Europarlamento y Defensor del Pueblo no han logrado que la Mesa de la Cámara haga público el listado de la sicav

Cinco años después de que el Pleno del Parlamento Europeo instase a la poderosa Mesa de la Cámara a hacer pública la lista de miembros del fondo "voluntario" de pensiones que un amplio grupo de eurodiputados gestiona en Luxemburgo a través de una sicav y cuyas cuentas se nutrieron en dos tercios con dinero público durante 20 años, esa lista continúa siendo "secreta". Según la Mesa del Parlamento, la adscripción al fondo pertenece a la "vida privada" de cada uno de sus integrantes.

La publicación de varias listas de miembros del fondo voluntario de pensiones que una sicav gestiona en Luxemburgo en nombre de la "asociación sin ánimo de lucro" a la que pertenece no menos de un millar de eurodiputados en activo o cesantes ha eclipsado un hecho básico: que esas listas –es el caso de las que publicó infoLibre– proceden del Registro Mercantil de Luxemburgo y son incompletas, dado que solo ofrecen datos a partir de 2002.

Hoy, las listas oficiales siguen siendo literalmente "secretas" pese a que la participación pública en los ingresos recibidos por el fondo (al menos el 68,5% hasta 2009, en que el Parlamento canceló sus aportaciones) no tiene parangón. Al menos, no lo tiene en España.

"Secreto" es el adjetivo que utilizaron varios eurodiputados en la sesión del Pleno del Parlamento que en abril de 2009 instó a la Mesa a hacerlas públicas tal como había requerido el Defensor del Pueblo Europeo. Pero, según el órgano de gobierno parlamentario, y así consta en el informe del Defensor (el Ombudsman), la pertenencia a ese fondo no concierne a lo público sino a la "vida privada" de sus miembros.

La petición del 'Ombudsman'

El informe del Ombudsman reproduce la carta que la Mesa del Parlamento había enviado el 2 de febrero de 2006 al ciudadano que pretendía conocer el listado de miembros del fondo y que, tras la negativa del órgano de gobierno, acudió al Defensor.

En esa misiva, la cúpula europarlamentaria –formada por el presidente y 14 vicepresidentes– manejó el siguiente argumento: "El beneficio [o la prestación] de la pertenencia al Fondo Adicional de Pensión no es automático sino que depende de un acto voluntario de los miembros del Parlamento en cuestión que quieren incorporarse a ese sistema. A este respecto, [el fondo] no puede considerarse como parte de su mandato y es por esa razón que la participación en el sistema forma parte de la vida privada del diputado, sobre todo una vez que ha expirado su mandato parlamentario".

La Mesa agregó un argumento final que, a tenor de lo sucedido luego en Estrasburgo, no convenció a la Cámara: "Por otra parte, [la Mesa] consideró que la divulgación de la lista de miembros del sistema [el fondo voluntario] dañaría el legítimo interés de los datos sujetos [a desclasificación] y ese daño al interés privado de los miembros del fondo prima sobre el interés público en la divulgación" de la lista. El informe del Ombudsman puede consultarse aquí (en inglés).

Ante la duda de que la Mesa del Parlamento pudiera estar imbuida de razón, el Ombudsman, entonces el griego Nikiforos Diamandouros, hizo una consulta formal al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). La respuesta del SEPD no ofrece dudas. El Defensor lo relata así: "El Supervisor adoptó una posición según la cual, aunque cuando aportaron sus datos [para el fondo] los eurodiputados no fueron informados sobre la posibilidad de que acabasen divulgados (…), los parlamentarios tienen una función política y pública. Aunque esto no les priva de la protección de su intimidad, en una sociedad transparente y democrática la consideración básica debe ser que el público tiene derecho a estar informado sobre su comportamiento, incluso sobre su comportamiento fuera del ejercicio de su mandato político".

Divulgación proporcionada

Y no acaba ahí la cosa. Porque el Supervisor consideró que "los datos personales afectados" por la solicitud de desclasificación no eran "sensibles". Para la autoridad europea en materia de protección de datos, resultaba "difícil describir qué daño efectivo causaría" la divulgación de la lista. "En otras palabras –escribió el Ombudsman-, el Supervisor concluyó que la solicitud de divulgación de datos era proporcionada". El Supervisor, añadió aquí Diamandouros, apoyaba al cien por cien la "solución amistosa" propuesta por la oficina del Ombudsman: que el Parlamento "volviera a examinar su rechazo y accediera a la solicitud" planteada.

El acta de la sesión del Pleno de la Eurocámara celebrada el 23 de abril de 2009 también menciona cómo la reclamación efectuada por el Defensor a instancias de un ciudadano contaba con el respaldo de la autoridad comunitaria en materia de Protección de Datos. Cinco años después, la poderosa Mesa de la Eurocámara mantiene aún en secreto tanto la composición completa del fondo como el monto total de dinero público destinado a su sostenimiento en sus 20 años de existencia.

