España cuenta, desde finales de octubre, con una nueva norma que aspira a cerrar la gran herida abierta en nuestro país desde hace más de ocho décadas. Se trata de la Ley de Memoria Democrática, con la que el Gobierno busca que el Estado asuma de una vez por todas un rol decisivo en relación con las víctimas del franquismo. Un asunto que había quedado al albur de las propias comunidades autónomas, provocando enormes brechas territoriales. Mientras algunas regiones han avanzado de forma decidida en materia de exhumaciones, localización de fosas o a nivel educativo, otras, fundamentalmente feudos del PP, han preferido mirar hacia otro lado y apostar por el olvido.
Euskadi, a la cabeza
Euskadi siempre ha sido la región más avanzada en esta materia. Desde antes incluso de que la memoria entrase a formar parte de la agenda política nacional. Sin contar, como otras comunidades, con una ley memorialista propia –su normativa se limita en este asunto a un par de decretos de 2002 y 2006 y a una ley para crear el Instituto de Memoria–, las autoridades vascas llevan desde 2001 impulsando exhumaciones en toda la región a través de un convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En total, según datos del Gogora (Instituto de la Memoria), se han abierto en estas dos décadas alrededor de medio centenar de fosas comunes distribuidas por toda la geografía vasca. Y se han recuperado los restos de más de un centenar de personas.
"No hay que esperar ni a subvenciones ni a discusiones de ningún tipo, es algo que se hace de forma automática. Se localizan, se exhuman y se identifican", apunta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Un modelo al que se ha sumado en los últimos años Navarra. El Ejecutivo autonómico lleva desde 2016 firmando convenios con Aranzadi para ejecutar este tipo de trabajos, que ya han permitido rescatar en suelo navarro los restos de más de un centenar de víctimas de la represión franquista. Esta sociedad también ha colaborado estrechamente con el Govern balear en sus distintos planes de fosas, a través de los cuales se ha rescatado a más de doscientas personas.
Euskadi también fue una de las primeras comunidades que elaboró un mapa oficial de los enterramientos de víctimas del golpe de Estado y la dictadura. Una herramienta que hizo pública en el otoño de 2010, con Patxi López como lehendakari, y que ha tratado de mantener actualizada. Cuando se presentó, el Ejecutivo vasco contabilizó medio centenar de fosas, una cifra que ahora, según los últimos datos de Gogora, se sitúa en las 128. Y cifró en 7.336 el número de vecinos muertos, fusilados o desaparecidos durante la guerra y la dictadura –con nombres, localidad, fecha y circunstancias a la muerte–. Un censo que también han ido completando hasta los algo más de 21.000 nombres actuales, entre los que se incluyen víctimas causadas por ambos bandos de la contienda.
El Ejecutivo vasco también ha trabajado en la retirada de vestigios franquistas de sus espacios públicos. De hecho, lo lleva haciendo desde hace más de una década. En 2011, a petición de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno autonómico, se elaboró un primer catálogo. Sin embargo, aquel estudio solo recogía los símbolos más singulares. De ahí que, a finales de 2014, se redactase un segundo informe más completo con datos recopilados a través de los 251 consistorios vascos. En aquel momento, 123 contaban con vestigios franquistas. Una cifra que se ha ido reduciendo considerablemente. En 2019, último dato disponible, sólo quince localidades continuaban con esta mancha. En los últimos años, se han retirado más de un millar de símbolos.
Siguiendo la estela de Euskadi, otras regiones también han ido creando en los últimos años censos de vestigios franquistas. Lo ha hecho la Comunitat Valenciana o Baleares, que ya ha tenido que amenazar con imponer sanciones ante la resistencia a cambiar los símbolos identificados. Y también Navarra, donde parecen haber tenido mayor éxito a la hora de deshacerse de este tipo de elementos. Solo en los dos primeros años desde la aprobación del censo, se retiraron en los municipios navarros más de tres centenares de los 460 vestigios que habían sido señalados, entre ellos cruces laureadas, placas de vivienda, menciones honoríficas o nombres de calles. Vestigios con los que luego se preparó una exposición.
