante la lucha de modelos (contenedores vs. depósito) que las metas ambientales a alcanzar. Nuestra obligación por lo tanto es cumplir con los objetivos y trabajamos mano a mano con las Administraciones para conseguirlo”, sostiene Ecoembes.

Unos objetivos que Ecoembes está seguro de poder conseguir “con un sistema de reciclaje de participación voluntaria como el que tenemos en España, que se basa en un “símbolo muy reconocible como es el contenedor amarillo”, potenciado por “modelos de incentivación apoyados por la tecnología móvil”, en referencia a Reciclos (puedes leer aquí nuestra investigación sobre este sistema de reciclaje, con un diseño ilógico y abierto al fraude).

Los portavoces de Ecoembes respondieron a todas las preguntas planteadas por los periodistas de infoLibre y de Investigate Europe. Pero fue imposible que admitieran las ventajas que, según todos los estudios internacionales, tiene el SDDR en el tema del littering, la calidad del material o la creación de puestos de trabajo. A todas las preguntas sobre si conocían esos hechos respaldados por una amplia evidencia científica, la respuesta fue siempre la misma: “No lo sabemos”.