Ex miembros de la Mesa del Parlament dicen a Llarena que actuaron amparados por su inviolabilidad

Cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, Lluís Guinó, Joan Josep Nuet, Anna Simó y Lluís Corominas, han comparecido a las diez de esta mañana en el Tribunal Supremo, donde habían sido citados por el magistrado Pablo Llarena para ser informados de su procesamiento por un delito de desobediencia relacionado con el procés independentista en Cataluña.

Todos se han negado a contestar a la Fiscalía y resto de partes y han insistido en que pensaron que tramitaban las resoluciones parlamentarias cuestionadas amparados por la inviolabilidad parlamentaria, menos Nuet (Catalunya Sí que es Pot), que ha aclarado que únicamente apoyó dos de las seis resoluciones contrarias al Tribunal Constitucional (TC) que se le imputan si bien luego en el Pleno votó en contra de las mismas.

La única que no ha comparecido ha sido Ramona Barrufet del PdeCAT, que quiere hacerlo por videoconferencia por motivos de salud según ha solicitado su abogado, que ha presentado al juez documentos para acreditar dicha petición. Esta comparecencia por medios telemáticos aún no ha sido fijada por el juez.

Llarena ha comenzado con Corominas, que apenas ha estado diez minutos frente al magistrado y los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas. Le ha seguido Guinó y Simó, que tampoco han permanecido más de cinco minutos en este trámite judicial. Llarena les acusa de un delito de desobediencia por incumplir de forma "tenaz y perseverante" los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del 'procés' que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.

Por su parte, Nuet (Catalunya Si que es Pot) ya había manifestado a las puertas del Supremo que no se siente ningún "delincuente", si no "representante del pueblo de Cataluña". Es el único que se ha sometido este lunes a las preguntas tanto de fiscal Javier Zaragoza como del representante de la Abogacía del Estado, si bien no ha querido contestar a los abogados de la acusación particular que ejerce Vox.

"Llevamos al Parlamento un debate político en un momento complejo –ha añadido. Podemos evidentemente haber cometido errores pero ninguno de los errores que podamos haber cometido merecen una persecución criminal y vamos a explicarlo y convencer al juez de que, como representantes políticos hicimos caso a nuestro mandato democrático", ha añadido de entrar a declarar.

A lo largo de su intervención, que se ha extendido durante al menos 45 minutos, Nuet ha sido interrogado de forma muy "insistente", según fuentes presentes en la declaración por el fiscal Zaragoza sobre cada una de las iniciativas aprobadas por la Mesa relacionadas con el "procés". Según su versión, en ningún momento dice haber tenido conciencia de estar incumpliendo ninguna resolución del Constitucional, y que de hecho si bien aprobó la tramitación de dichas resoluciones luego en el Pleno votó en contra de las mismas.

Por su parte, y según las mismas fuentes, el propio magistrado Llarena ha insistido a este investigado por la razón de que nunca votara en contra, sino que simplemente se abstuviera en las resoluciones que daban trámite a las leyes de desconexión si después su voto en el Pleno iba a ser negativo. El actual parlamentario de Sí que es Pot le ha respondido que era porque la tramitación de las resoluciones le generaban dudas.

"Una excepción histórica"

Tras concluir este trámite judicial, el aún diputado –ahora de Catalunya en Comú Podem– ha vuelto a contestar a las preguntas de los periodistas que le esperaban a las puertas de la sede judicial, donde ha manifestado que lo ocurrido en el Parlament con el 'procés' soberanista "es una excepción histórica", y que "cuando la Mesa tramita una iniciativa no sabe si se va a aprobar, cuál es la intención de la mayoría parlamentaria".

A su juicio, la querella "adolece de una falta de conocimiento de cuales son los mecanismo parlamentarios que se basan en que en los parlamentos se debaten ideas políticas y que cuando están se convierten en leyes o en resoluciones pueden ser suspendidas por el Tribunal Constitucional". En este caso, según ha añadido se ha modificado la tradición parlamentaria de los últimos cuarenta años, que es que el TC suspendía al final del trámite parlamentario.

"En este caso se ha introducido el debate previo y la constitucionalidad previa y evidentemente los miembros de la Mesa de un parlamento no son expertos constitucionalistas y por tanto pueden presentar dudas y facilitar trámites que luego pueden ser suspendidos -ha añadido- Los parlamentos, no solo el de Cataluña también el de España y resto de parlamentos autonómicos, van a seguir existiendo y van a tener que continuar haciendo debates parlamentarios muchas veces complejos y eso no puede conllevar que vayamos a partir de ahora con cuidado y hayas cosas prohibidas de las cuales no se puedan hablar".

Todos los exmiembros de la Mesa, salvo Nuet, estuvieron una semana en prisión, acordada el 9 de noviembre tras declarar ante el juez Pablo Llarena, y salieron tras el abono de una fianza de 25.000 euros cada uno.

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Mañana deberán acudir al Tribunal Supremo los exconejeros Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), procesados por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. También está citada la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a la que se le atribuye un delito de desobediencia.

El juez Llarena considera que Borrás, Mundó y Vila también eludieron los requerimientos del tribunal de garantías al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesaria para hacer posible la celebración de la consulta ilegal, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.

Con respecto a Boya, el magistrado del Tribunal Supremo dice que se saltó las decisiones del Tribunal Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, que perseguía la desconexión de Cataluña, y presentar la del Referéndum.