Durante 20 años –entre la aprobación del sistema en 1990 pero con efectos de 1989 y hasta 2009–, los ingresos del fondo se nutrieron con dinero público: el Parlamento aportaba dos tercios de todos sus ingresos. Y el tercio restante, justo el que debía aportar cada miembro del fondo con cargo a su bolsillo privado, procedía en realidad de las dietas que el mismo Parlamento abonaba a sus eurodiputados. Solo entre 2000 y 2009, la Eurocámara inyectó al fondo 95 millones de euros por los dos tercios garantizados.

El texto aprobado por el Pleno el 23 de abril de 2009, en la sesión fijada para validar la ejecución presupuestaria del ejercicio 2007, dice lo siguiente: el Parlamento “toma nota de que, en su reunión del 22 de octubre de 2007, la Mesa decidió no seguir una recomendación del Defensor del Pueblo Europeo según la cual el Parlamento debía facilitar el acceso a la lista de los afiliados al régimen voluntario de pensiones”.

Entonces presidida por el conservador alemán Hans-Gert Pöttering, del Partido Popular Europeo (PPE), el máximo órgano colegiado de decisión parlamentaria tomó esa decisión pese a la existencia "de un dictamen favorable emitido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos" (SEPD), dice el acta del Pleno parlamentario de abril de 2009.

A escala europea, el SEPD cumple la función que en España tiene asignada la Agencia de Protección de Datos: velar por el derecho a la intimidad y dirimir cuándo debe prevaler sobre el derecho de acceso a la información pública o viceversa.

Ese día, 23 de abril de 2009, el Pleno del Parlamento dejó constancia de su disconformidad con la decisión de la Mesa, cuyas potestades en la Cámara de Estrasburgo son mayores que las de, por ejemplo, el Congreso y el Senado. El Pleno pidió a la Mesa esto: "Que reconsidere su posición y publique la lista siguiendo el consejo de su propio Servicio Jurídico y en coherencia con la política de transparencia de la Unión de hacer públicos todos los beneficiarios finales de fondos europeos".

El debate sobre el fondo de pensiones

El fondo de pensiones de Luxemburgo fue objeto de un debate que, por momentos, alcanzó momentos de dureza en las intervenciones de varios eurodiputados del grupo GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), al que pertenecía Willy MeyerWilly Meyer, el ahora dimisionario jefe de la delegación de IU.

La Izquierda Unitaria Europea se opuso a la aprobación del informe de gestión presupuestaria, elaborado bajo la batuta del socialista portugués Paulo Casaca, precisamente porque, aun proponiendo medidas de control para impedir el uso de más dinero público, daba carta de naturaleza al fondo. "Nos oponemos –expresaron los diputados suecos Jen Holms y Eva-Britt Svensson– a que el fondo voluntario de pensiones de los diputados se financie con dinero de los contribuyentes. En segundo lugar, nos oponemos a que el dinero del contribuyente se pueda entregar a un fondo privado de pensiones en el que la lista de suscriptores y beneficiarios se mantiene en secreto y no se hace pública. En tercer lugar, nos oponemos totalmente a emplear incluso más dinero del contribuyente para cubrir el actual déficit del fondo de pensiones, originado por la realización de inversiones especulativas".

En una conversación con infoLibre, el propio Paulo Casaca convino en que el déficit del fondo –222 millones a diciembre de 2012– tenía su origen en las “inversiones especulativas" que había llevado a cabo.

La coportavoz del grupo Verts/Ale (Los Verdes-Alianza Libre Europea) manifestó el voto favorable de su formación al informe Casaca. Pero lanzó un misil en la misma dirección que la Izquierda Unitaria Europea: "Se deberían tomar decisiones claras para que bajo ninguna circunstancia se pague el fondo voluntario de pensiones con dinero sobrante del presupuesto del Parlamento, ni directa ni indirectamente, y para que la lista de suscriptores del fondo se haga pública sin más dilación".

Otros eurodiputados del grupo izquierdista se expresaron con idéntica dureza. El acta no muestra ninguna intervención de parlamentarios españoles.

Una iniciativa de Cohn-Bendit

En enero de ese año, el alma del grupo verde, el francés Daniel Cohn-Bendit, ahora retirado, ya había pedido por carta a la cúpula del Parlamento la difusión de esa lista. Su iniciativa encolerizó a la diputada del Partido Popular Europeo (PPE) Astrid Lulling, figura clave en la gestión del fondo de Luxemburgo y ella misma suscriptora. De nacionalidad luxemburguesa, Lulling trató de ridiculizar al francés Cohn-Bendit tildándolo de "reliquia del 68" en lo que, dado que ella misma ha cumplido 85 años, no parece una alusión a la edad del entonces eurodiputado sino al Mayo francés, uno de cuyos iconos principales fue y sigue siendo Daniel Cohn-Bendit, Dany el Rojo.

