Europa trata de ahogar a los oligarcas rusos bloqueando los visados que consiguen a golpe de chequera

Las potencias occidentales aprietan sin descanso a Rusia para intentar que desista en su intento de tomar el control del territorio ucraniano. Lo hacen con todos los medios a su alcance. Y la económica es, sin lugar a dudas, su principal baza. Desde que estalló el conflicto, se ha desconectado a varias entidades bancarias rusas del sistema Swift, se han restringido las exportaciones o se han impuesto sanciones que afectan de forma directa al Banco Central Ruso. Pero no solo eso. También se ha ejercido presión sobre sus oligarcas. Primero, congelando sus activos en el exterior. Y segundo, acabando con los privilegios de los que disfrutan a la hora de acceder al territorio comunitario. Algunos países ya han echado el freno a la concesión de las conocidas como Golden Visa. Esos permisos a golpe de chequera de los que han disfrutado en España más de tres millares de ciudadanos rusos.

Pocas horas después de la invasión de Ucrania, la Unión Europea daba luz verde a un duro paquete de medidas que golpeaba de lleno al gigante euroasiático. "Los diplomáticos y grupos afines y los empresarios ya no tendrán un acceso privilegiado", señalaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen. Tras estas palabras, los Estados han empezado, poco a poco, a mover ficha. A lo largo de la última semana, Portugal, Grecia o Malta han anunciado la suspensión de la concesión de visados a ciudadanos rusos y bielorrusos a cambio de inversiones en sus respectivos territorios.

El golpe es importante. "Las principales nacionalidades a las que se les otorgan pasaportes o visas a través de estos esquemas son la china y la rusa", se recoge en el informe European getaway. Inside the murky world of Golden Visas. Y el negocio es abrumador. La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo cifraba recientemente en 130.000 el número de personas que se habían beneficiado de este tipo de esquemas en suelo comunitario entre 2011 y 2019, algo que ha generado más de 21.800 millones de euros de ingresos a los países que tienen establecidos programas de estas características.

España es uno de ellos. Y tiene un peso notable en este mercado. Entre 2013 y 2019, nuestro país concedió 34.077 permisos de residencia al calor de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que abrió la puerta a este tipo de esquemas en suelo español. Los datos muestran, de nuevo, la importancia del gigante euroasiático. El 7% de estas visas fueron concedidas a ciudadanos rusos: 2.698, solo superadas por las indias y las chinas. Una cifra a la que habría que sumar ahora otras 492 que se otorgaron desde el estallido de la pandemia a inversores procedentes de Rusia, según EFE, lo que eleva la cifra total de beneficiarios rusos hasta las 3.190.

La normativa española establece los requisitos indispensables para la obtención de un visado de residencia para uno o dos años, ampliable cuando la inversión se mantenga y se haya visitado España al menos una vez en el periodo. Barreras al alcance de pocos bolsillos: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón; compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros; o poner en marcha “proyectos empresariales” considerados “de interés general” siempre y cuando creen puestos de trabajo, se realice “una inversión con impacto socioeconómico” y suponga una “aportación relevante a la innovación científica y tecnológica”.

Más de un centenar de compras por encima del medio millón

Uno de cada cuatro visados que España ha concedido por esta vía a ciudadanos rusos fue por la compra de propiedades de lujo. Un total de 877. No es raro. Al fin y al cabo, el mercado inmobiliario de lujo es uno de sus principales activos. El pasado año, cerraron 150 compras de propiedades con un valor por encima del medio millón de euros, según los datos del Colegio de Registradores. Es cierto que ni siquiera llegaron a representar un 1% del mercado –casi 24.000 compraventas de este tipo en todo el ejercicio–. Y que su peso ha retrocedido sensiblemente: hace más de un lustro estaban por encima del 3%. Sin embargo, la rusa fue la segunda nacionalidad, solo por detrás de la británica, que más inmuebles de este tipo adquirió.

Buena parte de este mercado de lujo se localiza alrededor de las costas y la capital. El peso de compra por extranjeros con un importe superior al medio millón de euros fue, durante el año negro de la pandemia, del 24,83% en Baleares. Allí, en el puerto de Palma, es donde ha permanecido atracado durante las últimas horas el Tango, un megayate propiedad del magnate del aluminio Viktor Vekselberg, sancionado hace unos años por EEUU por ser uno de los oligarcas cercanos a Putin. No es la única embarcación de estas características a las que pilló la invasión ucraniana en territorio español. El My Solaris, del multimillonario Román Abramóvich, o el Valerie, del militar ruso Sergey Chemezov, estaban siendo reparados en los astilleros de Barcelona a comienzos de semana, según informó El País.

Un agujero negro del que se aprovecha el crimen

Lo que tiene España, al igual que Francia o Portugal, es un programa de residencia por inversión. Sin embargo, en el Viejo Continente hay países que, directamente, venden la ciudadanía. Según Henley & Partners, una firma dedicada al asesoramiento alrededor de las Golden Visa, un pasaporte austriaco puede conseguirse con una inversión mínima de 3 millones de euros. Para uno de Chipre, es necesaria una contribución a la economía estatal de 2,2 millones de euros. Y en el caso de Malta, se requiere una inversión de alrededor de 1 millón de euros para hacerte con la nacionalidad, lo que abre directamente las puertas a la Unión Europea.

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En esta última isla fue asesinada la periodista Daphne Caruana. Estaba investigando la corrupción alrededor de este tipo de programas. Tenía motivos para hacerlo. Entre los compradores de pasaportes malteses que salieron a la luz figuraban Arkady Volozh, Boris Mints y Alexander Nesis, tres oligarcas rusos incluidos por EEUU en la famosa Lista del Kremlin. No son, sin embargo, los únicos. Las autoridades chipriotas también concedieron en 2017 la nacionalidad al magnate ruso Oleg Deripaska, sancionado por EEUU por actividades criminales. O a su compatriota Dmitry Rybolovlev, un empresario acusado de intentar comprar a jueces y altas figuras de Mónaco. Un agujero que también se ha puesto de manifiesto en suelo luso, donde se aprovecharon de estos programas varios empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción o familiares de un político angoleño acusado de sobornos.

La Unión Europea lleva años preocupada por esta cuestión. En 2014, fue aprobada por mayoría absoluta en la Eurocámara una resolución planteada por dos parlamentarias socialdemócratas en la que se pedía a los Estados miembro que prestaran atención a los "asuntos penales" antes de dar el visto bueno a cualquier solicitud. Sin embargo, fue necesario esperar hasta comienzos de 2019 para que el Ejecutivo comunitario se pronunciara abiertamente sobre esta cuestión. Lo hizo a través de un amplio informe en el que alertaba que las amenazas relacionadas con estos programas "no siempre se atenúan suficientemente con las medidas adoptadas por los Estados miembro".

En España, este tipo de inversiones pasan por "dos grandes vías de control". “Una es la que llevan a cabo las embajadas, requiriendo una serie de documentación y de justificaciones de la inversión”, explicaron en su día a este diario desde el Ministerio de Exteriores. En este sentido, afirmaron que a la hora de solicitar esta Golden Visa los inversores deben presentar "un certificado negativo de antecedentes penales", documento con el que pretenden bloquear la llegada de condenados “por corrupción, narcotráfico u otro tipo de delitos”. Un filtro al que se suman también controles a la inversión por parte del Ministerio de Hacienda o la Comisión contra el Blanqueo de Capitales.