Los estereotipos y la dificultad para conciliar obstaculizan el camino hacia la paridad en la judicatura

"No han sido tiempos fáciles". Las palabras, que vienen a resumir el estado de la paridad en la esfera judicial, pertenecen a María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. Fueron pronunciadas a finales del año pasado, durante el discurso que la magistrada articuló en su toma de posesión. Entonces Félix Tena recalcó un elemento clave: la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad. Los tiempos, decía la magistrada, no han sido fáciles para ella ni para sus compañeras. La desigualdad sigue siendo una herida abierta en el ámbito judicial y los motivos se concentran en dos grandes losas: los estereotipos y la conciliación.

Félix Tena recordaba el "duro trabajo" que le acompañó en la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres –de donde procede–, "no sólo por el volumen de asuntos, sino también por la carga añadida de demostrar que, siendo mujer, se podía hacer". La magistrada aseguró entonces que "pasado el tiempo esa carga añadida no desapareció, pues todavía había que seguir demostrando que una mujer podía conjugar, con resultados óptimos, trabajo y familia".

Los obstáculos a la igualdad se hacen evidentes en los nombramientos discrecionales. La designación de altos cargos en la judicatura se realiza en base a criterios de "mérito y capacidad". Quien mide los requisitos es el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros son designados por el Congreso y el Senado. Este procedimiento ha derivado en una crítica explícita y reiterada del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), perteneciente al Consejo de Europa, que lleva años reclamando cambios para "reforzar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas en los métodos de trabajo del CGPJ".

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, se detiene en la "discriminación" que padecen las mujeres y que se manifiesta en las altas esferas del poder judicial. A día de hoy, sólo diez Audiencias Provinciales y dos TSJ están liderados por mujeres. "Sabemos de casos de mujeres que han tenido muchísimas dificultades y han tenido que luchar a brazo partido para que se le reconozcan sus méritos", explica. La idea de "mérito y capacidad", de hecho, abarca todo un conjunto de elementos que pueden resultar arbitrarios. "Existen muchas dificultades en la cúpula para reconocer de manera justa los méritos de las mujeres", recalca Gonzalo, quien habla abiertamente de "subjetividad y arbitrariedad" a la hora de realizar valoraciones.

Para Lucía Avilés, magistrada y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), lo llamativo es que "pese a ser mayoría en la carrera judicial, lo cierto es que cuando hablamos de cargos discrecionales no se tiene en cuenta la capacidad de las mujeres". Este tipo de nombramientos, enfatiza, se encuentran impregnados por "la falta de objetividad en la designación de cargos". Una situación que "no hace sino incurrir en un estereotipo evidente: se nos sigue viendo como inferiores respecto a nuestros colegas hombres". Resulta, para la jueza, especialmente sangrante que "tratándose de uno de los poderes del Estado, nadie se haya cuestionado que en el ámbito judicial no se tengan que alcanzar cuotas de igualdad".

Coincide Glòria Poyatos, magistrada en el TSJ de Canarias y directora regional de Europa, Norte de África y Oriente Medio de la International Association of Women Judges. A su juicio, existe un "factor estereotípico" que atraviesa a las decisiones discrecionales. Estas "descansan sobre la creencia de que las mujeres son inferiores intelectualmente y dan prevalencia a los hombres". Algo que no es monopolio español, puntualiza, sino que trasciende fronteras.

La herida de la conciliación

¿Qué ocurre con el resto de los tribunales, independientemente de los nombramientos discrecionales? La mirada se dirige en este punto al conjunto de los TSJ autonómicos y a las Audiencias Provinciales. Lo cierto es que un análisis global, teniendo en cuenta todas las salas y secciones, concede optimismo respecto a la paridad. Las mujeres de los 17 TSJ y las 50 Audiencias Provinciales rondan ya el 37% en el primer caso y el 39% en el segundo. La paridad no es una quimera. Pero las buenas noticias no llegan a algunos tribunales: una decena de TSJ no son paritarios y una treintena de Audiencias Provinciales tampoco. ¿Qué sucede en estos órganos?

Una posible respuesta se encuentra en las dificultades para conciliar. "La conciliación es un puntal de la brecha de género en la carrera judicial y los cuidados recaen sobre las espaldas de las mujeres", indica Poyatos. Lo hace en base a los últimos datos del CGPJ: entre los años 2013 y 2019 el 97,3% de las excedencias por cuidado de hijos menores o familiares dependientes, el 90,5% de las reducciones de jornada por este mismo motivo y el 66,7% de las licencias extraordinarias retribuidas de quince días para atender necesidades urgentes de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, fueron concedidas a mujeres. "Mientras cuidan, no incrementan su currículum", observa Poyatos, quien recuerda la importancia de hacerlo "a efectos de ascenso profesional". Las consecuencias son evidentes: ellas quedan ancladas en una "competición desigual respecto a sus compañeros varones".

Poyatos traza a modo de ejemplo su experiencia como magistrada decana, un cargo al que los jueces optan por elección democrática. "Las mujeres se presentaban mucho menos, porque hacerlo requiere un esfuerzo añadido", apunta. Ese esfuerzo, cuando existe una jornada laboral invisible y no retribuida como son los cuidados, es inviable para muchas mujeres, que "no pueden asumir más carga".