Tanto Euskadi como Navarra también dan importancia a la presencia de la memoria en la educación. "Es algo que impulsan desde las instituciones", señala el presidente de la ARMH. En suelo navarro, por ejemplo, se celebró a comienzos de noviembre el I Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación. Y se han organizado numerosos cursos y seminarios orientados a los docentes. Todo ello, enmarcado en el programa Escuelas con Memoria, que también se apoya sobre numerosas propuestas de actividades educativas pensadas para el alumnado: desde excursiones a lugares de memoria –aquellos espacios que hablan por sí solos de la represión franquista– hasta visitas a las exhumaciones.
Madrid y Murcia, desmemoriadas
En el extremo contrario se sitúan dos de los feudos más antiguos del PP: la Comunidad de Madrid, cuya presidenta ya ha apostado por meter mano a la Ley de Memoria si su partido consigue llegar a Moncloa en las próximas generales, y Murcia. En ambas comunidades, que a diferencia de la gran mayoría no cuentan con normativa memorialista propia, se han exhumado en las dos primeras décadas de siglo un total de cuatro fosas comunes, según los datos recogidos en el estudio Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000-2019, editado por el Ministerio de la Presidencia. "En esta materia, son dos regiones que no han hecho nada de nada", resalta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Las cifras de exhumaciones son diminutas en comparación con el volumen de enterramientos que se calcula que pueden existir en ambas regiones. Información que, por supuesto, no ha sido recopilada por ninguna de las dos Administraciones. Porque en todos estos años ni Murcia ni Madrid se han molestado en elaborar un mapa completo de fosas oficial. En suelo madrileño, los últimos datos que se tienen proceden del equipo de arqueólogos ArqueoAntro y recogen, como poco, más de tres centenares de fosas. En el caso murciano, ha sido la Federación de Memoria de la Región de Murcia (Famhrm) la encargada de ir haciendo ese trabajo. En total, han identificado más de medio millar de enterramientos por toda la región.
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"En Madrid lo único que se hace es obstaculizar", resalta Silva. Y pone un ejemplo: "En el Archivo Regional, que depende de la comunidad autónoma, no se nos permite consultar cuánta gente murió por los bombardeos". Nada que huela a memoria tiene cabida en el principal laboratorio neoliberal del PP. Y lo saben bien en la ARMH, donde llevan años pidiendo sin éxito que se coloque en la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional y antigua sede de la Dirección General de Seguridad, una placa que recuerde a todas aquellas personas que fueron torturadas allí. "Ni siquiera responden, es como si no existiéramos", apunta Silva. Mientras, en la capital aún puede verse el nombre del general golpista José Millán Astray en su callejero.
Mapa de fosas y subvenciones en Castilla y León
En lo relativo a la pervivencia de la simbología franquista, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pone más el foco sobre Castilla y León, otro gran feudo conservador que, a diferencia de los anteriores, cuenta con su mapa oficial de fosas e, incluso, ha concedido subvenciones para realizar exhumaciones. El pasado mes de noviembre, un proyecto de la Fundación Jesús Pereda de CCOO cifraba, a través de la colaboración ciudadana, en 363 el número de vestigios distribuidos por toda la comunidad. Entre ellos, una gigantesca pirámide que se construyó en 1939 para homenajear a los fascistas italianos que murieron durante la Guerra Civil. Vestigios que Vox ha planteado proteger a través de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
El concepto "memoria democrática" sí que se cuela en algunas actividades formativas del profesorado en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, olvidándose de la dictadura. A modo de ejemplo, tal y como publicó infoLibre, los recientes cursos programados por la Consejería de Educación Valores cívicos y éticos en el aula: memoria democrática, Constitución y Derechos fundamentales y Pedagogía del terrorismo y memoria democrática. A pesar de los nombres, ambas formaciones, dirigidas a profesores y catedráticos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se centraban en realidad en el constitucionalismo español, especialmente la Ley Fundamental de 1978, y el terrorismo, especialmente el de ETA.
España cuenta, desde finales de octubre, con una nueva norma que aspira a cerrar la gran herida abierta en nuestro país desde hace más de ocho décadas. Se trata de la Ley de Memoria Democrática, con la que el Gobierno busca que el Estado asuma de una vez por todas un rol decisivo en relación con las víctimas del franquismo. Un asunto que había quedado al albur de las propias comunidades autónomas, provocando enormes brechas territoriales. Mientras algunas regiones han avanzado de forma decidida en materia de exhumaciones, localización de fosas o a nivel educativo, otras, fundamentalmente feudos del PP, han preferido mirar hacia otro lado y apostar por el olvido.