El final de ETA
ETA da por aclarados todos sus crímenes, pero las víctimas le recuerdan que faltan 311 atentados por resolver
ETA ha tratado una vez más de falsear la realidad al sostener en su "nota explicativa" anexa al comunicado difundido este viernes que sus crímenes están "ya aclarados", pidiendo a continuación que desde el Estado se hiciera lo mismo y se esclarecieran "muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria", informa Europa Press.
Fuentes de la lucha antiterrorista, los servicios jurídicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y expertos como el periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas, Florencio Domínguez, desmienten a ETA: aún quedan por esclarecer al menos 311 atentados con víctimas mortales sin autor material y además hay otras acciones terroristas que llevan años en la sombra porque ETA jamás los reivindicó como propios.
En el comunicado de este viernes previo a su disolución en el que reconocía el daño causado y pedía perdón diferenciando entre víctimas "ajenas al conflicto" y las que no lo eran, ETA difundió una nota en la que recordaba que siempre reivindicó "todas las acciones que ha realizado en sus periódicos comunicados, y en ellos la militancia de ETA ha asumido una responsabilidad colectiva".
"ETA ya ha aclarado qué es lo que ha hecho. Nos parece importante subrayarlo, puesto que todavía hoy existen muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria que nadie ha asumido, que nadie ha esclarecido", sostiene la banda terrorista.
En declaraciones a Europa Press, Florencio Domínguez recuerda que ETA "miente" porque existen una serie de atentados que "los polimilis no quisieron reconocer, imponiendo su tesis al resto de la organización". Se trata de crímenes que la banda cometió pero que se han negado a reconocer, como el perpetrado en 1973 contra tres jóvenes gallegos a los que confundieron con policías tras salir de un cine en San Juan de Luz. Estos jóvenes fueron secuestrados, torturados y luego se deshicieron de los cadáveres.
Hay otros crímenes ocultados por ETA como el 1974 en la cafetería Rolando en la calle Correo de Madrid, que la banda confundió con un local al que solían acudir policías o el de 1982 en Tolosa, donde volvieron a confundir con policías a tres jóvenes que vendían enciclopedias en euskera. En 1985, un taxista familiar del obispo Uriarte también fue asesinado en Bermeo en un episodio muy confuso, ya que ETA reconoció su autoría y luego borró cualquier registro en sus archivos.
Esclarecidos nueve atentados sin autor condenado
Algunos de estos atentados, no obstante, fueron juzgados y sus autores fueron condenados. Esto último no ocurre en 311 atentados con víctimas mortales –de los más de 3.500 de ETA– que aún están pendientes de ser juzgados, según recuerda a Europa Press la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara.
La letrada recuerda que aún no hay una cifra oficial sobre víctimas, lo que dificulta este tipo de trabajos, y que en su caso ha utilizado el listado del libro Vidas Rotas Vidas Rotasescrito por Florencio Domínguez junto a Rogelio Alonso y Marcos García Rey. De aquí obtuvo un primer dato de 324 casos sin resolver.
Desde 2012 la Audiencia Nacional dictó 29 sentencias por asesinatos cometidos por ETA, que dejó de matar en octubre de 2011 obligada por la acción conjunta de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia. Las 29 sentencias se corresponden a 26 atentados, con 35 víctimas mortales en total.
De esos 26 atentados, nueve (con once víctimas mortales) no tenían sentencia condenatoria de autor material y en otros dos casos se dictó sentencia absolutoria. Esos nueve atentados son los de Antonio Ramos Ramírez en 1986, por el que se condenó en 2015 a José Luis Erostegi; el de José Luis González e Ignacio Mendiluce en 1995, por el que se condenó a Mikel Otegi en 2012; el de Luciano Cortizo en 1995, por el que se condenó a Sergio Polo en 2018.
En 2014 se condenó a Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios por el asesinato en 2000 de Pedro Antonio Blanco. Por el asesinato de Cecilio Gallego y Silva Martínez en 2002 fue condenado Oscar Celarain y Andoni Otegi en 2012; por el de Isaias Carrasco en 2008 fue condenado en 2015 Beñat Aguinagalde; por el de Luis Conde de la Cruz en 2008 fue condenado Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor en 2013.
Los dos últimos atentados resueltos son el de Ignacio Uría en 2008, por el que fue condenado Manex Castro en 2013 y Beñat Aguinalde y Joanes Larretxea en 2017; así como el de Eduardo Puelles en 2009, con condena en 2013 para Daniel Pastor, Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain.
A las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional habría que sumar las de Francia, país en el que en 2013 se condenó al etarra Mikel Karrera Sarobe, Ata, a cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo, y a Saioa Sánchez Iturregui, Hintza, a 28 años de prisión por el asesinato en Capbreton el 1 de diciembre de 2007 de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.
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Un total de 21 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo emitieron un comunicado conjunto este viernes en el que recuerdan que el perdón de ETA no será creíble hasta que esclarezcan todos sus asesinatos y "cada uno de sus responsables haya cumplido su condena". Además, pidieron que finalicen los actos de homenaje de los terroristas que salen de la cárcel.
"Las disculpas a las víctimas eran imprescindibles, pero hace muchos años que debían haberse producido, y resulta inadmisible que pretenda diferenciarse entre dos tipos de víctimas, las 'ajenas al conflicto' y las que, en opinión de los terroristas, no lo eran", sostuvieron.
La abogada Carmen Ladrón de Guevara recuerda que uno de los 311 atentados por resolver es el último de ETA en España, el que cometió el 30 de julio de 2009 en Palma de Mallorca matando con una bomba lapa a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun. En 2010 dejarían su última víctima, el policía francés Jean-Serge Nèrin. "Si realmente quieren pedir perdón, que colaboren con el esclarecimiento de atentados como el de Mallorca, del que hay muy pocos datos", enfatizó la abogada de la AVT.