"El señor Cohn-Bendit –clamó Lulling– puede dormir tranquilo porque, como contribuyente, no se le pedirá que garantice los derechos de aquellos suscriptores del fondo que ya están jubilados, ni los de sus viudas, ni los de sus familiares, ni los de los diputados que dejarán de trabajar aquí el 14 de julio". Miembro de la "asociación sin ánimo de lucro" que posee al 100% la sicav de Luxemburgo, Lulling cerró así su filípica contra Cohn-Bendit: "Su legendaria diligencia para el trabajo legislativo de esta Cámara –no es suficiente con gritar estupideces y celebrar conferencias de prensa– debería animarle a ser más discreto, pero como es una reliquia del 68, uno desde luego no puede esperar mucho más de él".

Dificultades financieras

Pero, desde luego, no toda la banda derecha de Estrasburgo compartió el entusiasmo de Lulling hacia el fondo voluntario que gestiona la sicav europarlamentaria y financiaba la Cámara. El eurodiputado alemán Alexander Alvaro, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), se pronunció en los siguientes términos: "El fondo de pensiones se halla ahora en dificultades financieras y se ha acumulado el déficit. El Partido Democrático Libre del Parlamento Europeo se opone al empleo de los ingresos tributarios para cubrir el déficit. Es una irresponsabilidad esperar que los contribuyentes europeos paguen por estas pérdidas. Cualquier plan en este sentido debería impedirse". Y remató con un diagnóstico todavía vigente: "Aún no ha quedado totalmente excluida la posibilidad de hacer uso de la recaudación tributaria para cubrir el déficit".

Su compañero de grupo Toine Manders, holandés, fue más lejos que Alvaro: "Que haya un posible déficit en el fondo es un asunto que concierne al fondo y a sus suscriptores, no al contribuyente europeo". "Los parlamentarios –fue su apostilla– son un ejemplo y deben tener cuidado al hacer uso de los fondos de la Comunidad. Eso es aplicable a sus ingresos, pensiones y gastos".

Convencido de que el Parlamento no puede ni debe cubrir con dinero público el déficit actuarial –la diferencia entre activos y compromisos de pago, con independencia de su fecha de vencimiento– del fondo de pensiones de Luxemburgo, que en diciembre de 2012 superaba los 200 millones, Paulo Casaca logró que el Parlamento vetase el 23 de abril de 2009 cualquier aportación extra de dinero para el pago de esas pensiones suplementarias.

Y así lo recordó el pasado martes en una conversación telefónica con infoLibre y un posterior cruce de correos electrónicos: la filosofía que ha llevado al Parlamento a garantizar el pago de las pensiones voluntarias aun si el fondo entrase definitivamente en barrena es, según Casaca, la misma que explica por qué hoy son los ciudadanos quienes viven "el gran drama de pagar los excesos financieros del sistema bancario".

Fondo injusto

La extraordinaria paradoja del caso estriba en que Casaca, quien jamás quiso pertenecer al fondo de Luxemburgo porque lo consideraba injusto, dispar y discriminatorio –Estrasburgo aportaba lo mismo por cada eurodiputado pese a las formidables diferencias entre sus salarios nacionales y los derechos que sus respectivos Estados les garantizaban en materia de previsión social– , se marchó del Parlamento Europeo en 2009. Y lo hizo sin tener ninguna pensión garantizada: ni en Estrasburgo ni en Portugal.

Precisamente por ese factor, Casaca recalcó entonces que le resultaba “inaceptable” que se generalizase con la idea de que todos los eurodiputados tenían derecho "a dos pensiones". Muchos sí tenían derecho a esa doble pensión. Por ejemplo, la delegación española, por cuyos miembros había cotizado el Congreso hasta entonces y que estaba formada por parlamentarios con una larga lista de cargos públicos nacionales a sus espaldas.

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El entonces dirigente socialista luso se despidió del Europarlamento con palabras de orgullo pero, también, de amargura. "Hoy estoy, como siempre, totalmente a favor de la transparencia en el uso de los fondos públicos. Comparto totalmente las opiniones del Defensor del Pueblo Europeo a este respecto. Hoy estoy, como siempre, en contra de usar fondos públicos para hacer frente a los resultados [adversos] de una asunción de riesgos privada. Hoy estoy, como siempre, en contra de los fondos voluntarios de pensiones que ignoran las diferencias salariales, lo que supone un trato injusto".

En España, el Congreso cotizaba hasta esa fecha por los eurodiputados nacionales, la inmensa mayoría de los cuales reúne a día de hoy el requisito establecido entonces en el Reglamento del Congreso para acceder a una pensión de jubilación: haber ocupado un escaño durante siete años, ya fueran ininterrumpidos o repartidos en distintos periodos.

A efectos reglamentarios, el escaño europeo contaba exactamente igual que el del Congreso o el Senado hasta que en 2009 Estrasburgo aprobó el Estatuto del Diputado y asumió con fondos propios el pago de sueldos –iguales para todos los parlamentarios, sea cual sea su país de origen–, así como un plan público de retiro.