Reparar la situación

La situación, reflexiona la magistrada, "no va a cambiar" hasta que los cuidados no sean valorados como merecen. Para ello, sugiere, la posibilidad de conceder "valor curricular al tiempo de los cuidados" se configura como "una cuestión de justicia". Se trata de valorar, opina la jueza, la "inteligencia emocional anudada a la práctica de cuidar", un elemento clave en los tribunales. "Valores como la empatía son necesarios para la justicia, sencillamente porque los jueces juzgamos a personas", abunda Poyatos, quien recuerda que la justicia no es sólo la sentencia, sino también todo el proceso previo y posterior. "La empatía no se enseña en la universidad, se aprende a través de las experiencias vitales", por lo que situar a los cuidados en el centro de todas las políticas y promover la corresponsabilidad, subraya, es el camino hacia "la igualdad y la justicia social".

Entre las soluciones trazadas por la juristas, Avilés pone el foco también en la "falta de objetividad en la designación de cargos discrecionales", una materia en la que "queda por avanzar". Para ello, apuesta por "incluir muchos más elementos de transparencia" en los nombramientos. Se trata de una "cuestión de democracia, representatividad y reconocimiento", apunta.

El tercer elemento crucial mencionado por las juristas es la Ley de Igualdad de 2007. "No entendemos bien por qué la Ley de Igualdad no afecta a todos los órganos del sistema judicial", cuando sí es obligatoria para la Administración Pública o las listas electorales. Así lo expresa Gonzalo, quien señala las "contradicciones" de la norma. Por ejemplo, la ley invita a crear dentro del CGPJ "una Comisión de Igualdad paritaria, pero no lo dice del propio CGPJ". Gonzalo insiste en un refuerzo de la norma y en un blindaje de su obligatoriedad como paso fundamental hacia la igualdad real.

A ello conviene añadir el lastre de la formación de género en los operadores jurídicos, "una falta de formación que deriva de un sistema de leyes que ha sido siempre profundamente machista" y que bebe de la ideología en que generaciones anteriores fueron educadas. En palabras de Gonzalo, "ha habido quien se ha quitado esas capas de patriarcado en la búsqueda de una sociedad más justa, pero otros no han hecho ese tránsito hacia la democracia. Y quienes no lo han hecho están muy insertados en el sistema judicial".

Trabajo político e institucional

El problema de la desigualdad en la justicia está bien presente en la esfera política e institucional. "Como en otros ámbitos, la condición de mujer supone un hándicap a la hora de promocionar" y, de hecho, "los requisitos y criterios de selección para ocupar plazas de magistratura se hacen más difíciles de cumplir para las mujeres". Así lo entiende Beatriz Gimeno, al frente del Instituto de la Mujer, a preguntas de infoLibre. Además, agrega, la discrecionalidad se sigue presentando como un bache en los rangos más altos: "Quienes seleccionan también son mayoritariamente hombres, que tienden a valorar los méritos con cierto sesgo de género". Los estereotipos, reflexiona Gimeno, continúan pesando en las decisiones, "aunque sea de forma inconsciente".

Respecto a la Ley de Igualdad, Gimeno la valora como un "instrumento que ha contribuido a cambiar muchas cosas y a concienciar sobre la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres", pero reconoce que "no ha logrado todos los objetivos marcados". No obstante, desliza la directora del organismo, "todavía tiene recorrido y ha servido para poner el foco en aquellas cuestiones que hay que transformar". En el caso concreto de la judicatura, Gimeno sostiene que "habrá que pensar en mecanismos que puedan corregir este flagrante desequilibrio" porque la paridad debe conjugarse como "objetivo irrenunciable".

Preguntada por cuáles son las medidas adecuadas para caminar hacia una reversión de la situación, la directora del Instituto de la Mujer cree importante "hacer una revisión de los procesos y mecanismos de promoción y selección, los requisitos que se establecen para optar a los puestos y ver por qué actúan en detrimento de las candidaturas de las mujeres". En una primera instancia, "favorecer la formación de las juezas y facilitar su concurrencia" se configura como un instrumento válido "cuando se producen estos sesgos".

En cuanto al PSOE, fuentes del partido recalcan en declaraciones a este diario que "las medidas que plantea el Plan de Igualdad del Gobierno son transversales y afectan también a la desigualdad en la justicia". En ese sentido, subrayan la necesidad de "fomentar la formación de todos los profesionales, especialmente miembros de la judicatura en materia de violencia de género y desigualdad". Los socialistas aspiran a poner los cuidados en el centro y apuestan también por la "modificación del sistema de valoración curricular aplicable por igual a jueces y juezas para el acceso a cargos discrecionales en la judicatura, dándose una valoración objetiva curricular al tiempo empleado en el cuidado de familiares y disminución de cargas de trabajo en función de medidas conciliatorias".

El Partido Popular, por su parte, se ciñe al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que planteó la formación en su programa electoral de 2019. Fuentes del PP señalan a este plan como clave para reparar la desigualdad en la justicia, aunque en el programa mencionado no se concretan medidas relativas a la carrera judicial.

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